Ruben Mercado Rosas
Expediente 513/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ruben Mercado Rosas
Actuaciones
- Principal
I... Visto el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con el que remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión ordinaria por videoconferencia de diecisiete de agosto de este año, por el que se declaró infundado el recurso de queja 190/2023, interpuesto por la parte quejosa. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), comuníquese lo anterior a las partes; y archívese el presente asunto como totalmente concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción. Por lo que una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del juicio de amparo conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.
- Principal
I... Agréguese el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual remite testimonio del auto de diecisiete de mayo del presente año, del que se advierte acusa recibo del oficio relacionado con el medio de impugnación interpuesto en autos; también informa, que admitió a trámite el recurso de queja y que fue registrado con el número 190/2023.
- Principal
I... Naucalpan de Juárez, Estado de México; tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Rubén..., por propio derecho; contra actos de la Dirección General Jurídica y Consultiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 513/2023-I. Previo a realizar algún pronunciamiento al respecto, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la hipótesis normativa contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que da lugar a su desechamiento, dado que los actos reclamados consisten en: El auto de diez de abril de dos mil veintitrés dentro del expediente administrativo DGJC/PA/287/2022, donde se acordó lo relativo a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en ese asunto; por lo que hace a la ratificación de contenido y firma, lo requiere para que la ofrezca en términos del código adjetivo de la materia; respecto a la documental que pide se solicite al Centro de Control de Confianza, se le requiere las gestione y presente en un término de diez días; apercibiéndolo con tenerlas por no admitida y no presentada respectivamente. Ahora bien, es preciso destacar que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral en comento, han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. .... Los numerales 107 Constitucional, fracción III, inciso b), y 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro de juicio o en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación pueda ser analizada nuevamente al dictar la resolución final, sino que con motivo de una sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso b), fracción III, del artículo 107 Constitucional. En ese orden de ideas, del escrito de demanda se desprende sustancialmente que lo reclamado es la determinación del auto de diez de abril de dos mil veintitrés dentro del expediente administrativo DGJC/PA/287/2022, donde se acordó lo relativo a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en ese asunto; por lo que hace a la ratificación de contenido y firma, lo requiere para que la ofrezca en términos del código adjetivo de la materia; respecto a la documental que pide se solicite al Centro de Control de Confianza, se le requiere las gestione y presente en un término de diez días; apercibiéndolo con tenerlas por no admitida y no presentada respectivamente. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón que dicho acto no reviste el carácter de imposible reparación para considerar procedente el juicio constitucional, pues conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, dicha actuación tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud que dicho acto, es de naturaleza procesal que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados como la vida, la libertad, la propiedad, entre otros, y que tutela la Constitución General de la República Mexicana. De ahí que, en el caso a estudio, la determinación reclamada no deja sin defensa a la parte quejosa, ni afecta sus derechos sustantivos. Además, la intención del legislador fue la de priorizar el principio de economía procesal para evitar la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones estimen se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende que continúe el procedimiento sin mayores trabas y, que la parte afectada con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidas. Por tanto, es evidente que los actos reclamados, no deben considerarse como emitidos dentro del procedimiento y que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados para que deba impugnarse a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción III, inciso b), del ordinal 107, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, interpretado a contrario sensu. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII y 107, fracción III, inciso b), aplicada a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. AUTORIZADOS Por otro lado, se tienen por autorizadas a las personas que indica en términos amplios del artículo 12 de la legislación en cita, siempre que tengan debidamente registrada su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", en caso contrario únicamente en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral y del diverso 24, párrafo segundo, de la propia normatividad. DOMICILIO QUEJOSO En términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, las notificaciones consideradas como personales se le practicarán vía electrónica al usuario proporcionado por la parte quejosa identificado como: "ALDO8692", en el entendido que dicha parte procesal queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días contado a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Se hace del conocimiento que los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, serán tomados únicamente para entablar comunicaciones no procesales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA Finalmente, en términos de los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníquese que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmese que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.
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