Rubén Martínez Ochoa
Expediente 480/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 480/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rubén Martínez Ochoa
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 98, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso d) (aquellos que desechen, declaren improcedentes o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón signada por el Actuario adscrito a este Juzgado, por la que informa que no le fue posible notificar el auto de veinticinco de abril del año en curso, al quejoso Rubén Martínez Ochoa, toda vez que al constituirse en el domicilio que proporcionó para tal efecto en su demanda de amparo, fue informado por diversa persona que dicho inmueble se encuentra vacío; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle dicho proveído, así como las subsecuentes que surjan en este juicio de amparo, aun las de carácter personal, por lista de acuerdos que se publica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y en el lugar de fácil acceso que designó la Administración Regional del edificio que ocupa este Órgano Jurisdiccional, hasta en tanto subsane dicha omisión. NOTIFÍQUESE..----------------------------------------------------------------------------------------------------------EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO QUE ANTECEDE, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL DIVERSO AUTO DE 25/04/2022, QUE ES DEL TENOR SIGUIENTE.---------------------------------------------------------------------------San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Rubén Martínez Ochoa, contra actos de la juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con sede en la ciudad de Oaxaca y Actuario adscrito; fórmese expediente en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y regístrese con el número 480/2022. Desechamiento. La procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia. En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista por el artículo 61, fracción X, de la ley en cita, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado, aunque la violaciones constitucionales sean diversas". La disposición transcrita contempla la figura jurídica conocida como litispendencia, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que sean materia de otro juicio de la misma naturaleza promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La razón fundamental de la citada causa estriba en evitar una cadena de juicios del orden constitucional interminable. Bajo ese contexto, conviene señalar que del escrito de demanda de amparo que se provee (480/2022), concatenado con la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se constató que existe en trámite ante este juzgado federal el juicio de amparo 1424/2021, promovido por el aludido agraviado contra actos de la juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con sede en la ciudad de Oaxaca y Actuario adscrito, derivados del juicio ordinario civil reivindicatorio 191/2014, que esencialmente son los mismos, como se muestra enseguida. Juicio de amparo: 1424/2021 Juicio de amparo: 480/2022 Quejoso: Rubén Martínez Ochoa Quejoso: Rubén Martínez Ochoa Autoridades responsables: juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con sede en la ciudad de Oaxaca y Actuario adscrito Autoridades responsables: juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con sede en la ciudad de Oaxaca y Actuario adscrito Actos reclamados: 1.- La sentencia dictada con fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio 191/2014, promovido por Hugo Enrique Gáspar Meléndez contra José Carlos Camilo Canseco o José Carlos Camilo Canseco Munilla y Rosa Elena Canseco Munilla, en el que se ordena la entrega del bien inmueble que tiene en arrendamiento desde hace varios años, ubicado en Ponciano Arriaga, número doscientos nueve, colonia Guelaguetza, en la Ciudad de Oaxaca. 2.- El auto dictado el siete de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se requiere a sus arrendadores para que en el plazo de cinco días cumplan voluntariamente con la sentencia. 3.- La ejecución de la sentencia, que se traduce en la desposesión material del inmueble descrito. Actos reclamados: 1.- La sentencia dictada con fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio 191/2014, promovido por Hugo Enrique Gáspar Meléndez contra José Carlos Camilo Canseco o José Carlos Camilo Canseco Munilla y Rosa Elena Canseco Munilla, en el que se ordena la entrega del bien inmueble que tiene en arrendamiento desde hace varios años, ubicado en Ponciano Arriaga, número doscientos nueve, colonia Guelaguetza, en la Ciudad de Oaxaca. 2.- Los autos dictados el diez de enero y veintitrés de marzo del año en curso, por el cual se ordena el cumplimiento forzoso de la sentencia. 3.- La ejecución de la sentencia, llevada a cabo el siete de abril del presente año, por medio del cual se hizo entrega material al actor del inmueble descrito. En ese tenor, es evidente que se actualiza la hipótesis de improcedencia en cita, al encontrase en trámite ante este Juzgado de Distrito el juicio de amparo número 1424/2021, instando por el mismo impetrante, contra las mismas autoridades responsables y esencialmente por los propios actos reclamados, cuya audiencia constitucional está programada para las nueve horas con veinte minutos del once de mayo del presente año. Sin que sea óbice que ahora se señale como actos reclamados los autos dictados el diez de enero y veintitrés de marzo del año en curso, por el cual se ordena el cumplimiento forzoso de la sentencia, así como la ejecución llevada a cabo el siete de abril del presente año, por medio del cual se hizo entrega material al actor del inmueble descrito, en tanto son consecuencia de lo ya reclamado en el juicio de amparo primigenio (1424/2021). Por tanto, los autos ahora combatidos en que se ordenó la entrega del bien raíz, no son más que una consecuencia de la ejecución de sentencia, siendo que lo reclamado en la demanda de amparo anterior como en la presente, la causa de pedir, es la garantía de audiencia para defender el derecho que aduce el impetrante detenta sobre el inmueble respectivo, del cual es arrendatario. Luego, aun cuando no exista identidad total de los actos reclamados en el presente asunto, con aquellos señalados en la demanda anterior, sí existe coincidencia respecto de aquél que se debe reputar como fundamental, como es la infracción al derecho fundamental de audiencia, ya que los restantes son sólo una consecuencia de ello. De no considerarse así, se atentaría contra la seguridad jurídica que debe imperar en todo procedimiento, toda vez que se daría la oportunidad de entorpecer la ejecución de un juicio, indefinidamente. Máxime que en el juicio de amparo que se encuentra en trámite (1424/2021), habrá de analizarse la legalidad del acto de ordenamiento que impugna, y de asistirle la razón, éste quedará sin efecto y por vía de consecuencia su ejecución, que se traduce en la entrega del inmueble que defiende. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, concatenado con el numeral 113, de la propia norma legal, se desecha la presente demanda constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.11o.C.31 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Libro 63, Febrero de 2019, Décima Época, registro digital: 2019187, cuyo rubro y texto son: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente". También, es aplicable al caso la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 344392, que señala: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE SON CONSECUENCIAS LEGALES DE LOS RECLAMADOS EN UN JUICIO DE GARANTIAS ANTERIOR. Si los actos que se reclaman en el amparo son de los derivados o consecuencias legales de los combatidos en el juicio de garantías anterior, que se encuentre pendiente de resolución, el caso se halla comprendido en la causal de improcedencia que establece la fracción III del artículo 73, de la ley orgánica respectiva, lo que determina el sobreseimiento, de acuerdo con la fracción III del artículo 74 de la misma ley; improcedencia que comprende tanto a los interesados en el juicio de donde deriva el acto reclamado, como a los extraños al mismo". Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la calle Ponciano Arriaga, número doscientos nueve, colonia Guelaguetza, en la Ciudad de Oaxaca. Así también, se le autorizando a las personas que designa, sin las facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional de licenciado en derecho o proporcionen el número de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (siete horas con cuarenta y cinco minutos a trece horas con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de diez de marzo del año en curso, este órgano de control constitucional dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a sus intereses legales convinieran, en relación al cumplimiento que dieron las autoridades responsables al fallo protector. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Mediante sentencia engrosada el catorce de enero del año en curso, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, contra el acto reclamado al juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Fiscal General del Estado de Oaxaca y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, para los siguientes efectos: "1. El juez responsable deje sin efectos la resolución que emitió el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en la causa penal 908/2020, en la que libró orden de aprehensión en contra de Miguel Ángel Martínez Reyes por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual agravado, en agravio de la adolescente víctima de iniciales P.R.M.C; 2. Dicte otra, al resolver sobre la petición del fiscal para librar orden de aprehensión contra Miguel Ángel Martínez Reyes, en la que determine injustificada la necesidad de cautela; y, 3. Resuelva con plenitud de jurisdicción lo que corresponda. Concesión de amparo que es extensiva al acto reclamado a las autoridades ejecutoras, ya que la inconstitucionalidad que se le atribuye deriva de la que se reputa a la resolución emitida por la autoridad ordenadora" En auto de catorce de febrero de este año causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En atención a dicho fallo constitucional, el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, por oficio PJEO/CJO/TAT/02191/2022-J, remitió un disco óptico certificado, en el cual obra la transcripción en formato PDF de la resolución de veintisiete de febrero del año en curso, en la que se aprecia que dejó insubsistente la orden de aprehensión de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, y en su lugar emitió una nueva determinación, en la que negó librar orden de aprehensión en contra de la aquí quejoso, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual agravado, en agravio de la adolescente víctima de iniciales P.R.M.C, al no haberse demostrado la necesidad de cautela. En tanto, las ejecutoras servidor público designado por el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca y Director de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Oaxaca, informaron que se abstendrían de ejecutar el mandato de captura reclamado Por tanto, se considera que las autoridades responsables cumplieron con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, de tal manera que en el caso, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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