Rubén Hernández Paco
Expediente 538/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 07/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rubén Hernández Paco
- Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Con Sede En la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
El siete de julio de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del cuatro al diecinueve de mayo de dos mil veintidós, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos. No se tramitó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a siete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en este juicio el veintinueve de abril del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. EMVG 19794 y 19795 En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del ocho de julio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con veinticinco minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 538/2020, se encuentra en audiencia pública Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Juan García Camacho, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, el informe justificado rendido por la autoridad responsable y demás constancias que integran el expediente. A lo anterior, el Juez provee: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las que exhibió la parte quejosa y la autoridad responsable en su informe justificado. El juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el Secretario da cuenta con que ninguna parte los formuló. A lo que el Juez dispone: Con apoyo en el artículo 144, del citado ordenamiento legal, se tiene por formulados y por perdido el derecho de las demás partes para formularlos se tienen por perdido ese derecho a las partes. Al no existir diligencias pendientes de desahogar, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a emitir la resolución correspondiente. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 538/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas el tres de noviembre de dos mil veinte, Rubén Hernández Paco, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto y las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. La parte quejosa señaló vulnerados en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 5 y 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de referencia correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, la cual se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente 538/2020; se admitió a trámite mediante proveído de seis de noviembre de dos mil veinte; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación; y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. El día de la fecha se celebró la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en el acta respectiva y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado emana de una autoridad cuyo domicilio se encuentra en el territorio en el que se ejercen funciones de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis en conjunto del escrito que constituye la demanda de amparo, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo expresado en la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En el caso, el acto reclamado en el presente juicio de amparo a las autoridades responsables, en su respectivo ámbito de competencia: La omisión de dar respuesta a la petición que formuló el tres de septiembre de dos mil veinte. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable titular de la Secretaría de Seguridad y protección ciudadana con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto reclamado y agregó que ya se había dado respuesta al quejoso. Además, del escrito por el cual se otorgó respuesta al quejoso se desprende que mediante volante número SSPC-20-09-02429, su escrito de petición fue turnado al Comisario General Luis Rodríguez Bucio Comandante de la Guardia Nacional, a efecto de que diera respuesta al quejoso. Asimismo, la respuesta dada por la autoridad responsable no estaba acreditado que se hubiere notificado al solicitante de amparo, elemento que forma parte del derecho de petición. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2167, registro digital 162603, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." Lo anterior, se corrobora de las documentales aportadas tanto por la parte quejosa (fojas 8 a 11), así como de la autoridad responsable (fojas 50 a 62), a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 133, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, sea que la invoquen las partes, o se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)". Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Criterio que continúa vigente, a pesar de haberse emitido a la luz de la Ley de Amparo abrogada, por así permitirlo el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior, toda vez que la causa de improcedencia invocada está prevista en términos idénticos tanto en la Ley de Amparo vigente, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado si no que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso que nos ocupa el quejoso manifiesta que el tres de septiembre de dos mil veinte, vía correo certificado, presentó escrito por el cual solicitó se le informe cuales son los registros a su nombre que obran en el sistema informático Plataforma México, ante la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana con sede en la Ciudad de México. Lo anterior, pues expresó que en enero de dos mil veinte se presentó en el módulo de reclutamiento de la Guardia Nacional con la intención de solicitar su ingreso a la misma, pero fue informado que no podía ser admitido en el proceso de reclutamiento por encontrarse registros en el sistema informático Plataforma México. Luego, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, manifestó que en cumplimiento a lo que establece el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno (foja 35) turnó dicha petición al Comisario General Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional. En ese sentido, anexó a su informe justificado (foja 34), copia del oficio SSPC/UGAJT/05147/2021, de treinta de noviembre de dos mil veinte, dirigido al Comisario General Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional. De cuya documental, se advierte que efectivamente el escrito de petición del solicitante de amparo fue turnado al Comandante de la Guardia Nacional, por ser la competente para dar respuesta a su solicitud; sin embargo, esta circunstancia no fue hecha de su conocimiento. No obstante lo anterior, de las constancias que integran este juicio de amparo, se obtiene que por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (foja 37), este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 117 de la ley de la materia, ordenó agregar a los autos de este juicio, con vista a las partes, la constancia que remitió la autoridad responsable, ello en apoyo a su informe con justificación, acuerdo que se notificó a la parte quejosa el uno de junio de dos mil veintiuno. Apoya a lo anterior, las razones que sustentan la resolución dictada en el Incidente de Inejecución 460/1998, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, que dio origen a la Jurisprudencia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, página 469, registro digital 194060, de rubro y texto: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida a ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Asimismo, orienta a lo anterior, por las razones que la sostienen, la tesis I.3o.A.591 A, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-1, febrero de 1995, página 169, registro digital 209059, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICION. LA AUTORIDAD A QUIEN SE HA DIRIGIDO LA PETICION ESTA OBLIGADA A DAR CONTESTACION A LA MISMA. El hecho de que materialmente le resulte imposible al Secretario de Hacienda y Crédito Público dar contestación a los escritos de petición que se le formulan, o atender todas y cada una de las solicitudes presentadas por los peticionarios o bien, aducir que para tal efecto existen unidades administrativas con facultades otorgadas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, competentes para desahogar o despachar esas peticiones, en tanto que son departamentos administrativos subordinados, no justifica la omisión de la autoridad en dar respuesta al particular peticionario. Independientemente del cúmulo de trabajo que tiene que desarrollar el titular de la secretaría referida, el artículo 8o. constitucional establece la obligación de dar contestación a las peticiones formuladas, a aquellas autoridades a quienes van dirigidas éstas y no a otras diversas. Así pues, para satisfacer el derecho de petición será suficiente que se informe o haga del conocimiento del peticionario, en forma personal, bien que la autoridad en cuestión es incompetente para resolver su solicitud, bien que se ha turnado ésta a otra autoridad interna o subordinada sin que, necesariamente, deba resolverse el problema planteado en la petición o peticiones formuladas a la autoridad respectiva. En consecuencia, si bien es cierto que conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existen unidades o departamentos administrativos encargados de atender las peticiones formuladas al titular de la dependencia, este hecho no lo exime del deber de turnar las peticiones a dichas unidades y hacer del conocimiento del peticionario el trámite que siguieron sus peticiones y a qué autoridad subordinada se remitieron." (lo resaltado es propio del Juzgado). Por lo expuesto, es evidente que se destruyeron los efectos de la omisión reclamada de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido. Por otra parte, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Del análisis de los preceptos invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa omita señalar como autoridad responsable a quien se le atribuye el acto que se impugna en la vía constitucional. Esto es así pues en tal supuesto el órgano constitucional no puede examinar la constitucionalidad de un acto que emana de una autoridad que no fue llamada a juicio, a quien en su momento le corresponde defender el acto como autoridad. Orienta a lo anterior la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 74, febrero de 1994, página 67, registro digital 213345, de contenido: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." En el caso concreto, la autoridad responsable rindió su informe justificado, y adjuntó el oficio volante SSPC/UGAJT/05147/2021, de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual turnó la petición del quejoso al Comisario General Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional (foja 35), para que esta le diera respuesta. Luego, en auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós (foja 66), se le dio vista a la parte quejosa con el informe de referencia y se le requirió para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda, por cuanto a la autoridad señalada, en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo, bajo a apercibimiento que de no hacerlo se continuaría el trámite únicamente por el acto y autoridad señalados en su demanda. Lo anterior, pues a partir de ese momento tuvo conocimiento de la existencia de una diversa autoridad a la cual fue canalizada su petición para que le diera respuesta. Sin embargo, la parte quejosa no dijo nada al respecto, y mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós (foja 70 y 71), se le hizo efectivo el apercibimiento citado. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no amplió su demanda; es decir, no señaló al Comisario General Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, como autoridad responsable; y en virtud de que a ella le corresponde dar respuesta al escrito de petición del impetrante de amparo; tal circunstancia por sí misma, actualiza la causa de improcedencia referida, puesto que como se dijo en líneas precedentes es requisito indispensable que el quejoso señale la autoridad a quien se le atribuye el acto reclamado a efecto de analizar su constitucionalidad, lo cual no aconteció. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas, en primer lugar, en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; en segundo lugar, como lo prevé el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5, fracción II y 108, fracción III, y 63, fracción V, de la Ley de la Materia; lo procedente es sobreseer en el presente juicio. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas, en primer lugar, en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; en segundo lugar, como lo prevé el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5, fracción II y 108, fracción III, y 63, fracción V, de la Ley de la Materia; lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Rubén Hernández Paco, contra el acto precisado en el considerando segundo, por los motivos vertidos en el diverso cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió Rodolfo García Camacho Juez Primero de Distrito en Zacatecas, asistido del secretario Juan García Trejo quien autoriza y da fe. En Zacatecas, Zacatecas a veintinueve de abril de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del dos de mayo de dos mil veintiuno, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de marzo de dos mil veintidós, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado, certifico: Que el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de derechos respecto del Comisario General Luis Rodríguez Bucío Comandante de la Guardia Nacional, con residencia en la ciudad de México, en caso de ser positiva su respuesta, diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo, transcurrió del diez de febrero al dos de marzo de dos mil veintidós sin que lo haya hecho. Que se encuentran fijadas las diez horas con veinticinco minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación asentada por el Secretario de este juzgado, de la que se advierte que el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de derechos respecto del Comisario General Luis Rodríguez Bucío Comandante de la Guardia Nacional, con residencia en la ciudad de México, en caso de ser positiva su respuesta, diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo, transcurrió del diez de febrero al dos de marzo de dos mil veintidós, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el indicado proveído, debiendo continuarse el procedimiento del presente juicio de amparo, únicamente por los actos reclamados a las autoridades que ya se tienen como responsable. En consecuencia; para dar oportunidad de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Cindy En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
El cuatro de febrero de dos mil veintidós, la secretaria CERTIFICA: Que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día de hoy para la celebración de la audiencia constitucional. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se encuentran señalando las nueve horas con cuarenta y cinco minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, de autos se advierte que la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México al rendir su informe justificado manifestó que la petición del quejoso fue turnada al Comisario General Luis Rodríguez Bucío, a fin de que le brinde atención a dicha solicitud, toda vez que dicha autoridad es la competente, circunstancia la cual hizo del conocimiento al impetrante mediante oficio SSPC/UGAJT/05148/2021. De lo anterior, se desprende la participación de una autoridad diversa a las señaladas como responsables, por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 111, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de quince días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste: Si es su deseo señalar como autoridad responsable al Comisario General Luis Rodríguez Bucío, Comandante de la Guardia Nacional, con residencia en la ciudad de México, en la inteligencia que de señalarla como responsable deberá precisar qué acto le reclama, así como también deberá exhibir una copia más de su escrito inicial de demanda a fin de correrle traslado a ésta. En el entendido que a su vez, deberá cumplir con los requisitos a que se refiere el ordinal 108 de la ley de la materia; bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, se continuará el trámite del presente juicio únicamente respecto de los actos reclamados y autoridades responsables indicados en el escrito inicial de demanda. Para dar oportunidad a lo anterior y no se deje en estado de indefensión a las partes, SE DIFIERE la audiencia constitucional y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su verificativo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Cindy
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
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