Ruben Huerta Gonzalez

Expediente 560/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
560/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
17/12/2021

Partes del expediente

  • Ruben Huerta Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de seis de diciembre de dos mil veintiuno, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Recepción de incompetencia. Por recibido el oficio de cuenta proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, al que se anexó los autos del juicio de amparo 560/2021 y testimonio de la resolución emitida el doce de noviembre de dos mil veintiuno en el conflicto de competencia número 5/2021, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Sí existe conflicto de competencia. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, en funciones de Juez de Distrito, con residencia en Celaya, para conocer de la demanda de amparo promovida por Rubén Huerta González, en contra de los actos reclamados a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el Subdelegado de Prestaciones Económicas, Delegación Estatal en Coahuila; el Jefe del Departamento de Pensiones, Delegación Estatal en Coahuila y Jefe de la Unidad Jurídica, Delegación Estatal en Coahuila -los tres últimos- pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistentes en la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad, dictada el catorce de julio de dos mil diecisiete, en la que refirió se le reconoció el derecho a un incremento a su cuota pensionaria y el pago retroactivo de las diferencias existentes, en los autos del juicio de nulidad 6892/16-10-01-9, respecto de la cual interpuso recurso de queja, mismo que declaró fundado, al que deberá remitirse el expediente relativo." Acúsese recibo a la superioridad; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En atención al artículo 20, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, glósense únicamente las actuaciones originales que se encuentren en el cuaderno de antecedentes y una vez hecho lo anterior, el referido cuadernillo deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude dicho artículo; mientras transcurre tal término, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Determinación en cuanto a la competencia. En estricto acatamiento a lo resuelto por la superioridad, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata, en el entendido que se encuentra registrado con el número de expediente 560/2021-4. Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda y el escrito aclaratorio, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Causal de improcedencia. En ese sentido, del análisis que se efectúa a la demanda de amparo, esta juzgadora advierte de oficio que actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el cual refiere lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." El precepto transcrito prevé la causal de improcedencia de cambio de situación jurídica, que se verifica cuando posteriormente a la emisión del acto reclamado sobreviene un nuevo acto que modifica la situación del primero, de modo que no es posible analizar aquél sin que afectar la situación creada por el segundo acto; resultando, por tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto impugnado. Sobre el particular, para tener por actualizada la causal de improcedencia en estudio, es necesario [1] que el acto reclamado en el juicio de amparo provenga de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; [2] que se emita un nuevo acto que cambie la situación jurídica de aquél; y [3] que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del primero sin afectar la nueva situación creada por el segundo. Además, jurisprudencialmente se ha establecido [4] que debe existir autonomía o independencia entre el acto reclamado y el nuevo acto, de modo que este pueda subsistir con independencia de que el primero resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2a. CXI/96 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 199808, de la Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, página 219, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso, el promovente del amparo se duele, en esencia, de la omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de nulidad dictada en el controvertido de origen, acto que reclama a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tal y como lo precisó en el escrito aclaratorio presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. A fin de evidenciar lo anterior, se inserta la siguiente imagen: Ahora, con la finalidad de evidenciar que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, se destacan los antecedentes, obtenidos de la narrativa realizada bajo protesta de decir por parte del promovente, siendo los siguientes: El catorce de agosto de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva, en la cual se le reconoció el derecho a un incremento en su cuota pensionaria y al pago retroactivo de las diferencias que existieren en su favor. Que a la fecha las autoridades demandadas no han cumplido cabalmente con dicha sentencia. Que el treinta de abril de dos mil diecinueve, promovió un recurso de queja en contra de dicha omisión, la cual se resolvió favorablemente a sus intereses el cuatro de julio de esa anualidad y se otorgó a las demandadas el plazo de veinte días a efecto de que dieran cabal cumplimiento a la sentencia de nulidad. Las autoridades demandadas siguen sin cumplir con la condena que les fue impuesta. Omisión reclamada en el presente asunto. El diez de mayo de dos mil veintiuno, la sala responsable decretó la caducidad del procedimiento. Lo anterior pone de manifiesto que existe un cambio de situación jurídica en relación con la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio de nulidad de origen, toda vez que dentro del referido procedimiento sobrevino una resolución emitida por la sala responsable, mediante la cual se declaró la caducidad del procedimiento, de modo que no es posible analizar la omisión originalmente reclamada sin afectar la nueva situación creada. En tal virtud, se cumplen los requisitos enunciados que configuran la improcedencia del juicio de amparo en términos de la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia. Ello es así, pues en primer lugar, el acto reclamado se presentó en el contexto del cumplimiento de una resolución de nulidad emitida por un tribunal administrativo, cuyo procedimiento se configura por diferentes fases hasta lograr el total acatamiento total de una sentencia, en caso de que esta haya resultado favorable a los intereses del particular. Con lo cual se cumple con el requisito descrito en el punto 1. En segundo lugar, si en el juicio de nulidad existió contumacia de las autoridades demandadas de acatar el fallo de nulidad y, posteriormente, la sala del conocimiento declaró la caducidad del procedimiento, es indudable que con ello se modificó la situación jurídica de la omisión reclamada, motivo por el cual no es posible analizar en abstracto la referida omisión sin afectar la situación creada por la nueva resolución que calificó el cumplimiento. Con lo cual se cumplen los requisitos señalados en los puntos 2 y 3. En tercer lugar, existe autonomía o independencia entre la omisión reclamada y el auto que decretó la caducidad, debido a que la determinación que declaró la caducidad en el procedimiento de origen puede subsistir con independencia de que la omisión reclamada resulte o no inconstitucional, con lo que se satisface el cuarto requisito. En las relatadas condiciones, se han consumado irreparablemente las violaciones que pudiese contener la omisión reclamada, la cual ha sido sustituida por una diversa resolución, como lo es el auto que decretó la caducidad del procedimiento, por lo que resulta claro que se presenta un cambio de situación jurídica, lo que impide a esta juzgadora entrar al estudio de fondo del acto que se reclama en el presente juicio y decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este, sin afectar la nueva situación jurídica del peticionario de amparo; de ahí que, se concluye la materialización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues es patente que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica. En consecuencia, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia. Háganse las anotaciones procedentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que suscribe el actuario judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila; así mismo, que dicho conflicto fue registrado con el número **.

  4. Principal

    Por recibido el oficio y anexos que remite el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, con el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 560/2021 del índice de este juzgado (******de su estadística) y manifiesta que no acepta la competencia planteada, por los motivos expuestos en su acuerdo dictado el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Respetuosamente, se disiente del criterio sostenido por el juez que no aceptó la competencia y se insiste en declinarla por las siguientes razones: Es pertinente aclarar que la litis competencial se centra en que las consecuencias materiales de la omisión reclamada están siendo resentidas por el quejoso en el lugar donde tiene su domicilio, esto es, en el ejido *****; y frente a este supuesto, la Ley de Amparo en su artículo 37, establece las reglas competenciales en razón de territorio, en concordancia con la ejecución del acto reclamado. La razón por la que se insiste en declinar la competencia es: como ya se estableció en la resolución de incompetencia, si el artículo 37 de la Ley de Amparo prevé que el juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Entonces, si en esta instancia el acto reclamado se hace consistir en la omisión de las autoridades responsables de dar cumplimiento a la resolución del recurso de queja por incumplimiento de la sentencia en la cual se le reconoció el derecho a un incremento en su cuota pensionaria y al pago retroactivo de las diferencias que existieren a favor del quejoso; lo cual se traduce en que dicha omisión genera efectos positivos en la esfera jurídica del agraviado, ya que se encuentra recibiendo el pago de la pensión jubilatoria sin la actualización correspondiente, y dicho acto se está ejecutando en el domicilio donde se desenvuelve el promovente del amparo, como ya se dijo, en el ejido ******, demarcación territorial en la que ejerce jurisdicción el juez de Distrito que no aceptó la competencia, tal como se hizo ver en la resolución respectiva; y, acorde con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción PC.XVI.A JA/23 A (10ª), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con registro 2019174, del Semanario Judicial de la Federación, que al efecto se citó. En tales condiciones, esto es, ante la existencia de un conflicto competencial, con apoyo el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como el diverso 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en turno, con residencia en Guanajuato, Guanajuato para que tenga a bien resolver. Mediante oficio que derive del presente auto comuníquese lo anterior al juez Segundo de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, con número de registro 200280, Novena Época, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Página: 26, que es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO ENTRE TRIBUNALES UNITARIOS O JUECES DE DISTRITO. COMO DIRIMIR EL CONFLICTO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Conforme al artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los conflictos de competencia que se susciten en los juicios de amparo, ya sea entre Tribunales Unitarios de Circuito o entre jueces de Distrito, debiéndose añadir que si los??? contendientes tienen distinta especialidad por materia o pertenecen a distinta jurisdicción, conocerá el Tribunal Colegiado en turno que tenga la misma especialidad por materia del que previno, si son de la misma jurisdicción, o el Tribunal Colegiado en turno que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno, si son de distinta jurisdicción, independientemente de la materia de especialización de los órganos judiciales, conforme al sistema expresamente señalado en la nueva ley, sin que pueda interpretarse que esa decisión corresponde a la Suprema Corte, pues es clara intención del legislador desahogarla de un gran número de conflictos de carácter secundario para que se dedique a su misión fundamental de ser guardián supremo del orden constitucional, independientemente de que el artículo 52, cuarto párrafo de la Ley de Amparo que otorga competencia a la Suprema Corte para resolver algunos conflictos competenciales quedó derogado por la disposición antes mencionada en los términos del artículo tercero transitorio de la ley orgánica citada.

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