Rubi Maria de la Soledad Moreno Lizama

Expediente 195/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
195/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • Rubi Maria de la Soledad Moreno Lizama

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se ordena agregar el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad; mediante el cual, remite testimonio de la resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, pronunciada en la queja 285/2022, que se formó con motivo del recurso que interpuso la parte tercero interesada Banco Invex, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero Fideicomiso 3464, contra el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Testimonio del que se advierte que la Superioridad declaró infundado el referido recurso de queja; hágase lo anterior del conocimiento de las partes y acúsese recibo correspondiente. En mérito de lo anterior, se levanta la suspensión del procedimiento que se decretó en este asunto y se ordena continuarlo por su secuela legal. Por lo cual, se señalan las diez horas con catorce minutos del VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, en razón de que en autos se tuvo por admitida la prueba testimonial ofrecida por la quejosa a cargo de Alberto Arjona Ordaz, Gustavo Adolfo Monforte Méndez y María Lucía Del Carmen Digón, se le reitera a la parte amparista que el día y en la hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional señalada en el párrafo precedente, presente a los atestes de mérito debidamente identificados, con identificación oficial vigente y con la anticipación debida. Apercibida que de no presentarlos a la hora y fecha señalada, se tendrá por desierta dicha probanza. Notifíquese, personalmente a las partes, y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Rubí María de la Soledad Moreno Lizama, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama al Congreso del Estado de Yucatán y al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), ambos con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS. Que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, reclama esencialmente lo siguiente: Del Congreso del Estado de Yucatán, el decreto 532/2022, por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, aprobada el veintiuno de julio de dos mil veintidós; en concreto los artículos del 1 al 137, así como los transitorios del primero al décimo cuarto de la citada ley. Y del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), la aplicación de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, concretamente el haber efectuado el descuento del 7% por el concepto de Fondo de Pensión. RADICACIÓN. Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 195/2023-VIII-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como se explicará. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 113 de la normatividad de la materia, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada" La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables. De modo que cuando se actualiza un obstáculo para el referido estudio, si el mismo es manifiesto y notorio al presentarse la demanda, ésta ni siquiera es admitida, impidiéndose así el nacimiento del proceso constitucional respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que impone el desechamiento de plano de la demanda relativa, cuando la causa de improcedencia es manifiesta e indudable; lo que sucede en la especie. Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte que al tener a la vista la demanda constitucional que dio vida al juicio de amparo 2002/2022-VI, del índice de este juzgado, se advierte que en su escrito inicial de demanda lo promovió por la misma quejosa, entre otros, contra el mismo acto y contra las mismas autoridades en cita. Lo que constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia VI.1º.P. J/25, de los Tribunales Colegiado de Circuito, visible en la página 1199, del Tomo XV, Marzo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noven Época, registro 187526, del rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO". En consecuencia, del análisis comparativo entre la demanda de cuenta y la diversa del juicio de amparo 2002/2022-VI-A, del índice de este juzgado, se advierte que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)". Causal que se refiere al caso de la litispendencia, es decir, cuando existe identidad en la ley o acto reclamado, quejoso, autoridad responsable, de un juicio que ya se inició, pero que no ha concluido, por estar pendiente de resolución. Por lo que, para que se actualice la causal de improcedencia es necesario que concurran dos requisitos: 1) La existencia de dos juicios de amparo promovidos por la misma parte quejosa, contra las mismas autoridades responsables y contra el mismo acto reclamado. 2) Que el amparo que se promovió en primer término esté en trámite o pendiente de resolución. Respecto, al primer punto se acredita, en razón de que en el presente asunto, así como en el diverso juicio de amparo indirecto 2002/2022-VI-A ambos de este juzgado federal, se advierte identidad de quejoso, autoridad responsable (Congreso del Estado) y del acto reclamado. El segundo requisito, también se actualiza, ya que el acto reclamado, fue materia de estudio en el diverso juicio de amparo 2002/2022-VI-A, el cual se admitió a trámite, se dictó sentencia el cuatro de noviembre de dos mil veintidós y que actualmente se encuentra impugnada mediante revisión ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad bajo el número 489/2022. Además, se precisa que si se abordara el estudio planteado en el juicio en el que se actúa, se estaría vulnerado el principio de seguridad jurídica que rige en la materia de amparo, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elevado a rango de derecho humano, pues de pensarse lo contrario, se estaría en riesgo de dictarse resoluciones contradictorias, lo que el legislador trató de evitar precisamente con la creación de la multicitada fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido, que en éste amparo señale también como autoridad responsable al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, a quien le reclama el primer acto de aplicación del decreto 532/2022, por cuanto el mismo no fue reclamado por vicios propios, siendo que en el amparo 2002/2022-VI-A, que se encuentra en revisión, impugnó la totalidad del decreto antes mencionado, al igual que ahora lo hace; de ahí que de obtener resolución favorable y concederse la protección de la justicia federal, necesariamente abarcaría cualquier acto de aplicación de la ley impugnada, como lo es el que refiere e imputa a la autoridad ejecutora. Sirviendo de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, registro 164304, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral." En consecuencia, se concluye que el acto reclamado en el presente juicio es materia de uno diverso en el que ya se dictó sentencia, la cual fue impugnada mediante recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad bajo el número 489/2022 pendiente de resolver, promovido por la propia quejosa y otros. Sin que sea desconocida para este Juzgador, la tesis emitida por el Primer Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 1800, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, con registro 177722 de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. NO ES MANIFIESTA LA IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA EN QUE SE RECLAMA UNA LEY CON EL CARÁCTER DE HETEROAPLICATIVA, CUANDO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN OTRO JUICIO EN EL QUE SE RECLAMÓ COMO AUTOAPLICATIVA. La aplicación literal de la causal de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, cuando se reclama la inconstitucionalidad de una ley, inicialmente como autoaplicativa, y después con carácter heteroaplicativo, conduciría a determinar que en ambos casos es el mismo acto reclamado, las mismas autoridades responsables y el mismo quejoso y, por ende, procedería desechar la segunda demanda por estar pendiente de resolución otro juicio de amparo. Sin embargo, se trata de supuestos diferentes, pues si el gobernado considera que la ley es autoaplicativa, ello implica realizar previamente el estudio de su naturaleza, y después el de constitucionalidad, y de no ser autoaplicativa, llevaría a sobreseer el primer juicio; en el segundo supuesto, considerada la ley como heteroaplicativa, se analizaría directamente su constitucionalidad, porque al reclamarse con motivo del primer acto de aplicación, y en caso de que se hicieran valer vicios propios de éste, también se analizarían cuestiones de legalidad; circunstancias que impiden se actualice de manera manifiesta la litispendencia, no obstante que sean idénticos los preceptos estimados de inconstitucionales, pues en ambos casos se impugnaron por razones diferentes." Criterio el anterior que no se comparte, por cuanto como se ha mencionado, el acto de aplicación no se impugna por vicios propios, aunado a que en el amparo 2002/2022-VI-A, que se encuentra en revisión, se impugnó la totalidad del Decreto 532, en el que se analizara la constitucionalidad del aludido decreto, empero en este juicio no podría analizarse cuestión alguna de legalidad por cuanto no se impugnó esa cuestión. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************. En cuanto a ********************y ********************, se les tiene con el indicado carácter, pero en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta que acrediten que están debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. PRECISIÓN RESPECTO DE COPIAS CERTIFICADAS. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese, por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y cúmplase.

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