Rubén Gómez Gasca

Expediente 469/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
469/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
14/06/2016

Partes del expediente

  • Rubén Gómez Gasca

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto dictado el dos de junio de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por ********, sin que lo hayan hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copias simples del auto que indica, previa razón de recibo que se deje en autos.

  3. Principal

    Vistos los escritos de cuenta signados por el quejoso *************, mediante los cuales se le tiene, en tiempo y forma, dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de veinticuatro de mayo de los actuales. Ahora bien, con la finalidad de proveer respecto a la admisión de la demanda de amparo, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 890, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente destacar que el acto reclamado por la quejosa en la presente instancia consiste en la resolución de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones, derivado del Juicio Ejecutivo Mercantil número *****, del índice del Juez Cuatro Civil de Partido en esta ciudad. De lo anterior se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. Ahora bien, la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Del artículo citado se advierte, que la procedencia del juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa, está condicionada a que el gobernado agote los recursos legales establecidos en la ley que regula el acto que reclama. Esto es, que previamente a la promoción del juicio de amparo, se deben sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que se tengan al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de derechos como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados, por lo que lógicamente, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente reconocidos. En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. No obstante lo anterior, por regla general existen tres casos de excepción al citado principio previstos en la transcrita fracción XVIII, del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que son: 1) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, resolución que niegue la libertad bajo caución, orden de arresto, o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, 3) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Asimismo, se advierte que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Así, la primera de las excepciones se refiere a aquellos casos en que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; el segundo, cuando el acto reclamado consista en órdenes que afecten la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y el tercero, se refiere a los terceros extraños al juicio o procedimiento, quienes no están obligados a agotar los recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, según lo dispuesto por el artículo 107 Constitucional, fracción III, inciso c), del máximo ordenamiento, lo que aparece reproducido en el numeral antes citado. Como se señaló en párrafos precedentes, el acto reclamado el quejoso, los hizo consistir en la resolución de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones, derivado del Juicio Ejecutivo Mercantil número M-63/2010, del índice del Juez Cuatro Civil de Partido en esta ciudad. Ahora bien, a fin de determinar la procedencia del medio de impugnación idóneo para controvertir dicho proveído, se transcriben los artículos correspondientes del Código de Comercio aplicable al año dos mil diez, toda vez que ese fue el año en que se promovió el juicio génesis del acto reclamado, lo que se corrobora con las manifestaciones vértidas por el quejoso en su demanda, al referir que es el juicio ejecutivo mercantil M-63/2010, por lo que es aplicable "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, publicadas el treinta de diciembre de dos mil ocho". Los artículos a analizar rezan a la letra: "Artículo 1339. Sólo son recurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el último párrafo de la fracción VI del artículo 1253. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al párrafo anterior, lo serán por la apelación que se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código. Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse en forma anual, de acuerdo con el factor de actualización que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre del año que se calcula, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre del año inmediato anterior que determine el Banco de México y, a falta de éste será aplicable el que lo sustituya. El Consejo de la Judicatura Federal, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, del Distrito Federal y de los Estados, tendrán la obligación de hacer saber a los juzgados y tribunales de su jurisdicción, el factor de actualización al que se refiere el párrafo anterior." Artículo 1345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) V. Contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente;" De estos preceptos legales se advierte que la ley adjetiva aplicable establece, en lo que interesa, el medio de impugnación denominado apelación; el cual procede contra sentencias definitivas, sentencias interlocutorias o autos definitivos que pongan término al juicio, siempre y cuando recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos por concepto de suerte principal. En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 1339 y 1345, fracción V, del Código de Comercio, la resolución que se combate en el presente juicio de amparo, es atacable mediante el recurso de apelación, toda vez que el valor de la suerte principal en el juicio de origen excede de doscientos mil pesos, pues la misma asciende a la cantidad de un millón ochocientos cinco mil pesos, según lo manifestado por el propio quejoso; de ahí que, resulta inconcuso que si la ley aplicable contempla un medio de defensa legal que tiene por objeto que el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, la quejosa, previamente a intentar la acción constitucional debió haber agotado el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, interponiendo contra la resolución de veintinueve de abril del año en curso, el recurso de apelación a que se contrae el ordenamiento legal ya antes invocado. Cobra aplicación, el criterio contenido en la tesis sostenida por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXIV, Materia Común, visible en la página 128, que reza: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." En consecuencia, el acto que por esta vía reclama el promovente, lo constituye aquél que puede ser confirmado, revocado o modificado, mediante el medio de impugnación que la ley de la materia establece para ello, pues siendo parte, está obligado a que deba agotarse el recurso previsto por la ley, previamente a intentarse el juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, pues no obstante que dicho acto pudiera considerarse de imposible reparación, lo cierto es que el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, señala expresamente que el amparo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J 44/2012 (10a) aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia Común, visible 729, cuyo rubro y texto señalan: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo.? Por tanto, al acreditarse que no se agotó el requisito de definitividad, es evidente que con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de cuenta, presentada por *********, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de la materia en vigor. Se tiene por revocados a los autorizados que señalados en su escrito de demanda y por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************, al contar con registro de su cedula en el sistema con el que se cuenta para tal efecto.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo, promovido por **********, contra actos del Juez Cuarto Civil de Partido en esta ciudad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 469/2016. Ahora bien, de las propias manifestaciones vertidas por el quejoso en su escrito de demanda, se evidencia que el acto reclamado consiste en la resolución de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones, derivado del Juicio Ejecutivo Mercantil número M-63/2010, del índice del Juez responsable, procedimiento en el que le recae el carácter de parte demandada, sin que allegara los datos necesarios para estar en condiciones de proveer lo que corresponda respecto a su ocurso. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 108, 110 y 114, fracción I de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, para que precise: 1. Cuándo tuvo conocimiento exacto del acto reclamado (la resolución de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones, derivado del Juicio Ejecutivo Mercantil número M-63/2010, del índice del Juez responsable); 2. Precise a cuánto asciende la cuantía en el juicio de origen; y 3. Señale si contra el acto reclamado, promovió algún recurso o medio de defensa ordinario. Lo anterior, se reitera, se trata de datos indispensables para proveer respecto de la demanda planteada. Debiendo exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio, para traslado a las partes, esto es, una para la autoridad responsable (1), una para el tercero interesado (1) y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito (1). Apercibido que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada, en términos de lo previsto en el numeral 114 penúltimo párrafo de la ley en cita. Finalmente, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a J*********** quien -como se advierte de la certificación de cuenta- no tienen inscrita su Cédula Profesional Federal, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y señala domicilio para tales efectos las listas que se fijan en los estrados de este juzgado

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