Rubí Andri González Muñoz

Expediente 819/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
819/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
31/03/2016

Partes del expediente

  • Rubí Andri González Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto 819/2015-II, promovido por ***************. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, el dos de diciembre de dos mil quince, turnado a este Juzgado por razones de turno el mismo día, *************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado que se precisan: [.] IV.- Acto Reclamado.- Lo configura la omisión de la H. Junta Especial Dos designada corresponsable, de actuar en apego a lo dispuesto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, pues con fecha 20 de noviembre del 2015, inicie acción laboral en contra de las tercero interesadas ya reseñadas, por razón del despido injustificado del que fui objeto, y se señalo como primera fecha de audiencia inicial de Conciliación, Demanda y Excepciones el día 04 de marzo del 2016 a las 09:20 horas, violando así el precepto legal anteriormente citado. A la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje responsable, le reclamo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123, apartado A, fracciones XX y XXXI de la Constitución Federal 616, 625, 685, 686, 840, 841 y 885 de la Ley Federal del Trabajo, lo que por disposición de Ley es su obligación, como es la aplicación de las normas del trabajo, fundamentalmente, conocer de los juicio por diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo, a través de la función jurisdiccional que le corresponde llevar a cabo, mediante la realización de los actos procesales necesarios que culminan con el pronunciamiento del laudo que dirime en definitiva la controversia planteada, con la concurrencia de otros funcionarios, entre los que se encuentran los auxiliares, que dependen jerárquicamente de aquellos órganos colegiados. La Ley Federal del Trabajo le impone al Tribunal Responsable, la obligación de tomar las medidas necesarias para desarrollar el juicio con economía procesal, concentración y sencillez, así como ordenar que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, lo que en la especie del juicio de origen no ha acontecido derivado de la omisión de la Junta de cuenta, ello en grave detrimento del Derecho que le concede a mi representado el Artículo 17 del Pacto Federal y del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo a que le administre Justicia, por parte del Tribunal Laboral, que debe estar expedito para impartirla en los términos y plazos que fijan las Leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Todo ello derivado de que con fecha 20 de noviembre del 2015, mediante escrito presentado por mis apoderados legales, solicite el pago de Indemnización Constitucional entre otras presentaciones a mi favor por razón de un despido injustificado realizado por las Tercero Interesadas, habiendo acordado la autoridad responsable en este caso la Junta Especial número dos como fecha el día 04 de marzo del 2016 para la celebración de la audiencia inicial.[.] SEGUNDO. Concesión de amparo. Mediante proveído de tres de diciembre de dos mil quince, se admitió la demanda de amparo e integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el veintidós de enero de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia correspondiente, en la cual se determinó lo siguiente: [.]se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal impetrados, para que la Junta responsable: 1. Deje insubsistente el acuerdo de veinte de noviembre de dos mil quince, dictado dentro del juicio laboral *************** de su índice, únicamente la parte relativa al señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 2. Señale nueva fecha para la celebración de dicha audiencia y al hacerlo, en estricto acatamiento a lo establecido en el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, tome en consideración que tal audiencia deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes al en que dicte el acuerdo con el que se dé cumplimiento a esta sentencia. 3. Enseguida, ordene al Actuario de su adscripción que, en cumplimiento a este fallo, emplace a juicio a la parte demandada, ***************, dentro de los cinco días siguientes a la emisión de su acuerdo y con diez días de anticipación a la celebración de tal audiencia, cuando menos, lo cual deberá acreditar ante este Juzgado. [.] TERCERO. Determinación por la que causa ejecutoria la sentencia. Por auto de doce de febrero de dos mil dieciséis, al no haberse interpuesto recurso de revisión contra la aludida sentencia, causó ejecutoria (fojas 55 y 56), y en cumplimiento a la misma se requirió a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, el cumplimiento al fallo protector. CUARTO. Determinación emitida por la Autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria. Para dar cumplimiento a los efectos para los que se concedió la protección constitucional solicitada, mediante oficio recibido el dieciocho de febrero del año en curso, la Responsable remitió copia con firmas autógrafas del acuerdo dictado en dicha data, con el que precisó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A esa documental se le reconoce valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. QUINTO. Vista a las partes. En proveído de diecinueve de febrero del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente, con la determinación dictada por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestará lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento, sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto. SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. El que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a ***************, y lo resuelto por la Autoridad responsable, se colige que esta última dio cumplimiento a la ejecutoria federal, pues el dieciocho del actual, emitió un acuerdo en el que fijó como fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, turnó los autos al Actuario a efecto de que dentro de los cinco días siguientes a la emisión de dicho acuerdo notificará la demanda a los aquí terceros interesados Productos Eléctricos Diversificados, Sociedad Anónima de Capital Variable, dentro del juicio laboral ***************, como se le fue ordenado en la sentencia de amparo. Conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgador advierte que al dictar el fallo la Autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia Por lo expuesto, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó a la impetrante el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 819/2015 ha quedado cumplida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a la Autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia en que se concedió el amparo solicitado por ***************, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, de autos se advierte que en la ejecutoria de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: [.]se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal impetrados, para que la Junta responsable: 1. Deje insubsistente el acuerdo de veinte de noviembre de dos mil quince, dictado dentro del juicio laboral *************** de su índice, únicamente la parte relativa al señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 2. Señale nueva fecha para la celebración de dicha audiencia y al hacerlo, en estricto acatamiento a lo establecido en el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, tome en consideración que tal audiencia deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes al en que dicte el acuerdo con el que se dé cumplimiento a esta sentencia. 3. Enseguida, ordene al Actuario de su adscripción que, en cumplimiento a este fallo, emplace a juicio a la parte demandada, ***************, dentro de los cinco días siguientes a la emisión de su acuerdo y con diez días de anticipación a la celebración de tal audiencia, cuando menos, lo cual deberá acreditar ante este Juzgado. [.] En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y lo informe a este juzgador, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. En acatamiento a lo anterior, deberá informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que haya realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el numeral 258 y 260, fracción I de la Ley de Amparo, esto es, se le impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización previstas en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior." No es inadvertido para el suscrito, que del contenido del artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que al requerir el cumplimiento de la sentencia, se debe girar oficio y requerir al superior jerárquico de las autoridades responsables, a fin de que obliguen a ésta a cumplir el fallo protector, aplicándoles los mismos apercibimientos que al inferior; sin embargo, en la especie, el cumplimiento está encomendado a una Junta, la cual para efectos del juicio de amparo no tienen superior, pues su actividad jurisdiccional es plenamente autónoma y en sus decisiones no pude haber injerencia de otra autoridad, es decir, su actuación no está sujeta a alguna otra potestad. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de enero de dos mil dieciséis. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 819/2015-II, promovido por ***************, contra las omisiones que atribuyó a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, el dos de diciembre de dos mil quince, turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, *************** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra denegatoria de justicia Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Juárez, de quien reclamó: [.] IV.- Acto Reclamado.- Lo configura la omisión de la H. Junta Especial Dos designada corresponsable, de actuar en apego a lo dispuesto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, pues con fecha 20 de noviembre del 2015, inicie acción laboral en contra de las tercero interesadas ya reseñadas, por razón del despido injustificado del que fui objeto, y se señalo como primera fecha de audiencia inicial de Conciliación, Demanda y Excepciones el día 04 de marzo del 2016 a las 09:20 horas, violando así el precepto legal anteriormente citado. A la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje responsable, le reclamo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123, apartado A, fracciones XX y XXXI de la Constitución Federal 616, 625, 685, 686, 840, 841 y 885 de la Ley Federal del Trabajo, lo que por disposición de Ley es su obligación, como es la aplicación de las normas del trabajo, fundamentalmente, conocer de los juicio por diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo, a través de la función jurisdiccional que le corresponde llevar a cabo, mediante la realización de los actos procesales necesarios que culminan con el pronunciamiento del laudo que dirime en definitiva la controversia planteada, con la concurrencia de otros funcionarios, entre los que se encuentran los auxiliares, que dependen jerárquicamente de aquellos órganos colegiados. La Ley Federal del Trabajo le impone al Tribunal Responsable, la obligación de tomar las medidas necesarias para desarrollar el juicio con economía procesal, concentración y sencillez, así como ordenar que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, lo que en la especie del juicio de origen no ha acontecido derivado de la omisión de la Junta de cuenta, ello en grave detrimento del Derecho que le concede a mi representado el Artículo 17 del Pacto Federal y del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo a que le administre Justicia, por parte del Tribunal Laboral, que debe estar expedito para impartirla en los términos y plazos que fijan las Leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Todo ello derivado de que con fecha 20 de noviembre del 2015, mediante escrito presentado por mis apoderados legales, solicite el pago de Indemnización Constitucional entre otras presentaciones a mi favor por razón de un despido injustificado realizado por las Tercero Interesadas, habiendo acordado la autoridad responsable en este caso la Junta Especial número dos como fecha el día 04 de marzo del 2016 para la celebración de la audiencia inicial.[.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimo transgredidos. La quejosa consideró que con las omisiones reclamadas se transgrede en su perjuicio los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El tres de diciembre de dos mil quince, se admitió la demanda como amparo indirecto 819/2015-II; se solicitó a la Responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de una omisión atribuida a autoridades laborales con sede dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: El retardo en la administración de justicia por parte de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, por la omisión de celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del término fijado por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de los que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje aceptó la existencia del señalamiento de fecha lejana que le fue atribuido, que se tradujo en el retardo de la impartición de justicia al señalar como fecha de la celebración de la audiencia de ley las nueve horas con veinte minutos del cuatro de marzo de dos mil dieciséis. Lo anterior queda robustecido con las copias certificadas del expediente laboral *************** del índice de esa autoridad, de las que se advierte que en acuerdo de veinte de noviembre de dos mil quince, la responsable fijó para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, las nueve horas con veinte minutos del cuatro de marzo de dos mil dieciséis; documentales a las que se reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, quien resuelve advierte que, en el caso, no se actualiza la existencia de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado, lo cual impone el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. El estudio de los conceptos de violación conduce a este Juzgado Federal a determinar lo siguiente: En la esencia de los motivos de disentimiento, la parte quejosa arguye la transgresión al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la Responsable no ha respetado los términos establecidos en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Los conceptos de violación esgrimidos resultan esencialmente fundados y suficientes para otorgar la protección constitucional solicitada. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena: Artículo 17. [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial [...] Del precepto reproducido se desprenden los principios que rigen el derecho fundamental del individuo a la impartición de justicia en nuestro país, siendo estos: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Lo anterior lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 192/2007 plasmada en la página 209 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Octubre de 2007, novena época, del siguiente tenor: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. El proceso del derecho del trabajo tiene, entre otras, la característica de celeridad, por lo que se califica como inmediato, según se deriva del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo primer párrafo se reproduce a continuación: 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. En lo que este análisis compete de manera específica, es necesario precisar que los artículos 686 y 873 de la Ley Federal de Trabajo disponen lo siguiente: 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. Las Juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente Ley. 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor. (.) De los preceptos transcritos se deriva que el proceso del derecho del trabajo tiene, entre otras, la característica de celeridad, por lo que se califica como inmediato; tan es así que las juntas de trabajo tienen un término de veinticuatro horas para dictar el acuerdo de radicación, en el que señalen fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; en el mismo acuerdo, se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, la cual deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. En la especie, de las constancias que la responsable remitió a este Juzgado Federal como anexo a su informe con justificación, así como de aquellas que exhibió la parte quejosa, se advierte que el veinte de noviembre de dos mil quince, el aquí quejoso demandó en la vía laboral a ***************, el pago por indemnización constitucional, entre otras prestaciones laborales, derivadas del despido del que dijo fue objeto. Por acuerdo de la misma data, la Junta responsable señaló las nueve horas con veinte minutos del cuatro de marzo de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. La relacionadas condiciones permiten concluir que entre el momento en que se dictó el acuerdo en que se tuvo a la parte quejosa formulando su demanda y la fecha que señaló para la celebración de la audiencia de ley, median más de quince días, en contravención a lo dispuesto por el artículo 873, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo. Esta circunstancia resulta contraria al derecho constitucional de impartición de justicia en los plazos señalados por la ley de la materia, pues los preceptos mencionados imperativamente señalan que la celebración de la audiencia de Ley, debe fijarse dentro de los quince días siguientes al de la fecha en que se haya recibido el escrito de demanda. Por tanto, la responsable infringió en perjuicio de la impetrante del amparo el derecho humano de prontitud en la impartición de justicia, prevista en el artículo 17 Constitucional, violación que trasciende a su vez a los diversos de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema, en la medida en que se vulnera el sentido y plazos establecidos en los numerales ya invocados. Asimismo, en suplencia de la deficiencia de la queja, de las documentales enviadas por la Responsable, no se advierte que haya emplazado a juicio a la demandada, en términos del artículo 742, fracción II, de la Ley laboral, lo que contraviene el contenido del numeral 750 del mismo ordenamiento, conforme al cual, las notificaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario, lo que trastoca los derechos de la parte quejosa, pues tal omisión podría repercutir en la celebración o no de la audiencia de Ley. En esas condiciones, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal impetrados, para que la Junta responsable: 1. Deje insubsistente el acuerdo de veinte de noviembre de dos mil quince, dictado dentro del juicio laboral *************** de su índice, únicamente la parte relativa al señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 2. Señale nueva fecha para la celebración de dicha audiencia y al hacerlo, en estricto acatamiento a lo establecido en el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, tome en consideración que tal audiencia deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes al en que dicte el acuerdo con el que se dé cumplimiento a esta sentencia. 3. Enseguida, ordene al Actuario de su adscripción que, en cumplimiento a este fallo, emplace a juicio a la parte demandada, ***************, dentro de los cinco días siguientes a la emisión de su acuerdo y con diez días de anticipación a la celebración de tal audiencia, cuando menos, lo cual deberá acreditar ante este Juzgado. Sólo resta precisar que, adversamente a lo que sostiene la quejosa en sus conceptos de violación, cuando se alega en la instancia constitucional la violación al derecho de impartición de justicia pronta, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los alcances por los debe otorgarse la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, en respeto a los aludidos principios, sólo debe otorgarse la protección constitucional para que la Junta señale una nueva fecha para la celebración de la audiencia bifásica, pero no para las subsecuentes actuaciones de la Junta, en términos de la tesis 2a.CV/2013 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***************, contra la omisión que atribuyó a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ***************, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dieciséis de diciembre de dos mil quince, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante licenciado ***************. Doy fe.

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