Ruben Omar Peña Medina

Expediente 994/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 44 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
994/2020
Año
2020
Actuaciones
44
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Ruben Omar Peña Medina
  • LIC. GABRlELA ACOSTA ORTEGA JUEZ ADSCRITO AL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA, DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinte de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con la totalidad de los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables, mediante los cuales se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a las autoridades responsables copia de la sentencia dictada en autos, para que estén en posibilidades de dar cumplimiento a la misma. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión (destruye y depura) Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva. Finalmente, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que hubieran exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa, así como a sus autorizados, el contenido de la determinación de fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en la misma fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Rubén Omar Peña Medina solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables: ORDENADORAS: A).-TODOS LOS JUECES ADSCRITOS AL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA, DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS.- CON RESIDENCIA EN XOCHITEPEC, MORELOS. 1) LIC. GABRlELA ACOSTA ORTEGA. 2) LIC. KATY LORENA BECERRA ARROYO. 3) LIC. RAMONVILLANUEVA URIBE. 4) LIC. NANCCY AGUILAR TOV AR. 5) LIC. GLORIA ANGELICA JAIMES SALGADO. 6) ALEJANDRA TREJO RESENDIZ. 7) MARIA LUISA DE J. RODRIGUEZ CADENA. S) EL VIA TERAN PEÑA. 9) DANIEL ADAN RODRIGUEZ APAC. 10) MARTIN EULALIO RODRIGUEZ CASARRUBIAS. 11) LETICIA DAMIAN AVILES. 12) ISIDORO EDlE DANDOV AL LOME. 13) ALMA PATRICIA SALAS RUIZ. B).- TODOS LOS JUECES ADCRITOS AL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA, DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS.- CON RESIDENCIA EN JOJUTLA, MORELOS. 1) LIC. YAREDY MONTES RIVERA. 2) JOB LOPEZ MALDONADO. 3) LIC. DAVID RICARDO PONCE GONZALEZ. 4) BERTHA VERGARA ALVAREZ. C).- FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. D).- FISCAL REGIONAL DE LA ZONA SUR PONIENTE DEL ESTADO DE MORELOS, con domicilio en Libramiento Casa Blanca, Municipio de Jojutla, Morelos. EJECUTORAS: a).- Encargado de la Dirección de la Policía de Investigación Criminal Sur Poniente (denominación correcta de la señalada por el quejoso como Coordinador y/o director de la policía ministerial zona sur poniente en el Estado de Morelos), por si y en su carácter de jefe inmediato de todos y cada uno de los elementos ministeriales a su cargo en el Estado de Morelos. b).- Encargado del Grupo de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal Sur Poniente (denominación correcta de la señalada por el quejoso como Comandante de la policía ministerial del grupo de aprehensiones de la zona sur poniente del Estado de Morelos), por si y en su carácter de jefe inmediato de todos y cada uno de los agentes ministeriales a sus respectivos cargos. c).- Coordinador de la policía ministerial del Estado de Morelos, con domicilio en las Instalaciones que ocupa la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, cito en Avenida Emiliano Zapata, Colonia Buena Vista en Cuernavaca Morelos Acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La orden privativa de libertad girada por la Autoridad Responsable Ordenadora, misma que las ejecutoras pretenden hacer efectiva en mi contra, SEA DE APREHENSIÓN, PRESENTACIÓN Y/O COMPARECENCIA". SEGUNDO. El once de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 994/2020, requirió a las responsables sus informes justificados, dio la intervención correspondiente al Representante Social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARAY PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama la orden privativa de libertad girada por la autoridad responsable ordenadora, misma que las ejecutoras pretenden hacer efectiva en su contra, SEA DE APREHENSIÓN, PRESENTACIÓN Y/O COMPARECENCIA. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de esta resolución, al rendir el informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar esa negativa. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Así, dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). Respecto de la primera, la "inexistencia" propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha de presentación de la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de amparo), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, junio de 1998, página 5, titulada: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN". Así como la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Tocante al segundo supuesto la "falta de prueba de la existencia del acto", aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia. Se cita la Tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo Primera Parte, XLIII, página 181, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". En el caso, el disconforme reclama de las autoridades responsables, la orden privativa de libertad girada por la autoridad responsable ordenadora y que las autoridades ejecutoras pretenden realizar en su contra, misma que traduce en aprehensión, presentación y/o comparecencia. Al respecto como ya se mencionó del informe justificado rendido por las autoridades responsables Jueces Especializados en Control del Único Distrito Judicial, con sede en Xochitepec, Morelos, Jueces Especializados en Control del Único Distrito Judicial, con sede en Jojutla, Morelos (denominación actual a la señalada por la parte quejosa en su demanda de amparo), Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos, Fiscal General del Estado de Morelos, Fiscal Regional Sur Poniente, Encargado del Grupo de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal Sur Poniente y Encargado de la Dirección Regional Sur Poniente de la Agencia de Investigación Criminal (en su denominación correcta), se desprende que negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Por su parte Beatriz Maldonado Hernández, Jueza Especializada de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Jojutla, Morelos, mediante oficio número 06853/2021 recibido en este órgano jurisdiccional el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, indicó que no ha emitido ningún acto de molestia privativo de libertad en contra del quejoso de referencia, asimismo, en apoyo a lo anterior, remitió copia certificada de las documentales consistentes en las actuaciones que conforman la carpeta de investigación JCJ/209/2021, en la cual aparece como imputado el ahora quejoso Rubén Omar Peña Medina, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, en agravio del menor de iniciales J. O. P. N, representado por Margarita Nájera Verastico. Al respecto, de tales actuaciones destaca la de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, donde la Agente del Ministerio Público adscrita contra la Mujer de la Fiscalía Regional Sur Poniente, solicitó la AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACION, IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, contra el imputado Rubén Omar Peña Medina, por el delito antes mencionado, en consecuencia, la autoridad signante procedió a señalar las TRECE HORAS DEL DÍA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINITUNO, para que tuviera verificativo la audiencia de formulación de imputación, por lo que se ordenó la notificación al imputado Rubén Omar Peña Medina, en el domicilio señalado en autos de la referida carpeta de investigación. A la documental precisada con antelación, se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del ordinal 2° de esta última, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora, al tratarse de un acto que ordena la citación a la audiencia inicial, por considerar que dicha actuación judicial por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal de las personas, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, se le tiene negando el acto que se le reclama. Máxime que la parte quejosa no aportó prueba apta alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que, debe darse por concluido el juicio con el sobreseimiento ante la inexistencia del acto. Apoya lo anterior, la Tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo Primera Parte, XLIII, página 181, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre del año pasado, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/4431/2021, asistido de la Licenciada María del Rosario García Jiménez, hasta hoy veintiséis de enero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en la misma fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Rubén Omar Peña Medina solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables: ORDENADORAS: A).-TODOS LOS JUECES ADSCRITOS AL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA, DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS.- CON RESIDENCIA EN XOCHITEPEC, MORELOS. 1) LIC. GABRlELA ACOSTA ORTEGA. 2) LIC. KATY LORENA BECERRA ARROYO. 3) LIC. RAMONVILLANUEVA URIBE. 4) LIC. NANCCY AGUILAR TOV AR. 5) LIC. GLORIA ANGELICA JAIMES SALGADO. 6) ALEJANDRA TREJO RESENDIZ. 7) MARIA LUISA DE J. RODRIGUEZ CADENA. S) EL VIA TERAN PEÑA. 9) DANIEL ADAN RODRIGUEZ APAC. 10) MARTIN EULALIO RODRIGUEZ CASARRUBIAS. 11) LETICIA DAMIAN AVILES. 12) ISIDORO EDlE DANDOV AL LOME. 13) ALMA PATRICIA SALAS RUIZ. B).- TODOS LOS JUECES ADCRITOS AL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA, DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS.- CON RESIDENCIA EN JOJUTLA, MORELOS. 1) LIC. YAREDY MONTES RIVERA. 2) JOB LOPEZ MALDONADO. 3) LIC. DAVID RICARDO PONCE GONZALEZ. 4) BERTHA VERGARA ALVAREZ. C).- FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. D).- FISCAL REGIONAL DE LA ZONA SUR PONIENTE DEL ESTADO DE MORELOS, con domicilio en Libramiento Casa Blanca, Municipio de Jojutla, Morelos. EJECUTORAS: a).- Encargado de la Dirección de la Policía de Investigación Criminal Sur Poniente (denominación correcta de la señalada por el quejoso como Coordinador y/o director de la policía ministerial zona sur poniente en el Estado de Morelos), por si y en su carácter de jefe inmediato de todos y cada uno de los elementos ministeriales a su cargo en el Estado de Morelos. b).- Encargado del Grupo de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal Sur Poniente (denominación correcta de la señalada por el quejoso como Comandante de la policía ministerial del grupo de aprehensiones de la zona sur poniente del Estado de Morelos), por si y en su carácter de jefe inmediato de todos y cada uno de los agentes ministeriales a sus respectivos cargos. c).- Coordinador de la policía ministerial del Estado de Morelos, con domicilio en las Instalaciones que ocupa la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, cito en Avenida Emiliano Zapata, Colonia Buena Vista en Cuernavaca Morelos Acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La orden privativa de libertad girada por la Autoridad Responsable Ordenadora, misma que las ejecutoras pretenden hacer efectiva en mi contra, SEA DE APREHENSIÓN, PRESENTACIÓN Y/O COMPARECENCIA". SEGUNDO. El once de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 994/2020, requirió a las responsables sus informes justificados, dio la intervención correspondiente al Representante Social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARAY PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama la orden privativa de libertad girada por la autoridad responsable ordenadora, misma que las ejecutoras pretenden hacer efectiva en su contra, SEA DE APREHENSIÓN, PRESENTACIÓN Y/O COMPARECENCIA. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de esta resolución, al rendir el informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar esa negativa. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Así, dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). Respecto de la primera, la "inexistencia" propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha de presentación de la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de amparo), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, junio de 1998, página 5, titulada: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN". Así como la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Tocante al segundo supuesto la "falta de prueba de la existencia del acto", aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia. Se cita la Tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo Primera Parte, XLIII, página 181, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". En el caso, el disconforme reclama de las autoridades responsables, la orden privativa de libertad girada por la autoridad responsable ordenadora y que las autoridades ejecutoras pretenden realizar en su contra, misma que traduce en aprehensión, presentación y/o comparecencia. Al respecto como ya se mencionó del informe justificado rendido por las autoridades responsables Jueces Especializados en Control del Único Distrito Judicial, con sede en Xochitepec, Morelos, Jueces Especializados en Control del Único Distrito Judicial, con sede en Jojutla, Morelos (denominación actual a la señalada por la parte quejosa en su demanda de amparo), Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos, Fiscal General del Estado de Morelos, Fiscal Regional Sur Poniente, Encargado del Grupo de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal Sur Poniente y Encargado de la Dirección Regional Sur Poniente de la Agencia de Investigación Criminal (en su denominación correcta), se desprende que negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Por su parte Beatriz Maldonado Hernández, Jueza Especializada de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Jojutla, Morelos, mediante oficio número 06853/2021 recibido en este órgano jurisdiccional el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, indicó que no ha emitido ningún acto de molestia privativo de libertad en contra del quejoso de referencia, asimismo, en apoyo a lo anterior, remitió copia certificada de las documentales consistentes en las actuaciones que conforman la carpeta de investigación JCJ/209/2021, en la cual aparece como imputado el ahora quejoso Rubén Omar Peña Medina, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, en agravio del menor de iniciales J. O. P. N, representado por Margarita Nájera Verastico. Al respecto, de tales actuaciones destaca la de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, donde la Agente del Ministerio Público adscrita contra la Mujer de la Fiscalía Regional Sur Poniente, solicitó la AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACION, IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, contra el imputado Rubén Omar Peña Medina, por el delito antes mencionado, en consecuencia, la autoridad signante procedió a señalar las TRECE HORAS DEL DÍA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINITUNO, para que tuviera verificativo la audiencia de formulación de imputación, por lo que se ordenó la notificación al imputado Rubén Omar Peña Medina, en el domicilio señalado en autos de la referida carpeta de investigación. A la documental precisada con antelación, se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del ordinal 2° de esta última, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora, al tratarse de un acto que ordena la citación a la audiencia inicial, por considerar que dicha actuación judicial por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal de las personas, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, se le tiene negando el acto que se le reclama. Máxime que la parte quejosa no aportó prueba apta alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que, debe darse por concluido el juicio con el sobreseimiento ante la inexistencia del acto. Apoya lo anterior, la Tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo Primera Parte, XLIII, página 181, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre del año pasado, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/4431/2021, asistido de la Licenciada María del Rosario García Jiménez, hasta hoy veintiséis de enero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en autos de diez de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha, y se fija para su celebración las diez horas con dos minutos del veintiuno de enero de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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