Rubi de la Cruz Pérez
Expediente 1235/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1235/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Rubi de la Cruz Pérez
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco; veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se le remitió el toca civil 213/2022-II, formado con compulsas del expediente 915/2020; de lo que queda enterado este juzgado para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Juicio 1235/2022 diez de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley, contra el auto de veinticinco de julio del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Devolución de documentos Por otro lado, devuélvase a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, las compulsas del toca civil del expediente 213/2022 de su índice; documentales que remitió como anexo a su informe justificado, en la inteligencia que no es necesario acusar recibo del mismo, en virtud que el acuse del oficio lo hará también de los tomos de prueba. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
En UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, notifico por medio de lista EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, a la PARTE QUEJOSA, dictado en los autos del JUICIO DE AMPARO 1235/2022-VIII, por el juzgado de mi adscripción. Lo anterior de conformidad con el Artículo 27 fracción I, inciso C) de la Ley de Amparo.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; veinticinco de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos la demanda de amparo promovida por **********, por sí y en representación de su menor hija X.D.D.L.C.,, contra actos de los Magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y otra. Aspectos Generales. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 1235/2022-VIII-1. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; ello, pues en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese tenor, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, éstos de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". El primero de los artículos en comento, alude a la causa de improcedencia consistente en que si el amparo no se promueve dentro de los plazos legales establecidos en la ley de la materia, se considerará consentido tácitamente el acto reclamado, salvo los casos cuando se reclaman normas de carácter general. El segundo numeral, establece el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo; salvo los supuestos previstos en el propio numeral. Aunado a lo anterior, tampoco se advierte que en el caso se actualice alguno de los casos de excepción que permita la presentación de la demanda de amparo fuera del término genérico de quince días, previsto en las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación: En el caso, no aplica el supuesto previsto en la primera fracción tomando en consideración que el acto reclamado no se trata de una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en cuyo caso es de treinta días. De igual manera, tampoco se está en el segundo supuesto, ya que el acto no corresponde a una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, en que se puede interponer hasta en un plazo de ocho años. Asimismo, tampoco se actualiza la tercera fracción del mencionado artículo, tomando en consideración que el acto deriva de un procedimiento civil; y, el aquí precisado corresponde a la materia agraria, por lo que, no se está en el caso, de que éste pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en cuyo caso, el plazo es de siete años, contados a partir de que de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a tales grupos agrarios. Finalmente, tampoco se actualiza el último supuesto, que señala que tratándose de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, puede presentarse en cualquier tiempo; pues, el aquí reclamado no corresponde a un acto emitido fuera de procedimiento. De ahí que, la parte quejosa para formular su demanda de amparo contra los actos que reclama, se debe sujetar al plazo de quince días que establece el citado precepto legal. Esto es, porque no se advierte que se encuentre en los casos de excepción que prevé el numeral aludido. Ahora, es importante destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, previene tres hipótesis, a partir de las cuales da inicio el referido plazo. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis, consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, inicia a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Los preceptos legales antes transcritos prevén que el término para promover la demanda de amparo es de quince días, de manera genérica, y salvo las excepciones mencionadas; por tanto, el término empieza a transcurrir desde el día siguiente al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado, o bien el día siguiente al que haya surtido efectos la notificación, se haya ostentado sabedora del acto que reclama, o bien impuesto de su contenido. Ahora, del escrito de demanda de la parte quejosa, se advierte que la autoridad responsable asentó que el acto reclamado se notificó veintitrés de junio de dos mil veintidós. De lo anterior, se advierte que se actualiza el primer supuesto que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo, en el que el cómputo para presentar la demanda de amparo, comienza a transcurrir desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto reclamado. En tal virtud, el plazo de quince días que tenía la quejosa para promover el juicio de amparo, comenzó a contar a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación del acto reclamado; esto es, el veintisiete de junio de dos mil veintidós, y venció el quince siguiente, con exclusión de los días dos, tres, nueve y diez de julio de dos mil veintidós; por ser inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Lo anterior, conforme a la certificación que realizó la Secretaria de Acuerdos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, al reverso de la demanda, donde se advierte que precisó que los días del veinticinco y veintiséis de junio y dos y tres de julio pasado, fueron inhábiles. Para robustecer lo anterior, se anexa la siguiente tabla: CÓMPUTO. JULIO DE 2022. LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO Por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el veintiuno de julio de dos mil veintidós, según se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, resulta claro que ello se hizo fuera del plazo de que disponía para hacerlo, lo que evidencia la extemporaneidad en la presentación de la referida demanda; y, por ende, el juicio de amparo resulta improcedente respecto al acto reclamado antes precisado. Resulta aplicable, la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 291, Tomo II, Agosto de 1995, Materia Común, registro 204707, de rubro y texto, siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Asimismo, no pasa desapercibido el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J.25/2006, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 251, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, registro 175619, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO"; lo anterior, tomando en consideración que dicho criterio se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo indirecto contra actos respecto de los cuales procede amparo directo, o viceversa. Es decir, en dichos casos, el Máximo Tribunal dispuso que dicha equivocación se debe presumir como un error derivado de una verdadera duda o desconocimiento en torno al ejercicio de la vía procedente para reclamar un acto de autoridad; y, por tanto, concluyó que debe privilegiarse la buena fe del peticionario del amparo; pues, en caso, contrario se imposibilitaría su defensa ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales. De ahí que, deba considerarse dicha circunstancia -error en la vía-, estimándose oportuna la promoción del amparo indirecto, si se presentó dentro del plazo legal ante la autoridad responsable, a pesar de que a la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito haya transcurrido el plazo previsto para ello. Empero, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que no puede presumirse el desconocimiento o error en la vía, ni la buena fe del quejoso, en aquellos supuestos en que el impetrante: a) presentó por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable, y, b) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; pues, en ese caso, el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que la parte quejosa conocía la vía procedente; y, por ende, en ese supuesto, el plazo que se tomará en cuenta para la promoción del juicio de amparo, será aquél en la que la demanda llegó al conocimiento del Juez de Distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ahora, resulta un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la existencia del juicio constitucional 9/2022, promovido por Rubi de la Cruz Pérez, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y otra autoridad, en el que reclamó: "La sentencia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, que dictó la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el toca civil 361/2021-II, en la que confirmó el punto segundo, apartado III, del auto que emitió el once de junio de dos mil veintiuno, la Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el expediente 915/2020, relativo al juicio ordinario civil de preferencia de guardia y custodia de la menor X, de apellidos P. de la C., y acción reconvencional, el primero, promovido por Isidro Jesús Payró Hernández, y el segundo, por Rubí de la Cruz Pérez, quien a su vez es demandada, en contra del actor, en el que regularizó el procedimiento y determinó desechar la prueba pericial en la materia de genética del ADN, por no corresponder a los hechos motivo del debate, debido a que en los términos en que se ofreció son materia de un juicio distinto al que se promovió, por lo que dejó a salvo los derechos de la demandada para hacerlos valer en la vía y forma que corresponde." Además, que de igual manera, se presentó indebidamente la demanda de amparo indirecto; es decir, la interposición se realizó conforme al amparo directo, ante la autoridad responsable; y, seguida que fue la secuela procesal, mediante acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, radicó el amparo directo 627/2021, en el que, entre otras cosas, se declaró incompetente al establecer que el acto reclamado de conformidad con los artículos 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, no correspondía a una sentencia definitiva, laudo, o en su caso, una resolución que le ponga fin al juicio. De ahí que, se declaró incompetente; y, correspondió conocer de dicho juicio a este órgano jurisdiccional, radicándose el amparo indirecto 9/2022, de la estadística de este juzgado; y, seguida que fue la secuela procesal, el seis de enero de dos mil veintidós, se desechó la demanda por improcedente. Empero, aun cuando en el caso, la parte quejosa tenía conocimiento que en contra de este tipo de determinaciones procede el juicio de amparo indirecto, como bien se le explicó en los autos del juicio de amparo directo 627/2021, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el que, entre otras cosas, dicho órgano colegiado se declaró incompetente al establecer que contra ese tipo de actos de conformidad con los artículos 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, no procede el amparo directo. De ahí que, en el caso, no sea aplicable la jurisprudencia antes señalada; pues, al haber promovido la parte quejosa previamente un juicio de amparo de manera errónea -un primer error en la vía- debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejarla sin defensa; sin embargo, en el particular al volver a repetir dicha conducta, cuando tuvo conocimiento del error en que se encontraba, en esas condiciones se puede acreditar que la quejosa sabía cuál era la vía que debía iniciar; y, por tanto, al presumirse que su conducta está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, en el caso, el plazo que se tomará en cuenta para la promoción del amparo indirecto, será aquél en la que la demanda llegó al conocimiento del Juez de Distrito -veintidós de julio de dos mil veintidós- y no en la que la recibió la autoridad responsable. Resulta aplicable, la Jurisprudencia 1ª./J.13/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 275, Tomo I, Agosto de 2014, Materia Común, registro 2007052, de rubro y texto, siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo. En las narradas circunstancias, podemos concluir que respecto de los actos aquí reclamados, se actualizan la causales de improcedencia previstas en las fracciones XXI y XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo; y, por tanto, resulta procedente desecharse de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Mario Cornelio Cornelio, Miguel Ángel Sánchez Rojas, Armando Canul Montero y Felipe Ovando Sastre. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Marisol Góngora Hernández, en razón a que por el momento no hay constancia que la acredite como licenciada en derecho o abogada y no tener registrada su cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Habilitación al personal del Juzgado. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento. Notifíquese personalmente.
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