Rúben Reyes Hernández

Expediente 1131/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1131/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • Rúben Reyes Hernández
  • RÚBEN REYES HERNÁNDEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los instrumentos señalados en la nota de cuenta para los efectos legales correspondientes. Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito de la copia certificada electrónicamente de la ejecutoria de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, dictada en el toca del recurso de revisión 314/2022 y de los autos originales del juicio de amparo 1131/2021 de la estadística de este Juzgado Federal. En consecuencia, glósense al expediente del juicio de amparo devuelto las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío de aquél. Ahora bien, del contenido del citado fallo se advierte que la Superioridad confirmó la sentencia de veintiocho de abril de dos mil veintidós, en donde se sobreseyó en este juicio constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los normativos 356, fracción I, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la resolución de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito dictó en el toca del recurso de revisión 314/2022 causó ejecutoria por ministerio de ley. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo señalado por los arábigos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y como se sobreseyó en este juicio de amparo y el Tribunal de alzada confirmó esa resolución acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción I, del propio acuerdo de observancia general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese la misiva señalada en la nota de cuenta al cuaderno en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito comunica el auto de dos de agosto del año en curso, que la Magistrada Presidente de ese órgano de control constitucional dictó en el toca 314/2022, en el que proveyó lo siguiente: a) Acusa recibo de los originales de los ocursos en donde el quejoso Rubén Reyes Hernández interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo de donde deriva este cuaderno y en el que expresa sus agravios, de un ejemplar de esos libelos, así como de los autos originales del referido medio extraordinario de defensa. b) Admitió a trámite ese medio de impugnación. Al respecto, se toma conocimiento de las determinaciones anteriores. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Agréguense un ejemplar de los escritos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el inconforme Rubén Reyes Hernández interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictada en este juicio de amparo y anexa su ocurso de expresión de agravios. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo distribúyase entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en el que se integre debidamente el expediente, remítanse los originales de los ocursos donde se interpone el recurso de revisión y se expresan los agravios, así como un ejemplar de esos libelos y los autos originales de este juicio constitucional al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, para la substanciación de ese mecanismo de impugnación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias que revelen la historia procesal del presente asunto. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 1131/2021 promovido por ***, en contra de la iniciativa, la discusión, la aprobación, la expedición, la promulgación y el refrendo de los artículos 44, fracciones I y XI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca y 58, 59, 60 y 61 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca atribuidos al Congreso, al Gobernador y al Secretario General de Gobierno, todos de esta entidad federativa, en su respectivo ámbito de competencia, así como la aplicación de esos segmentos normativos reprochados al Director General del Instituto de la Función Registral del Estado, al Registrador del Distrito Judicial de Etla del citado instituto y a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo local. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de un fallo de fondo, si los actos impugnados vulneran en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales de legalidad, de proporcionalidad y de equidad consagrados por los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES 1. El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el Decreto 779 mediante el cual se expide la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca, en cuyo numeral 44, fracciones I y XI dispone lo siguiente: "Artículo 44. Se causarán y pagarán derechos por los servicios públicos que se realicen en materia de registro de la propiedad, de conformidad con las siguientes cuotas: Número de UMA Inscripción Cancelación Refrendo I. Registro de documentos relacionados con la transmisión de dominio de bienes inmuebles o derechos reales, servidumbres o usufructos vitalicios y/o donaciones en pago o adjudicaciones judiciales o fiduciarias: 14.00 9.00 [.] XI. Registro de los documentos en donde consten los contratos, convenios o resoluciones judiciales o administrativas por las que se constituyan un fraccionamiento, se lotifique, relotifique, divida o subdivida un inmueble por cada lote; o fusión por cada lote adherido; o constitución del régimen de propiedad en condominio por cada unidad privativa: 14.00 [.]" 2. La norma transcrita prevé la causación y el pago de los derechos por los servicios públicos que se realicen en la materia de registro de la propiedad en cuanto (i) al registro de documentos relacionados con la transmisión de dominio de bienes inmuebles o derechos reales, servidumbres o usufructos vitalicios y/o donaciones en pago o adjudicaciones judiciales o fiduciarias y (ii) el registro de los documentos en donde consten los contratos, convenios o resoluciones judiciales o administrativas por las que se constituyan un fraccionamiento, se lotifique, relotifique, divida o subdivida un inmueble por cada lote; o fusión por cada lote adherido; o constitución del régimen de propiedad en condominio por cada unidad privativa: 3. El quince de diciembre de dos mil doce, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el Decreto 1385 mediante el cual se expide la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, en cuyos preceptos 58, 59, 60 y 61 establece lo siguiente: "Artículo 58. Es objeto de este impuesto la realización de pago por concepto de derechos previstos en la Ley Estatal de Derechos. Los ingresos obtenidos por la recaudación de este impuesto, se destinarán a Programas Bienestar y los que fomenten la educación y la no deserción escolar en congruencia a los contenidos del Plan Estatal de Desarrollo." "Artículo 59. Son sujetos de este impuesto, las personas físicas, morales o unidades económicas, que efectúen las erogaciones a que se refiere el artículo anterior." "Artículo 60. La base de este impuesto, será el monto total de las erogaciones que realicen los contribuyentes por concepto de derechos, en términos del artículo 58 de esta Ley." "Artículo 61. Este impuesto se calculará aplicando a la base la tasa del 12 por ciento." 4. Los segmentos normativos prevén los elementos (sujetos, objeto, base y tasa) del impuesto para el desarrollo social. 5. Por otra parte, en la demanda de amparo el justiciable manifestó bajo protesta de decir verdad que el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, pagó las contribuciones (los derechos y el impuesto) previstas por los numerales 44, fracciones I y XI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca y 58, 59, 60 y 61 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, por lo que señala que la cobertura de esas contribuciones constituye el primer acto de aplicación de las disposiciones que ataca. 6. En consideración del disidente las normas que impugna vulneran sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicio en su esfera normativa. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 7. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, *** promovieron juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables que posteriormente se precisarán. 8. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 1, 14, 16, 31, fracción IV, 36, fracción I, y 133 de la Constitución General de la República; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. 9. Por acuerdo de veinte de octubre del año próximo pasado, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto registró la demanda con el progresivo 1131/2021; decretó la separación de los autos respecto de los actos que ** reclamó de las autoridades responsables y estableció que el presente asunto únicamente se tramitaría respecto de las actuaciones el inconforme*** combatió del Congreso, del Gobernador, del Secretario General de Gobierno, del Director General y del Registrador del Distrito Judicial de Etla, las dos últimas autoridades del Instituto de la Función Registral y de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, todos de Oaxaca, atinentes a su participación en los procesos legislativos que dieron a los ordinales 44, fracciones I y XI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca y 58, 59, 60 y 61 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, así como la aplicación de esas normas; en tal sentido, previno al disidente para que aclarara su demanda en relación con diversos actos reprochados a distintas entidades públicas. 10. A través de los ocursos presentados el veintisiete de octubre y el veinticuatro de noviembre, ambas datas de dos mil veintiuno, el justiciable atendió la prevención formulada; en consecuencia, en el acuerdo de veintiséis de noviembre de la citada anualidad, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. 11. La audiencia constitucional se llevó a cabo el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 12. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto promovido en contra de unas disposiciones fiscales locales de observancia general con motivo de un acto de aplicación que se realizó en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 13. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 14. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto . 15. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y sus aclaraciones, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama los actos siguientes: Del Congreso, del Gobernador y del Secretario General de Gobierno, todos de Oaxaca, combate en su respectivo ámbito de competencia la iniciativa, la discusión, la aprobación, la expedición, la promulgación y el refrendo de: ? Los artículos 44, fracciones I y XI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca. ? Los numerales 58, 59, 60 y 61 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca. Del Director General del Instituto de la Función Registral de Oaxaca, del Registrador del Distrito Judicial de Etla del citado instituto y de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo de Oaxaca impugna: ? La aplicación de los segmentos normativos precisados. V. INEXISTENCIA DE ALGUNOS ACTOS RECLAMADOS ATRIBUIDOS A LAS DIVERSAS AUTORIDADES RESPONSABLES 16. No son ciertos los actos combatidos al Director General y al Registrador del Distrito Judicial de Etla, ambas autoridades del Instituto de la Función Registral de Oaxaca, así como a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo de Oaxaca, porque las dos últimas autoridades en sus informes justificados negaron la existencia de las actuaciones que les fueron atribuidas, sin que el solicitante del amparo desvirtuara tales negativas, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario que acreditara lo contrario. 17. Por otra parte, el Director General del Instituto de la Función Registral de Oaxaca omitió rendir su informe justificado, no obstante que fue notificado del auto admisorio y se le emplazó a este juicio constitucional, como consta en el acuse de recibo del oficio 34677/2021; empero, esa situación no conduce a presumir la certeza de la actuación que se le atribuye en términos de lo establecido por el ordinal 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, porque conforme a lo expuesto en la demanda de amparo, el justiciable fue quien se autodeterminó y enteró de manera voluntaria las contribuciones previstas por las normas que ataca, sin que en la aplicación de esos preceptos haya tenido intervención la mencionada autoridad registral en términos de lo estatuido por el arábigo 5, fracción II, de la ley de la materia. 18. Al respecto, es necesario destacar que de este juicio constitucional se advierte que la parte quejosa realizó de manera voluntaria el pago de las contribuciones establecidas por los normativos 44, fracciones I y XI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca y 58, 59, 60 y 61 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, lo cual implica que el justiciable se autoaplicó los preceptos legales reclamados, sin que existan datos para establecer de manera categórica que el entero de esas contribuciones se efectuó como consecuencia de algún acto coercitivo realizado por las autoridades registrales y hacendaria locales, ya que el inconforme no aportó algún medio de convicción que demuestre que esos entes públicos liquidaron las contribuciones y realizaron un cobro coactivo en su contra. 19. En esa línea, es factible sostener que el titular de la acción constitucional se autodeterminó las contribuciones que indica y en ese momento aplicó las prevenciones contenidas en las normas reclamadas, así como que enteró el monto de dichas contribuciones de manera espontánea. 20. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta lo establecido por los arábigos 20 y 21 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca , de cuyo contenido se desprende que para los efectos fiscales la determinación de las contribuciones consiste en la confirmación que se efectúa de haberse realizado las situaciones jurídicas o de hecho que son generadoras de la obligación de pago de las contribuciones o los aprovechamientos; la determinación es propia cuando es declarada a la autoridad por el obligado a su pago en los términos de las disposiciones aplicables, por sí o a través de su representante legal; la determinación es administrativa cuando en el ejercicio de sus facultades o por disposición de ley la realiza la autoridad competente; la liquidación consiste en establecer en cantidad líquida el monto que derivado de la realización de las actividades generadoras de las contribuciones o los aprovechamientos debe ser pagado al fisco estatal y será realizada por el contribuyente cuando presente la declaración que prevenga la ley; la autoridad mediante resolución administrativa realizará la liquidación de los tributos cuando después del ejercicio de las facultades de comprobación que la ley le confiere en la materia haya determinado la existencia de hechos que no fueron declarados por los obligados a hacerlo o que fueron declarados inexactamente, o bien, que son generadores de créditos fiscales a su cargo; y, salvo disposición expresa en contrario o cuando se realice por la autoridad en el ejercicio de sus facultades corresponde a los obligados al pago de las contribuciones, la exacta determinación, liquidación y declaración de las contribuciones a su cargo. 21. El contenido de las normas citadas da pauta a sostener que la liquidación de las contribuciones estatales es autodeterminable por regla general. 22. Esto es, la autodeterminación de los tributos prevista por el arábigo 21 del código citado constituye una modalidad para el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente; por tanto, en el causante recae la responsabilidad de determinar en cantidad líquida las contribuciones a enterar, mediante la realización de las operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas o las tarifas establecidas por la ley hacendaria local. Dicha autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe, el cual le permite al sujeto pasivo declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias. 23. Entonces es válido afirmar que el sistema fiscal en Oaxaca es autodeclarativo. Esto significa que corresponde a los propios contribuyentes determinar y liquidar el crédito fiscal que en su caso resulte a su cargo. 24. Así, la autoliquidación de los tributos realizada por los contribuyentes implica determinar motu proprio en cantidad líquida las contribuciones a su cargo, mediante la realización de las operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las fórmulas tributarias establecidas en la ley hacendaria estatal, con el correspondiente deber de enterar al fisco las cantidades que resulten; por tanto, constituye el producto de la voluntad del gobernado, a través del cumplimiento espontáneo y en tiempo de sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. 25. La autoliquidación se trata de una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto de autoridad de por medio, porque esta modalidad respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente está sujeta a ser supervisada por el ente fiscal mediante el ejercicio de sus facultades de revisión y de comprobación en materia tributaria, de manera que en el momento de la autoliquidación la autoridad no externa su voluntad ante el actuar del particular porque su actuación, en su caso, será posterior. 26. En ese contexto, la autoliquidación no obedece a una orden o un requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino más bien atiende al cumplimiento de una obligación establecida en la ley, a la cual el contribuyente sujetará al orden constitucional cuando la impugne con motivo del acto de aplicación, consistente en la realización del pago respectivo. 27. Tampoco es posible señalar que la autodeterminación que realizan los particulares se deba a los actos realizados por las autoridades exactoras tendentes a lograr u obtener el cobro respectivo porque en tal caso ya no se estaría hablando de una autoliquidación en estricto sentido, sino del cumplimiento de una obligación requerida o solicitada, situación que en el caso no sucede porque no existe prueba alguna en este asunto que evidencie ese hecho. 28. Por otra parte, la circunstancia consistente en que la autoridad exactora reciba el importe autoliquidado por el contribuyente no envuelve un actuar positivo de aquélla, dado que no constituye una conducta tendente a querer que se realice el acto en sí o que desee que se manifiesten sus efectos, ya que poco le importa a la unidad receptora del pago si el contribuyente lo realiza o no, pues en ese supuesto, posteriormente, sólo el contribuyente deberá soportar las consecuencias de su omisión. 29. En su caso, tal situación únicamente implica una actitud de mero trámite ante la voluntad manifestada externamente por el propio particular que acude espontáneamente a la oficina recaudadora a enterar el impuesto que por medios propios se ha autoliquidado, es decir, se trata de una actitud pasiva frente a la recaudación voluntaria que realiza el particular. 30. Lo anterior, porque la tarea de recibir o cobrar la contribución autoliquidada no conlleva una declaración unilateral de voluntad por parte del órgano del Estado tendente a la obtención de un fin determinado. 31. En ese tenor, es factible concluir que cuando el gobernado con motivo de la autoliquidación de la contribución considera que ha sufrido en su perjuicio el primer acto de aplicación de la disposición legal que le impone la carga tributaria reflejada en el pago correspondiente y, por tal motivo, la sujeta al orden constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, el acto de aplicación de la norma controvertida, que de manera general le atribuye a la autoridad ejecutora no es imputable a ésta, porque como se ha establecido la existencia de un acto de autoridad no puede derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta que, en su caso, despliegue o exteriorice el propio ente público. 32. Lo expuesto no pugna con el hecho de que la autoliquidación de una contribución constituya un acto de aplicación de la ley, porque como se ha dejado claro, esto no quiere decir que el cumplimiento de la norma deba ser atribuido a la autoridad recaudadora, sino que a partir de que se formula la autoliquidación y es enterada empieza a correr el plazo genérico de quince días a que se refiere el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para promover el juicio de protección de los derechos fundamentales en contra de las normas que imponen la carga tributaria reflejada en el pago correspondiente, así como respecto de su aplicación realizada por el propio particular, en su carácter de auxiliar de la administración pública. 33. En ese contexto, es evidente que la cantidad consignada en el comprobante de pago exhibido en copia fotostática simple fue autodeterminada y enterada por la parte quejosa de manera voluntaria, por lo que el acto de aplicación de las normas combatidas y el cobro de las contribuciones que el inconforme atribuye a las autoridades registrales y fiscal estatales responsables son inexistentes. 34. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 153/2007 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de este País , de contenido: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." 35. Igualmente, fortalece lo expuesto la tesis aislada 2a. XCII/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede, lógicamente, hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad, por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, por sí sola no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. No obsta a lo anterior el hecho de que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad receptora." 36. En esa línea, es inconcuso que recaía en el quejoso la carga de la prueba de acreditar que las autoridades registrales y exactora locales aplicaron en su perjuicio las normas impugnadas y que cobraron coactivamente las contribuciones que señala, sin que en la especie haya atendido esa carga probatoria, porque si bien el pago de esa contribución constituye un acto de aplicación de la ley, lo cierto es que tal situación no implica que dicha actuación sea atribuible a las entidades públicas señaladas ni que éstas requirieron al disidente que cubriera las contribuciones que refiere en la medida en la que no existe alguna constancia que evidencie que el desembolso del monto enterado obedezca a una orden de cobro de los entes registrales y fiscal mencionados, por esas razones no pueden tenerse por ciertos los actos atribuidos al Director General y al Registrador del Distrito Judicial de Etla, ambas autoridades del Instituto de la Función Registral de Oaxaca, así como a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo de Oaxaca; de ahí que en la especie se actualiza la hipótesis contenida en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 37. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." 38. También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito , que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." 39. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente asunto en cuanto a los actos reclamados al Director General y al Registrador del Distrito Judicial de Etla, ambas autoridades del Instituto de la Función Registral de Oaxaca, así como a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo de Oaxaca, consistentes en la aplicación de los numerales 44, fracciones I y XI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca y 58, 59, 60 y 61 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, dada su inexistencia. VI. EXISTENCIA DE LOS DIVERSOS ACTOS IMPUGNADOS ATRIBUIDOS A LOS DISTINTOS ENTES RESPONSABLES 40. Son ciertos los actos reclamados al Congreso, al Gobernador y al Secretario General de Gobierno, todos de Oaxaca, consistentes en su respectivo ámbito de competencia en la iniciativa, la discusión, la aprobación, la expedición, la promulgación y el refrendo de los ordinales 44, fracciones I y XI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca y 58, 59, 60 y 61 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, porque así lo reconocieron en sus informes justificados; además, esa certeza es implícita en atención al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba reconocido por los numerales 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el precepto 2 de la Ley de Amparo. 41. En apoyo de lo anterior se cita la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , con el epígrafe y la sinopsis siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." 42. De igual forma se invoca por las razones que contiene la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional de este País , que expone: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." 43. También fortalece lo expuesto la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." VII. PROCEDENCIA 44. Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen un aspecto oficioso, de orden público y de estudio preferente. 45. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A. Estudio de la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional que se advierte de oficio. 46. En el caso, se advierte que respecto de las actuaciones combatidas al Congreso, al Gobernador y al Secretario General de Gobierno, todos de Oaxaca, consistentes en su respectivo ámbito de competencia en la iniciativa, la discusión, la aprobación, la expedición, la promulgación y el refrendo de los ordinales 44, fracciones I y XI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca y 58, 59, 60 y 61 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, se actualiza el supuesto de inejercitabilidad previsto por el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque esos segmentos normativos no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, en la medida en la que no demostró su aplicación y, por ende, no inciden en sentido negativo en forma real, actual, directa y objetiva en su esfera jurídica. 47. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de la disposición jurídica invocada, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" 48. De la norma transcrita se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos por el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. 49. A su vez, los arábigos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo indican lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." 50. La norma constitucional inserta establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, señala que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución General de la República y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 51. En otro punto, es preciso destacar que el legislador ordinario en el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo recogió las bases dadas por el órgano reformador de la Constitución en el referido dispositivo constitucional, para establecer que el quejoso es parte en el juicio de amparo; además, precisó que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, el acto o la omisión reclamado viola los derechos previstos por el artículo 1 de la ley de la materia y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 52. Asimismo, el legislador federal estableció en ese tramo normativo que el interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. 53. De lo anterior se desprende que tanto el numeral 107, fracción I, de la Constitución General de la República como el arábigo 5, fracción I, de la Ley de Amparo prevén la figura del interés jurídico como un eje rector para que el gobernado pueda solicitar el análisis de un acto de autoridad en sede constitucional. 54. Finalmente, el precepto transcrito en último orden precisa que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de lo prescrito por el arábigo 5, fracción I, de la citada legislación. Además, señala que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia. 55. Lo anterior pone de relieve que el dispositivo 6 de la Ley de Amparo prevé el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, porque de su contenido se advierte que ese medio extraordinario de defensa sólo puede promoverlo la persona que con el acto, la omisión o la norma general reclamado haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus bienes jurídicos que la Carta Magna tutela mediante los derechos sustantivos fundamentales. 56. Es decir, sólo puede promover el juicio de amparo la persona que con el acto impugnado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades, en sus posesiones o en sus derechos, y esa promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o por su apoderado, o bien, por cualquier persona en los casos previstos por la Ley de Amparo y cuando el acto reclamado emane de un procedimiento penal el inconforme podrá promoverlo por conducto de su defensor o por cualquier persona en los casos en que la propia legislación lo autorice. 57. De lo anterior se advierte que las normas examinadas prescriben para la procedencia del juicio de amparo que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. 58. Bajo esa óptica, por interés jurídico debe entenderse cualquier hecho o situación que además de ser benéfico para un gobernado requiere estar debidamente tutelado por el orden jurídico; esto es así, porque si bien pueden existir diversos intereses en la esfera vital de un individuo con contenido variado e índole distinta pero para que puedan ser tutelados es necesario que una disposición normativa lo regule, ya que de lo contrario no se poseería un derecho y, en consecuencia, tampoco existiría un interés por reclamar. 59. Esos conceptos se vinculan con uno de los principios rectores del juicio de amparo, el relativo a un agravio personal y directo, el cual indica que la acción constitucional sólo podrá ser ejercida por aquella persona física o moral afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad. 60. Conforme a lo expuesto debe destacarse que para estar en aptitud de promover un juicio de amparo es necesario que el gobernado demuestre la existencia de un derecho subjetivo en su haber patrimonial o jurídico, así como que ese derecho ha sido afectado o vulnerado por un acto de autoridad, lo cual lo legitima para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar la protección de la Justicia de la Unión. 61. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia VI. 2o. J/87 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , que expone: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." 62. Por otra parte, debe señalarse que a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho subjetivo público que dice le fue vulnerado por la autoridad emisora del acto impugnado; es decir, mediante el ejercicio de la acción de amparo se demanda el respeto a ese derecho y la restitución en su goce. 63. En ese contexto, para la procedencia del juicio de amparo la parte agraviada debe demostrar la titularidad del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y su afectación por el acto reclamado; es decir, el quejoso tiene la obligación de acreditar el interés jurídico en sí y el perjuicio padecido por el acto impugnado, el cual debe ser real, actual, directo y objetivo; además, esos aspectos deben demostrarse en forma plena, innegable y fehaciente porque no pueden inferirse con base en presunciones. 64. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." 65. También fortalece lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación , que señala: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." 66. Con base en lo anterior, es factible sostener que constituye un presupuesto para la procedencia de la acción de amparo que el acto, la omisión o la norma general reclamados ocasionen un perjuicio al quejoso o agraviado. 67. Tratándose del juicio amparo indirecto, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. 68. La diferencia que hace el citado precepto de las leyes o disposiciones generales desde el punto de vista de sus efectos, de individualización condicionada o incondicionada, en leyes heteroaplicativas y autoaplicativas, explica el momento en el que cada una de ellas causa un perjuicio a su destinatario y, por consiguiente, determina el momento oportuno para promover el juicio de amparo. 69. Las normas heteroaplicativas no producen sus efectos en la esfera jurídica del particular por el solo hecho de entrar en vigor, sino que requieren de un acto posterior que las concrete, es decir, que las individualice. 70. Por otra parte, las normas autoaplicativas sí afectan a los particulares desde que cobran vigencia, pues tienen una aplicación que no se encuentra sujeta a condición alguna. 71. La distinción apuntada se explica en la jurisprudencia P./J. 55/97 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." 72. En esas condiciones, en el juicio de amparo contra leyes, para acreditar el interés jurídico del quejoso y estar en condiciones de analizar el aspecto sustantivo de una norma es indispensable que ésta haya irrumpido en la individualidad del gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea por su sola vigencia o que se le aplique de manera escrita o de hecho y que altere su ámbito de acción: la ley general, abstracta e impersonal debe producir efectos en forma particular, concreta y personal en su destinatario. 73. La afectación sufrida por el gobernado, apta para motivar la promoción del juicio de amparo, debe ser objetiva y actual al momento de la presentación de la demanda, es decir, para que la constitucionalidad de una norma pueda ser analizada en el juicio de amparo debe incidir de manera directa en la esfera de derechos del gobernado, afectando una situación real. 74. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 3a./J. 45/90 emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "INTERES JURIDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 'INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA' Y DE 'RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA'. Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohiben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." 75. También fortalece lo expuesto la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Alto Tribunal del País , que informa: "INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en término de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico." 76. Igualmente, cobra vigencia la jurisprudencia 3a./J. 9/94 emitida por la extinta Tercera Sala del Máximo Tribunal de la Nación , que señala: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." 77. Ahora bien, el presupuesto del interés jurídico tiene relevancia en este asunto porque el disidente impugnó los ordinales 44, fracciones I y XI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca y 58, 59, 60 y 61 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, por lo que es necesario que el justiciable demuestre que dichos preceptos legales le causan un agravio personal y actual en su esfera de derechos. 78. Enseguida, es necesario traer a contexto el contenido de los dispositivos atacados, los cuales establecen lo siguiente: Ley Estatal de Derechos de Oaxaca "Artículo 44. Se causarán y pagarán derechos por los servicios públicos que se realicen en materia de registro de la propiedad, de conformidad con las siguientes cuotas: Número de UMA Inscripción Cancelación Refrendo I. Registro de documentos relacionados con la transmisión de dominio de bienes inmuebles o derechos reales, servidumbres o usufructos vitalicios y/o donaciones en pago o adjudicaciones judiciales o fiduciarias: 14.00 9.00 [.] XI. Registro de los documentos en donde consten los contratos, convenios o resoluciones judiciales o administrativas por las que se constituyan un fraccionamiento, se lotifique, relotifique, divida o subdivida un inmueble por cada lote; o fusión por cada lote adherido; o constitución del régimen de propiedad en condominio por cada unidad privativa: 14.00 [.]" Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca "Artículo 58. Es objeto de este impuesto la realización de pago por concepto de derechos previstos en la Ley Estatal de Derechos. Los ingresos obtenidos por la recaudación de este impuesto, se destinarán a Programas Bienestar y los que fomenten la educación y la no deserción escolar en congruencia a los contenidos del Plan Estatal de Desarrollo." "Artículo 59. Son sujetos de este impuesto, las personas físicas, morales o unidades económicas, que efectúen las erogaciones a que se refiere el artículo anterior." "Artículo 60. La base de este impuesto, será el monto total de las erogaciones que realicen los contribuyentes por concepto de derechos, en términos del artículo 58 de esta Ley." "Artículo 61. Este impuesto se calculará aplicando a la base la tasa del 12 por ciento." 79. La norma inserta en primer orden prevé la causación y el pago de los derechos por los servicios públicos que se realicen en la materia de registro de la propiedad en cuanto (i) al registro de documentos relacionados con la transmisión de dominio de bienes inmuebles o derechos reales, servidumbres o usufructos vitalicios y/o donaciones en pago o adjudicaciones judiciales o fiduciarias y (ii) el registro de los documentos en donde consten los contratos, convenios o resoluciones judiciales o administrativas por las que se constituyan un fraccionamiento, se lotifique, relotifique, divida o subdivida un inmueble por cada lote; o fusión por cada lote adherido; o constitución del régimen de propiedad en condominio por cada unidad privativa: 80. Por otra parte, los segmentos normativos restantes prevén los elementos (sujetos, objeto, base y tasa) del impuesto para el desarrollo social. 81. Ahora, más allá de la naturaleza jurídica de las normas atacadas, en el caso se advierte que el inconforme reclamó esos preceptos con motivo de su primer acto de aplicación, el cual indica que se materializó cuando pagó las contribuciones previstas por esos dispositivos. 82. En este punto, es necesario señalar que para acreditar la aplicación de esas normas el solicitante del amparo aportó en este sumario copias fotostáticas simples de un formato de pago con folio 32102956614, de un comprobante de pago de contribuciones en efectivo de comisionista en ventanilla con folio 81935697, ambos documentos expedidos el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, y de una boleta registral inmobiliario relativa a la prelación 24064; empero, con esos documentos no probó el presupuesto indicado, porque dada su naturaleza carecen de valor probatorio. 83. Para evidenciar lo anterior es necesario tener en consideración lo dispuesto por el arábigo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2, que establece: "Artículo 217. El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especia (sic), deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial." 84. Del segmento normativo inserto se obtiene que el valor probatorio de las copias fotostáticas de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación queda al prudente arbitrio judicial como indicios. 85. Tal aserto encuentra sustento en lo establecido en la jurisprudencia 194 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa." 86. Por otra parte, precisa señalar que el Máximo Tribunal Constitucional de este País ha sostenido que en ejercicio del arbitrio judicial a que alude el precepto legal trascrito con antelación cabe considerar que las copias de esa naturaleza que se presentan en el juicio de amparo carecen por sí de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos para justificar el hecho que se pretende demostrar. 87. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos, de las cuales no se advierte la autenticidad de éstos es necesario que obre en autos otro elemento que relacionado con aquéllas pueda generar convicción en el Juzgador de que realmente existen. 88. Lo expuesto encuentra respaldo en lo que se sostiene en la jurisprudencia 3a. 18 sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." 89. Con base en esas consideraciones es factible sostener que las copias fotostáticas simples de las documentales que fueron aportadas por el quejoso son insuficientes y no son viables para demostrar la aplicación de los normativos 44, fracciones I y XI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca y 58, 59, 60 y 61 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, ni su interés jurídico para atacar esas disposiciones, porque no obra en autos un diverso medio de convicción que adminiculado con aquéllas perfeccione su contenido. 90. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 21/98 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País , de contenido: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." 91. Luego, si el justiciable no acreditó el acto de aplicación de los segmentos normativos atacados es incuestionable que no evidenció que esas disposiciones incidieron en sentido negativo en forma real, actual, directa y objetiva en su esfera de derechos, ocasionándole un agravio. 92. Lo anterior pone de relieve que el disidente no tiene interés jurídico para acudir a este juicio constitucional a atacar tales dispositivos, por lo que si no demostró en el proceso que esos actos no ocasionan un agravio actual, objetivo, personal y directo en su esfera normativa es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; de ahí que este medio extraordinario de defensa sea improcedente. VIII. DECISIÓN 93. En consecuencia, al patentizarse el supuesto de inejercicio de la acción constitucional establecido por el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente sumario, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto de los actos que el justiciable reclamó al Congreso, al Gobernador y al Secretario General de Gobierno, todos de Oaxaca, consistentes en su respectivo ámbito de competencia en la iniciativa, la discusión, la aprobación, la expedición, la promulgación y el refrendo de los ordinales 44, fracciones I y XI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca y 58, 59, 60 y 61 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca. 94. En otro aspecto, al actualizarse la causal de improcedencia examinada con antelación es innecesario el estudio de la diversa que la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo de Oaxaca invocó en su informe justificado, porque aun cuando operara la que señala sería irrelevante, dado que el sentido de esta resolución no cambiaría. 95. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País , que informa: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." 96. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. 97. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." 98. También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." 99. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en los apartados V y VII de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

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