Rubén Martínez Hernández
Expediente 348/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 10/09/2018
Partes del expediente
- RUBÉN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y Otros.
- HÉCTOR GALICIA DUARTE y Otros.
- Rubén Martínez Hernández
- Héctor Galicia Duarte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el catorce de agosto del año que transcurre (fojas 64 a 107), el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de quince de agosto del presente año (foja 108), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con el referido oficio y anexo, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó como se señala en la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el treinta de mayo de dos mil dieciocho (fojas 29 a 39), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la Rubén Martínez Hernández y Héctor Galicia Duarte, para el efecto que la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en un plazo de treinta días acredite que realizó los requerimientos que señala la ley, y a vincular a las autoridades que sean competentes para lograr la ejecución de la sentencia.". De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable denominada Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Realizar los requerimientos necesarios y vincular a las autoridades competentes para lograr la ejecución de la sentencia. Luego, a través del oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el catorce de agosto de la presente anualidad (fojas 64 a 107), el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que las partes contendientes en el juicio de origen llegaron a un arreglo conciliatorio para cumplir con la sentencia dictada dentro del juicio de previa mención, pues de las actas de comparecencia de cinco y once de abril del presente año, se desprende que las autoridades demandadas en dicho juicio cumplieron a cabalidad dicho acuerdo, es decir, pagaron a los aquí quejosos las cantidades pactadas en el referido arreglo conciliatorio, tal como lo acredita la responsable con las documentales que allegó a este juzgado federal. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el catorce de agosto del año que transcurre (fojas 64 a 107), el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de quince de agosto del presente año (foja 108), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con el referido oficio y anexo, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó como se señala en la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el treinta de mayo de dos mil dieciocho (fojas 29 a 39), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la Rubén Martínez Hernández y Héctor Galicia Duarte, para el efecto que la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en un plazo de treinta días acredite que realizó los requerimientos que señala la ley, y a vincular a las autoridades que sean competentes para lograr la ejecución de la sentencia.". De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable denominada Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Realizar los requerimientos necesarios y vincular a las autoridades competentes para lograr la ejecución de la sentencia. Luego, a través del oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el catorce de agosto de la presente anualidad (fojas 64 a 107), el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que las partes contendientes en el juicio de origen llegaron a un arreglo conciliatorio para cumplir con la sentencia dictada dentro del juicio de previa mención, pues de las actas de comparecencia de cinco y once de abril del presente año, se desprende que las autoridades demandadas en dicho juicio cumplieron a cabalidad dicho acuerdo, es decir, pagaron a los aquí quejosos las cantidades pactadas en el referido arreglo conciliatorio, tal como lo acredita la responsable con las documentales que allegó a este juzgado federal. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con la documental que adjuntan; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con la documental que adjuntan; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
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