Ruben López Guerrero
Expediente 1236/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1236/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ruben López Guerrero
Actuaciones
- Principal
Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa, así como a sus autorizados, el contenido de la determinación de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: VISTO, para resolver el juicio de amparo 1520/2021, promovido por Pregamex, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el veintitrés del mismo mes y año, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Marcos Domínguez Hernández, en representación de Pregamex, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Secretaría de Hacienda y Crédito Público ".Controlar, vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, en el cobro de impuestos, contribuciones, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables". Servicio de Administración Tributaria "Restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet en términos del artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación, así como el uso del certificado de firma electrónica avanzada o el uso de cualquier otro mecanismo opcional que utilice el contribuyente para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet permitido en las disposiciones jurídicas aplicables y llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, todos los actos y procedimientos establecidos en el citado artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación". Administración General de Auditoría Fiscal Federal "La emisión de la resolución en términos del artículo 69 B cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación con número de oficio 500-05-2021-26136 y con número de folio 3613965". Administración Central de Fiscalización Estratégica SEGUNDO. El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1520/2021. Asimismo, previas aclaraciones de demanda, mediante acuerdo de uno de febrero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se requirió a las responsables su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados tienen ejecución en el lugar en que este juzgado de distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama lo siguiente: 1. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Controlar, vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, en el cobro de impuestos, contribuciones, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables. 2. Del Servicio de Administración Tributaria: La restricción temporal del uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet en términos del artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación, así como el uso del certificado de firma electrónica avanzada o el uso de cualquier otro mecanismo opcional que utilice el contribuyente para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet. 3. De la Administración General de Auditoría Fiscal Federal: La emisión de la resolución número 500-05-2021-26136, de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual se comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación. 4. De la Administración Central de Fiscalización Estratégica: La emisión de la resolución número 500-05-2021-26136, de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual se comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. 1. Es inexistente el acto reclamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria y al Administrador General de Auditoría Fiscal Federal El Director General de Amparos contra Actos Administrativos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó el acto que se le atribuyó. Asimismo, la Subadministradora de Amparo e Instancias Judiciales adscrita a la Administración de Amparo e Instancias Judiciales "3", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica, en representación de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria y del Administrador General de Auditoría Fiscal Federal negó el acto reclamado a las autoridades que representa. Con los informes justificados de dichas autoridades se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que hubiere desvirtuado la negativa planteada por las autoridades responsables. Por tal motivo, ante la inexistencia del acto atribuido a la autoridad responsable, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, precepto que a continuación se transcribe para pronta referencia: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos apareciere que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. Por lo anteriormente expuesto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Pregamex, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria y de la Administrador General de Auditoría Fiscal Federal; de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, número IV.3o.72 K, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". CUARTO. Certeza del acto reclamado al Administrador Central de Fiscalización Estratégica del Servicio de Administración Tributaria El Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "3", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica, en representación del Administrador Central de Fiscalización Estratégica del Servicio de Administración Tributaria, aceptó el acto reclamado. Dicha circunstancia se corrobora con las copias certificadas que acompaño a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Acotado lo anterior, para una mejor comprensión de este asunto, se estima necesario precisar los antecedentes más relevantes que antecedieron al acto reclamado: 1. El quince de octubre, once y catorce de diciembre de dos mil veinte, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal "2", con sede en la Ciudad de México, en ejercicio de sus atribuciones de vigilancia, efectuó un análisis al expediente abierto a nombre de la parte quejosa, así como a las bases de datos con que cuenta el Servicio de Administración Tributaria. En la consulta realizada a los sistemas del Servicio de Administración Tributaria el catorce de diciembre de dos mil veinte, esa autoridad detectó que la parte quejosa emitió comprobantes fiscales digitales por internet a diversos contribuyentes durante el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, por distintos conceptos. Asimismo, advirtió que la actividad económica preponderante de la parte quejosa es "Servicios de Consultoría en Administración", que no contaba con sucursales y que en la declaración anual del ejercicio fiscal dos mil dieciséis presentada, no se manifestó información correspondiente a activos fijos. Por tal motivo, la autoridad responsable presumió que la ahora quejosa no contaba con activos fijos para llevar a cabo su actividad económica preponderante, ni para proporcionar los conceptos facturados en sus comprobantes fiscales digitales por internet, para lograr obtener ingresos por la cantidad de $203'651,865.14 (doscientos tres millones, seiscientos cincuenta y un mil ochocientos sesenta y cinco pesos 14/100 m.n.); sin que tampoco hubiera enterado el monto correspondiente por concepto de impuesto sobre la renta. Por tal motivo, y aunado a que la parte quejosa no reportó contar con personal para el desempeño de sus actividades económicas, la autoridad responsable presumió la inexistencia de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales expedidos. 2. Mediante oficio individual número 500-72-02-00-04-2020-3891 de quince de diciembre de dos mil veinte, depositado en el buzón tributario de la parte quejosa el dieciséis siguiente; y mediante oficio 500-05-2021-10853, de seis de abril de dos mil veintiuno, notificado a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria el seis de abril; y en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de abril, ambos de dos mil veintiuno, la autoridad responsable informó a la parte quejosa las irregularidades detectadas y le concedió un plazo de quince días hábiles para que realizara manifestaciones y ofreciera pruebas, a efecto de desvirtuar los hechos dados a conocer. 3. El veintiocho de enero de dos mil veintiuno, la parte quejosa en ejercicio del derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, solicitó una prórroga para entregar la documentación en relación con los hechos dados a conocer en el oficio individual mencionado en el numeral que antecede. Sin embargo, el veintinueve siguiente, la parte quejosa proporcionó diversa información para tratar de desvirtuar las irregularidades detectadas. 4. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, la parte quejosa, presentó información adicional, respecto de los hechos que se le dieron a conocer en el oficio individual precisado en el numeral 2 de este considerando. 5. Una vez analizada la información proporcionada por la parte quejosa, mediante oficio 500-72-02-00-04-2021-11390, de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal del Distrito Federal "2", resolvió que la parte quejosa no desvirtuó la inexistencia de operaciones amparadas por los comprobantes fiscales emitidos en el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. En consecuencia, se determinó que, una vez que transcurriera el plazo de treinta días hábiles posteriores a la notificación de dicha resolución, se agregaría el nombre de la parte quejosa en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron, en términos del artículo 69-B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el cual se publicaría en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, para efecto de declarar que los comprobantes fiscales expedidos por la parte quejosa no producen ni produjeron efectos fiscales. Dicho oficio fue notificado a la parte quejosa el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, según se desprende del hecho señalado con el número 7 del escrito inicial de demanda. 6. En cumplimiento de lo determinado en el oficio detallado en numeral que antecede, a través del oficio 500-05-2021-26136, de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, la Administradora de Fiscalización Estratégica "7", en suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5", y "6", comunicó el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. En el anexo 1 de ese oficio apareció el nombre de la parte quejosa debido a que no desvirtuó el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, razón por la cual se actualizó definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación -se presume la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes-. Dicho oficio constituye el acto reclamado en el presente juicio. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. 1. El oficio 500-05-2021-26136, de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de noviembre del mismo año, no afecta el interés jurídico de la parte quejosa Este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el oficio 500-05-2021-26136, de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de noviembre del mismo año, por medio del cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69- B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación, en el que se encuentra la parte quejosa. Para explicar la aparición de la hipótesis advertida por este juzgador, este considerando se dividirá en los siguientes apartados: a) en primer lugar se explicará el procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; b) luego, se expondrán las razones por las cuales se justifica que la parte quejosa carece de interés jurídico para combatir el oficio reclamado. a. Procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación "Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado. Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco días al plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la documentación e información respectiva, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada en estos términos se entenderá concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior. Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su caso, el de la prórroga, la autoridad, en un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario. Dentro de los primeros veinte días de este plazo, la autoridad podrá requerir documentación e información adicional al contribuyente, misma que deberá proporcionarse dentro del plazo de diez días posteriores al en que surta efectos la notificación del requerimiento por buzón tributario. En este caso, el referido plazo de cincuenta días se suspenderá a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento y se reanudará el día siguiente al en que venza el referido plazo de diez días. Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución. Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, un listado de aquellos contribuyentes que logren desvirtuar los hechos que se les imputan, así como de aquellos que obtuvieron resolución o sentencia firmes que hayan dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, derivado de los medios de defensa presentados por el contribuyente. Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de cincuenta días, quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados, que dio origen al procedimiento. Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este Código. En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código. Para los efectos de este artículo, también se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales, cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes que soportan operaciones realizadas por otro contribuyente, durante el periodo en el cual a este último se le hayan dejado sin efectos o le haya sido restringido temporalmente el uso de los certificados de sello digital en términos de lo dispuesto por los artículos 17-H y 17-H Bis de este Código, sin que haya subsanado las irregularidades detectadas por la autoridad fiscal, o bien emitiendo comprobantes que soportan operaciones realizadas con los activos, personal, infraestructura o capacidad material de dicha persona". Como puede observarse, el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, prevé un procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones, mediante el cual la autoridad hacendaria define a los contribuyentes que han emitido comprobantes fiscales sin tener activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes amparados por dichos comprobantes; o en su caso, el sujeto no sea localizable. Respecto a ese procedimiento específico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 387/2019, consideró que el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, regula el procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones, el cual se compone de las fases o etapas siguientes: Primera etapa: Inicia con la publicación preliminar en la cual se llama al contribuyente que se ubica en la hipótesis de presunción de inexistencia de operaciones, con la finalidad que despliegue una defensa. En el caso que el sujeto pasivo no logre desvirtuar la presunción en comento, se publicará una lista definitiva, con efectos generales, de los contribuyentes que lleven a cabo operaciones inexistentes. Segunda etapa: Inicia una vez que se publica la lista definitiva aludida, momento en el que el contribuyente que haya dado efectos fiscales a las facturas de los sujetos pasivos incluidos en el listado referido, pueden acudir ante la autoridad tributaria a acreditar que recibieron los bienes o servicios que amparan los comprobantes fiscales cuestionados. Sobre las fases en que se compone esa primera etapa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 70/2020, consideró que son las siguientes: I) Mediante el ejercicio de las facultades de vigilancia, las autoridades administrativas detectan la emisión de comprobantes sin que se cuente con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar bienes que amparan esos comprobantes; es decir, que se trate de operaciones probablemente inexistentes. II) Se notifica al contribuyente emisor de los comprobantes fiscales, por buzón tributario, página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación, un primer listado preliminar, en el que se le hace del conocimiento que se ubica preliminarmente en el supuesto de presunción de inexistencia de operaciones. III) Una vez publicado ese primer listado preliminar, el contribuyente emisor de los comprobantes que ampara -presumiblemente- operaciones inexistentes, tendrá un plazo de quince días para manifestar y ofrecer las pruebas que estime convenientes a la autoridad fiscal, para desvirtuar la presunción. IV) La autoridad tributaria analizará y valorará los elementos de prueba aportados por el contribuyente emisor, y dictará una resolución definitiva en la que decidirá si el interesado logró o no desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones, la cual le será notificada mediante buzón tributario. V) En una segunda publicación en el portal del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación, la autoridad hacendaría dará a conocer el listado global definitivo de contribuyentes que a pesar de haber ofrecido pruebas no lograron desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones, así como también de aquellos que sí la desvirtuaron. Ahora, la publicación de ese segundo listado trae como consecuencia que se considere con efectos generales que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente de que se trate no produzcan o generen efectos fiscales algunos. En efecto, la consecuencia de la notificación de la inclusión del contribuyente en el segundo listado referido se centra en determinar que aquel no logró desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones, por lo que los comprobantes fiscales que haya emitido carecen de valor legal. De esa manera, el efecto que produce ese segundo listado es que se considere cierta la presunción de inexistencia de operaciones y, en consecuencia, no se dé valor jurídico a los comprobantes fiscales emitidos por ese contribuyente, en la medida en que no satisfacen los requisitos previstos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. Así, esos documentos no pueden ser considerados como comprobantes fiscales, en la medida en que para tener esa naturaleza deben contener o amparar operaciones que efectiva y materialmente se haya realizado. En esa tesitura, en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se prevé un procedimiento través del cual se determina la verdadera naturaleza de los documentos que se presentan primigeniamente como comprobantes fiscales, pero que pueden ser despojados de esa condición si se acredita que no contienen la totalidad de los requisitos necesarios para considerarlos como comprobantes en materia tributaria. De lo anteriormente expuesto, es posible estimar que el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, regula un procedimiento administrativo que se compone de diferentes actos interrelacionados, vinculados todos con la presunción de inexistencia de operaciones que se amparan al tenor de comprobantes fiscales. b) La parte quejosa carece de interés jurídico para combatir el oficio reclamado Ahora, a fin de desarrollar los motivos por los que el suscrito considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia señalada, es necesario previamente tener presente el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5° y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". Ley de Amparo "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico [.]". Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". De la interpretación sistemática de las porciones normativas transcritas, se advierte en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución general y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el interés jurídico de la parte quejosa que exige el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo constituye la prerrogativa legal que el orden normativo confiere a sus destinatarios y que se traduce en un deber de respeto a cargo de la autoridad, la cual solo puede afectarlo cumpliendo las condiciones que la Constitución general establece para tales efectos. Así, ese poder de exigencia otorgado a los afectados se hace efectivo a través del juicio de amparo, instituido precisamente para salvaguardar los derechos humanos de las personas, pero siempre condicionado a que sea el orden normativo el que conceda dicha prerrogativa a su titular. Por lo tanto, de no existir ese respaldo legal, se carece entonces de interés jurídico y, por tanto, de derecho alguno que preservar con el fallo constitucional. En ese sentido, uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia del juicio de amparo es la demostración plena de un derecho reconocido por el orden jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior debe entenderse en el sentido de que, para la procedencia del juicio constitucional, es necesario que la parte quejosa demuestre ser titular de un derecho tutelado por la ley y de que ha sufrido un agravio en ese derecho. En el caso concreto, la improcedencia del juicio de amparo para reclamar el oficio 500-05-2021-26136, se encuentra en que, con su sola emisión, no se produjo perjuicio alguno en contra de la parte quejosa, dado que se trata de un acto meramente declarativo a través del cual la autoridad hace del conocimiento de la contribuyente la publicación de que, a su criterio, los comprobantes fiscales que ha emitido no cumplen con los requisitos legales. Es importante reiterar que, el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación,transcrito con antelación, prevé la existencia de dos procedimientos con dos publicaciones en el Diario Oficial de la Federación: El primero de ellos, se dirige al emisor de los comprobantes fiscales (primero al penúltimo párrafo). El segundo, que es dirigido a los contribuyentes (receptores) que dieron efectos fiscales a los comprobantes fiscales emitidos (último párrafo), quienes contarán con un plazo de treinta días siguientes a la publicación a que se refiere el párrafo tercero del precepto en cita, para acreditar ante la propia autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los bienes o servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien, en el mismo plazo a corregir su situación fiscal mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan. Ahora, el primer procedimiento inicia desde que se hace saber a un contribuyente que se encuentra en el supuesto de presunción de operaciones inexistentes, mediante una primera publicación que origina la posibilidad de que el contribuyente afectado comparezca ante la autoridad con los elementos probatorios que tenga a su alcance para desvirtuar esa determinación de la autoridad. Con dicha publicación se notifica al contribuyente para que dentro del plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se le hayan efectuado, manifieste lo que a su derecho convenga, y en su caso, aporte la documentación e información que considere pertinente para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlo. Transcurrido el plazo para que la persona contribuyente exhiba la documentación e información con que cuente, y, en su caso, el de la prórroga, la autoridad cuenta en un plazo máximo de cincuenta días, para valorar las pruebas y defensas que se hayan hecho valer y para notificar la resolución en la que en definitiva determine si la presunción de inexistencia de operaciones fue desvirtuada por el contribuyente (párrafo tercero). Treinta días después de dicha notificación, la autoridad emitirá un listado, es decir, realizará una segunda publicación, con efectos generales, en el Diario Oficial de la Federación y en el portal del Servicio de Administración Tributaria en el que incluirá a los contribuyentes que no hayan desvirtuado la presunción. En las condiciones relatadas, el oficio reclamado en el presente juicio de amparo se refiere a esta segunda publicación, pues mediante ese acto se comunicó de manera general el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación. Por lo anterior, la emisión del oficio reclamado no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, que la faculte para promover la demanda de amparo, dado que con él únicamente se dio a conocer con efectos generales, que los contribuyentes listados en su Anexo 1, no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encontraron en forma definitiva en la presunción de haber realizado operaciones inexistentes como consecuencia directa del resolutivo tercero de las resoluciones definitivas que fueron emitidas en términos del párrafo tercero del artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación. En efecto, del contenido del oficio impugnado se desprende que la autoridad procedió a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en su Anexo 1, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos. En el caso particular, la resolución definitiva en la cual se determinó que la parte quejosa se encontraba en el supuesto del mencionado artículo, es decir, que se presume la inexistencia de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales emitidos por ella, se encuentra contenida en el diverso oficio 500-72-02-00-04-2021-11390, de diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Por tanto, el suscrito considera que la emisión del oficio impugnado en el juicio no genera algún perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa puesto que se trata únicamente de la consecuencia prevista en el diverso 500-72-02-00-04-2021-11390, de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, a través del cual hizo de su conocimiento, de manera individual, que no desvirtuó la inexistencia de operaciones amparadas con los comprobantes emitidos, tal y como se advierte de sus puntos resolutivos. Bajo las anteriores consideraciones, se puede afirmar que no quedó demostrado el perjuicio alegado por la parte quejosa con la emisión del oficio 500-05-2021-26136, de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de noviembre del mismo año, por medio del cual se comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69- B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación, pues solamente constituye una mera consecuencia del diverso oficio 500-72-02-00-04-2021-11390, de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en la que se determina que no desvirtuó la inexistencia de las operaciones amparadas con los comprobantes emitidos a los contribuyentes. En otras palabras, el acto aquí reclamado únicamente hace una declaración sobre la inexistencia de las operaciones celebradas por esos contribuyentes, razón por la que no le causa afectación a la solicitante de amparo. En este sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 472/2019, en la que, en la parte que aquí interesa, señaló lo siguiente: ".Cabe precisar que respecto al procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones -aunque en relación con temas distintos al ahora estudiado- ha sido ampliamente explorado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la introducción del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación esta Segunda Sala tuvo la oportunidad de resolver diversos amparos en revisión, y en ellos sentar las bases sobre la naturaleza del procedimiento de que se trata. Entre otros aspectos, se concluyó que las publicaciones a que hace referencia el artículo no son de índole sancionador, pues no tienen por objeto privar al contribuyente de un derecho por haber incumplido una disposición; sino que su finalidad es que la autoridad dé a conocer que existe la presunción de inexistencia de operaciones para que los contribuyentes tengan oportunidad de desvirtuarla ofreciendo pruebas y, posteriormente, en su caso se declarare (en definitiva) una realidad jurídica; es decir, tiene una función correctiva y rectificadora de un estado de cosas. Y si bien esta Segunda Sala en algunos precedentes ha hecho referencia a la exposición de motivos para la introducción de esta herramienta, en la que se señaló que la finalidad del procedimiento era "sancionar" y neutralizar el esquema de emisión o tráfico de comprobantes fiscales centrando la atención en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto es que también se ha concluido que no se encuentra inmerso en el derecho administrativo sancionador; y ni siquiera en las facultades de comprobación de la autoridad previstas en el artículo 42 del código tributario federal. Específicamente, el objetivo de la adición del artículo 69-B fue: Neutralizar el esquema de adquisición o tráfico de comprobantes fiscales centrando la atención en los contribuyentes que pudieran realizar fraude tributario. Evitar un daño a la colectividad, garantizando su derecho a estar informada sobre la situación fiscal de los contribuyentes que realizan este tipo de operaciones simuladas. Además, esta Segunda Sala también ha resuelto que el procedimiento en comento no tiene por objeto conocer irregularidades, sino que constituye un marco de condiciones que - mediante una presunción iuris tantum- se orienta a descubrir la verdadera naturaleza de los documentos emitidos por los contribuyentes autorizados para ello, así como de aquellos que pretendan amparar un acto o actividad determinada. Por tanto, si de conformidad con la relatoría jurisprudencial de esta Segunda Sala no se trata de un procedimiento sancionador ni de una facultad de comprobación, la consecuencia de la notificación respecto de la inclusión del contribuyente en el segundo listado, es determinar que no logró desvirtuar la presunción iuris tantum y que por ende, los comprobantes fiscales emitidos carecen de valor legal. En efecto, como ya se precisó, la primera publicación es parte de los actos procesales con los que inicia el procedimiento que culminará con determinar si efectivamente, los contribuyentes se encuentran en la situación de emitir comprobantes fiscales sin las operaciones y actividades que los amparan. Así, si bien el procedimiento puede derivar en que los comprobantes fiscales emitidos por el contribuyente no produzcan efectos fiscales; de ello no se sigue un agravio fiscal ni una resolución definitiva que traiga consigo la posibilidad de incoar el procedimiento administrativo, ya que si bien la inclusión del contribuyente en el segundo listado implica una consecuencia "negativa", ésta se traduce en que sea cierta la presunción que se efectuó en el sentido de que no se llevaron a cabo las operaciones que pretenden acreditar con los documentos, porque el hecho de que cumplan con los requisitos formales que caracterizan a los comprobantes fiscales y que se encuentran contenidos en el artículo 29-A del mismo ordenamiento, esto es, que los documentos exhibidos no son comprobantes fiscales, pues para tener tal naturaleza deben amparar operaciones que realmente se realizaron. Esto es, lo previsto en el artículo 69-B referido, constituye un procedimiento mediante el cual se define la verdadera naturaleza a unos documentos que al no contener todos los requisitos necesarios, no producirán efecto fiscal alguno, porque no son comprobantes fiscales en los términos de la ley. Aunado a lo aquí señalado, esta Segunda Sala también ha resuelto que el procedimiento en comento no tiene por objeto conocer irregularidades, sino que constituye un marco de condiciones que - mediante una presunción iuris tantum- se orienta a descubrir la verdadera naturaleza de los documentos con los que los contribuyentes que expiden y los que reciben comprobantes pretenden amparar un acto o actividad determinada. [.] Así, conforme al criterio sustentado por esta Segunda Sala se concluye que el oficio mediante el cual se da a conocer al contribuyente su inclusión en el segundo listado a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y que a criterio de la autoridad, los comprobantes fiscales que ha emitido no cumplen con los requisitos legales, no constituye una resolución impugnable en el juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues se trata de un acto declarativo a través del cual la autoridad sólo hace del conocimiento al contribuyente la publicación de esa situación; caso diverso al del juicio contencioso administrativo incoado en contra de la resolución definitiva que determina que el contribuyente no desvirtuó la presunción de operaciones inexistentes que sustentan los comprobantes fiscales que expide, pues con base en esa determinación es cuando el contribuyente emisor resiente un agravio fiscal en su esfera de derechos y, por ende, cuando procede el juicio contencioso administrativo". De la ejecutoria anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 23/2020 (10a.), que dice lo siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL OFICIO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SU INCLUSIÓN EN EL LISTADO DE AQUELLOS QUE NO DESVIRTUARON LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES A QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE JUNIO DE 2018. De acuerdo con el párrafo primero del numeral citado, la autoridad fiscal podrá presumir la inexistencia de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente, si detecta que éste no cuenta con la capacidad operativa para otorgar los servicios o entregar los bienes respaldados en tales comprobantes, o bien, que se encuentra no localizado. Ante ello, el párrafo segundo dispone que la autoridad deberá notificar a los contribuyentes que se encuentren en esa situación, a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que en el plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones efectuadas, manifiesten ante dicha autoridad lo que a su derecho convenga y aporten la documentación e información con la que pretendan desvirtuar la presunción que existe en su contra. Por su parte, el párrafo tercero establece que una vez transcurrido aquel término, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días: 1) valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; 2) notificará su resolución a los contribuyentes a través del buzón tributario; y 3) treinta días posteriores a esta notificación publicará en el medio oficial y página electrónica referidos, un listado de los contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputó y que, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el párrafo primero del artículo en comento. Lo anterior permite concluir que es la notificación de la citada resolución [identificada en el inciso 2)] la que causa un perjuicio al contribuyente impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En consecuencia, si la autoridad hacendaria mediante oficio hace del conocimiento del contribuyente su inclusión en el listado aludido, en contra de tal oficio no procede el juicio contencioso administrativo, puesto que no constituye una resolución que cause agravio en términos del artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica del mencionado tribunal, sino que es una consecuencia directa de la resolución de la autoridad fiscal por la que determinó que dicho contribuyente no desvirtuó la presunción actualizada en su contra". De las consideraciones y de la jurisprudencia transcrita se desprende, en lo que atañe al caso concreto, que la Segunda Sala de la Suprema Corte estableció que el oficio mediante el cual se da a conocer al contribuyente su inclusión en el segundo listado a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, relativo a los contribuyentes que al no haber desvirtuado los hechos que se les imputaron, y que por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo de dicho precepto, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, únicamente tiene como objeto hacer una declaración de la realidad jurídica; es decir, se trata de un acto declarativo a través del cual la autoridad sólo hace del conocimiento al contribuyente la publicación de esa situación. Por lo tanto, debido a que el oficio reclamado solo es un acto meramente declarativo emitido como consecuencia de la resolución definitiva notificada de manera individual a la parte quejosa, en la que se resolvió que no había desvirtuado la presunción de inexistencia de operaciones con contribuyentes, puede concluirse que no le genera afectación a su esfera jurídica; razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse una causa de improcedencia, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Del artículo anterior se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando sobreviene alguna causa de improcedencia prevista en la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 61, fracción XII y 5º, fracción I, en relación con el diverso 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo; y del artículo 107, fracción I, de la Constitución general, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Pregamex, Sociedad Anónima de Capital Variable. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Pregamex, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria que da fe, hasta hoy veintidós de septiembre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de septiembre de dos mil veintidós Por recibida la demanda de amparo promovida por Rubén López Guerrero, contra actos de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Incompetencia Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda de amparo de que se trata, se advierte que, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio las determinaciones emitidas por los diversos órganos jurisdiccionales consultables en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte la existencia del juicio de amparo 15/2020, del índice del Juzgado primero de Distrito en el Estado de Morelos, en el que aparece como parte quejosa Rubén López Guerrero, en el cual señalo como autoridad responsable a la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y como acto reclamado la omisión de desahogar las pruebas el juicio laboral 01/1018/17. En ese sentido, es dable concluir que el acto reclamado en el presente juicio de amparo tiene estrecha relación con el acto que fue reclamado en el juicio de amparo tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, toda vez que ambos actos se relacionan con el juicio 01/1018/17 del índice de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, del que tuvo conocimiento el Juzgado en mención. En ese contexto, este juzgador considera que no es competente para conocer del presente asunto, en atención a que la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional, que se concreta con la disposición contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece como obligación de todo Juez de Distrito, la siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto legal establece las reglas de competencia de los Juzgados de Distrito cuando los actos reclamados requieren de ejecución material, no obstante, en el caso que nos ocupa, debemos atender no a la citada regla general sino a la especial, contenida en la Sección Octava, relativa al Sistema de Turno de Asuntos, específicamente los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintiuno de mayo de dos mil quince y su reforma de catorce de marzo de dos mil dieciséis y dos de enero de dos mil diecisiete, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, del Poder Judicial de la Federación. Los citados dispositivos legales prevén lo siguiente: Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: I. Forma aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema automatizado de turno, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. Tratándose de concentraciones de procedimientos, exclusiones de turno, turnos a órganos jurisdiccionales de guardia, y todos aquellos que no tengan relación con las fracciones I y II del presente artículo, el turno se realizará de manera automática, a través del sistema, a los órganos jurisdiccionales que corresponda, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables o la determinación del órgano competente. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. ... II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos; III. Los recursos de revisión, queja y la inconformidad, relacionados con el mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnarán al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado en el sistema, aun si se trata de otro recurso o un amparo directo; con excepción de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma carpeta de investigación o causa penal, al que tenga el último antecedente del asunto; V. Las demandas de amparo en las que el acto reclamado se emita en cumplimiento de lo ordenado en un diverso juicio de amparo; VI. ... VII. Los recursos de apelación que deriven del mismo expediente o causa penal, al Tribunal Colegiado de Apelación que tenga el último antecedente registrado; VIII. a X. ... XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido en antecedente registrado; XII. Los casos en los que, por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional; XIII. Las demandas de amparo o recursos que se refieran al mismo acto de autoridad, con excepción de aquellos presentados por distintos quejosos en contra de una misma norma general u omisión o cuando se trate de un diverso acto de aplicación de la norma; XIV. La denuncia por declaratoria general de inconstitucionalidad se turnará al órgano que tenga el último antecedente registrado si se promueve contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sin importar que el antecedente sea un juicio de amparo u otra denuncia por declaratoria general de inconstitucionalidad; XV. La ampliación de demanda se turnará al órgano jurisdiccional que la tuvo por no interpuesta o por no presentada, al ser éste el que tiene el último antecedente registrado; y XVI. Los demás que determine la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. Quedan exentas de crear antecedente para la relación con posteriores asuntos las medidas precautorias de arraigo; aseguramiento; embargo; órdenes de cateo; intervención de comunicaciones que resulten indispensables para las averiguaciones previas o integración de carpetas de investigación; los conflictos competenciales, los incidentes de inejecución de sentencia, las quejas urgentes, las demandas que deriven de una separación de juicios, los procesos civiles federales, mercantiles y administrativos así como los concursos mercantiles. No se relacionarán los asuntos que no se encuentren contemplados en el presente artículo, con excepción de las hipótesis previstas en los criterios específicos de relación determinados por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos es el órgano facultado para regular los aspectos relativos al turno y distribución de los asuntos. Dicha Comisión, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, podrá determinar criterios específicos de relación, los cuales deberán comunicarse a las oficinas de correspondencia común por conducto de la Dirección General de Gestión Judicial y publicarse para su conocimiento general, en un listado que se difundirá en los portales de intranet e internet del Consejo. Este listado se elaborará y mantendrá actualizado por la citada Secretaría." Ahora, este Juzgado Tercero de Distrito estima que en el caso en concreto se actualiza el criterio de relación previsto en el artículo 46, fracción II, del citado Acuerdo General, pues el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, conoció del juicio de amparo 15/2020, promovido por Rubén López Guerrero, en el cual señalo como autoridad responsable a la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos derivado del juicio 01/1018/17. De lo anteriormente descrito se advierte que el Juzgado Primero de Distrito con sede en esta ciudad, ya conoció de otro amparo promovido contra actos derivados del juicio 01/1018/17, de ahí que se actualiza el criterio de relación previsto en el artículo 46, fracción II, del referido Acuerdo General. En tales circunstancias, este Juzgado Federal declara ser legalmente incompetente por razón de turno (antecedente directo), para seguir conociendo del presente juicio de amparo y estima que el Juzgado Primero de Distrito con sede en esta ciudad, es el que debe conocer del mismo; por tanto, ordena enviarle el presente asunto, a fin de que decida si acepta o no el conocimiento del mismo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2ª/J. 194/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, diciembre de 2010, materia común, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA POR TURNO. SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CUANDO DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES CONOCEN DE ASUNTOS CON HECHOS O ANTECEDENTES COMUNES. El Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y se instaura nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, establece que, previo a la asignación aleatoria del asunto, los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verificarán si debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros, en el supuesto del inciso b) de dicho artículo, esto es, cuando se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Ahora bien, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver un asunto, conoce previamente de hechos o antecedentes iguales a los de otro, tal conocimiento debe aprovecharse para determinar la competencia a efecto de conocer del asunto posterior derivado de aquéllos y evitar posibles sentencias contradictorias, sin que sea óbice que el supuesto del aludido inciso b) únicamente se refiera a cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía, y que en el supuesto indicado no se trate de un recurso de revisión, queja o reclamación, sino de un asunto jurisdiccional nuevo, pues dicho inciso debe interpretarse en un sentido amplio, es decir, por mayoría de razón, por lo que si procede el turno del asunto por conocimiento previo de un recurso, con mayor razón por conocimiento previo de hechos o antecedentes comunes, pues así se evita el dictado de sentencias contradictorias." Con copia de la demanda de amparo, fórmese cuadernillo de antecedentes, solicitando de la manera más atenta acuse de recibo, así como la comunicación de la aceptación de la competencia planteada a su favor. Domicilio y autorizados. Se tiene por señalado el domicilio que indica para los efectos de oír y recibir notificaciones y por autorizados a las personas que refiere para los efectos que precisa. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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