Rubén Martínez Ochoa
Expediente 1424/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 47 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1424/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 22/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rubén Martínez Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte, con fecha veintiuno de septiembre del actual, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, devuélvase al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, los tomos de prueba (doce tomos) que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada, por la que se sobreseyó en el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), se determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó a la parte quejosa la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva), con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), se determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c) (incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1424/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, ******************** promovió demanda de amparo contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; que más adelante se precisarán, los que estima violan los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite. La demanda fue turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, asignándole el número de expediente 1424/2021, la que en auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días siguientes a su legal notificación manifestará si señalaba como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; mediante escrito de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, el quejoso cumplió con la prevención formulada manifestando que sí señalaba como autoridad responsable en este asunto al Actuario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. En veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se emplazó al tercero interesado, se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde. TERCERO. Incidente de objeción de falsedad de firma de la demanda de amparo. Mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se dio trámite al incidente de objeción de falsedad de firma de la demanda de amparo, promovido por el tercero interesado, ordenándose el desahogo de la prueba pericial ofrecido en dicho incidente. Por resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, se resolvió el citado incidente, declarándose infundado el mismo. CUARTO. Ampliación de la demanda. En auto de tres de mayo de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo respecto de los conceptos de violación formulados, por lo que se requirió su informe justificado a las autoridades responsables. Posteriormente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución dictada por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el expediente ********************relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio promovido por ********************y en el que se ordena la entrega del bien inmueble que tiene en arrendamiento desde hace varios años, ubicado en el número ******************** de las calles de ********************, Colonia ********************, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. El auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, por el que se ordena la ejecución forzosa de la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente ********************del índice del Juez responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y Actuario adscrito a dicho Juzgado, al rendir su respectivo informe justificado convinieron parcialmente en la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil reivindicatorio ********************del índice del Juez responsable, que remitió en apoyo a su informe, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de garantías es un presupuesto procesal de orden público que debe ser examinado de oficio y de manera preferente a la cuestión de fondo, lo aleguen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Previo al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, deben analizarse las causales de improcedencia que hagan valer las partes o que de oficio se adviertan, atento a lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, que dice: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, este órgano jurisdiccional considera respecto al acto reclamado consistente en la resolución dictada por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el expediente ********************relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio promovido por ********************y en el que se ordena la entrega del bien inmueble que tiene en arrendamiento desde hace varios años, ubicado en el número ******************** de las calles de ********************, Colonia ********************, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5º, fracción I, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley. ." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ." Conforme a tales preceptos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, es decir, es improcedente siempre que no se produzca una afectación real y actual en el derecho subjetivo que le asiste o bien, teniendo un interés legítimo, éste no sea afectado de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, en relación con la existencia de una afectación al interés jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el interés jurídico tiene que acreditarse fehacientemente, no inferirse a base de presunciones, conforme a dos elementos: 1) la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, y 2) una afectación real y directa a él; además, para la procedencia del juicio no basta que el acto de autoridad afecte la esfera jurídica del quejoso, sino que se requiere también que quien promueva el juicio sea el titular del derecho vulnerado por el acto de autoridad. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Respecto de la afectación a los intereses legítimos del particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó al sustentar la tesis 2a./XVIII/2013, que el interés legítimo como presupuesto procesal de la acción de amparo, no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Tal criterio se encuentra visible a página 1736 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." De esta forma, debe estimarse que la procedencia de la acción de amparo sigue siendo delimitada, pues el reconocimiento del interés legítimo como presupuesto de procedencia, no implica que cualquier persona pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés económico, ni aún el interés general de legalidad, ya que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia de interés jurídico, o bien, legítimo y, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad. En el caso, el quejoso reclama la resolución dictada el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el expediente ********************relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio promovido por ********************, en el que por una parte se declaró improcedente la demanda reconvencional de nulidad de poder notarial y escritura promovida por ******************** o ******************** Munilla y ********************absolviéndose a los demandados ********************, ********************, ********************, y al Notario Público Número ******************** en el Estado de Oaxaca, ********************, y por la otra, se declaró procedente la acción principal reivindicatoria y se condenó a los demandados ******************** o ******************** Munilla y ********************a la reivindicación y entrega del inmueble ubicado en la falda oriental del Cerro del ********************Barrio********************, actualmente calle ******************** número********************colonia ********************, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con sus frutos y accesiones. De lo anterior se advierte que el quejoso no es parte en el citado juicio reivindicatorio, por ello, los actos ahí emitidos no fueron dictados en contra del impetrante ********************sino contra ******************** o ******************** Munilla y ********************en su calidad de demandados, de ahí que los actos que reclama al Juez responsable no afectan el interés jurídico del aquí impetrante del amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." Así también, la diversa tesis II.2o.C.T.20 K, de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Septiembre de 1997, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se aprecia que el quejoso no fue parte en el juicio del que deriva la sentencia reclamada, es evidente que ésta no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. A esto debe agregarse que de conformidad con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudica el acto reclamado, por lo que, en tal caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". Por otra parte, respecto del diverso acto reclamado, consistente en el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, por el que se ordena la ejecución forzosa de la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente ********************del índice del Juez responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5º, fracción I, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley. ." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De los artículos transcritos se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Dichas figuras, como ya se citó (interés jurídico o legítimo) están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, en el caso del interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. En la inteligencia de que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, ya que así lo dispone expresamente el artículo 107, fracción I, constitucional. Bajo ese contexto, corresponde al juzgador de amparo determinar en función del caso concreto, si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizarse el interés jurídico o el legítimo (en el entendido de que uno excluye al otro), para lo cual resulta útil atender a la condición legal del sujeto frente al acto reclamado, en conjunción con las pruebas y la naturaleza jurídica tanto del acto como de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse. En la especie, el quejoso solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, por el que se ordena la ejecución forzosa de la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente ********************del índice del Juez responsable, en contra de ******************** o ******************** Munilla y ********************a la reivindicación y entrega del inmueble ubicado en la falda oriental del Cerro del ********************Barrio********************, actualmente calle ******************** número********************colonia ********************, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con sus frutos y accesiones, aduciendo que él tiene la posesión del citado bien inmueble, por haber celebrado un contrato de arrendamiento el diecinueve de junio de dos mil diez, ratificado ante Notario en la misma fecha, con la parte demandada ******************** o ******************** Munilla y ********************. Indicando, que no fue llamado al citado juicio, por lo que le resulta el carácter de tercero extraño a juicio, en ese contexto, por persona extraña debe entenderse aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas; quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 56 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Materias Común, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Precisado lo anterior, si bien de las constancias que integran el juicio sumario civil de origen se desprende que el Juez responsable en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************de su índice, autorizó que el Actuario adscrito a ese Juzgado, se constituyera en el inmueble ubicado en la falda oriental del Cerro del ********************Barrio********************, actualmente calle ******************** número********************colonia ********************, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y se procediera a su desocupación y entrega real y material a la parte actora en dicho juicio. Sin embargo, tal circunstancia no es suficiente para reconocer una afectación a la esfera de derechos del promovente del amparo, pues para que ello suceda, es menester que los actos de autoridad efectivamente vulneren o restrinjan su esfera jurídica, lo que de suyo implica que tenga la carga de probar, por un lado, esa afectación y, por el otro, el derecho tutelado, a fin de legitimarla a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, de manera que si no se demuestra lo anterior, el juicio constitucional será improcedente. En consecuencia, si el ahora quejoso se duele de la privación de sus derechos sin haber sido oído y vencido en juicio, debe acreditar el interés jurídico, es decir, la afectación al derecho sustantivo especifico de posesión que aquí defiende. En congruencia con lo anterior debe decirse que para acreditar ese interés jurídico se requiere que el derecho que se defienda en la sede constitucional deba constar en un documento que identifique plenamente el derecho de posesión, o bien, mediante cualquier otra prueba que resulte idónea y plena al respecto. Así, para acreditar tal extremo la parte quejosa ofreció como prueba las documentales que exhibió el juicio de amparo 480/2022 del índice de este Juzgado, respecto de las cuales en auto de tres de mayo de dos mil veintidós, se ordenó tomarlas en consideración como en derecho correspondiera, consistentes en copia certificada de un contrato privado de arrendamiento celebrado el diecinueve de junio de dos mil diez, entre el aquí quejoso ********************como arrendatario y ******************** o ******************** Munilla y ********************como arrendadores del inmueble ubicado en la falda oriental del Cerro del ********************Barrio********************, actualmente calle ******************** número********************colonia ********************, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. De dicho documento se desprende que las características del mismo coinciden con el inmueble objeto material del juicio de origen. Además, dicho contrato fue cotejado y ratificado ante el Notario Público número 19 en el Estado de Oaxaca, el diecinueve de junio de dos mil diez, acorde a la certificación anexa al documento antes descrito. Documental que se valora en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo prevé el artículo 2 del citado ordenamiento legal. No obstante, aun cuando se considere de fecha cierta, se estima que la documental descrita es insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso en este juicio de amparo, por las circunstancias particulares del asunto. Ello, ya que es menester distinguir entre el valor probatorio que tiene el contrato de arrendamiento de fecha cierta y su eficacia jurídica, la cual se encuentra a debate bajo el principio de oponibilidad a terceros, para lo cual bajo ciertas disposiciones de la Ley del Registro Público de la Propiedad, en algunos supuestos requiere ser registrado ante el Registro Público de la Propiedad. Es de invocarse la jurisprudencia P./J. 1/2002, en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materias Civil, Novena Época, que establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Así tenemos que los artículos 40 y 23 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Oaxaca, disponen lo siguiente. "Artículo 40.- Se inscribirán en la Sección de arrendamientos: Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un periodo mayor de seis años y aquellos en que haya anticipos de rentas por más de tres, en dicho contrato deberá señalar los datos de inscripción o folio electrónico registral, donde consta inscrito el inmueble; el nombre del propietario registral y la descripción del inmueble, y se deberá acompañar el original del contrato de arrendamiento." "Artículo 23.- PRINCIPIO DE INSCRIPCIÓN.- Es la materialización del acto por medio de su inscripción o anotación en el Registro Público, por eso para que un asiento o anotación surta sus efectos, debe constar en el folio electrónico, de esta manera el acto surte efectos ante terceros. Desde un punto de vista formal se registran documentos auténticos y bajo el punto de vista material, se registran las causas que originan un derecho. De lo anterior se colige que tratándose de contratos de arrendamiento por un período mayor a seis años deberán ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, para que así pueda surtir efectos contra terceros que no fueron parte de dicho acuerdo de voluntades, es decir, primordialmente porque al tratarse de un contrato traslativo de posesión, por un tiempo considerable, para que ésta sea pública deberá ser inscrita para ser conocida por todos. Con lo cual se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos y posibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores al reconocimiento del derecho y la facultad de la actora de usar, disfrutar o disponer del mismo, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de eventos y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. En esas condiciones, tenemos que el contrato cotejado y ratificado ante notario el diecinueve de junio de dos mil diez, ofrecido como prueba documental en el presente juicio de amparo, en la cláusula PRIMERA, el aquí quejoso ********************y ******************** o ******************** Munilla y ********************pactaron, entre otros aspectos, lo siguiente: "PRIMERA.- Los "ARRENDADORES" otorga en este acto al "ARRENDATARIO", quien recibo de conformidad el "INMUEBLE" descrito en el capítulo de las declaraciones que antecede con todas sus instalaciones completas y en servicio. El "ARRENDATARIO" está de acuerdo en pagar a los "ARRENDADORES", o a quien sus derechos representen a partir de la firma del presente contrato, la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), por la ocupación parcial del "INMUEBLE" durante los primeros seis años y a partir de 19 de junio del año 2016, los veinticuatro años restantes la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de renta mensual será, cantidad que se obliga a cubrir en forma puntual y sin necesidad de previo cobro o interpelación judicial." De lo transcrito se advierte que para que dicho pacto de voluntades surtiera efectos contra tercero (en este caso ********************, quien no participó en dicho acuerdo) era necesaria su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, ello por encontrarse actualizada exactamente la hipótesis prevista en el artículo 40 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Oaxaca, que es donde se celebró dicho pacto de voluntades. Eso pues en el propio contrato se estableció que su plazo es mayor de seis años, ya que se pactó por treinta años, supuesto en el cual era ineludible su registro para que fuera oponible a terceros; inscripción que no se acreditó en este expediente, pues no se exhibió alguna constancia para ello. Entonces, si el quejoso reclama en este juicio la orden dada para que se procediera a la desocupación y entrega real y material del inmueble que dice tener bajo su posesión, por considerarse tercero extraño al juicio de origen, y para acreditar su interés jurídico en su posesión, exhibe un contrato que no cumple con el requisito legal referido, es inconcuso que carece de eficacia jurídica para considerarlo como título apto para que sea protegida su posesión, frente a terceros ajenos a los propios contratantes, en el caso, el aquí tercero interesado ********************. Lo anterior porque para que la posesión sea objeto de la protección en el juicio constitucional, cuando el quejoso se ostenta tercero extraño a las controversias de origen, es necesaria la existencia de un título suficiente que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que exista una base objetiva que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate. Lo que evidentemente tiene que derivar del cumplimiento de las exigencias legales en cada caso particular. De ahí que si en el caso concreto, por sus circunstancias particulares, el contrato de arrendamiento que generó la posesión del quejoso carece de uno los requisitos indispensables para que pueda surtir efectos contra terceros que se establecen en la legislación local. Entonces, debe concluirse que solo podrá ser eficaz para oponerse a los propios contratantes y, por tanto, si en el caso se pretende oponer frente a terceros ajenos a la relación contractual, válidamente puede concluirse que no se acredita el interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, pues para que ello ocurra es necesario cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Apoyan lo expuesto, por similitud jurídica, la tesis VI.T.20 K, localizable a fojas 1649, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materias Común, Novena Época, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SI PARA ACREDITARLO RESPECTO DE LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE EL QUEJOSO OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO EXHIBE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO REGISTRADO EN LA OFICINA DEL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 2988, FRACCIÓN III Y 2989 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, DICHO DOCUMENTO CARECE DE EFICACIA JURÍDICA PARA CONSIDERARLO COMO JUSTO TÍTULO. De conformidad con los artículos 2988, fracción III y 2989 del Código Civil para el Estado de Puebla, los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados por un periodo mayor de cinco años y aquellos en los que haya anticipo de rentas por más de tres, son actos jurídicos que deben registrarse, y no producirán efectos contra terceros si no están inscritos en la oficina correspondiente del registro público; en tal virtud, si el quejoso se ostenta como tercero extraño a juicio y para acreditar su interés jurídico en la posesión de un inmueble exhibe un contrato de arrendamiento que incumple con los requisitos legales antes referidos, es evidente que carece de eficacia jurídica para considerarlo como justo título necesario para que sea protegida su posesión, conforme al criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 1/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 5, de rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." Así como la Tesis I.8o.C.250 C, visible en la página 1693, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, Materias Civil, Novena Época, que dice: "ARRENDAMIENTO, CONTRATOS SUPERIORES A SEIS AÑOS SON INOPONIBLES A UN NUEVO PROPIETARIO, SI NO SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). En términos del artículo 3007 del Código Civil para el Distrito Federal, los documentos que conforme a dicho ordenamiento sean registrables y no se registren, no producen efectos en perjuicio de tercero, y conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 3042 del propio ordenamiento, los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, celebrados por un periodo mayor de seis años, deben inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio; por consiguiente, si en determinado momento un tercero extraño a la relación arrendaticia adquiere la propiedad de un bien inmueble, respecto del cual con anterioridad se celebró un contrato de locación, cuya temporalidad fue superior a seis años y no se encuentra inscrito en el referido registro, no le es oponible." En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, aun cuando se reclama un acto jurisdiccional, implica que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1424/2021, promovido por ********************contra los actos señalados en el segundo considerando de esta resolución, reclamados al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y Actuario adscrito a dicho Juzgado, en término del último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
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