Rubén Serrano Anzaldo

Expediente 844/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
844/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
10/07/2019

Partes del expediente

  • Rubén Serrano Anzaldo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintiocho de junio del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II del referido acuerdo. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA I. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 844/2019-I. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La orden de requerimiento de pago y embargo en el cual se autorizó el uso de la fuerza pública, rompimiento de chapas y cerraduras de su domicilio. La promulgación del Código de Comercio, específicamente por cuanto hace a los artículos 1392, 1393 y 1394. DESECHAMIENTO. Luego, este órgano de control constitucional advierte que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, en relación con el artículo 217, todos de la Ley de Amparo que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Apoya lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia número 19, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 13, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 917550, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia número 23, del Apéndice de 1985, Tomo VIII, página 45, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 395568, que establece: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES." De los preceptos y jurisprudencias antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta, aquéllos que sea remota la ejecución de los hechos de que provienen, como sucede en la especie. En efecto, el acto reclamado en análisis, consistente en una supuesta orden de requerimiento de pago y embargo en el cual se autorizó el uso de la fuerza pública, rompimiento de chapas y cerraduras de su domicilio. Luego, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación del hoy quejoso, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por tanto, debe probar por lo menos de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que el promovente de amparo tenga obligación de interponer juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación surge en el momento en el que tiene conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal, y no por inducciones, tal como acontece en el caso concreto, pues el quejoso se limita a manifestar en el capítulo de antecedentes lo siguiente: "(.)1. En fecha 26 de junio de 2019, un abogado conocido del suscrito me informó que supuestamente se encuentra radicado en mi contra un juicio ejecutivo mercantil sin precisarme ni el juzgado ante quien se encuentra, ni tampoco el número de expediente, en el cual ya existe al parecer una orden de embargo en mi contra, sin que hasta la fecha se me haya notificado o emplazado absolutamente nada de dicho juicio, razón por la cual desconozco de todo tanto su cuantía como los hechos base de la demanda, así también desconozco cuál es el título de crédito motivo del mismo, únicamente se me informó quien es la persona que lo instó, siendo el aquí tercero interesado; pero al tratarse de un juicio ejecutivo mercantil, deviene indiscutible que en él se dictaron y existen aplicados todos los actos que señalo como reclamados en esta demanda de amparo. 2. Ante el temor fundado que tengo de que en un momento a otro se puedan ejecutar en mi agravio los actos que reclamo de inconstitucionales en esta demanda de amparo, es la razón por la cual desde este momento ante su señoría a pedir el amparo y protección de la justicia federal." En ese contexto, de lo anterior se advierte que la parte quejosa hace derivar el acto que reclama en esta instancia (supuesta orden de requerimiento de pago y embargo en el cual se autorizó el uso de la fuerza pública, rompimiento de chapas y cerraduras de su domicilio), únicamente en el temor de que alguna autoridad haya ordenado dicho acto; sin que del resto del contenido del libelo inicial de demanda se advierta que actualmente las responsables hayan dictado o pretendan ejecutar el acto controvertido. Ahora, el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es probable, por actos previos que en modo alguno informan que las autoridades van a llevar cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto; por ende, se considera que no existe el motivo de análisis como actos ciertos e inminentes en contra del quejoso. En esas condiciones, tales manifestaciones son insuficientes para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo; por tanto, resulta evidente que en el caso concreto lo que el quejoso pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Por lo anterior, es válido concluir que el quejoso no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1, 73 y 77 de la Ley de Amparo y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. Además, conforme al criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES.", en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la otrora Tercera Sala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.", resulta evidente que éste sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. Apoya lo aquí decidido, la tesis sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1512, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 291922, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS FUTUROS O DE POSIBILIDAD." Asimismo, apoya a lo anterior la tesis aislada sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, página 497, Materia Común, Quinta Época, que señala: "ACTOS FUTUROS." Resaltando el hecho de que la pretensión de ejecutar una orden de requerimiento de pago y embargo en el cual se autorizó el uso de la fuerza pública, rompimiento de chapas y cerraduras de su domicilio, no constituyen hechos reales, sino únicamente es probable que acontezcan, por lo cual al día de la fecha no incide en su esfera jurídica. En tal contexto, quien ahora resuelve considera que los posibles actos tendentes a ejecutar una orden de requerimiento de pago y embargo en el cual se autorizó el uso de la fuerza pública, rompimiento de chapas y cerraduras de su domicilio en contra del promovente aún no se emiten y hasta el momento sólo existen perjuicios futuros y de realización incierta, por ende, se concluye que los actos reclamados no pueden impugnarse a través del juicio de amparo, sino hasta que se emita la resolución correspondiente que invada la esfera de derechos de la parte quejosa. En diverso aspecto, si el juicio de amparo es improcedente respecto del acto concreto de aplicación consistente en la supuesta orden de requerimiento de pago y embargo en el cual se autorizó el uso de la fuerza pública, rompimiento de chapas y cerraduras de su domicilio, resulta inconcuso que el diverso acto reclamado consistente en la promulgación del Código de Comercio, específicamente por cuanto hace a los artículos 1392, 1393 y 1394, sigue la misma regla de improcedencia, dada la íntima vinculación que guardan aquéllos con la ley que se tilda de inconstitucional. En efecto, la improcedencia del juicio de amparo en cuanto a los actos futuros de realización incierta que se reclaman, se hace extensiva al acto que se atribuye al Presidente Constitucional de los Estados Unidos, consistente en la promulgación del Código de Comercio, específicamente por cuanto hace a los artículos 1392, 1393 y 1394, teniendo en consideración que tratándose de un juicio de amparo contra leyes con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, no puede desvincularse el estudio de la ley del que concierne a los actos de su aplicación, actos estos que son precisamente los que causan perjuicio a los quejosos y no por sí sola, considerada en abstracto, la ley, ya que la esencial vinculación entre el ordenamiento legal y el acto concreto de su aplicación, impide examinar al uno prescindiendo del otro, circunstancia que no acontecería en el caso de que la sola existencia de la norma causara perjuicio a los impetrantes de amparo, como sucede en el amparo contra una ley autoaplicativa. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y el criterio sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo I, materia constitucional, tesis 346, página 400, y en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, 217-228 primera parte, página 27, de rubro y texto siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN." "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO." En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracciones XIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, y, además, con apoyo en el numeral 113 del ordenamiento legal antes invocado, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su proemio de demanda, esto es las listas de publicación de este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** al contar su cedula profesional con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a la restante persona señalada al carecer del registro respectivo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

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