Rubén Vázquez Hernández

Expediente 11/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
11/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
16/05/2018

Partes del expediente

  • Rubén Vázquez Hernández
  • Director General del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), con sede en la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara en contra del acuerdo de diez de abril del año en curso (fojas 51 a 56), a través del cual se sobreseyó el presente juicio de fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia. Sirve de apoyo lo anterior la tesis XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro, Tomo IV, Libro 34, del mes de septiembre de dos mil dieciséis, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el número de registro 2012455, cuyo rubro es: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el proveído que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y se ordena archivar el presente juicio, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en especial la razón actuarial de cuenta, se desprende la imposibilidad que tuvo la Actuaria de la adscripción para entregar el oficio 7112/2018-AH, a la autoridad responsable Delegado Regional de Coahuila del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad, por los motivos que expone en la misma. En consecuencia, reenvíese el oficio 7112/2018-AH, de diez de abril del año en curso, a la citada autoridad, en el domicilio ubicado en Boulevard Nazario Ortiz, número 2598, colonia Residencial Los Lagos código postal 25253, en Saltillo, Coahuila de Zaragoza; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 35 y 36), se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días contados a partir de que surtiera efectos la notificación del mencionado proveído, manifestara si era su deseo señalar como nuevo acto reclamado el oficio XIV/ASJ/041/2018, de trece de febrero de dos mil dieciocho (fojas 33 y 34), a través del cual la autoridad responsable dio contestación al escrito de petición de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Ahora bien, de las constancias se aprecia que la parte quejosa, quedó notificada el veintisiete de febrero del año en curso, del proveído señalado con antelación (foja 39), sin que haya manifestado nada al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese auto, y se prosigue con el trámite del presente asunto como inicialmente se planteó. I. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Mediante escrito recibido en este Juzgado de Distrito, el nueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 1 a 18), ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables: 1. Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en la Ciudad de México, y, 2.Delegado Estatal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en la Ciudad de México. Por el acto siguiente: A)De las Autoridades Ordenadoras, reclamo: 1)La OMISIÓN de dar respuesta a mi escrito de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. II.Trámite del juicio de amparo indirecto. Mediante acuerdo de diez de enero de dos mil dieciocho (fojas 19 a 22), se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el quejoso ***, quedando registrada en el Libro de Gobierno con el número 11/2018; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, la intervención legal que le corresponde; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, mediante acuerdo de veintiuno de febrero del año en curso (fojas 35 y 36), se tuvo a la autoridad responsable Delegado Regional de Coahuila del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado al que anexó la documental, de la que se desprende que mediante oficio XIV/ASJ/041/2018, de trece de febrero de dos mil dieciocho (fojas 33 y 34), dio contestación al escrito de petición del aquí quejoso, de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, relativo a la solicitud de la entrega de las aportaciones patronales efectuadas en la subcuenta de vivienda anterior al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, el cual le fue notificado a la parte quejosa el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (foja 39). En el caso, es conveniente digitalizar el oficio XIV/ASJ/041/2018, de trece de febrero de dos mil dieciocho (fojas 33 y 34), a través de la cual la autoridad responsable dio contestación al escrito de petición signado por el quejoso el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. III. Actualización de una causal de sobreseimiento. De lo dispuesto por los artículos 63, fracción V , y 81, fracción I, inciso d)de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de la citada legislación, la cual por ende, conduce al sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso concreto, como ya se mencionó, el acto reclamado se hace consistir en la falta de contestación a la petición planteada por el quejoso mediante escrito de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, en el informe justificado que rindió la autoridad responsable Delegado Regional de Coahuila del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad, allegó la documental de la que se desprende que mediante oficio XIV/ASJ/041/2018, de trece de febrero de dos mil dieciocho (fojas 33 y 34), dio contestación al escrito de petición de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, que motivó el acto reclamado, el cual fue notificado el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo , en términos de su numeral 2° , por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con número de registro 394182, bajo el rubro y texto siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Ahora bien, analizada la probanza anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos. Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo , es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J.59/99, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la autoridad responsable Delegado Regional de Coahuila del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que por oficio XIV/ASJ/041/2018, de trece de febrero de dos mil dieciocho (fojas 33 y 34), se dio respuesta a la petición planteada por el aquí quejoso de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, misma que le notificada el veintisiete de febrero del año en curso (foja 39), lo que implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias. Sobre el tema se emitió, la jurisprudencia 2a. /J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. IV.Se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del once de abril de dos mil dieciocho (foja 40 vuelta).

  4. Principal

    Agréguese a los autos, el informe justificado rendido por la autoridad responsable siguiente: Autoridad: Gerente de Servicios Legales de la Secretaría General y Jurídica del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), y en nombre del Director General de dicho instituto. Ciudad de México. En consecuencia, póngase a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo . Sin que haya lugar a notificar a la parte quejosa de forma personal para que se imponga del mismo, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la ley de la materia , no constriñe al Juzgado a realizarlo de esa manera. No se soslaya que la fracción k), del citado dispositivo legal, indica que queda a juicio del órgano jurisdiccional notificar de forma personal las resoluciones que lo ameriten; sin embargo, dado que uno de los principios que rige el juicio de amparo es el de instancia de parte, este Juzgador no lo considera necesario, pues la carga de imponerse de autos es del impetrante de amparo, quien debe de estar al pendiente del procedimiento e imponerse de los informes justificados que tiene a su disposición en el presente sumario. A su vez, ofrece como prueba la instrumental de actuaciones, sin perjuicio de hacer referencia de ella en la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en los artículos 9°, párrafo primero, y 26, fracción II, inciso a), de la ley de la materia , se tiene a la autoridad oficiante, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, y designando como delegados a los indicados para tales efectos en su informe.

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