Rubí Alejandra Mendoza Zamora

Expediente 835/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
835/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • Rubí Alejandra Mendoza Zamora

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y el contenido de la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de ocho días otorgado a la parte quejosa en proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, por el que se le dio vista con el contenido del informe y constancias que remitió la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local Conciliación y Arbitraje de Tijuana, ello tomando en consideración que el mismo se notificó a la parte quejosa en dieciocho de noviembre del año en curso. Ahora, de las actuaciones que obran en el presente asunto, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, tomando en consideración que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que la quejosa Rubí Alejandra Mendoza Zamora, promovió demanda de amparo en contra de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en la que reclamó lo siguiente: ""La omisión de dictar resolución interlocutoria de sustitución patronal." Posteriormente, en diecisiete de noviembre del año en curso, el Presidente de la Junta responsable, remitió diversas constancias que integran el expediente laboral 6096/2018-4D, de las que se obtiene que en tres de noviembre del año en curso, dictó la resolución interlocutoria correspondiente en la que resolvió lo siguiente: "Primero. Se declara improcedente el incidente de sustitución patronal promovido por la parte actora Rubí Alejandra Mendoza Zamora, en contra de UL Baja, Sociedad Anónima de Capital Variable. Segundo. Notifíquese personalmente y cúmplase, corriendo traslado con copia certificada de esta resolución. [.]." De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, por tanto, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional ya que como se advierte los actos reclamados a la autoridad responsable ha dejado de afectar el derecho que la quejosa considero vulnerado, lo anterior, ya que en tres de noviembre de dos mil veintidós, dictó la resolución interlocutoria dentro del expediente laboral 6096/2018-4D; actualizándose de esta manera la hipótesis contemplada en la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto y toda vez que en auto de diecisiete de noviembre pasado, se notificó lo anterior a la parte quejosa sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna al respecto; en consecuencia y de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y personalmente a las partes.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación de cuenta de la que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; asimismo, que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días otorgado a las partes mediante proveído de diecisiete de noviembre pasado, para efecto de que se impongan del contenido del informe y anexos enviados por la autoridad responsable y manifiesten lo que a su interés corresponda. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se señalan las diez horas con treinta minutos del veintitrés de diciembre de la presente anualidad para que tenga verificativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales, el informe justificado y anexos que remite la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tienen como pruebas de su intención las documentales que adjunta a su informe, sin perjuicio de hacer nueva relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Asimismo, de las constancias que remite, se advierte que el tres de noviembre de dos mil veintidós, se dictó resolución interlocutoria correspondiente al incidente de sustitución patronal promovido por la parte quejosa, en su carácter de actora dentro del juicio laboral 6096/2018-4D, del índice de la responsable. En tales condiciones, vista la certificación de cuenta en donde se precisa que el quejoso en su escrito inicial de demanda, señala como acto reclamado "La omisión de dictar resolución interlocutoria de sustitución patronal". Ahora, ya que de las referidas constancias se pudiera advertir la actualización de una causa de improcedencia en este asunto, con fundamento en los artículos 62 y 117 de la Ley de Amparo, dese vista con las mismas a la parte quejosa por el término de ocho días, para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga. Es aplicable a lo anterior, por el criterio que la sustenta, la tesis II.3o.P.15 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2795, Décima Época, con registro digital 2019561, con rubro y texto siguientes: También sirve de apoyo, por el criterio que la sustenta, la jurisprudencia I.5o.C.2 K del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 594 del Tomo II (Agosto de 1995) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 204616, de epígrafe y contenido: Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve RUBÍ ALEJANDRA MENDOZA ZAMORA, de propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 17 constitucionales; por lo tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 835/2022-C. Incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las diez horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que se requiere a los intervinientes a efecto de que si es su interés acudir a la celebración de la misma, o de las actuaciones subsecuentes se tenga que desahogar alguna prueba que implique la presencia de alguna persona, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado con la debida anticipación para estar en condiciones de realizar los trámites necesarios de acceso al órgano jurisdiccional, y ordenar su desahogo mediante videoconferencia, acorde con lo establecido en los artículos 6 fracción I y 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ministerio Público Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y de ser el caso, remita fotocopia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos que se reclaman, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisa, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Se autoriza a la responsable para que envíe su informe justificado por medio de correo electrónico institucional, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo emita, así como, de ser el caso, los anexos respectivos debidamente digitalizados, a la dirección 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria que estime conveniente. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigidos aun y cuando su denominación no sea la actual, pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, libro XVI, Enero de 2013, tomo 2, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en este juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por la importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, la que podrá ser consultada directamente por dicha autoridad, sus delegados o autorizados. Causas de sobreseimiento Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en la parte final del párrafo anterior al precedente. Conocimiento previo Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Requerimiento de correo institucional Asimismo, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Intercambio de Información Oficial a través de Correo Electrónica Institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el diecisiete de abril del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación, requiérase a las autoridades responsables para que proporcionen su correo institucional, a efecto de que se les realicen las subsecuentes notificaciones por dicho medio y no se propicie el riesgo de contagio de la referida enfermedad. Tercero interesado Dada la naturaleza del acto reclamado, no ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizado Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martha Livier Vázquez Franco, toda vez que sí cuenta con cédula profesional registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona que para dicho efecto refiere. Asimismo, se tiene a la quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. Días y horas inhábiles En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009 Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Daniela Cecilia Félix Chávez, secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, encargada del Despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia autorizada del Titular, asistida por María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria que da fe. Doy fe.

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