Rubí Alejandra Mendoza Zamora
Expediente 949/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 46 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 949/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 23/11/2023
Partes del expediente
- Rubí Alejandra Mendoza Zamora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones de rigor. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que, siguiendo los lineamientos establecidos en la mencionada resolución, en el plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo; es decir: "La Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad: 1. Deje insubsistente la resolución incidental reclamada de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente laboral 6096/2018-4D. 2. Dicte otra en su lugar en la que, en atención a lo dispuesto por los artículos 41 y 784 de la Ley Federal del Trabajo y en las consideraciones que sustentan esta resolución, con plenitud de jurisdicción pero de manera fundada y motivada, y considerando que la carga probatoria para demostrar la inexistencia o no de la sustitución patronal corresponde a la parte patronal conforme el artículo 784 precitado." Debiendo remitir las constancias en copia certificada con las que así lo acrediten. Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así y sin causa justificada que lo acredite, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, así como por lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ocupa y su consignación, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable requerida que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO." Una vez que transcurra la temporalidad concedida a la autoridad vinculada, dese nueva cuenta para acordar lo conducente. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 949/2022-C, por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se presentó en el buzón judicial de la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, la cual fue remitida a este Juzgado el veinticuatro de noviembre siguiente, la demanda de amparo promovida por ********************, en la que señaló como autoridad responsable y actos reclamados, los que a continuación se enuncian: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "La resolución interlocutoria que declara improcedente el incidente de sustitución patronal." Segundo. Derechos humanos y garantías cuya violación se reclama. La quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en el artículo 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama; y, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión y trámite. En auto veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se proveyó sobre la admisión a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención al agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a este Juzgado. Luego, en auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de parte tercero interesada a ******************** y ante la falta de localización de domicilio en donde emplazarla, se ordenó su emplazamiento mediante edictos, promoviendo la parte quejosa incidente de insolvencia económica, el cual el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se declaró fundado. Posteriormente, en el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de parte tercero interesada a ********************, quien fue debidamente emplazada a juicio el seis de julio de este año por lista, previo citatorio. Seguidamente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; al reclamarse un acto que tiene ejecución en la circunscripción territorial en la que este órgano ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, los informes justificados y en atención a la causa de pedir se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: ( La resolución dictada el tres de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente ********************, dictada por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, mediante la cual declaró improcedente (infundado) el incidente de sustitución patronal promovido por la parte quejosa. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, ya que al rendir su informe justificado por conducto de su Presidente, aceptó la existencia del acto reclamado, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 830, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, página 830, Quinta Época, registro 1002815, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se encuentra corroborada con las copias certificadas enviadas como apoyo al informe justificado rendido en representación de la responsable, relativas al expediente principal de origen ******************** y a las que integran el incidente de sustitución patronal del cual deriva el acto que en esta vía se reclama, las cuales tienen valor probatorio pleno al ser documentos públicos, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio del asunto planteado, lo procedente es analizar las causas de improcedencia, ya que es cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente, pues el examen en comento puede realizarse aún de oficio, acorde a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes en este juicio no hicieron valer ninguna causa de improcedencia ni de las constancias de autos se advierte alguna que deba hacerse valer de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es analizar el fondo del asunto, al tenor de los conceptos de violación que hace valer el impetrante. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Ahora bien, se procede al estudio de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repetición innecesaria, al resultar aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, número de registro 164618, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede leerse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, página 830; de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En principio, la parte quejosa aduce que se violaron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos por los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la autoridad responsable violentó su derecho de acceso efectivo a la justicia, al ser evasiva en dar contestación al incidente planteado, ya que considera debió declararse procedente en términos de la fracción IV, del artículo 878, de la Ley Federal del Trabajo, aplicable por analogía al caso concreto, en virtud de que al haber comparecido a la audiencia incidental el demandado como patrón sustituto ********************, ser evasivo en su contestación y omitir ofrecer pruebas para demostrar que no existe una sustitución patronal, se debían tener por ciertos los hechos alegados por la hoy parte quejosa. Que la responsable arroja la carga de la prueba a la hoy quejosa, desatendiendo que es la parte trabajadora y que en una sustitución patronal únicamente participan la parte patronal sustituta y la parte patronal sustituida, es decir, se realiza solamente entre el transmisor y el adquirente de la unidad económica-jurídica, sin que los trabajadores tengan participación alguna en su realización. Asimismo precisa que es incorrecto que la Junta responsable haya arrojado la carga de la prueba al justiciable, ya que al haber comparecido la parte demandada incidentista a la audiencia de ley, corría a su cargo la carga de la prueba, es decir, ésta debió ofrecer las pruebas pertinentes para acreditar ese extremo, lo cual en la especie no ocurrió y es por ello que considera que debió declararse procedente el incidente de sustitución patronal planteado. En el caso materia de estudio, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a analizar el acto reclamado en suplencia de la queja, respecto de la quejosa ********************, ello por ser la parte trabajadora de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo y en términos de la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS." Ahora, los motivos de disenso precisados se consideran esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia federal solicitados. A efecto de abordar el estudio de este asunto es oportuno precisar que los artículos 14, segundo párrafo y 16, párrafo primero, de la Constitución General, prevén las garantías de seguridad jurídica que consisten, esencialmente, en el cumplimiento efectivo de todos aquellos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias cuya observancia sea jurídicamente necesaria para que un acto de autoridad produzca válidamente una afectación en la esfera jurídica del gobernado. Una de esas condiciones se refiere a la fundamentación y motivación del acto; de manera que para que una autoridad cumpla con la fundamentación y motivación es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, debe expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto que las origina, se subsume en los supuestos de la norma que cita; es decir, tratándose de actos de autoridad que inciden en el ámbito jurídico de un individuo, el derecho de fundamentar y motivar tiene por objeto que se le diga expresamente por qué razón se le aplica la ley, lo cual se lleva a cabo con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que procedía aplicar la norma correspondiente. Asimismo, se considera importante destacar que de los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo se desprende la obligación de la autoridad responsable de fundar y motivar sus resoluciones y observar en estas últimas los principios fundamentales de exhaustividad y congruencia; por lo que es indispensable que el planteamiento formulado por las partes en la litis, quede sintetizado fidedignamente en la resolución que se pronuncie. Ahora, en el caso particular, se planteó ante la Junta responsable un incidente de sustitución patronal en los términos que expuso la trabajadora en el escrito presentado en el expediente laboral ********************. En este sentido, es menester tomar en consideración que la figura del patrón sustituto se encuentra contenida en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone que la sustitución patronal no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento; por ello, el patrón substituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la substitución, hasta por el término de seis meses; concluido éste, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón, término que se contabilizará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la substitución al sindicato o a los trabajadores. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dictar la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 7/2008-SS que dio origen a la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 28/2008, de rubro: "SUSTITUCIÓN PATRONAL. SI LA DEMANDADA SUSTITUTA NIEGA TENER TAL CARÁCTER, A ELLA LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA.", determinó que a pesar de que el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo no proporcionaba suficientes elementos para determinar en qué casos se generaba la sustitución patronal, del citado precepto y de los criterios emitidos por la otrora Cuarta Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubros "PATRÓN SUSTITUTO." y "SUSTITUCIÓN PATRONAL EN CASO DE TRANSMISIÓN PARCIAL DE LA EMPRESA.", se podían deducir como requisitos para que operara la sustitución patronal los siguientes: 1. La transmisión de una persona a otra de una negociación considerada como unidad económico-jurídica, lo cual implica la trasmisión de su patrimonio como unidad o parte del mismo, dicha transmisión puede ser mediante la incorporación de una empresa o razón social a otra ya existente; y 2. Que se empleen las mismas herramientas y bienes con que operaba el patrón sustituido. Además, en dicha resolución se puntualizó que de tales requisitos se desprendían los elementos que ponen de manifiesto la existencia de la sustitución patronal, a saber: a) Que la nueva unidad se constituya bajo la misma naturaleza económicojurídica, es decir, con el mismo giro comercial; en el entendido de que en una relación laboral la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores sea objeto de traslación con motivo de algún acto jurídico o administrativo; es decir, que exista entre la persona moral o física sustituida hacia la sustituta una transmisión total o parcial de la entidad jurídica económica que dio origen a la relación laboral; y b) Que exista identidad en el centro de trabajo y que la explotación de éste se realice de manera ininterrumpida, esto es, sin haber existido paralización de labores. En ese orden de ideas, la referida Sala del Máximo Tribunal del País señaló que era posible deducir la existencia de la sustitución en relación con un establecimiento o fuente de trabajo siempre y cuando haya íntima relación entre la sustituida y el nuevo patrón, que se emplee la misma maquinaria y herramientas con motivo de la transmisión de la totalidad o parte del patrimonio de la empresa sustituida, lo cual puede deducirse si el patrón sustituto ocupa el mismo local y mantiene el giro comercial, además si se demuestra o es evidente que no existió interrupción o paralización de actividades, esto es, que el nuevo patrono continuó desarrollando las actividades del anterior, dentro del mismo establecimiento, pues constituyen datos adicionales para considerar que se ha dado la figura jurídica en examen. En ese sentido, la sustitución patronal se actualiza cuando la negociación considerada como unidad económico-jurídica, se transmite de una persona a otra, de forma tal que el patrimonio en su totalidad o una parte, que a su vez constituya una unidad de la misma naturaleza, pase a ser segmento del patrimonio de otra persona; es decir, que esa unidad, como tal, pase a una nueva persona, puesto que la sustitución de patrón es la transmisión de un conjunto de bienes, derechos y obligaciones inherentes que salen de un patrimonio para entrar a otro, siempre como unidad económica, produciendo el efecto de que las relaciones de trabajo permanezcan intactas como si no se hubiese efectuado la transmisión, atendiendo a que en ésta no son parte los trabajadores. Asimismo, el nuevo patrón responde, como lo establece el citado artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, por las obligaciones existentes a favor de los trabajadores, lo que implica que la sustitución de patrón constituye una responsabilidad solidaria del diverso sustituto con todas las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución hasta por el término de seis meses, contado a partir de la notificación al sindicato o a los trabajadores, concluido el cual subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. Con base en lo expuesto, resulta concluyente que la existencia de la sustitución patronal debe decretarse siempre que se acredita una íntima relación entre ésta y el nuevo patrón, que se emplee la misma maquinaria y herramientas con motivo de la transmisión de la totalidad o parte del patrimonio de la empresa sustituida, lo cual puede colegirse si el patrón sustituto ocupa el mismo local y mantiene el giro comercial, además, si se demuestra o es evidente que no existió interrupción o paralización de actividades. Esto es, que el nuevo patrono continuó desarrollando las mismas actividades del anterior dentro del mismo establecimiento, ya que constituyen datos adicionales para considerar que ha operado la figura jurídica en examen. Una vez establecidos los requisitos y elementos que constituyen la sustitución patronal, debe determinarse a quién le corresponde la obligación procesal de probar -en caso de actualizarse- la existencia o no de esa figura jurídica, sobre todo cuando haya controversia al respecto; en el entendido que al ser la sustitución patronal una figura jurídica en la cual participan solamente dos entes, a saber: patrón sustituto y patrón sustituido, además partiendo de la hipótesis que hacia el futuro prevalecerá la figura del nuevo patrono, es decir, el sustituto y que en tal modificación patronal no participa en ningún momento ni aspecto el trabajador, debe considerarse como obligación del patrón sustituto acreditar o en su defecto desacreditar tal circunstancia. Por tanto, se considera que corresponde al patrón, a quien se le atribuye haber sustituido al anterior en sus obligaciones laborales, demostrar que no se dan los elementos distintivos de la institución en comento, ya que aun cuando por regla general en materia laboral la carga de la prueba incumbe al que afirma -se reitera-, por las particularidades que presenta la figura jurídica en cuestión, es que le toca al demandado acreditar los hechos en los que apoya sus excepciones, máxime que el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo establece que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y, para tal efecto, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que -de acuerdo con las leyes- tiene la obligación legal de conservar en la empresa y, en todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia respecto de los elementos esenciales de la relación de trabajo. En torno al tema, es pertinente establecer que en los juicios en materia laboral, conforme a los artículos 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo, la actividad probatoria de las partes debe circunscribirse a los hechos controvertidos, por tanto, es menester analizar a quién corresponde probarlos. Se atribuye a cada una de las partes según los hechos que sustenten sus pretensiones, normalmente de conformidad con las siguientes reglas: a) La carga de probar incumbe al que afirma; b) Corresponde al demandado acreditar los hechos en los que apoya sus excepciones; y c) Quien hace una negación que envuelve una afirmación tiene la carga de la prueba. Estos principios no operan de manera automática en materia laboral, pues en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo se establece lo siguiente: "Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. (.)." Como se puede advertir, en dicho precepto se prevé la remisión a reglas específicas dado que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y, para tal efecto, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tenga la obligación de conservar. De esa manera, si al instituirse en dicho precepto la remisión a reglas específicas, dado que la autoridad liberará al trabajador de dicha carga cuando pueda conocer los hechos a través de otros medios, debe estimarse que en lo relativo a la carga de la prueba existen tres hipótesis, que son: La aplicación de las reglas generales. Las reglas específicas que prevé el artículo 784 en sus diversas fracciones; y Diversas reglas previstas en la Ley Federal del Trabajo o en otras leyes que hagan remisión a la primera parte del artículo 784 de la ley en mención. En esa perspectiva, si de acuerdo con el numeral 41 de la ley laboral la sustitución patronal es la transmisión total o parcial de la entidad jurídico-económica que dio origen a la relación laboral y en la cual los trabajadores no tienen intervención legal, es válido concluir que cuando se alega una sustitución patronal es a la persona física o moral en su calidad de patrono sustituto a quien le corresponde la carga de la prueba, toda vez que al carecer los trabajadores de intervención legal en la sustitución, no cuentan con los medios para demostrarla y, por tanto, considerar lo contrario rompería con las reglas específicas de la carga probatoria y se dejaría a los trabajadores en estado de indefensión. Esto es, si el trabajador alega -en cualquier etapa de un procedimiento laboral- la existencia de una sustitución patronal y precisamente la parte patronal niega o es omisa en acreditar tal circunstancia, a este último le corresponde la carga de la prueba, en virtud de que la sustitución patronal es una figura jurídica en la cual participan únicamente la parte patronal sustituta y la patronal sustituida, es decir, sin intervención de los trabajadores, por lo cual corresponderá a la parte patronal la carga de la prueba cuando se alegue la sustitución patronal y sea el patrón quien niegue tal figura, en el entendido de que el patrón sustituido será solidariamente responsable con el sustituto por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la legislación laboral, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de seis meses posteriores a la sustitución patronal, subsistiendo -al concluir dicho término- hacia el futuro, únicamente la responsabilidad del patrón sustituto. Sentados los elementos y requisitos para la configuración de la sustitución patronal, así como la regla procedimental relativa a quién corresponde probar su inexistencia en caso de controversia, es momento de analizar si en la resolución reclamada se observaron tales lineamientos, de la que se advierte, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "(.)Finalmente, si bien es cierto se ofreció por parte del trabajador como prueba la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, también lo es que estas resultaron insuficientes para demostrar su pretensión, ya que no debe pasar desapercibido de que la carga de la prueba corresponde a la demandada, más sin embargo debe de tomarse en consideración que ello ocurre cuando el trabajador no tiene a su alcance los medios de prueba respectivos para hacerse de datos y demostrar su intención, lo cual en el presente caso no aconteció ni de demostró con las constancias obrantes en autos, ni se pudo llegar al conocimiento de la verdad sin necesidad de requerir más probanzas arribándose a la conclusión de que no se acreditó la sustitución patronal alegada, ya que los demandados incidentistas que no fueron condenados no reconocieron al relación laboral, por lo que resulta insuficientes las constancias aportadas para considerar que efectivamente se actualiza la figura prevista por el artículo 41 de la Ley de la Materia. RESOLUTIVOS Primero. Se declara improcedente el incidente de sustitución patronal promovido por la parte actora ******************** en contra de ********************. [.]." (sic) De lo transcrito, se obtiene que la Junta responsable arrojó la carga de la prueba a la parte trabajadora para acreditar la existencia de la sustitución patronal planteada, no obstante que le correspondía a la posible patrona sustituta, en los términos que han quedado expuestos. Lo anterior es así, toda vez que la responsable señaló que la parte actora no acreditó los elementos necesarios para determinar procedente la sustitución patronal planteada. De lo expuesto, es dable señalar que, tal como aduce la quejosa en sus conceptos de violación, la Junta responsable no analizó puntualmente los requisitos que deben acreditarse para tener por actualizada la sustitución patronal, en especial lo relacionado que en todo momento quien tiene la carga de la prueba en ese incidente es la parte patronal señalada como sustituta y, por consecuencia, en ningún momento debió arrojarse al trabajador, aquí quejoso. En este sentido, al no haberse analizado la figura de la sustitución patronal en atención a los requisitos y elementos que han quedado descritos, soslayando además que la carga probatoria recae en el presunto patrón sustituto, es que la resolución incidental combatida resulta contraria a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, de ahí lo fundado de los conceptos de violación que se analizan. Así, al haber resultado fundados los argumentos propuestos, lo procedente es conceder a ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos que se precisarán más adelante. Sexto. Efectos de la concesión. En virtud de haberse concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en atención a lo previsto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, en restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, se reintegra a la quejosa en el goce de sus derechos que le fueron afectados, esto es, para que: La Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad: 1. Deje insubsistente la resolución incidental reclamada de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente laboral ********************. 2. Dicte otra en su lugar en la que, en atención a lo dispuesto por los artículos 41 y 784 de la Ley Federal del Trabajo y en las consideraciones que sustentan esta resolución, con plenitud de jurisdicción pero de manera fundada y motivada, y considerando que la carga probatoria para demostrar la inexistencia o no de la sustitución patronal corresponde a la parte patronal conforme el artículo 784 precitado. Séptimo. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Primero. La Justicia Federal ampara y protege a ********************, contra los actos que reclamó de la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el diverso considerando quinto y para los efectos establecidos en el considerando sexto de esta ciudad. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida de María Elizabeth Reyes Moreno, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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Se ordena notificar por lista a la moral tercero interesada UL Baja Sociedad Anónima de Capital Variable, el acuerdo de diez de octubre de dos mil veintitrés, así como el proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, ambos dictados en los autos del expediente principal del Juicio de Amparo 949/2022-C, que a la letra dice: Tijuana, Baja California, diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se advierte la notificación realizada al tercero interesado ********, del proveído de cinco de septiembre del año en curso, en el que se hizo del conocimiento de las partes, la fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, túrnense los autos a la Actuario de la adscripción a fin de que notifique personalmente a la moral tercero interesada en comento, el proveído de cinco de septiembre de este año y el presente proveído, lo anterior a fin de no dejarla en estado de indefensión; en el entendido que dicha notificación se deberá realizar por medio de lista, de conformidad con lo establecido en los artículo 27 y 29, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no obstante que fue debidamente emplazada a juicio y requerida para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, fue omisa en hacerlo, por tanto las subsecuentes determinaciones de carácter personal que surjan en su nombre, deberán practicarse en los términos anteriormente indicados. Por los motivos expuestos, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese y cúmplase. DETERMINACIÓN DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS Tijuana, Baja California, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los que se advierte que a la fecha transcurrió el término de treinta días otorgados a la moral tercero interesada Urban Living, Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de que comparezca al juicio de amparo, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, virtud que la última publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación fue el veinte de julio de dos mil veintitrés, por lo que dicho plazo transcurrió del veinticuatro de julio al cuatro de septiembre del año en curso. Por tanto, túrnense los autos al actuario de este juzgado, para que se sirva notificar este auto a la moral tercero-interesada en comento, por medio de lista, así como los subsecuentes proveídos de carácter personal que surjan a su nombre, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo. Ahora, tomando en consideración que el dos de junio de dos mil veintitrés, se dejó sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional hasta en tanto la moral tercero interesado se encontrara emplazada a juicio, por ello tomando en consideración de que lo anterior ya aconteció, se señalan las once horas del diez de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese personalmente. Lo que notifico a la moral tercero interesada UL Baja Sociedad Anónima de Capital Variable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, a través de la presente lista que se fija en los estrados de este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a las nueve horas del día once de octubre de dos mil veintitrés. Doy fe.
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Se ordena notificar por lista a la parte tercero-interesada URBAN LIVING SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del expediente principal del Juicio de Amparo 949/2023, que a la letra dice: Tijuana, Baja California, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los que se advierte que a la fecha transcurrió el término de treinta días otorgados a la moral tercero interesada Urban Living, Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de que comparezca al juicio de amparo, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, virtud que la última publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación fue el veinte de julio de dos mil veintitrés, por lo que dicho plazo transcurrió del veinticuatro de julio al cuatro de septiembre del año en curso. Por tanto, túrnense los autos al actuario de este juzgado, para que se sirva notificar este auto a la moral tercero-interesada en comento, por medio de lista, así como los subsecuentes proveídos de carácter personal que surjan a su nombre, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo. Ahora, tomando en consideración que el dos de junio de dos mil veintitrés, se dejó sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional hasta en tanto la moral tercero interesado se encontrara emplazada a juicio, por ello tomando en consideración de que lo anterior ya aconteció, se señalan las once horas del diez de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese personalmente. Lo que notifico a la parte tercero-interesada URBAN LIVING SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, a través de la presente lista que se fija en los estrados de este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a las nueve horas del día seis de septiembre de dos mil veintitrés. Doy fe.
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