Ruben Rosales Bernal

Expediente 1607/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1607/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
27/11/2020

Partes del expediente

  • RUBEN ROSALES BERNAL y Otros.
  • Ruben Rosales Bernal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mesa I Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que el quejoso dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y visto el estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal en el presente asunto (artículo 18, fracción I, inciso b) del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA I Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintisiete de agosto de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La resolución dictada el veintiuno de noviembre del presente año, en el expediente 610/2018, del índice del Juzgado Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, con motivo del recurso de revocación hecho valer por el aquí quejoso y, en la que se decretó un monto provisional por concepto de pensión alimenticia a la acreedora alimentaria. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiocho de enero de dos mil veinte, se terminó de engrosar la sentencia correspondiente, en la que se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********, en contra del acto y autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero, y por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución." Inconforme con la resolución anterior, la parte quejosa Rubén Rosales Bernal, promovió recurso de revisión, el cual por razón de turno le correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien en sesión de tres de junio de dos mil veinte, en el amparo en revisión 60/2020, resolvió: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********, por propio derecho, contra el acto y autoridad indicados en el resultando primero; y, por los motivos, fundamentos y para los efectos formales precisados en el último considerando de esta sentencia" El diecinueve de agosto del año que transcurre, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento, el cual debería ser únicamente en los términos siguientes: "(.) a. Deje insubsistente la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, únicamente en cuanto al apartado de "pensión alimenticia provisional", emitida en el juicio 610/2018; y, b. Dicte otra en la que atendiendo al contenido de la presente sentencia, se aparte de imponer un criterio estrictamente matemático o aritmético para fijar el monto de la pensión alimenticia provisional, solicitada en favor de la menor M.C.I.R.; c. En ese sentido, pondere que el sueldo que percibe el hoy quejoso como chofer, en el departamento de residuos sólidos, es de $3,833.12 (tres mil ochocientos treinta y tres pesos 12/100 moneda nacional), quincenales; y, considere que existe al menos hasta ese estado procesal, la presunción de que debe proporcionar alimentos a cuatro dependientes económicos más (tres menores de edad y esposa), para lo cual deberá atender al número de ellos y, que a su vez, le permita contar con un mínimo vital para sí mismo; esto último, siempre y cuando no sea en detrimento de todos sus acreedores alimentarios menores de edad. (.) En ese orden de ideas, mediante oficio registrado con folio 6321, la Jueza Octavo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, remitió copia certificada de la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veinte por el cual dejó sin efectos la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve dictada en el juicio 610/2018 y dictó una nueva resolución atendiendo los puntos de la ejecutoria de amparo, tomó en cuenta los dependientes económicos del quejoso para fijar el monto de la pensión alimenticia provisional, solicitada en favor de la menor M.C.I.R. Lo precedente revela que la responsable acató el efecto de la ejecutoria de amparo; de ahí que se encuentra totalmente cumplida. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA I. PROMOCIÓN 20450. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito recibido vía interconexión por el cual ****, en su carácter de representante especial del menor de identidad reservada, señala domicilio procesal, designa en términos amplios a ********, así como para oír y recibir notificaciones a *********y *********,asimismo, solicita la consulta del expediente electrónico. DOMICILIO. Atento a lo anterior, en términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2 de la Ley de Amparo, como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******, dado que cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y conforme a la última parte del citado precepto legal, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, a ************************, pues carecen de registro en dicho sistema. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del ordinal 3° de la legislación de amparo se autoriza la consulta del expediente electrónico al usuario "*****". Notifíquese.

  4. Principal

    MESA I.INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el informe justificado rendido por la Jueza Octavo Familiar de Toluca, México, y esta remite dos anexos consistentes en: Un disco en formato DVD. Copias certificadas del expediente ***. Se estima aplicable, la tesis XXI.2o.16 K, con número de registro 189948, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." PRUEBAS. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas que anexa la autoridad a su informe de ley, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. ANEXO SEPARADO. Dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la responsable como anexo a su informe justificado, manténgase por cuerda separada, previa carátula que se forme para su debida identificación. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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