Rubí de la Cruz Pérez
Expediente 9/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 9/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Rubí de la Cruz Pérez
Actuaciones
- Principal
Juicio 9/2022-III-2 folio 1272. uno de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio remitido por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y Secretaria de Acuerdos de su adscripción, mediante el cual acusa de recibido el oficio 686/2022-III-2 de nuestro índice, con el que se le devolvió el toca civil 361/2021-II formado con las compulsas del expediente 915/2020 y el cuadernillo de excusas IX/2021; en atención a su contenido, intégrese a los autos para que surta sus efectos legales. Notifíquese.
- Principal
Juicio 9/2022-III-2 diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, en contra del auto de seis de enero del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Rubí de la Cruz Pérez, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y otra autoridad; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Devolución de constancias. Por otro lado, devuélvase al Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, el toca civil 361/2021-II, cuadernillo de excusas IX/2021 y a la Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia de Centro, las copias certificadas del expediente 915/2020, relativo al juicio ordinario civil de preferencia de la guardia y custodia, que remitieron como anexo a su informe justificado. Sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, lo anterior, tomando en consideración que serán remitidos a través de oficio, por lo que el sello oficial que se estampe como constancia de recibo, hará las veces de acuse de recibo. Notifíquese.
- Principal
JUICIO 9/2022-III-2 folio 157. seis de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio 4832, signado por el Actuario judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo de Circuito en el Estado de Tabasco, mediante el cual remite el juicio de amparo directo 627/2021, formado con la demanda de amparo promovida Rubí de la Cruz Pérez, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, en virtud de que por auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, ese tribunal colegiado determinó declinar la competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, en turno, al considerar que la competencia se surte en favor del Juez de Distrito, para conocer de la demanda de amparo en mención. En consecuencia, con fundamento en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el diverso 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento del citado asunto. Acúsese de recibo. ASPECTOS GENERALES. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 9/2022-III-2. Genérese el expediente electrónico e impreso. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama La sentencia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, que dictó la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el toca civil 361/2021-II, en la que confirmó el punto segundo, apartado III, del auto que emitió el once de junio de dos mil veintiuno, la Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el expediente 915/2020, relativo al juicio ordinario civil de preferencia de guardia y custodia de la menor X, de apellidos P. de la C., y acción reconvencional, el primero, promovido por Isidro Jesús Payró Hernández, y el segundo, por Rubí de la Cruz Pérez, quien a su vez es demandada, en contra del actor, en el que regularizó el procedimiento y determinó desechar la prueba pericial en la materia de genética del ADN, por no corresponder a los hechos motivo del debate, debido a que en los términos en que se ofreció son materia de un juicio distinto al que se promovió, por lo que dejó a salvo los derechos de la demandada para hacerlos valer en la vía y forma que corresponde. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese contexto, se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII1, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes*** [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.. De la disposición constitucional trascrita, se desprende que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. En congruencia con esta previsión constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone Artículo 107. El amparo indirecto procede V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Como se puede apreciar, el precepto legal transcrito reitera el mandamiento Constitucional antes citado, destacando el legislador que por imposible reparación se entiende que son aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Acorde con la definición dada por el legislador en la ley reglamentaria, se puede concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando cumplen concomitantemente con las siguientes notas distintivas 1) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, 2) Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. De lo antes expuesto, se puede concluir que el legislador trató de evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que fuese presentando en el procedimiento natural y que se estimase perjudicial por algunas de las partes y, que solo como regla excepcional, existe la posibilidad de que se impugnen desde luego aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, pues es claro que ningún caso tendría esperar a que se dictara sentencia para poder combatir un acto de esa naturaleza. De ahí, que sea necesario para la procedencia del juicio de amparo indirecto que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio y no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda al resultado del fallo. Bajo ese tenor, como se anticipó, en el caso concreto se considera actualizada la hipótesis de improcedencia del juicio constitucional prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que el acto que se combate la aquí quejosa consistente en, "la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, que dictó la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el toca civil 361/2021-II, en la que confirmó el punto segundo, apartado III, del auto que emitió el once de junio de dos mil veintiuno, la Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el expediente 915/2020, relativo al juicio ordinario civil de preferencia de guardia y custodia de la menor X, de apellidos P. de la C., y acción reconvencional, el primero, promovido por Isidro Jesús Payró Hernández, y el segundo, por Rubí de la Cruz Pérez, quien a su vez es demandada, en contra del actor, en el que regularizó el procedimiento y determinó desechar la prueba pericial en la materia de genética del ADN, por no corresponder a los hechos motivo del debate, debido a que en los términos en que se ofreció son materia de un juicio distinto al que se promovió, por lo que dejó a salvo los derechos de la demandada para hacerlos valer en la vía y forma que corresponde, no constituye un acto de imposible reparación, puesto que no se actualiza alguna afectación de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, esto es así pues con motivo de ello no se procederá a su desahogo. Aunado a que la Sala responsable asentó que la prueba ofrecida no correspondía a los hechos motivo del debate, debido a que en los términos en que se ofreció son materia de un juicio distinto al que se promovió***. En tal condición, la peticionaria de amparo deberá esperar hasta que se dicte la sentencia correspondiente que resuelva el expediente de origen; así, una vez emitida la resolución que revista tal característica, estará en aptitud de controvertir las posibles violaciones a través del juicio de amparo directo -previa preparación mediante recurso de apelación-; en cuyo caso, de conformidad con el artículo 172 de la Ley de Amparo, podrían presentarse las siguientes violaciones procesales a) Cuando se desechen pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la Ley. b) Cuando se desechen los recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan un estado de indefensión. En otras palabras, cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no se ha concluido como en el caso que nos ocupa, resulta indispensable que los daños causados por éstos incidan en los derechos sustantivos del gobernado y no en los adjetivos, que son aquéllos que solamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que repercuten dentro del procedimiento legal de acuerdo a cómo se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con la finalidad de obtener una determinación favorable, por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del particular. En el presente caso, la promovente reclama la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, que dictó la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el toca civil 361/2021-II, en la que confirmó el punto segundo, apartado III, del auto que emitió el once de junio de dos mil veintiuno, la Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el expediente 915/2020, relativo al juicio ordinario civil de preferencia de guardia y custodia de la menor X, de apellidos P. de la C., y acción reconvencional, el primero, promovido por Isidro Jesús Payró Hernández, y el segundo, por Rubí de la Cruz Pérez, quien a su vez es demandada, en contra del actor, en el que regularizó el procedimiento y determinó desechar la prueba pericial en la materia de genética del ADN, por no corresponder a los hechos motivo del debate, debido a que en los términos en que se ofreció son materia de un juicio distinto al que se promovió, por lo que dejó a salvo los derechos de la demanda para hacerlos valer en la vía y forma que corresponde", la cual no tiene una ejecución material que sea de imposible reparación sobre la persona o las cosas de la quejosa, pues por sí misma no es susceptible de afectar uno de los derechos fundamentales concedidos a los gobernados y tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, en virtud que del acto reclamado se advierte 1) Que no genera una afectación de imposible reparación a derechos sustantivos, pues versan sobre derechos meramente adjetivo o procesal. 2) Que si la resolución le resulta favorable, la afectación que pudo haber resentido la parte quejosa, desaparecería por completo al haber quedado enteramente satisfecho su pretensión fundamental. Lo que demuestra que dicha afectación no trascendería a derechos sustantivos en tanto que no quedaría huella alguna en la esfera jurídica del interesado y, aun en el caso de que la resolución fuese adversa a sus intereses, podría impugnarla mediante el juicio de amparo directo y hacer valer tales cuestiones como violaciones procesales, en cuyo caso, atendiendo el principio de concentración al que están sujetas éstas, sería la vía correcta para su refutación. Además, tal como se precisó las violaciones que pudieran generarse respecto del acto reclamado, podrán ser impugnadas por la quejosa en el juicio de amparo directo, que en cuyo caso promueva en contra de la sentencia que no le resulte favorable; pues el artículo 172 de la Ley de Amparo es claro en establecer las violaciones procesales en el procedimiento que afectan las defensas del quejoso y trascienden al fallo del resultado, en las que se encuentran aquéllas que desechan las pruebas legalmente ofrecidas y las que desechen los recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que los dejen en estado de indefensión. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V del mismo ordenamiento, aplicada esta última en sentido contrario, con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. Similar criterio estableció el antes Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, en sesión de pleno el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, al resolver el recurso de queja 296/2017, de su índice. HABILITACION DE DÍAS Y HORAS. En otro línea, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la nueva Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADO POR LA PARTE QUEJOSA. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, téngase por autorizadas en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a Elizabeth del Rosario Olán Hernández, Marisol Góngora Hernández y María del Carmen Ramón Alejandro; y conforme al numeral 12 de la citada ley a Carlos Mario Cornelio Cornelio y Miguel Ángel Sánchez Rojas, por tener registradas sus cédulas profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que los acredita como abogados***. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente*** Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
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