Rubén Valle Tapia
Expediente 313/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 38 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 313/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Rubén Valle Tapia
- Tribunal Universitario de la Facultad Autonóma de Coahuila. Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
- Rubén Valle Tapia y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA Este Juzgado resuelve el juicio de amparo indirecto 313/2022, emitiendo la siguiente: DECISIÓN Única. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***************************, contra las autoridades responsables Tribunal Universitario de la Autónoma de Coahuila, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y Director de la Escuela de Medicina, Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, con residencia en esta ciudad, respecto a los actos reclamados consistentes en la restricción de su libertad de obrar y de hacer como maestro universitario, con motivo de las medidas cautelares dictadas en el procedimiento número ****************************, instruido en su contra. ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós, ante el Secretario de Guardia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, ************************* solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos ahí precisados. 2. Trámite. Por auto de ocho de abril de ese mismo año, se admitió a trámite la demanda de amparo. La audiencia constitucional tuvo verificativo el día de hoy. RAZONES Y FUNDAMENTOS 3. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo. 4. Precisión de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se puntualiza que la parte quejosa reclama: 4.1 Autoridades responsables. Tribunal Universitario de la Autónoma de Coahuila, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y Director de la Escuela de Medicina, Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, con residencia en esta ciudad. 4.2 Actos reclamados. La restricción de su libertad de obrar y de hacer como maestro universitario, con motivo de las medidas cautelares dictadas en el procedimiento número **************************, instruido en su contra. Es aplicable la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Procedencia. En esta parte considerativa se estudiará la existencia de los actos y las causales de improcedencia alegada por las responsables, o bien, las que de oficio advierta este órgano de justicia. 5.1 Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se atribuyen a las autoridades responsables, pues así lo manifestó el Director de la Escuela de Medicina, Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, además, la diversa autoridad Tribunal Universitario de la Autónoma de Coahuila, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, aún y cuando los negó, realizó manifestaciones que evidencian su existencia, mismas que resultan suficientes para tenerlos por ciertos al tenor de la jurisprudencia 305 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La certeza de los actos reclamados se corrobora con las constancias en copia simple y certificadas remitidas por las autoridades responsables como complemento a sus informes con justificación; probanzas a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 6. Causales de improcedencia. Previamente a cualquier otra consideración, procede analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. 6.1 Causal de improcedencia advertida de oficio. Respecto a los actos reclamados este órgano de control constitucional estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 y 5, fracción II, de la ley de la materia, aplicados en sentido contrario, toda vez que no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. 6.2 Premisas argumentativas de la causa de improcedencia. Los artículos 1, 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo disponen que el juicio de derechos fundamentales, tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El acto de autoridad para efectos del amparo tiene las siguientes características: i) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; ii) Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; iii) Emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, iv) Para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 2a./J.164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6.3 Estudio de la causal de improcedencia. En ese orden de ideas y considerando además el actual marco legal, es autoridad responsable la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y, en su caso, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es importante destacar que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa; es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. De ahí que sea oportuno distinguir entre las relaciones de: i) supra a subordinación; ii) supraordinación; y, iii) de coordinación. i) Las relaciones de supra a subordinación: son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizaba por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual suponía la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, vencieran cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Aunque con el nuevo marco legal serían aquellas que con su actuación crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien por la omisión del acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ii) Las relaciones de supraordinación: son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. iii) Las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. Ahora bien, de lo establecido por el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Universidad de Coahuila de Zaragoza, se sigue que dicha institución cuenta con facultades para gobernarse a sí misma, al ser un Organismo Público Descentralizado del Estado de Coahuila de Zaragoza, para impartir educación media y superior, con plena personalidad jurídica y autónoma en sus aspectos económico, técnico y administrativo. De igual forma, el artículo 10 del citado cuerpo normativo, prevé que dicha casa de estudios contará con las siguientes atribuciones. En ese contexto, la facultad de autogobierno se encuentra acotada en la propia Constitución Federal, concretamente en el artículo 3, fracción VII, que dispone que las leyes respectivas deben desarrollar las bases mínimas que permitan a las universidades autónomas cumplir con las finalidades que les son encomendadas constitucionalmente, tales como educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios que rigen a la educación que imparte el Estado, respetando, además, la libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas. Cobra aplicación al caso que nos ocupa, la jurisprudencia 1a./J. 20/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De lo anterior se colige que, a criterio del Máximo Tribunal, las universidades públicas cuentan con un cúmulo de competencias, dentro las que destaca las relativas al principio de autogobierno, que pueden ser catalogadas, entre otras de la siguiente forma: a. Competencias normativas, en virtud de la cual los cuerpos legislativos deben establecer a favor de las universidades públicas competencias para que estos organismos puedan dictar normas en desarrollo de lo establecido en su ley de creación. b. Competencias ejecutivas. Las universidades públicas son titulares de todas las competencias ejecutivas que correspondan al desarrollo y ejecución tanto de los principios constitucionales en materia de educación, como de las leyes expedidas por los cuerpos legislativos y de las propias normas que aquéllas emiten. c. Competencias de supervisión. Las universidades públicas cuentan con las facultades de inspección y control con el fin de supervisar la actividad que desarrollan por sí, o por conducto de facultades, colegios, bachilleres o cualquier otro órgano adscrito a la casa de estudios. d. Competencias parajudiciales. Otra de las competencias que las universidades públicas poseen para llevar a cabo su autogobierno, es la atinente a la capacidad de dirimir conflictos que surjan al interior de la universidad, de cualquier naturaleza, siempre que constitucional o legalmente la solución de tales litigios no esté reservada a un régimen jurídico específico que excluya al universitario. 7. Caso concreto. Una vez analizados los artículos transcritos, se colige que las autoridades señaladas como responsables son depositarias del gobierno de la Universidad Autónoma de Coahuila y que, en ejercicio de sus competencias normativa, ejecutiva, de supervisión y parajudicial, que derivan del artículo 3, fracción VII, de la Constitución General de la República, emitieron los actos reclamados consistentes en la suspensión provisional del quejoso ***********************************, de sus actividades en la escuela de medicina, entre otras medidas cautelares, con motivo de la determinación pronunciada el quince de marzo de dos mil veintidós, por el Tribunal Universitario de la Autónoma de Coahuila, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, dentro del procedimiento número **************************, durante el periodo de duración del proceso y hasta que dicho Tribunal dicte nuevas indicaciones; esto, a razón de la denuncia presentada por las terceras interesadas. En esa tesitura, el suscrito juzgador estima que no puede tenerse como autoridades para efectos del juicio de amparo a las señaladas como responsables, ya que si bien es cierto que existen supuestos en los que las autoridades universitarias pueden ser consideradas como responsables en el juicio constitucional, ello no acontece en la especie, pues atendiendo a la naturaleza jurídica de los actos que se les reclaman, se llega a la conclusión de que a través de tales actos, no ejercen un poder público basado en una relación de supra a subordinación, que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del quejoso. Se afirma lo anterior, porque la posición del peticionario frente a los órganos universitarios que señalan como responsables, no es la de gobernado para efectos del juicio de amparo, ya que el ejercicio de sus facultades orientadas al autogobierno, constituyen atribuciones inmersas en un ámbito de decisión autónoma de la que dichos órganos se encuentran investidos, de tal suerte que el impetrante para esos efectos sólo guarda el carácter de maestro y/o docente catedrático de dicha institución, pero no de gobernado que pudiera verse afectado con los actos reclamados. Por tal motivo, los actos reclamados no provienen de autoridades para efectos del juicio de amparo, pues no ejercen el poder público frente al quejoso, en su calidad de gobernado, sino como maestro y/o docente catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila, por ello, de ese procedimiento no podría resultar la afectación de algún derecho fundamental protegido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis 1a. XI/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se cita por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 19/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 8. Conclusión. Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio. 9. Notifíquese en términos de ley.10. Juez y Secretario que da fe. Así lo resolvió y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario José Manuel Monsiváis Meza, quien certifica que esta resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. 11. Versión pública. El Secretario certifica que se integró la versión pública para cumplir lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, y el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Certifico y doy fe.
- Principal
1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no es posible llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, toda vez que la tercera Yaneth Michael García de la Rosa, fue emplazada a juicio el diecisiete de enero del año en curso; por tanto, se encuentra transcurriendo la vista concedida en auto de dieciocho siguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. 2. Diferimiento de audiencia. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración.
- Principal
. Constancia de notificación. Vista la constancia de notificación de diecisiete de enero del año en curso, se advierte que la tercera interesada ********************, quedó emplazada al presente juicio de amparo. 1.1 Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene a la citada tercera interesada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se pública en los estrados de este órgano jurisdiccional. 1.2 Vista. Finalmente, dése vista a dicha tercera interesada para que dentro del plazo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se imponga de autos.
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