Rubén Morales Ozaeta

Expediente 176/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
176/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Rubén Morales Ozaeta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de noviembre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de octubre de dos mil veintidós Vista la razón asentada por el fedatario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente al tercero interesado Jacinto Salinas Tinoco, por las razones que señala en la misma; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, la notificación de la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintidós, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la parte tercero interesada, por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA TERCERO INTERESADO JACINTO SALINAS TINOCO, POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE FECHA CUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS EN QUE LA SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: VISTO, para resolver el juicio de amparo 176/2022, promovido por RUBEN MORALES OZAETA, y su acumulado 177/2022, promovido por VERÓNICA TORRES REBOLLAR, MARIO OCAMPO OCAMPO, ISRAEL ALEMÁN CÁRDENAS, GILBERTO ROJAS CÁRDENAS, RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ y CRISTOBAL ACEVEDO AGUIRRE, contra actos del Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, el dieciséis del mismo mes y año, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, RUBEN MORALES OZAETA solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: ° Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. ° Actuario adscrito a la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. ° Dirección General de Recaudación de la Subdirección de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La ilegal resolución del Recurso de Reconsideración de fecha 17 de enero del 2022, emitido por conducto del Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en los autos del juicio TJA/3ªS/296/2016 por medio del cual se confirma el auto de fecha 19 de noviembre del 2021 mediante el cual se impone una multa de 100 unidades de medida y actualización, equivalente en esa data a de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), a todos los integrantes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos.". SEGUNDO. El diecisiete de febrero de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 176/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por escrito ingresado en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el once de febrero de dos mil veintidós, remitido al día hábil siguiente que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito VERÓNICA TORRES REBOLLAR, MARIO OCAMPO OCAMPO, ISRAEL ALEMÁN CÁRDENAS, GILBERTO ROJAS CÁRDENAS, RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ y CRISTOBAL ACEVEDO AGUIRRE, solicitaron el Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: ° Magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. ° Actuario adscrito a la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. ° Dirección General de Recaudación de la Subdirección de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La ilegal resolución del Recurso de Reconsideración de fecha 17 de enero del 2022, emitido por conducto del Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en los autos del juicio TJA/3ªS/296/2016, por medio del cual se confirma el auto de fecha 19 de noviembre del 2021 mediante el cual se interpone una multa de 100 unidades de medida y actualización, equivalnte a esa data a de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), a todos los integrantes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos.". TERCERO. Por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado radicó el asunto con el número de expediente 177/2022, realizó la acumulación física de ese expediente, al diverso 176/2022, y en diverso proveído de trece de junio de dos mil veintidós, se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la resolución del recurso de reconsideración del diecisiete de enero de dos mil veintidós, dentro del expediente TJA/3ªS/296/2016, índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Por razón de método, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia, sea directo o indirecto, el tribunal que conozca, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Es aplicable al caso jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, abril de 1994, página 68, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Se tiene que es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Actuaria adscrita, toda vez que al rendir su informe aceptaron la existencia del acto que se les reclama. De igual forma deberá tenérsele por cierto el acto reclamado al Titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, pues si bien al rendir su informe justificado acepto parcialmente la existencia de los actos que se le atribuyen, sin embargo, al revestirle el carácter de autoridad ejecutora, en cualquier momento posterior al en que rindió su informe, puede dar cumplimiento a la ejecución del acto reclamado. Lo que incluso se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe la primera de las autoridades mencionadas, consistente en copias certificadas del citado expediente; las cuales, adquieren valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, acorde a lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo; atento al contenido de la Jurisprudencia 226, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, correspondiente a la Quinta Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394182, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causal de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial 11.10.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.". La autoridad responsable Titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, refiere que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones IV, V, XII y XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, al considerar respecto está última hipótesis que dicha autoridad no ordenó, emitió, dictó, ni ejecutó el acto que se reclama, por lo cual no debe considerarsele como autoridad responsable. Así, los citados numerales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Son infundadas las causales de improcedencia que hace valer, toda vez que, contrario a lo que sostiene la autoridad responsable, el acto que se le atribuye, en cualquier momento puede ejecutarlo, al haber sido señalada como autoridad ejecutora, lo que se corrobora con las constancias que fueron allegadas al presente juicio, además si tiene interés jurídico para reclamar la resolución descrita del recurso de reconsideración, toda vez que al ser esta autoridad la encargada de realizar el cobro coactivo de dicha multa, en la especie debe decirse que en cualquier momento puede ejecutar el acto combatido, por ende, se desestiman las causales de improcedencia invocada. No existiendo diversa causal de improcedencia invocada por las partes o que hacer valer de oficio, se procede al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora, previo al análisis correspondiente de los conceptos de violación, es necesario describir los antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten de las constancias de autos y en lo que interesa, son: Por sentencia dictada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, dentro del expediente TJA/3aS/296/2016, la sala responsable declaró procedente condenar al cabildo municipal de Puente de Ixtla, Morelos, al pago de diversas prestaciones en favor del hoy tercero interesado; concediéndole el término de diez días para esos efectos; determinación que causó ejecutoria el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, y requiriendo a la autoridad demandada el cumplimiento a la sentencia dictada. Continuado el procedimiento relativo a la ejecución de la sentencia y previos requerimientos a la responsable para obtener el cumplimiento mencionado, en diverso acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos por el diverso de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. En dicho auto, la sala responsable, hizo constar la certificación del término otorgado en la sentencia definitiva descrita y determinó que, al no haber dado cumplimiento, debía hacer efectivo el apercibimiento decretado, por lo que, se impuso multa a los integrantes del cabildo municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, por el equivalente de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); acuerdo respecto del cual se promovió el recurso de reconsideración correspondiente, mismo que el diecisiete de enero de dos mil veintidós, se resolvió confirmándose el acuerdo impugnado, lo que ahora corresponde al acto reclamado. Ahora bien, refiere la parte quejosa en su único concepto de violación que se viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad responsable no estudió las consideraciones realizadas por la parte quejosa en el escrito de catorce de enero de dos mil veintidós. Considera que la autoridad responsable debía analizar la prescripción que prevé el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Morelos. Aduce que la multa impuesta no cumple con los requisitos establecidos en la jurisprudencia P./J. 130/2007, de rubro "GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL DESARROLLO DE SUS LÍMITES Y LA REGULACIÓN DE SUS POSIBLES CONFLICTOS POR PARTE DEL LEGISLADOR DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD JURÍDICA", ya que no es constitucionalmente válida, idónea, necesaria ni está justificada en razones constitucionales. Acotado lo anterior, es inoperante lo expuesto por la parte quejosa, en el sentido de que la multa que se confirma contraviene la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta consideración encuentra sustento en que la parte quejosa no controvierte de manera suficiente y eficaz las consideraciones por las cuales el magistrado responsable estimó que la multa impuesta sí es razonable y proporcionalmente válida, a fin de que este juzgador estuviera en posibilidad de analizarlas. Por lo anterior, el argumento en estudio resulta inoperante, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia I.6o.C. J/20, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Cuando son varias las consideraciones legales en que descansa la sentencia reclamada y los conceptos de violación no controvierten la totalidad de éstas, los mismos resultan inoperantes, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo, debido a la deficiencia en el ataque de los fundamentos en que se sustenta el referido fallo, los que con tal motivo quedarían firmes, rigiendo a éste". Por otro lado, es infundado el argumento respecto de que la autoridad responsable debía estudiar la prescripción del acto administrativo, conforme a lo estipulado en el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Morelos. Esto, debido a que el acto que se confirma no es de carácter administrativo, sino que fue emitido en términos de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos; ordenamiento que rige los procedimientos contenciosos administrativos de los que conoce el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos y a los cuales no les es aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Morelos. De este modo, no puede exigirse al magistrado responsable que analice una figura que no está prevista expresamente para los actos de autoridad que emite, por lo que deviene infundado el razonamiento de la parte quejosa. Finalmente, este juzgador considera que es infundado el argumento relativo a que la Sala responsable debía tomar en consideración el escrito presentado ante ella el catorce de octubre de dos mil veintidós, por el cual informó que se dio cumplimiento total a la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad de origen. En efecto, con independencia de que se hubiere dado cumplimiento a la sentencia, dicha circunstancia aconteció fuera del plazo otorgado en un primer momento. Si la autoridad responsable, en el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, requirió a los quejosos, como miembros del cabildo de Puente de Ixtla, Morelos, para que dieran cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en ese expediente, y notificó ese requerimiento, sin que se hubiere acatado ese mandato, puede concluirse que la imposición de esa medida de apremio es constitucional. Lo anterior se afirma, pues corresponde al arbitrio de las personas juzgadoras, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzguen eficaz para compeler a las personas contumaces al cumplimiento de una determinación judicial, debiendo en ello, respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales. Esto quedó asentado en la jurisprudencia P./J. 21/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "MEDIOS DE APREMIO. SI EL LEGISLADOR NO ESTABLECE EL ORDEN PARA SU APLICACION, ELLO CORRESPONDE AL ARBITRIO DEL JUZGADOR. De la interpretación del artículo 17 constitucional se llega a la conclusión de que las Legislaturas Locales tienen facultades para establecer en las leyes que expiden los medios de apremio necesarios de que dispondrán los Jueces y Magistrados para hacer cumplir sus determinaciones, en aras de la administración de justicia pronta y expedita que a cargo de éstos establece el precepto constitucional supracitado; luego, si el legislador no establece un orden para la imposición de las medidas de apremio que enumere en la norma respectiva, ha de considerarse que corresponde al arbitrio del juzgador, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzgue eficaz para compeler al contumaz al cumplimiento de una determinación judicial, debiendo en ello, como en cualquier acto de autoridad, respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, esto es, expresando las razones (debida motivación) por las que utiliza el medio de que se trate". Bajo ese orden de ideas, si bien la parte quejosa dio cumplimiento a la sentencia, lo cierto es que esto aconteció de manera extemporánea, por lo que ante la falta de cumplimiento oportuno, válidamente puede hacerse efectivo el apercibimiento decretado en los autos del sumario de origen. En ese orden de ideas, al ser inoperantes e infundados los conceptos de violación, se impone negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa del amparo que se hace extensiva contra los actos de ejecución, toda vez que no se reclaman por vicios propios, sino consecuencia del acto analizado. Da sustento a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Cuarta Parte, página 40, registro 239424, de texto siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. LA NEGATIVA DEL MISMO DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías respecto de las autoridades ordenadoras ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en lo establecido por los artículos 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a RUBEN MORALES OZAETA, VERÓNICA TORRES REBOLLAR, MARIO OCAMPO OCAMPO, ISRAEL ALEMÁN CÁRDENAS, GILBERTO ROJAS CÁRDENAS, RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ y CRISTOBAL ACEVEDO AGUIRRE, contra el acto que reclamaron de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Actuaria adscrita y Titular de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Coordinación de política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, consistente en la resolución de diecisiete de enero de dos mil veintidós, respecto del recurso de reconsideración hecho valer en los autos del expediente natural TJA/3ªS/296/2016. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy cuatro de octubre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe

  3. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 176/2022, promovido por RUBEN MORALES OZAETA, y su acumulado 177/2022, promovido por VERÓNICA TORRES REBOLLAR, MARIO OCAMPO OCAMPO, ISRAEL ALEMÁN CÁRDENAS, GILBERTO ROJAS CÁRDENAS, RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ y CRISTOBAL ACEVEDO AGUIRRE, contra actos del Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, el dieciséis del mismo mes y año, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, RUBEN MORALES OZAETA solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: ° Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. ° Actuario adscrito a la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. ° Dirección General de Recaudación de la Subdirección de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La ilegal resolución del Recurso de Reconsideración de fecha 17 de enero del 2022, emitido por conducto del Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en los autos del juicio TJA/3ªS/296/2016 por medio del cual se confirma el auto de fecha 19 de noviembre del 2021 mediante el cual se impone una multa de 100 unidades de medida y actualización, equivalente en esa data a de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), a todos los integrantes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos.". SEGUNDO. El diecisiete de febrero de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 176/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por escrito ingresado en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el once de febrero de dos mil veintidós, remitido al día hábil siguiente que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito VERÓNICA TORRES REBOLLAR, MARIO OCAMPO OCAMPO, ISRAEL ALEMÁN CÁRDENAS, GILBERTO ROJAS CÁRDENAS, RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ y CRISTOBAL ACEVEDO AGUIRRE, solicitaron el Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: ° Magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. ° Actuario adscrito a la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. ° Dirección General de Recaudación de la Subdirección de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La ilegal resolución del Recurso de Reconsideración de fecha 17 de enero del 2022, emitido por conducto del Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en los autos del juicio TJA/3ªS/296/2016, por medio del cual se confirma el auto de fecha 19 de noviembre del 2021 mediante el cual se interpone una multa de 100 unidades de medida y actualización, equivalnte a esa data a de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), a todos los integrantes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos.". TERCERO. Por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado radicó el asunto con el número de expediente 177/2022, realizó la acumulación física de ese expediente, al diverso 176/2022, y en diverso proveído de trece de junio de dos mil veintidós, se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la resolución del recurso de reconsideración del diecisiete de enero de dos mil veintidós, dentro del expediente TJA/3ªS/296/2016, índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Por razón de método, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia, sea directo o indirecto, el tribunal que conozca, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Es aplicable al caso jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, abril de 1994, página 68, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Se tiene que es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Actuaria adscrita, toda vez que al rendir su informe aceptaron la existencia del acto que se les reclama. De igual forma deberá tenérsele por cierto el acto reclamado al Titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, pues si bien al rendir su informe justificado acepto parcialmente la existencia de los actos que se le atribuyen, sin embargo, al revestirle el carácter de autoridad ejecutora, en cualquier momento posterior al en que rindió su informe, puede dar cumplimiento a la ejecución del acto reclamado. Lo que incluso se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe la primera de las autoridades mencionadas, consistente en copias certificadas del citado expediente; las cuales, adquieren valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, acorde a lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo; atento al contenido de la Jurisprudencia 226, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, correspondiente a la Quinta Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394182, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causal de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial 11.10.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.". La autoridad responsable Titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, refiere que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones IV, V, XII y XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, al considerar respecto está última hipótesis que dicha autoridad no ordenó, emitió, dictó, ni ejecutó el acto que se reclama, por lo cual no debe considerarsele como autoridad responsable. Así, los citados numerales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Son infundadas las causales de improcedencia que hace valer, toda vez que, contrario a lo que sostiene la autoridad responsable, el acto que se le atribuye, en cualquier momento puede ejecutarlo, al haber sido señalada como autoridad ejecutora, lo que se corrobora con las constancias que fueron allegadas al presente juicio, además si tiene interés jurídico para reclamar la resolución descrita del recurso de reconsideración, toda vez que al ser esta autoridad la encargada de realizar el cobro coactivo de dicha multa, en la especie debe decirse que en cualquier momento puede ejecutar el acto combatido, por ende, se desestiman las causales de improcedencia invocada. No existiendo diversa causal de improcedencia invocada por las partes o que hacer valer de oficio, se procede al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora, previo al análisis correspondiente de los conceptos de violación, es necesario describir los antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten de las constancias de autos y en lo que interesa, son: Por sentencia dictada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, dentro del expediente TJA/3aS/296/2016, la sala responsable declaró procedente condenar al cabildo municipal de Puente de Ixtla, Morelos, al pago de diversas prestaciones en favor del hoy tercero interesado; concediéndole el término de diez días para esos efectos; determinación que causó ejecutoria el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, y requiriendo a la autoridad demandada el cumplimiento a la sentencia dictada. Continuado el procedimiento relativo a la ejecución de la sentencia y previos requerimientos a la responsable para obtener el cumplimiento mencionado, en diverso acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos por el diverso de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. En dicho auto, la sala responsable, hizo constar la certificación del término otorgado en la sentencia definitiva descrita y determinó que, al no haber dado cumplimiento, debía hacer efectivo el apercibimiento decretado, por lo que, se impuso multa a los integrantes del cabildo municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, por el equivalente de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); acuerdo respecto del cual se promovió el recurso de reconsideración correspondiente, mismo que el diecisiete de enero de dos mil veintidós, se resolvió confirmándose el acuerdo impugnado, lo que ahora corresponde al acto reclamado. Ahora bien, refiere la parte quejosa en su único concepto de violación que se viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad responsable no estudió las consideraciones realizadas por la parte quejosa en el escrito de catorce de enero de dos mil veintidós. Considera que la autoridad responsable debía analizar la prescripción que prevé el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Morelos. Aduce que la multa impuesta no cumple con los requisitos establecidos en la jurisprudencia P./J. 130/2007, de rubro "GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL DESARROLLO DE SUS LÍMITES Y LA REGULACIÓN DE SUS POSIBLES CONFLICTOS POR PARTE DEL LEGISLADOR DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD JURÍDICA", ya que no es constitucionalmente válida, idónea, necesaria ni está justificada en razones constitucionales. Acotado lo anterior, es inoperante lo expuesto por la parte quejosa, en el sentido de que la multa que se confirma contraviene la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta consideración encuentra sustento en que la parte quejosa no controvierte de manera suficiente y eficaz las consideraciones por las cuales el magistrado responsable estimó que la multa impuesta sí es razonable y proporcionalmente válida, a fin de que este juzgador estuviera en posibilidad de analizarlas. Por lo anterior, el argumento en estudio resulta inoperante, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia I.6o.C. J/20, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Cuando son varias las consideraciones legales en que descansa la sentencia reclamada y los conceptos de violación no controvierten la totalidad de éstas, los mismos resultan inoperantes, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo, debido a la deficiencia en el ataque de los fundamentos en que se sustenta el referido fallo, los que con tal motivo quedarían firmes, rigiendo a éste". Por otro lado, es infundado el argumento respecto de que la autoridad responsable debía estudiar la prescripción del acto administrativo, conforme a lo estipulado en el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Morelos. Esto, debido a que el acto que se confirma no es de carácter administrativo, sino que fue emitido en términos de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos; ordenamiento que rige los procedimientos contenciosos administrativos de los que conoce el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos y a los cuales no les es aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Morelos. De este modo, no puede exigirse al magistrado responsable que analice una figura que no está prevista expresamente para los actos de autoridad que emite, por lo que deviene infundado el razonamiento de la parte quejosa. Finalmente, este juzgador considera que es infundado el argumento relativo a que la Sala responsable debía tomar en consideración el escrito presentado ante ella el catorce de octubre de dos mil veintidós, por el cual informó que se dio cumplimiento total a la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad de origen. En efecto, con independencia de que se hubiere dado cumplimiento a la sentencia, dicha circunstancia aconteció fuera del plazo otorgado en un primer momento. Si la autoridad responsable, en el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, requirió a los quejosos, como miembros del cabildo de Puente de Ixtla, Morelos, para que dieran cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en ese expediente, y notificó ese requerimiento, sin que se hubiere acatado ese mandato, puede concluirse que la imposición de esa medida de apremio es constitucional. Lo anterior se afirma, pues corresponde al arbitrio de las personas juzgadoras, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzguen eficaz para compeler a las personas contumaces al cumplimiento de una determinación judicial, debiendo en ello, respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales. Esto quedó asentado en la jurisprudencia P./J. 21/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "MEDIOS DE APREMIO. SI EL LEGISLADOR NO ESTABLECE EL ORDEN PARA SU APLICACION, ELLO CORRESPONDE AL ARBITRIO DEL JUZGADOR. De la interpretación del artículo 17 constitucional se llega a la conclusión de que las Legislaturas Locales tienen facultades para establecer en las leyes que expiden los medios de apremio necesarios de que dispondrán los Jueces y Magistrados para hacer cumplir sus determinaciones, en aras de la administración de justicia pronta y expedita que a cargo de éstos establece el precepto constitucional supracitado; luego, si el legislador no establece un orden para la imposición de las medidas de apremio que enumere en la norma respectiva, ha de considerarse que corresponde al arbitrio del juzgador, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzgue eficaz para compeler al contumaz al cumplimiento de una determinación judicial, debiendo en ello, como en cualquier acto de autoridad, respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, esto es, expresando las razones (debida motivación) por las que utiliza el medio de que se trate". Bajo ese orden de ideas, si bien la parte quejosa dio cumplimiento a la sentencia, lo cierto es que esto aconteció de manera extemporánea, por lo que ante la falta de cumplimiento oportuno, válidamente puede hacerse efectivo el apercibimiento decretado en los autos del sumario de origen. En ese orden de ideas, al ser inoperantes e infundados los conceptos de violación, se impone negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa del amparo que se hace extensiva contra los actos de ejecución, toda vez que no se reclaman por vicios propios, sino consecuencia del acto analizado. Da sustento a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Cuarta Parte, página 40, registro 239424, de texto siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. LA NEGATIVA DEL MISMO DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías respecto de las autoridades ordenadoras ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en lo establecido por los artículos 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a RUBEN MORALES OZAETA, VERÓNICA TORRES REBOLLAR, MARIO OCAMPO OCAMPO, ISRAEL ALEMÁN CÁRDENAS, GILBERTO ROJAS CÁRDENAS, RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ y CRISTOBAL ACEVEDO AGUIRRE, contra el acto que reclamaron de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Actuaria adscrita y Titular de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Coordinación de política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, consistente en la resolución de diecisiete de enero de dos mil veintidós, respecto del recurso de reconsideración hecho valer en los autos del expediente natural TJA/3ªS/296/2016. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy cuatro de octubre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: VISTO, para resolver el juicio de amparo 176/2022, promovido por RUBEN MORALES OZAETA, y su acumulado 177/2022, promovido por VERÓNICA TORRES REBOLLAR, MARIO OCAMPO OCAMPO, ISRAEL ALEMÁN CÁRDENAS, GILBERTO ROJAS CÁRDENAS, RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ y CRISTOBAL ACEVEDO AGUIRRE, contra actos del Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad y otras autoridades, y;... R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, el dieciséis del mismo mes y año, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, RUBEN MORALES OZAETA solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Actuario adscrito a la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Dirección General de Recaudación de la Subdirección de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La ilegal resolución del Recurso de Reconsideración de fecha 17 de enero del 2022, emitido por conducto del Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en los autos del juicio TJA/3 S/296/2016 por medio del cual se confirma el auto de fecha 19 de noviembre del 2021 mediante el cual se impone una multa de 100 unidades de medida y actualización, equivalente en esa data a de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), a todos los integrantes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos". SEGUNDO. El diecisiete de febrero de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 176/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por escrito ingresado en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el once de febrero de dos mil veintidós, remitido al día hábil siguiente que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito VERÓNICA TORRES REBOLLAR, MARIO OCAMPO OCAMPO, ISRAEL ALEMÁN CÁRDENAS, GILBERTO ROJAS CÁRDENAS, RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ y CRISTOBAL ACEVEDO AGUIRRE, solicitaron el Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: Magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Actuario adscrito a la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Dirección General de Recaudación de la Subdirección de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Acto reclamado: "La ilegal resolución del Recurso de Reconsideración de fecha 17 de enero del 2022, emitido por conducto del Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en los autos del juicio TJA/3 S/296/2016, por medio del cual se confirma el auto de fecha 19 de noviembre del 2021 mediante el cual se interpone una multa de 100 unidades de medida y actualización, equivalnte a esa data a de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), a todos los integrantes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos". TERCERO. Por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado radicó el asunto con el número de expediente 177/2022, realizó la acumulación física de ese expediente, al diverso 176/2022, y en diverso proveído de trece de junio de dos mil veintidós, se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la resolución del recurso de reconsideración del diecisiete de enero de dos mil veintidós, dentro del expediente TJA/3 S/296/2016, índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Por razón de método, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia, sea directo o indirecto, el tribunal que conozca, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Es aplicable al caso jurisprudencia XVII 2 J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, abril de 1994, página 68, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Se tiene que es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Actuaria adscrita, toda vez que al rendir su informe aceptaron la existencia del acto que se les reclama. De igual forma deberá tenérsele por cierto el acto reclamado al Titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, pues si bien al rendir su informe justificado acepto parcialmente la existencia de los actos que se le atribuyen, sin embargo, al revestirle el carácter de autoridad ejecutora, en cualquier momento posterior al en que rindió su informe, puede dar cumplimiento a la ejecución del acto reclamado. Lo que incluso se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe la primera de las autoridades mencionadas, consistente en copias certificadas del citado expediente; las cuales, adquieren valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, acorde a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Amparo; atento al contenido de la Jurisprudencia 226, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, correspondiente a la Quinta Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394182, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO" CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causal de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial 11 10 J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". La autoridad responsable Titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, refiere que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones IV, V, XII y XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, al considerar respecto está última hipótesis que dicha autoridad no ordenó, emitió, dictó, ni ejecutó el acto que se reclama, por lo cual no debe considerarsele como autoridad responsable. Así, los citados numerales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Son infundadas las causales de improcedencia que hace valer, toda vez que, contrario a lo que sostiene la autoridad responsable, el acto que se le atribuye, en cualquier momento puede ejecutarlo, al haber sido señalada como autoridad ejecutora, lo que se corrobora con las constancias que fueron allegadas al presente juicio, además si tiene interés jurídico para reclamar la resolución descrita del recurso de reconsideración, toda vez que al ser esta autoridad la encargada de realizar el cobro coactivo de dicha multa, en la especie debe decirse que en cualquier momento puede ejecutar el acto combatido, por ende, se desestiman las causales de improcedencia invocada. No existiendo diversa causal de improcedencia invocada por las partes o que hacer valer de oficio, se procede al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2 /J 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora, previo al análisis correspondiente de los conceptos de violación, es necesario describir los antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten de las constancias de autos y en lo que interesa, son: Por sentencia dictada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, dentro del expediente TJA/3 S/296/2016, la sala responsable declaró procedente condenar al cabildo municipal de Puente de Ixtla, Morelos, al pago de diversas prestaciones en favor del hoy tercero interesado; concediéndole el término de diez días para esos efectos; determinación que causó ejecutoria el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, y requiriendo a la autoridad demandada el cumplimiento a la sentencia dictada. Continuado el procedimiento relativo a la ejecución de la sentencia y previos requerimientos a la responsable para obtener el cumplimiento mencionado, en diverso acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos por el diverso de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. En dicho auto, la sala responsable, hizo constar la certificación del término otorgado en la sentencia definitiva descrita y determinó que, al no haber dado cumplimiento, debía hacer efectivo el apercibimiento decretado, por lo que, se impuso multa a los integrantes del cabildo municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, por el equivalente de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); acuerdo respecto del cual se promovió el recurso de reconsideración correspondiente, mismo que el diecisiete de enero de dos mil veintidós, se resolvió confirmándose el acuerdo impugnado, lo que ahora corresponde al acto reclamado. Ahora bien, refiere la parte quejosa en su único concepto de violación que se viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad responsable no estudió las consideraciones realizadas por la parte quejosa en el escrito de catorce de enero de dos mil veintidós. Considera que la autoridad responsable debía analizar la prescripción que prevé el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Morelos. Aduce que la multa impuesta no cumple con los requisitos establecidos en la jurisprudencia P /J 130/2007, de rubro "GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL DESARROLLO DE SUS LÍMITES Y LA REGULACIÓN DE SUS POSIBLES CONFLICTOS POR PARTE DEL LEGISLADOR DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD JURÍDICA", ya que no es constitucionalmente válida, idónea, necesaria ni está justificada en razones constitucionales. Acotado lo anterior, es inoperante lo expuesto por la parte quejosa, en el sentido de que la multa que se confirma contraviene la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta consideración encuentra sustento en que la parte quejosa no controvierte de manera suficiente y eficaz las consideraciones por las cuales el magistrado responsable estimó que la multa impuesta sí es razonable y proporcionalmente válida, a fin de que este juzgador estuviera en posibilidad de analizarlas. Por lo anterior, el argumento en estudio resulta inoperante, en términos de la jurisprudencia 2 /J 188/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia I 6 C J/20, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Cuando son varias las consideraciones legales en que descansa la sentencia reclamada y los conceptos de violación no controvierten la totalidad de éstas, los mismos resultan inoperantes, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo, debido a la deficiencia en el ataque de los fundamentos en que se sustenta el referido fallo, los que con tal motivo quedarían firmes, rigiendo a éste". Por otro lado, es infundado el argumento respecto de que la autoridad responsable debía estudiar la prescripción del acto administrativo, conforme a lo estipulado en el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Morelos. Esto, debido a que el acto que se confirma no es de carácter administrativo, sino que fue emitido en términos de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos; ordenamiento que rige los procedimientos contenciosos administrativos de los que conoce el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos y a los cuales no les es aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Morelos. De este modo, no puede exigirse al magistrado responsable que analice una figura que no está prevista expresamente para los actos de autoridad que emite, por lo que deviene infundado el razonamiento de la parte quejosa. Finalmente, este juzgador considera que es infundado el argumento relativo a que la Sala responsable debía tomar en consideración el escrito presentado ante ella el catorce de octubre de dos mil veintidós, por el cual informó que se dio cumplimiento total a la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad de origen. En efecto, con independencia de que se hubiere dado cumplimiento a la sentencia, dicha circunstancia aconteció fuera del plazo otorgado en un primer momento. Si la autoridad responsable, en el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, requirió a los quejosos, como miembros del cabildo de Puente de Ixtla, Morelos, para que dieran cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en ese expediente, y notificó ese requerimiento, sin que se hubiere acatado ese mandato, puede concluirse que la imposición de esa medida de apremio es constitucional. Lo anterior se afirma, pues corresponde al arbitrio de las personas juzgadoras, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzguen eficaz para compeler a las personas contumaces al cumplimiento de una determinación judicial, debiendo en ello, respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales. Esto quedó asentado en la jurisprudencia P /J 21/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "MEDIOS DE APREMIO. SI EL LEGISLADOR NO ESTABLECE EL ORDEN PARA SU APLICACION, ELLO CORRESPONDE AL ARBITRIO DEL JUZGADOR. De la interpretación del artículo 17 constitucional se llega a la conclusión de que las Legislaturas Locales tienen facultades para establecer en las leyes que expiden los medios de apremio necesarios de que dispondrán los Jueces y Magistrados para hacer cumplir sus determinaciones, en aras de la administración de justicia pronta y expedita que a cargo de éstos establece el precepto constitucional supracitado; luego, si el legislador no establece un orden para la imposición de las medidas de apremio que enumere en la norma respectiva, ha de considerarse que corresponde al arbitrio del juzgador, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzgue eficaz para compeler al contumaz al cumplimiento de una determinación judicial, debiendo en ello, como en cualquier acto de autoridad, respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, esto es, expresando las razones (debida motivación) por las que utiliza el medio de que se trate". Bajo ese orden de ideas, si bien la parte quejosa dio cumplimiento a la sentencia, lo cierto es que esto aconteció de manera extemporánea, por lo que ante la falta de cumplimiento oportuno, válidamente puede hacerse efectivo el apercibimiento decretado en los autos del sumario de origen. En ese orden de ideas, al ser inoperantes e infundados los conceptos de violación, se impone negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa del amparo que se hace extensiva contra los actos de ejecución, toda vez que no se reclaman por vicios propios, sino consecuencia del acto analizado. Da sustento a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Cuarta Parte, página 40, registro 239424, de texto siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. LA NEGATIVA DEL MISMO DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías respecto de las autoridades ordenadoras ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en lo establecido por los artículos 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a RUBEN MORALES OZAETA, VERÓNICA TORRES REBOLLAR, MARIO OCAMPO OCAMPO, ISRAEL ALEMÁN CÁRDENAS, GILBERTO ROJAS CÁRDENAS, RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ y CRISTOBAL ACEVEDO AGUIRRE, contra el acto que reclamaron de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Actuaria adscrita y Titular de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Coordinación de política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, consistente en la resolución de diecisiete de enero de dos mil veintidós, respecto del recurso de reconsideración hecho valer en los autos del expediente natural TJA/3 S/296/2016. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy cuatro de octubre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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