Ruben Higuera Perez
Expediente 402/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 402/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ruben Higuera Perez
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, trece de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Rubén Higuera Pérez; por ende, con fundamento en el artículo 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. Expediente principal Con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de garantías que promueve Rubén Higuera Pérez, contra actos del Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimar que vulneran los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 1|6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 402/2023-2A. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS.". La tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la demanda de garantías, se advierte que en la especie se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; ello es así, porque el acto reclamado, consistente en la resolución de cuatro de mayo del dos mil veintitrés, dictada en el toca civil número 123/2022-C, mediante el cual se modifica el auto de admisión a pruebas de siete de septiembre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, en el juicio de Nulidad de Juicio Concluido 440/2022, donde se ordenó no sea admitida las pruebas testimonial y la pericial grafoscópica, no es de aquellos dictados dentro de juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Para una mejor comprensión de la determinación a que ha de arribarse, es pertinente aclarar lo que debe entenderse como actos procesales de imposible reparación. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que tienen ese carácter los siguientes: a) Aquéllos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho subjetivo protegido por las garantías individuales, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio; y b) Los que siendo violaciones formales, adjetivas o procesales afecten a las partes en grado predominante o superior, afectación que debe determinarse objetivamente, tomando en consideración la institución procesal en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. Expuesto lo anterior, resulta incuestionable que la citada resolución que modifica el auto de primera instancia donde se proveyó sobre las pruebas ofertadas por las partes, y ordena que no sean admitidas las citadas probanzas, no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia respectiva, si éste es favorable a los intereses de la parte promovente y, en caso contrario, puede reclamarlos en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, impugnando la determinación de que se duele en su caso, como violación procesal, en términos de los artículos 172, fracción III y 174 de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTICULO 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:. III. Se deseche las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;.". "ARTICULO 174.- En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo.". Por tanto, queda de manifiesto que las violaciones procesales en comento, dada su naturaleza, no son en modo alguno irreparables, cuando es precisamente la irreparabilidad, el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, mismo que textualmente dispone: "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede:. Contra actos en juicios cuyos efectos sean que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..". En este sentido, cabe establecer que excepcionalmente, los actos que se realicen en juicio pueden reclamarse mediante el juicio de amparo indirecto, tal como lo prevé el artículo 107, fracción III, inciso b) y c) de la Constitución Federal, y en el artículo 107 fracciones V y VI de la Ley de Amparo; siempre y cuando se trate de actos dentro de juicio, que tengan una ejecución de imposible reparación en la persona o cosas de la quejosa o que afecten a personas extrañas a juicio, lo cual no aconteció en el presente juicio, toda vez que el referido acto, dada su naturaleza, no es de los que deban considerarse de imposible reparación o que le causen un perjuicio directo al accionante de amparo, ya que el mismo únicamente afecta derechos adjetivos del quejoso, el cual produce efectos procesales, que pueden ser subsanados en caso de que se dicte una sentencia favorable a sus intereses; ni tampoco se trata de una persona extraña al juicio, ya que tiene el carácter de actor; hecho por el cual resulta, como ya se dijo, que el presente juicio de amparo sea improcedente. Por similitud jurídica, tiene aplicación, la tesis número 244, visible en la página 164, Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1995, Octava Época, cuyo texto dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Ahora bien, se insiste, si en la especie el acto reclamado lo es la mencionada resolución de cuatro de mayo del dos mil veintitrés, dictada en el toca civil número 123/2022-C, mediante el cual se modifica el auto de admisión a pruebas de siete de septiembre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, en el juicio de Nulidad de Juicio Concluido 440/2022, donde se ordenó no sea admitida las pruebas testimonial y la pericial grafoscópica, y acorde con los antecedentes narrados en la demanda de garantías, todavía se encuentra en trámite el expediente de origen, es inconcuso que dicho acto no reúne las características exigidas por el artículo 170, segundo párrafo de la Ley de Amparo, para ser considerada como sentencia definitiva, ni como resolución que pone fin al juicio. En relatadas condiciones, resulta claro, que la citada actuación no es un acto que se encuentre dentro de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, toda vez que no causa perjuicio directo a los intereses de la parte quejosa, ya que al haberse verificado dentro de juicio, no le depara perjuicio alguno, lo cual se podría determinar en todo caso hasta en tanto la autoridad responsable emita la sentencia correspondiente y se establezcan las afectaciones directas que los mismos causen a la parte impetrante, por ende, en el supuesto de que dicho acto le cause algún perjuicio, los deberá impugnar a través del juicio de amparo directo. Es aplicable la Jurisprudencia número VI. 2o. J/258 , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 23 del Tomo 65 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1993, Materia Común, Octava Época, que dice: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo.". En mérito de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse, de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia invocada. Con apoyo en el numeral 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en Callejón 2 de Abril número 771 Ote., colonia Anáhuac, en esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y como su autorizado para tales efectos, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Adrián Jiménez López.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes
- Ruben Cruz Peña804/2015
- Ruben Cruz Peña120/2016
- RUBEN CRUZ PEÑA y Otros.348/2016
- RUBEN CRUZ PEÑA y Otros.67/2014
- Rubén García Rul432/2017
- Rubén Genaro Roacho Aros758/2015
- Ruben Osiris Vazquez Ruiz532/2022
- Ruben Paredes Vega131/2018
- RUBEN RAUL PEREZ MIJANGOS y Otros.499/2018
- Ruben Valdez Lopez604/2019
- Ruben Villegas Gonzalez100/2018
- Rubensindo Baudelio Alcaraz Alcaraz308/2017