Rubén González Flores
Expediente 1066/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1066/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Rubén González Flores
Actuaciones
- Principal
II... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a su destrucción, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo de referencia.
- Principal
Agréguese el escrito signado por Rubén ..., por derecho propio, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad y otras autoridades, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1066/2023-II. En ese tenor, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Rubén González Flores, por derecho propio, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad y otras autoridades. En principio es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio constitucional, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, bajo las siguientes consideraciones: Las autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, excepción hecha de aquellos actos que tengan efectos equivalentes a los de autoridad, con los que se afecten los derechos de las personas y esas funciones esté determinada en la ley.... A partir de lo anterior, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo debe concebirse en razón de la naturaleza jurídica de las relaciones de "supra a subordinación" surgidas entre las autoridades y los particulares, o sólo entre estos cuando se realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Las relaciones de "supra a subordinación" son las que se entablan entre gobernantes y los individuos, donde la voluntad del primero se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poder exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales que protegen derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por el contrario, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares o entre el Gobierno y los particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, entre otras. Luego, el juicio de amparo, es improcedente contra actos de particulares, o incluso emitidos por una autoridad, que no afectan por sí y ante sí, ni de manera unilateral crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. Por tanto, para definir el concepto de autoridad responsable, se debe analizar, primeramente, si el acto reclamado se realizó con fundamento en una ley de origen público, si la autoridad ejerce un poder jurídico que afecte por sí y ante sí, y de manera unilateral cree, modifique o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio del quejoso y, consecuentemente, si su actuación se ubica dentro del plano de "supra a subordinación". Expuesto lo anterior, se estima que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en el requerimiento de pago por concepto de suministro de energía eléctrica por el ajuste de facturación, en el domicilio que cita, no puede ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, puesto que la autoridad señalada como responsable no se encuentra en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1o. de la Ley de Amparo, y 103 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la relación entre la parte quejosa con dicha autoridad no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, de coordinación... Esto es, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en criterio jurisprudencial el cual es de observancia obligatoria para este juzgador, que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los jueces y tribunales del orden común. Por las anteriores razones, se determinó que contra los actos de la Comisión Federal de Electricidad, derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Publico relativa, no procede el juicio de amparo en razón de que dicho organismo no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Luego, en sesión de siete de febrero de dos mil dieciocho, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal resolvió la contradicción de tesis número 198/2017, y en los puntos a dilucidar, se determinó: 1. Si Comisión Federal de Electricidad debe ser considerada autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, respecto de actos que emite derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, en el marco normativo en vigor producto de la reforma constitucional de dos mil trece en materia energética, y 2. Sobre la procedencia de la vía ordinaria mercantil respecto de los actos de Comisión Federal de Electricidad distintos a la devolución de cantidades pagadas con motivo del suministro de energía eléctrica, conforme a la referida normatividad vigente. Al respecto, en la parte que interesa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo las siguientes consideraciones: 1) La legislación de la industria eléctrica no prevé la normatividad que debe regir para los contratos celebrados entre el suministrador de servicios básicos y el usuario final, sino que lo que establece son disposiciones generales, cuyas referencias a la comercialización precisan una estricta separación del suministro, suministro básico y diversas modalidades de comercialización, para la supervisión que compete al Centro Nacional de Control Eléctrico y en su caso la Comisión Reguladora de Energía. 2) Las disposiciones de Carácter General expedidas por la Comisión Reguladora de Energía, tampoco establecen el clausulado del contrato, sino una base para que cada suministrador elabore el propio, en tanto que la función de dicha comisión -así como de la Procuraduría Federal del Consumidor- es evaluar que dichos contratos denominados de adhesión, no contengan cláusulas leoninas, abusivas, lesivas o inequitativas para los intereses del usuario protegiendo la actividad comercial de la sociedad. 3) Al ejercer sus atribuciones respecto de tales empresas productivas del Estado, los órganos jurisdiccionales deben tomar en cuenta que operan bajo principios de derecho privado y no público; destacándose que conforme al artículo 5º de la Ley de la Industria Eléctrica, en lo ahí no previsto, debe ser considerado como mercantil, regido por el Código de Comercio y supletoriamente por la Legislación Civil, como es el caso de los contratos de suministro básico. 4) Lo anterior, debido a que el marco normativo no tiene el alcance de regir la organización interna de la empresa prestadora del servicio, ni su relación contractual con los usuarios; sino que está instituido para regular el mercado en beneficio de los usuarios, de tal suerte que la mera referencia al tema de los contratos no puede entenderse en el sentido de que dicha ley establezca la relación entre la empresa suministradora y los particulares. 5) En tratándose de la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a partir de la reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a esa relación. 6) Esto, debido a que, en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo a virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, en tanto que, la participación regulatoria en ello impone otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por lo tanto, se trata de una relación de coordinación en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. 7) Los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. 8) Por lo tanto, en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a la Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. 9) Ello, en congruencia con la intención del Poder Reformador al transformar el régimen jurídico de Comisión Federal de Electricidad de una institución pública, a ser empresa productiva del Estado con un régimen especial, alejándola en lo máximo posible del sector público y acercándola al sector privado, aunado a la pretensión de que llegado el momento genere productos o ganancias al Estado; ello no por el suministro básico, sino por otros servicios que preste, dado que este servicio es de interés público por mandato de los artículos 27 y 28 constitucionales. 10) Con base en la normatividad vigente producto de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado que en el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables. 11) Lo comprendido en el contrato de suministro de energía eléctrica no actualiza los supuestos establecidos para estimar que se esté en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad (determinados en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 423/2014), ya que no los ejerce en forma unilateral y obligatoria como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual. 12) Lo que se corrobora con el hecho de que no participa de las actividades reguladoras en materia energética, ni del control operativo del sistema eléctrico nacional, así como que la normatividad aplicable al suministrador de servicio básico se traduce en un control sobre ello para el cumplimiento de la prestación del servicio público, como cualquier otro suministrador, en su caso que celebre contrato con el Estado mexicano para la compra y posterior venta de energía eléctrica. 13) Motivo por el cual, no se ubica en los supuestos del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, donde se prevén los casos en que el distribuidor y transmisor, a petición de los suministradores o bien del Centro Nacional de Control Eléctrico cortarán o suspenderán el fluido de energía, aspectos desarrollados en las Disposiciones Generales que emitió la Comisión Reguladora de Energía, en tanto que ello se dirige a regular la actividad de las relaciones entre las citadas áreas de distribución y transmisión, que por su carácter estratégico conserva el Estado; y, la petición que realice el suministrador al efecto obedece a su legítimo derecho de retención del servicio por incumplimiento a lo pactado en el contrato, por constituir previsiones contractuales. Ahora bien, de las documentales que la parte quejosa acompañó a su libelo de garantías se advierte el aviso de cobro por ajuste a la facturación y recibos de luz, dirigidos a la parte quejosa, así como el comprobante de pago, con los cuales se presume la existencia de un contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre ésta y la Comisión Federal de Electricidad, pues incluso del primero de los documentos referidos, se advierte dicha circunstancia, en razón que el ajuste de consumo de energía eléctrica que realizó porque se utilizaba energía eléctrica en forma y cantidad que no está autorizada en su contrato de suministro. En ese tenor, el aviso de cobro por ajuste a la facturación, al estar vinculado y relacionado con el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, la Comisión Federal de Electricidad no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables. Es así, porque los actos comprendidos en el contrato de suministro de energía eléctrica no actualizan los supuestos establecidos para estimar que se esté en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad, ya que la Comisión citada no los ejerce en forma unilateral y obligatoria como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual de la que derivan. Y, por ende, no constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en atención a que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por dicha Comisión a los particulares o al usuario final, constituyen actos de naturaleza comercial. En efecto, la relación contractual entablada entre la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios finales del servicio de energía eléctrica, cuyo carácter tiene la parte quejosa, es de coordinación, porque ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocas, esto es, no se trata de una relación de supra a subordinación donde el organismo suministrador tenga el carácter de autoridad. Por lo tanto, si el contrato respectivo se celebra bajo una relación de coordinación, no se puede considerar que el cobro por ajuste a la facturación respecto a la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica es fijado a través de un acto de autoridad, de tal manera que, las controversias derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica son impugnables en la vía ordinaria mercantil ante los Tribunales de la Federación. En virtud de lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, porque es evidente que la autoridad que se señala como responsable, es decir la Comisión Federal de Electricidad, la Suministradora de Servicios Básicos, el Departamento de Facturación y Cobranza Subsidiaria de Suministro Básico, la Jefatura de Departamento Comercial de Zona de la Subsidiaria de Suministro Básico, no tienen el carácter de autoridades responsables para el presente juicio de amparo, dado que el acto que se les reclama, deriva del contrato de suministro de energía eléctrica que la citada comisión proporciona a los particulares en un plano de igualdad, esto es, como un ente sujeto derechos y obligaciones; y no, con el carácter de autoridades, por lo que se desecha la demanda de amparo. Ahora bien, con apoyo en los ordinales 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, ténganselas listas que se publican en los estrados de este juzgado federal para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, de conformidad con el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta electrónica de las actuaciones del presente juicio de amparo, con el usuario "moee861112". Se autoriza a Eder Emmanuel ..., en términos del artículo 12, primera parte, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníqueseles que en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.
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