Rubí Guadalupe González Alpuche
Expediente 1367/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1367/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rubí Guadalupe González Alpuche
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito de la quejosa ****************, y en atención a su contenido téngase por revocada la autorización otorgada a ******************, pero con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Lo anterior, hasta que no acredite ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En cuanto al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, estese a lo acordado en proveído de uno de marzo del presente año. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con lo informado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a la parte tercero interesada el uno de septiembre en curso, y a la parte quejosa el seis de septiembre siguiente, siendo que por auto de siete de septiembre último, se agregó un escrito de la parte quejosa en el que desahogó dicha vista y el tercero interesado no hizo manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que les fue otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal procede a resolver de oficio si, de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la referida autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia firmada el veintisiete de abril del presente año, por una parte se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justifica Federal, en contra del acto que atribuyó al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, y por otra, se le concedió, en contra del acto que atribuyó al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Dicha concesión de amparo, fue para el efecto de que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente la parte conducente de los acuerdos tomados en la vigésima primera sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, aquí reclamada, y en su lugar, emitiera una nueva, debidamente fundada y motivada. Inconforme con dicha resolución, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, interpuso recurso de revisión en su contra, del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad; por su parte, la aquí quejosa Rubí Guadalupe González Alpuche interpuso revisión adhesiva. Con motivo de lo anterior, en resolución firmada el dieciséis de agosto del presente año, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, del Centro Auxiliar de la Octava Región, en auxilio del citado Tribunal Colegiado, confirmó la resolución recurrida, en lo que fue materia de la revisión, y declaró infundada la revisión adhesiva interpuesta por la quejosa Rubí Guadalupe González Alpuche. Por auto de veinticuatro de agosto siguiente, se tuvo por recibida dicha ejecutoria en este juzgado, y se ordenó requerir el cumplimiento de la concesión de amparo, al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Por oficio de PTSJ/188/2017, de fecha ocho de agosto del presente año, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, remitió entre otra documentación, copia certificada del acta de la novena sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, correspondiente al veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. En dicha sesión, la autoridad responsable ordenó dejar insubsistente la parte conducente de los acuerdos tomados en la vigésima primera sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, aquí reclamada, y en su lugar emitió una nueva determinación, en la que de acuerdo a los lineamientos que se establecieron en la sentencia ejecutoriada, expuso las razones y fundamentos que tomó en consideración para estimar procedente reubicar a la aquí quejosa Rubí Guadalupe González Alpuche, como Titular del Juzgado Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado y a Jorge Andrés Vázquez Juan, como Juez Primero Penal de esta misma entidad federativa, por el término de seis meses, hasta el día veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se encontraba obligado a dejar insubsistente la parte conducente de los acuerdos tomados en la vigésima primera sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, aquí reclamada, y emitir una nueva resolución, debidamente fundada y motivada, lo que efectivamente hizo y acreditó con las constancias conducentes, como se expuso en los párrafos que anteceden. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior conclusión, las manifestaciones vertidas por la quejosa Rubí Guadalupe González Alpuche, en cuanto a que la sentencia constitucional no se encuentra cumplida por lo siguiente: Porque no se dejó insubsistente en su totalidad la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Que se pretende dar a su reubicación el tratamiento de un acto consumado de manera irreparable, dado que no se tomó en consideración el tiempo que ha transcurrido desde que fue reubicada en términos del acuerdo reclamado. Que la autoridad responsable omite pronunciarse respecto a la situación de las personas contra las cuales se inició un procedimiento administrativo. Que se pasa por alto los fundamentos por los cuales pretende sancionarla, enviándola a un diverso Juzgado y las razones por las que tendría interferencia en la supuesta investigación. Así como que la determinación emitida con motivo de la concesión de amparo en este asunto, aún carece de fundamentación y motivación. En efecto, a consideración del suscrito juzgador, la sentencia ejecutoria se encuentra cumplida, dado que contrario a lo alegado por la parte quejosa, la autoridad responsable sí expresó las razones y fundamentos del porqué estimó procedente que debe reubicarse a la quejosa a un diverso juzgado, con motivo de los hechos que se denunciaron. Lo anterior, en virtud de que de un análisis de la nueva resolución que emitió la autoridad responsable, se pone de manifiesto que aquélla subsana las violaciones formales por las que se concedió el amparo solicitado, aun cuando fue dictada en el mismo sentido de afectación. Aunado a lo anterior, conviene señalar que la circunstancia de que los razonamientos y fundamentos expuestos en la nueva resolución pudieran resultar antijurídicos, tampoco podría dar lugar a no tener por cumplida la sentencia ejecutoria, por no contar, como ya se dijo, con la característica de reiterar una violación de derechos fundamentales que ya se juzgó; motivo por el cual se deja expedito el derecho de la parte quejosa para hacerlo valer por la vía que corresponda. Cobran aplicación, por analogía en lo relativo a la fundamentación y motivación, la jurisprudencia 1a./J. 30/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las página 337, Tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196,209, de rubro siguiente: "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. INEXISTENCIA DEL. SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR INDEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. EFECTOS DE LA MISMA." En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio constitucional en el que se concedió el amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE, haciéndolo personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.
- Principal
SE NOTIFICa a la parte quejosoa por medio de lista de conofmridad con os arituclos 27 y 29 d ela leyd e amparo Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con lo informado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a la parte tercero interesada el uno de septiembre en curso, y a la parte quejosa el seis de septiembre siguiente, siendo que por auto de siete de septiembre último, se agregó un escrito de la parte quejosa en el que desahogó dicha vista y el tercero interesado no hizo manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que les fue otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal procede a resolver de oficio si, de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la referida autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia firmada el veintisiete de abril del presente año, por una parte se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justifica Federal, en contra del acto que atribuyó al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, y por otra, se le concedió, en contra del acto que atribuyó al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Dicha concesión de amparo, fue para el efecto de que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente la parte conducente de los acuerdos tomados en la vigésima primera sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, aquí reclamada, y en su lugar, emitiera una nueva, debidamente fundada y motivada. Inconforme con dicha resolución, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, interpuso recurso de revisión en su contra, del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad; por su parte, la aquí quejosa Rubí Guadalupe González Alpuche interpuso revisión adhesiva. Con motivo de lo anterior, en resolución firmada el dieciséis de agosto del presente año, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, del Centro Auxiliar de la Octava Región, en auxilio del citado Tribunal Colegiado, confirmó la resolución recurrida, en lo que fue materia de la revisión, y declaró infundada la revisión adhesiva interpuesta por la quejosa Rubí Guadalupe González Alpuche. Por auto de veinticuatro de agosto siguiente, se tuvo por recibida dicha ejecutoria en este juzgado, y se ordenó requerir el cumplimiento de la concesión de amparo, al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Por oficio de PTSJ/188/2017, de fecha ocho de agosto del presente año, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, remitió entre otra documentación, copia certificada del acta de la novena sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, correspondiente al veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. En dicha sesión, la autoridad responsable ordenó dejar insubsistente la parte conducente de los acuerdos tomados en la vigésima primera sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, aquí reclamada, y en su lugar emitió una nueva determinación, en la que de acuerdo a los lineamientos que se establecieron en la sentencia ejecutoriada, expuso las razones y fundamentos que tomó en consideración para estimar procedente reubicar a la aquí quejosa Rubí Guadalupe González Alpuche, como Titular del Juzgado Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado y a Jorge Andrés Vázquez Juan, como Juez Primero Penal de esta misma entidad federativa, por el término de seis meses, hasta el día veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se encontraba obligado a dejar insubsistente la parte conducente de los acuerdos tomados en la vigésima primera sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, aquí reclamada, y emitir una nueva resolución, debidamente fundada y motivada, lo que efectivamente hizo y acreditó con las constancias conducentes, como se expuso en los párrafos que anteceden. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior conclusión, las manifestaciones vertidas por la quejosa Rubí Guadalupe González Alpuche, en cuanto a que la sentencia constitucional no se encuentra cumplida por lo siguiente: Porque no se dejó insubsistente en su totalidad la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Que se pretende dar a su reubicación el tratamiento de un acto consumado de manera irreparable, dado que no se tomó en consideración el tiempo que ha transcurrido desde que fue reubicada en términos del acuerdo reclamado. Que la autoridad responsable omite pronunciarse respecto a la situación de las personas contra las cuales se inició un procedimiento administrativo. Que se pasa por alto los fundamentos por los cuales pretende sancionarla, enviándola a un diverso Juzgado y las razones por las que tendría interferencia en la supuesta investigación. Así como que la determinación emitida con motivo de la concesión de amparo en este asunto, aún carece de fundamentación y motivación. En efecto, a consideración del suscrito juzgador, la sentencia ejecutoria se encuentra cumplida, dado que contrario a lo alegado por la parte quejosa, la autoridad responsable sí expresó las razones y fundamentos del porqué estimó procedente que debe reubicarse a la quejosa a un diverso juzgado, con motivo de los hechos que se denunciaron. Lo anterior, en virtud de que de un análisis de la nueva resolución que emitió la autoridad responsable, se pone de manifiesto que aquélla subsana las violaciones formales por las que se concedió el amparo solicitado, aun cuando fue dictada en el mismo sentido de afectación. Aunado a lo anterior, conviene señalar que la circunstancia de que los razonamientos y fundamentos expuestos en la nueva resolución pudieran resultar antijurídicos, tampoco podría dar lugar a no tener por cumplida la sentencia ejecutoria, por no contar, como ya se dijo, con la característica de reiterar una violación de derechos fundamentales que ya se juzgó; motivo por el cual se deja expedito el derecho de la parte quejosa para hacerlo valer por la vía que corresponda. Cobran aplicación, por analogía en lo relativo a la fundamentación y motivación, la jurisprudencia 1a./J. 30/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las página 337, Tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196,209, de rubro siguiente: "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. INEXISTENCIA DEL. SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR INDEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. EFECTOS DE LA MISMA." En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio constitucional en el que se concedió el amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE, haciéndolo personalmente a las partes quejosa y tercero interesada
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio PTSJ/188/2017, del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, junto con cinco anexos, en relación al cumplimiento a la sentencia ejecutoriada pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada de lo anterior, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese, haciéndolo personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.
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