Rubén López Hernández
Expediente 1061/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1061/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rubén López Hernández
- Jueza Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el oficio en línea signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, por medio del cual informa que se aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido del acuerdo dictado el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, que señala: Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1061/2019 e informa los motivos por los cuales no acepta la competencia plantada por este Juzgado Federal. Al respecto, se tiene por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar, acúsese recibo de las constancias recibidas. Ahora bien, en relación con los argumentos expuestos en el oficio de cuenta, se considera que este órgano de control constitucional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, conforme a los razonamientos que se expondrán. En ese contexto, se debe dejar en claro que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, ya que el conocimiento de un asunto no puede quedar sujeto a la voluntad del juzgador o de alguna de las partes. Al respecto, es orientadora la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, de rubro siguiente: "COMPETENCIA". Así como la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1980 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Segunda Parte -TCC Primera Sección- Competencia para conocer del juicio de amparo, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA". En ese sentido, la competencia constitucional de los juzgados de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el numeral 37, de la Ley de Amparo. Dicha disposición constitucional, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: .. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.". El precepto transcrito, es preciso al indicar que el juicio de amparo se promoverá ante el juez bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que no está abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez, para efectos de tramitar el juicio y dictar la sentencia correspondiente. Luego, el numeral 37 de la ley invocada, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los juzgados de Distrito, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis del párrafo primero de dicho precepto, se obtiene que la circunstancia que es de tomar en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que este ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por tanto, como se ha puntualizado, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado y en la especie se verifica fuera del ámbito territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en el acuerdo de trece de junio de dos mil diecinueve, en que se resolvió el medio de impugnación interpuesto contra el diverso de treinta y uno de enero del año en curso, por el que se negó el beneficio de sustitución de la pena privativa de libertad, por una medida de seguridad (arraigo domiciliario), solicitado por la parte quejosa en el expediente de ejecución SIPE 1964/2017-VI. Ahora, como consecuencia del acto reclamado, a partir de ese momento la libertad personal del amparista se encontrará restringida no sólo por la sentencia que lo condenó, sino por la resolución que recayó a su solicitud planteada, por tanto, dicho acto afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que tal privación es consecuencia de la sentencia que se le dictó en el proceso penal que se le instruyó, también es cierto que continuará privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número "05" Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, como consecuencia del acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 633, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Abril 2014, con el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUÍDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido" Por ende, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y el Punto Cuarto, fracción XVIII del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el presente juicio al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz (Xalapa), en turno, solicitándole el acuse de recibo y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. ... Ahora, toda vez que la promovente omitió señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley reglamentaria, notifíquesele este proveído y los subsecuentes, por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio para esos efectos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el oficio signado por el Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, por medio del cual devuelve el oficio 25428 por los motivos ahí expuestos. Al respecto, se tiene por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido del acuerdo dictado el veinte de agosto de dos mil diecinueve, que señala: Cuernavaca, Morelos, a veinte de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón de imposibilidad de notificación de fecha quince de agosto de dos mil diecinueve, por medio de la cual el actuario adscrito a este Juzgado Federal manifiesta la imposibilidad con la que cuanta para notificar al interno quejoso la determinación de nueve de agosto de dos mil diecinueve, en virtud de que con fecha seis de agosto de dos mil diecinueve fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número "05" Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz. Ahora, este órgano de control constitucional considera carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, conforme a los razonamientos que se expondrán. En ese contexto, se debe dejar en claro que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, ya que el conocimiento de un asunto no puede quedar sujeto a la voluntad del juzgador o de alguna de las partes. Al respecto, es orientadora la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, de rubro siguiente: "COMPETENCIA". Así como la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1980 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Segunda Parte -TCC Primera Sección- Competencia para conocer del juicio de amparo, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA". En ese sentido, la competencia constitucional de los juzgados de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el numeral 37, de la Ley de Amparo. Dicha disposición constitucional, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: .. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.". El precepto transcrito, es preciso al indicar que el juicio de amparo se promoverá ante el juez bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que no está abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez, para efectos de tramitar el juicio y dictar la sentencia correspondiente. Luego, el numeral 37 de la ley invocada, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los juzgados de Distrito, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis del párrafo primero de dicho precepto, se obtiene que la circunstancia que es de tomar en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que este ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por tanto, como se ha puntualizado, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado y en la especie se verifica fuera del ámbito territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en el acuerdo de trece de junio de dos mil diecinueve, en que se resolvió el medio de impugnación interpuesto contra el diverso de treinta y uno de enero del año en curso, por el que se negó el beneficio de sustitución de la pena privativa de libertad, por una medida de seguridad (arraigo domiciliario), solicitado por la parte quejosa en el expediente de ejecución SIPE 1964/2017-VI. Ahora, como consecuencia del acto reclamado, a partir de ese momento la libertad personal del amparista se encontrará restringida no sólo por la sentencia que lo condenó, sino por la resolución que recayó a su solicitud planteada, por tanto, dicho acto afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que tal privación es consecuencia de la sentencia que se le dictó en el proceso penal que se le instruyó, también es cierto que continuará privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número "05" Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, como consecuencia del acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 633, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Abril 2014, con el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUÍDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido" Por ende, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y el Punto Cuarto, fracción XVIII del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el presente juicio al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, en turno, solicitándole el acuse de recibo y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. Apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario" (lo subrayado no es de origen). Ahora, toda vez que la promovente omitió señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley reglamentaria, notifíquesele este proveído y los subsecuentes, por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio para esos efectos. NOTIFÍQUESE.
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