Ruben Osiris Vazquez Ruiz
Expediente 532/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ruben Osiris Vazquez Ruiz
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, quince de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio número 8025/2023 signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el que resuelve: "PRIMERO. Es competente el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, para conocer de la demanda de amparo promovida por Rubén Osiris Vázquez Ruiz. SEGUNDO. Con testimonio de esta resolución, remítanse los autos al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, para que se avoque al conocimiento y resolución del asunto. TERCERO.- Remítase testimonio de esta resolución al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, para su conocimiento.". Acúsese recibo. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. Expediente principal Con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción X, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, remitió el expediente al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Nogales, al considerar que es el competente para conocer del juicio de amparo número ********************/2022-2A; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinte de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para surta los efectos legales que corresponda, el oficio número 15148/2022 que suscribe la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado Quinto de Distrito y del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Nogales, en relación al juicio de amparo indirecto 328/2022 o ********************/2022 formado con motivo de la demanda promovida por ********************, formándose el conflicto competencial 78/2022.
- Principal
A Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Con apoyo en los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo, de la misma ley, agréguese a los autos para que surta los efectos legales que corresponda, el oficio número 25877/2022 firmado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, al que adjunta el diverso 1089/VI signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo indirecto ********************/2022 de su índice, promovido por ********************, que contiene inserto el proveído de seis de septiembre del año en curso, mediante el cual refiere que no acepta la competencia planteada, por los motivos y fundamentos que alude; acúsese el recibo de estilo correspondiente y, en atención a su contenido se provee: Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, insiste en declinar la competencia, por lo que, con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito en Materia Administrativa, en turno, residente en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y dése aviso al juez requerido para que exponga ante la superioridad, lo que estime pertinente. Orienta el criterio la Tesis 1a. CXXV/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 165 del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que dice: "CONFLICTOS COMPETENCIALES POR TERRITORIO ENTRE JUZGADOS DE DISTRITO. FORMA DE RESOLVERLOS CONFORME AL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto, al referirse a las atribuciones de los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación, prevé dos supuestos para determinar el órgano que debe resolver los conflictos competenciales por territorio entre jueces de distrito: en el primero, cuando la contienda se suscita entre jueces de distrito de una misma jurisdicción, el órgano colegiado que debe resolver el conflicto es el que corresponde a ese ámbito territorial de validez. En el segundo, cuando los jueces de distrito corresponden a una jurisdicción distinta, debe acudirse al concepto jurídico procesal de la prevención para fincar la competencia en el órgano colegiado de la jurisdicción del juez de distrito que conoce del asunto en un primer momento. Por tanto, si durante la tramitación prevista en el artículo 52 de la Ley de Amparo se advierte que el conflicto sólo subsiste entre jueces de distrito de una misma jurisdicción, debe otorgarse la competencia al tribunal colegiado de circuito de "dicha jurisdicción, porque la controversia entre los jueces de distrito contendientes ya no implica un problema entre jurisdicciones de diversas entidades federativas, por lo que el resolutor debe ser el órgano colegiado de la propia jurisdicción, con lo que se atiende al sistema de distribución competencial de los órganos del Poder Judicial de la Federación, conforme al antepenúltimo párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.".
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por *****************, contra actos de la Dirección General de Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 532/2022. Ahora bien, toda vez que la competencia legal es de orden público, por tanto, no puede quedar sujeta a la voluntad de las partes, en consecuencia, se procede a estudiar si en el caso se surte aquélla a favor de este Juzgado Federal, para conocer de la demanda de amparo de cuenta. En ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el directo quejoso Rubén Osiris Vázquez Ruíz se encuentra adscrito a la Dirección General de Carreteras de Instalaciones de la Guardia Nacional con sede en Nogales, Sonora; y solicita la protección de la Justicia Federal respecto de los actos que se hacen consistir (en esencial) en el oficio GN/UOEC/DGSCI/8316/2022, de dieciocho de julio del dos mil veintidós, con antecedente GN/SPAyL/M.Movs/0802/2022, de catorce de julio de dos mil veintidós, que le fuera notificado el cinco de agosto del citado año, que ordena su cambio de adscripción de la Ciudad de Nogales, Sonora, a la Ciudad de México. Pues bien, el suscrito juzgador carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. En efecto, para llegar a dicha conclusión es necesario considerar la previsión del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Con relación a la interpretación del precepto transcrito y retomando por similitud el artículo 36 de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció tres reglas para fijar la competencia, a saber: a) La establecida en el último párrafo consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido la resolución, en este supuesto, basta que quede debidamente acreditado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. b) La segunda regla contenida en el primer párrafo se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro considerado para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que requieren de ejecución. c) La tercera regla constituye un matiz de la segunda, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, se establece que en caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el competente será ante el que se presente la demanda. Como se aprecia, las reglas de competencia por razón de territorio contenidas en el trascrito artículo 37 de la Ley de Amparo, tienen como eje rector la ejecución material del acto reclamado, empero, tratándose de aquellos actos que no la tienen, lo que se considera para determinar la competencia del Juez de Distrito, es el lugar donde resida la autoridad que emitió el acto. Ahora bien, la palabra ejecutar significa, literalmente, "poner por obra algo" (conforme al Diccionario de la Lengua Española); la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto; por tanto, ejecutar, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. El artículo 37 de la Ley de Amparo, al emplear la voz "ejecución", reafirma ese entendimiento, al calificar la palabra ejecución con la característica de "material", esto es, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal, la ejecución material implica un cambio en la situación jurídica del quejoso, ya sea que le impone una carga o le priva o limita algún derecho. Así, para determinar si el acto reclamado tiene o no ejecución atendiendo a su naturaleza intrínseca y no a su forma de expresión, se considera conveniente distinguir la naturaleza positiva y negativa de los actos, de conformidad con lo señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.152/20091. ".En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. 1 "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Es importante poner de relieve que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico.". Conforme a las precisiones reaIizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la naturaleza intrínseca de los actos de autoridad, el suscrito juzgador estima que el acto reclamado por el quejoso en este juicio de amparo, consistente en el oficio que le notifica su cambio de adscripción de la Ciudad de Nogales, Sonora, a la Ciudad de México, es un acto de naturaleza positiva, porque está dirigidos a llevar a cabo esa actividad en perjuicio del señalado promovente. En efecto, Rubén Osiris Vázquez Ruíz, se encuentra adscrito a la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones con sede en Nogales, Sonora, es decir, bajo la potestad de las autoridades policíacas ubicadas en esa demarcación territorial, lugar en donde se materializará el oficio reclamado, en la medida que, de la citada ciudad se tendrá que trasladar a la Ciudad de México, a su nueva adscripción laboral; por tanto, el acto reclamado en este juicio de amparo tiene ejecución material en aquella ciudad. Dicho de otra forma, el acto reclamado es el oficio que le ordena al peticionario de amparo que debe trasladarse de la Ciudad de Nogales, Sonora, a la Ciudad de México, y es claro que se está en presencia de un acto positivo, y ello implica una ejecución material (conforme se explicó párrafos precedentes), por tanto, conforme lo manifestado por quien presenta la demanda de amparo, los actos reclamados materialmente tienen ejecución en la ciudad señalada en primer lugar, esto es, dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, pero con residencia en Nogales Se insiste, la conducta adoptada por las responsables es de naturaleza positiva, pues consiste en el oficio GN/UOEC/DGSCI/8316/2022, de dieciocho de julio del dos mil veintidós, con antecedente GN/SPAyL/M.Movs/0802/2022, de catorce de julio de dos mil veintidós, que ordena su cambio de adscripción de la Ciudad de Nogales, Sonora, a la Ciudad de México, por lo que no podría tener una ejecución material en la Ciudad de Los Mochis, sobre todo porque no se señaló autoridad ordenadora o ejecutora en esta circunscripción competencial (además que las autoridades señaladas como responsables tienen su domicilio en las ciudades antes citadas); por tal razón, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, que establece la competencia en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar o se esté ejecutando el acto reclamado dado que, en la especie, el acto reclamado necesariamente tendrá ejecución y surtirá sus efectos en la Ciudad de Nogales, Sonora. En consecuencia, una eventual concesión del juicio de amparo provocaría que el acto reclamado tenga ejecución en la Ciudad de Nogales, Sonora y, acorde al contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución. En esa tesitura, es incuestionable que la competencia para conocer de la presente demanda de amparo, por razón de territorio, corresponde al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, pero con residencia en Nogales, en turno; por tanto, el suscrito declara carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer del presente asunto y ordena remitir la demanda de amparo al citado órgano de control constitucional, en turno, a quien se estima competente para conocer del mismo, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica, la jurisprudencia 1ª./J.48/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 05, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, correspondiente al mes de junio de dos mil cinco, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Por consiguiente, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por los artículos 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al citado cuerpo de leyes, en términos de su artículo 2, gírese atento exhorto en línea a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal y por comisión de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar, a quien corresponda, para que notifique personalmente al quejoso Rubén Osiris Vázquez Ruíz, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Bucarest 18 fraccionamiento Terranova, de esa ciudad. Asimismo, se faculta al juez exhortado para que de conformidad en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, habilite días y horas inhábiles, para la diligencia encomendada. Con apoyo en artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen como autorizados de la parte quejosa a los licenciados Guillermo Emmanuel Arana Ochoa y Martín López Montiel. Como también lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 16, 35 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, en el sentido de autorizar en su favor el acceso al expediente electrónico, también se le permite la consulta, se habilita el apartado correspondiente en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que el nombre de usuario es "LIC.GUILLERMOARANA", y se encuentra registrado y autorizado en la Plataforma de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); en términos del acuerdo general en su artículo 36, párrafo tercero, la autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la firma electrónica se mantenga vigente y únicamente surte efectos para el presente juicio.
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