Rubén Ramírez Figueroa
Expediente 1052/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 24 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1052/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 16/10/2018
Partes del expediente
- Rubén Ramírez Figueroa
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito signado por ***, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual, solicita copias simples de la demanda inicial presentada en el presente juicio; asimismo, se le autorice la utilización de medios electrónicos para acceder al expediente. Sin embargo, debe decirse que no ha lugar a proveer de conformidad lo peticionado, toda vez que carece de personalidad para promover en este sumario constitucional, ya que si bien en el escrito inicial de demanda se le designó como autorizada de la parte quejosa, lo cierto es que lo fue en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo; es decir, sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos y no en términos amplios; de ahí que, no se encuentre facultada para promover a nombre del solicitante del amparo, de conformidad con lo que establece el primer párrafo del dispositivo de previa mención. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis IV.1o.A.6 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, localizable a página dos mil doscientos sesenta y ocho, Tomo XXIV, agosto de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: ***
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, manifiesta haber dado cumplimiento total a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; sin embargo, agréguense a sus autos el libelo y anexos de cuenta, sin mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de quince de agosto del año en curso, se tuvo por cumplido el fallo protector y se ordenó el archivo del expediente como totalmente concluido.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal el doce de junio y trece de julio de dos mil dieciocho (fojas 207 a 209, 210 y 212 a 213), el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Congreso del Estado de Nayarit, por conducto del Presidente de la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo y Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, todos con sede en esta ciudad, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de diecisiete de julio del año actual (foja 214), se dio vista a la parte quejosa con los referidos oficios y anexos, para que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el referido numeral 196, segundo párrafo de la Ley en comento, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el diez de julio de dos mil diecisiete (fojas 113 a 136), la que fue confirmada por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan, Estado de México (foja 193 a 201), se determinó conceder a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, en tanto no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devuelva a la parte peticionaria del amparo la cantidad que resulte por el descuento efectuado en los recibos de nómina a partir del treinta de septiembre de dos mil cinco al quince de mayo de dos mil diecisiete, por concepto 53 (fondo de pensiones); además, el importe de posteriores descuentos que le hubiese efectuado con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Lo que deberá realizar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de llevarse a cabo de la última forma, es necesario que se elabore acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial, para acreditar el cumplimiento al fallo protector [.]". De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales, lo cual implica que no se le debe restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones. Y devolver las cantidades de los recursos que le fueron descontados, por concepto de aportación al fondo de pensiones. Luego, a través del oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el dieciséis de julio del año actual, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, informó que se llevó a cabo el reintegro de las aportaciones al fondo de pensiones a favor de la quejosa mediante transferencia bancaria (fojas 212 y 213); de igual forma, mediante diverso comunicado presentado el doce de junio del año en curso el Congreso del Estado de Nayarit, por conducto del Presidente de la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo, manifestó tomar nota de los considerando vertidos en el fallo emitido y apegarse al principio de relatividad se la sentencia contra leyes; asimismo, el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, por conducto del Subsecretario de Asuntos Jurídicos, en su carácter de superior jerárquico de los entes responsable denominados Secretario de Administración y Finanzas de gobierno del Estado de Nayarit y Director del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, ordenó desincorporar de la esfera jurídica al quejoso en lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, lo que implicaba que no se restaría ni retendría cantidad de dinero alguna a su cheque de pensión para destinarse al fondo de pensiones. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la Materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar por una parte se concedió y por otra se negó respecto de los actos reclamados (fojas 73 a 77 y de la 89 a 94 del original del cuaderno incidental); razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la última interlocutoria del incidente de suspensión, procédase a la destrucción del mismo, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal el doce de junio y trece de julio de dos mil dieciocho (fojas 207 a 209, 210 y 212 a 213), el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Congreso del Estado de Nayarit, por conducto del Presidente de la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo y Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, todos con sede en esta ciudad, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de diecisiete de julio del año actual (foja 214), se dio vista a la parte quejosa con los referidos oficios y anexos, para que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el referido numeral 196, segundo párrafo de la Ley en comento, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el diez de julio de dos mil diecisiete (fojas 113 a 136), la que fue confirmada por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan, Estado de México (foja 193 a 201), se determinó conceder a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, en tanto no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devuelva a la parte peticionaria del amparo la cantidad que resulte por el descuento efectuado en los recibos de nómina a partir del treinta de septiembre de dos mil cinco al quince de mayo de dos mil diecisiete, por concepto 53 (fondo de pensiones); además, el importe de posteriores descuentos que le hubiese efectuado con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Lo que deberá realizar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de llevarse a cabo de la última forma, es necesario que se elabore acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial, para acreditar el cumplimiento al fallo protector [.]". De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales, lo cual implica que no se le debe restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones. Y devolver las cantidades de los recursos que le fueron descontados, por concepto de aportación al fondo de pensiones. Luego, a través del oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el dieciséis de julio del año actual, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, informó que se llevó a cabo el reintegro de las aportaciones al fondo de pensiones a favor de la quejosa mediante transferencia bancaria (fojas 212 y 213); de igual forma, mediante diverso comunicado presentado el doce de junio del año en curso el Congreso del Estado de Nayarit, por conducto del Presidente de la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo, manifestó tomar nota de los considerando vertidos en el fallo emitido y apegarse al principio de relatividad se la sentencia contra leyes; asimismo, el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, por conducto del Subsecretario de Asuntos Jurídicos, en su carácter de superior jerárquico de los entes responsable denominados Secretario de Administración y Finanzas de gobierno del Estado de Nayarit y Director del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, ordenó desincorporar de la esfera jurídica al quejoso en lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, lo que implicaba que no se restaría ni retendría cantidad de dinero alguna a su cheque de pensión para destinarse al fondo de pensiones. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la Materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar por una parte se concedió y por otra se negó respecto de los actos reclamados (fojas 73 a 77 y de la 89 a 94 del original del cuaderno incidental); razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la última interlocutoria del incidente de suspensión, procédase a la destrucción del mismo, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno.
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