Rubén Rodríguez Chávez
Expediente 472/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Rubén Rodríguez Chávez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el proveído que desechó la demanda de amparo que dio inicio al juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 97 fracción I inciso a) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que el citado proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.*dmjv
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el proveído que desechó la demanda de amparo que dio inicio al juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 97 fracción I inciso a) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que el citado proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.*dmjv
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecinueve que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda promovida por * contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Pena Acusatorio en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez y otra autoridad. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo 472/2019-I-1. Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, con registro 215188, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el presente caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que textualmente establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra norma generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de amparo dentro del término establecido por los cardinales 17 y 18 del cuerpo normativo que textualmente establecen: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Como puede advertirse del texto del precepto legal antes trascrito, se desprende que el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo, correrá a partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Ahora, en el presente asunto, del contenido íntegro de la demanda así como de los anexos se desprende que los actos reclamados por el quejoso son la medida cautelar de prisión preventiva dictada en la audiencia inicial de siete de noviembre de dos mil dieciocho, así como el auto de vinculación a proceso de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, que se emitieron en la causa penal 69/2018, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Juárez, Chihuahua, en funciones de juez de control. Luego, de conformidad con la ley del acto reclamado (Código Nacional de Procedimientos Penales) las resoluciones del órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral y los intervinientes quedarán notificados de su emisión en la audiencia respectiva, como se desprende de la transcripción siguiente: 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código. De manera que, para computar la oportunidad en la presentación de la demanda que origina el juicio en que se actúa, debe tomarse en cuenta la fecha en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de las determinaciones que reclama. A fin de establecer, cuando surtió efectos la notificación al quejoso y comenzar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda, debe estarse a lo establecido en el numeral 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en esencia establece: 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, transcurrió a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación al quejoso de la medida cautelar y auto de vinculación que impugna, como sigue: Acto Notificación Surte efectos Inicia plazo Vence plazo Medida cautelar de prisión preventiva Siete de noviembre de dos mil dieciocho Ocho de noviembre de dos mil dieciocho Nueve de noviembre de dos mil dieciocho Tres de diciembre de dos mil dieciocho Auto de vinculación a proceso Nueve de noviembre de dos mil dieciocho Doce de noviembre de dos mil dieciocho Trece de noviembre de dos mil dieciocho Cinco de diciembre de dos mil dieciocho Se afirma lo anterior, supuesto que: a) el quejoso quedó notificado personalmente de los actos reclamados en las audiencias que se emitieron, por tanto, las notificaciones surtieron efectos al día siguiente en que se practicaron; y. b) fueron inhábiles los días diez, once, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticuatro y veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho; así como uno y dos de diciembre del mismo año, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En tal virtud, como la demanda fue recibida en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, es incuestionable que su presentación fue extemporánea. No obsta que el accionante del amparo reclame la medida cautelar consistente en prisión preventiva, pues la excepción al plazo genérico de quince días a que se refiere el artículo 17 fracción IV de la Ley de Amparo se trata de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que no se actualiza en este caso, pues se trata de una medida dictada en una audiencia ante un juez de control, esto es, dictada dentro del procedimiento penal. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo al ser notoriamente improcedente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los numerales 12, 24 y 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como autorizados en términos amplios a **, toda vez que se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte accionante en su demanda y autorizados para tales efectos e imponerse de autos al resto de personas que refiere en su escrito inicial. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ** ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
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