Ruben Remedios Nava Reyes
Expediente 703/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ruben Remedios Nava Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos los instrumentos señalados en la nota de cuenta. Ahora bien, del contenido de la comunicación de cuenta se advierte que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, realiza diversas manifestaciones en relación la separación de autos determinada por este juzgado y remite un escrito original suscrito por Rubén Remedios Nava Reyes, por el cual hace diversas expresiones respecto a los actos consistentes en tortura auditiva y visual, y falta de atención médica, toda vez fue este juzgado quien recibió la demanda original. Hágasele del conocimiento que por resolución de veinticinco de julio de dos mil veintidós en este expediente de amparo se conoció únicamente lo relativo a los actos reclamados al Juez de Distrito en Funciones de Juez de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, consistentes en las determinaciones dictadas dentro de la causa penal 35/2019 y del expediente del expediente ST 259/2022, por las que no se autorizó su traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-Oaxaca en el que se encuentra recluido, al diverso Centro Federal de Readaptación social número 1, Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México y del Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, la negativa de ordenar el traslado del centro penitenciario en que se encuentra recluido a uno diverso. Con base en lo anterior, quien esto provee respetuosamente disiente de la postura adoptada por el órgano jurisdiccional oficiante, pues este juzgado no conoció de actos relativos a la falta de atención médica, tortura auditiva y visual u otro diverso que se reclamara en la demanda origina, ya que fueron únicamente los relativos al traslado del justiciable como se estableció en el párrafo que antecede, por lo que mediante un oficio que al efecto se gire, previa copia fotostática simple que se deje en autos, se ordena la devolución del original del escrito suscrito por Rubén Remedios Nava Reyes, para que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca acuerde lo que estime procedente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo origen de este expediente, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se tuvo por no presentada la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual, solicita copias certificadas diversas constancias que obran en el presente juicio de amparo; por tanto, para evitar mayores dilaciones procesales, remítasele al Juzgado oficiante, en copia certificada las constancias que solicita en el oficio de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos, para que surtan sus efectos legales correspondientes, los escritos del quejoso Rubén Remedios Nava Reyes y de su Defensor Público designado Ramón Nonato Hernández López, por medio de los cuales desahogan la prevención formulada en proveído de veinte de junio de dos mil veintidós. En esas condiciones, se acuerda: Separación de juicios. Ahora bien, como del contenido de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio se advierte que la impetrante de amparo reclama: 1. Del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca: a) La negativa de girar oficio al Consejo de la Judicatura Federal a efecto de que se le practique examen psicológico en su humanidad, conforme al protocolo de Estambul, dentro de la causa penal. b) La determinación de declinar competencia para resolver la petición de traslado involuntario del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA" al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México, dentro de la causa penal 35/2019, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, aun cuando el quejoso se encontraba todavía a disposición de la autoridad señalada como responsable, en el momento de solicitar el traslado, (Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México). c) La calificación de legal qué hizo sobre el traslado que fue objeto el día 27 de noviembre del año 2020, del Centro Federal de Readaptación social número 1, Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPSOaxaca, a pesar de haber existido suspensión provisional, ordenado dentro del juicio de amparo número 273/2020, del índice del Juzgado Primero de Amparos y Civiles Federales con residencia en el Estado de México, sin recordar el otro número de juicio de amparo ni que juzgado se tramitó. 2. Del Juez de Distrito en Funciones de Juez de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca: a) La negativa de autorizar el traslado involuntario del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-Oaxaca, al diverso Centro Federal de Readaptación social número 1, Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, a pesar de existir un riesgo objetivo para la integridad y la salud de Rubén Remedios Nava Reyes. 3. Del Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. a) Negativa de liberar recursos económicos para le intervención quirúrgica (operación de próstata), ordenada por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, dentro de los expedientes: Proceso de Ejecución de Controversia (PEC): 963/2021 y dentro del expediente ST 604/2020. b) La omisión de suministrar los medicamentos adecuados conforme a las enfermedades que padece, ordenada por el Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, dentro de los expedientes de proceso de ejecución de controversia (PEC): 963/2021 y dentro del expediente ST 604/2020, ambos expedientes del índice de la referida Juzgadora. c) La negativa de ordenar su traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-Oaxaca, al diverso Centro Federal de Readaptación social número 1, Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, tal como lo sugirió el Juez de Distrito en Funciones de Juez de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dentro del expediente ST 259/2022. En consecuencia, al tratarse de actos desvinculados, con fundamento en la tesis P./J. 76/97, de rubro "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA" y la diversa de rubro "SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ", lo procedente es decretar de manera oficiosa la separación de los autos, debido a que los actos reclamados derivan de expedientes diferentes, pues las negativas reclamadas al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca y al Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, derivan del Proceso de Ejecución de Controversia (PEC): 963/2021 y dentro del expediente ST 604/2020, mientras que lo relativo al traslado, derivan de la causa penal 35/2019 del expediente ST 259/2022. Por lo que deberá instrumentarse lo necesario para que en este expediente de amparo 703/2022 se conozca únicamente lo relativo a los actos reclamados al Juez de Distrito en Funciones de Juez de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, las determinaciones dictadas dentro de la causa penal 35/2019 y del expediente del expediente ST 259/2022, por las que no se autorizó su traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-Oaxaca en el que se encuentra recluido, al diverso Centro Federal de Readaptación social número 1, Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México y del Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, la negativa de ordenar el traslado Rubén Remedios Nava Reyes del centro penitenciario en que se encuentra recluido a uno diverso. Se ordena formar diverso expediente en el que se conocerá respecto al acto de disenso siguiente: 1. Del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca: a) La negativa de girar oficio al Consejo de la Judicatura Federal a efecto de que se le practique examen psicológico en su humanidad, conforme al protocolo de Estambul, dentro de la causa penal. 3. Del Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. a) Negativa de liberar recursos económicos para le intervención quirúrgica (operación de próstata), ordenada por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, dentro de los expedientes: Proceso de Ejecución de Controversia (PEC): 963/2021 y dentro del expediente ST 604/2020. b) La omisión de suministrar los medicamentos adecuados conforme a las enfermedades que padece, ordenada por el Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, dentro de los expedientes de proceso de ejecución de controversia (PEC): 963/2021 y dentro del expediente ST 604/2020, ambos expedientes del índice de la referida Juzgadora. El cual deberá ser enviado a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para su registro y para su posterior remisión al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno correspondiente para su tramitación. Desechamiento. De conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, dado que advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la disposición inserta se desprende que el órgano jurisdiccional debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el precepto 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". Ahora bien, en el caso de estudio este Juzgado considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por Rubén Remedios Nava Reyes, respecto de las autoridades responsables Juez de Distrito en Funciones de Juez de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y al Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Lo anterior es así, ya que de un análisis a la demanda de amparo, conduce a sostener que se actualiza una hipótesis de inejercicio de la acción de amparo que por ser indudable y manifiesta impide substanciar el juicio constitucional, de acuerdo con las consideraciones siguientes: La parte quejosa señala como actos reclamados del Juez de Distrito en Funciones de Juez de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, las determinaciones dictadas dentro de la causa penal 35/2019 y del expediente ST 259/2022, por las que no se autorizó su traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-Oaxaca en el que se encuentra recluido, al diverso Centro Federal de Readaptación social número 1, Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México y del Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, la negativa de ordenar el traslado Rubén Remedios Nava Reyes del centro penitenciario en que se encuentra recluido a uno diverso. De ahí que, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.).". El artículo transcrito revela que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes de oficio o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. El principio de definitividad, que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Por lo que el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. La parte quejosa en su escrito de demanda, específicamente en la relatoría que hace de los antecedentes del acto reclamado y en los conceptos de violación, así como en la fijan del acto reclamado, no refiere haber agotado el recurso de apelación previsto en el numeral 132 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas., que procedía contra las determinaciones dictadas dentro de la causa penal 35/2019 y del expediente del expediente ST 259/2022, por las que no se autorizó su traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-Oaxaca en el que se encuentra recluido, al diverso Centro Federal de Readaptación social número 1, Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México y del Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, la negativa de ordenar el traslado Rubén Remedios Nava Reyes del centro penitenciario en que se encuentra recluido a uno diverso. El artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas dispone lo siguiente: "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley.". [Énfasis añadido] Del referido precepto se obtiene que si la parte quejosa cuenta con el expediente de ejecución de controversia ST 259/2022, en el que es parte, estuvo en posibilidad de interponer el citado medio ordinario de impugnación, en virtud que las omisiones reclamadas son subsanables mediante la apelación ante el Órgano jurisdiccional omiso, quien en su caso, resolvería confirmar, modificar o resolver la determinación que resolvió la negativa de traslado. Lo anterior, pone en evidencia que previo a promover esta instancia constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que establece la ley que regula el acto reclamado, es decir, el recurso de apelación previsto en el artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, que prevé la posibilidad de que las autoridades judicial puedan revisar sus propias determinaciones y dicten la resolución que corresponda, lo que de suyo implica, la posibilidad la posibilidad de subsanar la omisión u omisiones reprochadas. De modo que, al no haberse interpuesto ese medio de defensa previo a la presentación de la demanda de amparo, se actualiza la causal de improcedencia citada con antelación, en atención al principio de definitividad que rige este medio extraordinario de impugnación. Ello, en virtud que en el caso concreto, tampoco se actualiza una excepción a dicho principio como lo sería la carencia de fundamentación, que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; toda vez que las omisiones reclamadas son subsanables mediante el recurso que se encuentra previsto expresamente en la ley de la materia -Ley Nacional de Ejecución de Penas-. En consecuencia, con base en lo expuesto en líneas precedentes, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Rubén Remedios Nava Reyes, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Apoya el sentido de este fallo, la jurisprudencia 1a./J.90/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios.". NOTIFÍQUESE, AL QUEJOSO VÍA ELECTRÓNICA POR CONDUCTO DE SU DEFENSOR.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Rubén Orozco Pérez1713/2016
- Rubén Ortíz Aquino576/2013
- Rúben Oscar Hernández López419/2021
- Rúben Oscar Hernández López497/2021
- Rubén Pérez Ramos1554/2016
- Rubén Ramírez Martínez1638/2014
- Rúben Reyes Hernández1131/2021
- Rubén Reyes Hernández152/2020
- RUBÉN RICÁRDEZ CARRIÓN y Otros.41/2020
- Rúben Torres Pérez559/2016
- Rubén Trinidad Moreno274/2019
- Rubí Esmeralda García Martínez709/2019