Rubén González Valerio

Expediente 889/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
889/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
12/11/2015

Partes del expediente

  • Rubén González Valerio
  • Mónica Martínez Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En doce de noviembre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con un oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el número 22502; y anexo que se acompaña. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de noviembre de dos mil quince. Téngase por recibido el oficio de cuenta firmado por la Actuaria del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por ese órgano colegiado el seis de noviembre del año en curso, en el amparo en revisión civil 272/2015; acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, toda vez que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito declaro insubsistente la resolución emitida en la audiencia constitucional de dos de julio de dos mil quince, dictada en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno y asumió la competencia legal para el trámite y resolución en la vía uniinstancial del juicio constitucional planteado por Rubén González Valerio, en contra de la resolución de quince de mayo de dos mil quince, emitida por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del Toca de apelación civil 187/2015, cuya ejecución se atribuyó al Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Por otra parte, toda vez que del contenido del expediente en que se actúa se advierte que el mismo es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción I, del capítulo quinto, denominado "De la Depuración y Destrucción de Expedientes Judiciales", del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes en los Juzgados de Distrito; por tanto, una vez que transcurra el término de seis meses, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, remítanse al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, los cuadernos relativos al incidente de suspensión que emanan del juicio de amparo de mérito, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, diez de agosto de dos mil quince. Ténganse por recibido el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que en el amparo en revisión civil 272/2015, se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la resolución de dos de julio del año en curso, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. *Rosy

  3. Principal

    En veintidós de julio de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario encargado del Despacho del Juzgado con el escrito registrado con el número 14531; con anexo y seis copias que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de julio de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Rubén González Valerio, por el que interpone recurso de revisión contra la resolución de dos de julio del año en curso, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, y adjunta escrito de expresión de agravios; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de expresión de agravios debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este expediente y dentro del término legal remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso interpuesto, debiendo acompañase el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo para el Agente del Ministerio Público adscrito a dicho órgano colegiado; así como el toca de apelación civil 187/2007, juicio civil ordinario reivindicatorio 155/2010 y seis cuadernos deducidos de dicho sumario, y el diverso expediente 495/2007, relativo a los medios preparatorios a juicio promovidos por Hugo Talavera Carrillo, que en su oportunidad remitió la Magistrada Presidenta de la Sala responsable como justificación de sus actos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios.". NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 889/2015 estando en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Tiene aplicación a la tesis siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han -quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables Juez Primero del Ramo Civil de este Distrito Judicial y Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y por legalmente emplazada al presente juicio de amparo a la tercera interesada Liliana Jazmín Burgueño Castro. A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales que adjuntó la Sala responsable como justificación de sus actos, consistentes en el toca de apelación civil 187/2015, juicio civil ordinario reivindicatorio 155/2010 y seis cuadernos deducidos de dicho sumario y el diverso expediente 495/2007, relativo a los medios preparatorios a juicio promovidos por Hugo Talavera Carrillo; a lo que el Juez acuerda: Con apoyo en el numeral 119, de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las documentales antes señaladas; luego, al no haber más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado el período probatorio, y se pasa a la etapa de alegatos, en la que la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; en consecuencia, al no haber alegatos que tener por reproducidos y sin pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se declara cerrada la etapa de alegatos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo y se procede a dictar la resolución siguiente: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 889/2015 y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas RUBEN GONZÁLEZ VALERIO, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridades Responsables Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Juez Primero del Ramo Civil de este Distrito Judicial. Acto Reclamado: La resolución dictada por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el quince de mayo de dos mil quince, dentro del toca de apelación civil 187/2015. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se registró bajo expediente 889/2015; cuyo Titular mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil quince, ordenó su admisión; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se emplazó a la parte tercero interesada, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades que tienen su residencia en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: La resolución dictada por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el quince de mayo de dos mil quince, dentro del toca de apelación civil 187/2015, a través de la cual se declaró procedente el recurso de reposición propuesto por Hugo Talavera Carrillo en contra del auto de nueve de abril del año en curso, declarando abandonado el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso en contra de la resolución de quince de enero de dos mil quince y por ende firme dicha resolución. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: La Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado reconoció el acto que se le atribuye. Por su parte, el Juez Primero de lo Civil de este Distrito Judicial, al rendir su informe justificado, indicó que se adhería al informe rendido por la Sala responsable, por lo que se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la certeza de los actos reclamados, se corrobora con el toca de apelación civil 187/2015 y el juicio civil ordinario reivindicatorio 155/2010 remitidos por la Sala responsable; documentales, que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, ya que se trata de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus atribuciones, y además de ellos se desprende la existencia de la determinación reclamada. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, es aplicable, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente. "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." IV.- Litis Constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". En los conceptos violatorios, medularmente se alega lo siguiente: Que el argumento citado por la Sala responsable para decretar fundado y procedente el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la parte actora, resulta inconstitucional, al sostener que el plazo para acudir a continuar con el recurso de apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, empezó a correr a partir del once de febrero para concluir el dieciocho de ese mismo mes y año; y en atención a ello lo declare abandonado; porque partiendo del supuesto de que se hubiese notificado al quejoso el auto de cinco de febrero de dos mil quince, el día once de ese mes y año, ese auto de cinco de febrero, no quedó firme, sino que fue modificado mediante auto de veintitrés de ese mismo mes y año, al haberse regularizado el procedimiento; y es por ello, que a partir de esa fecha, no debe computarse el plazo de cinco días que establece el numeral 378 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Que el auto no queda firme y no puede computarse el plazo citado a partir de la fecha indicada, ni constituye carga procesal para el quejoso, en virtud de que el recurso fue admitido al licenciado Rubén Medrano Muñoz, persona distinta al quejoso Rubén González Valerio, quien no tenía legitimación en la causa ni en el proceso, por lo que dicho proveído no surtía efectos legales para ninguna de las partes; por lo que si al quejoso no le fue admitido ningún recurso el cinco de febrero de dos mil quince, no tenía ninguna obligación procesal para comparecer a continuar con la apelación oportunamente ante el Tribunal de segundo grado, como lo sostiene la Sala responsable. Que la obligación procesal se origina a partir del auto de veintitrés de febrero de dos mil quince, dentro del cual el Juez responsable señala que el nombre correcto de la persona que comparece a interponer la apelación lo es Rubén González Valerio, siendo por ello, que a partir de la notificación de ese acuerdo debe realizarse el cómputo que establece el artículo 378 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo que será hasta entonces que el medio de impugnación ordinario se encuentre formalmente admitido por persona legitimada para el efecto de que le empiece a correr el término de los cinco días para que se presente ante el Supremo Tribunal de Justicia a continuar con el mismo. Y cita la tesis del rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SÓLO OPERA MIENTRAS EXISTE UNA CARGA PROCESAL PARA LAS PARTES (INTERPRETACIÓN PRO PERSONA Y CONFORME DEL ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO)". Que el licenciado Juan José Rangel Correa, el doce de febrero del año en curso, presentó ante el juez de origen una promoción en la cual solicitó la notificación personal al quejoso y sus representados del auto de cinco de febrero de dos mil quince, a fin de que comparecieran dentro del término de cinco días ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado; por lo que en auto de dieciséis de ese mismo mes y año, se ordenó notificar personalmente y emplazar a las partes, para el efecto que dentro del término de cinco días comparecieran ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, a substanciar el recurso, de ahí que el plazo empiece a correr a partir del dieciocho de febrero del año en curso, dada la firmeza del auto de dieciséis de ese mes y año. A fin de establecer un panorama de referencia y dar una mejor intelección al asunto, es menester destacar los antecedentes del mismo: Ante el Juez Primero del Ramo Civil de este Distrito Judicial, se siguió el Juicio Civil Ordinario número 155/2010, promovido por Hugo Talavera Carrillo apoderado legal de la aquí tercero interesada Iliana Jazmín Burgueño, en contra del aquí quejoso Rubén González Valerio y otros. Seguido el trámite del juicio, el quince de enero de dos mil quince se dictó sentencia definitiva. Inconforme con esa resolución, el aquí quejoso Rubén González Valerio, mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, el veintinueve de enero de dos mil quince, interpuso recurso de apelación; por lo que el Juez de origen en auto de cinco de febrero del presente año, tuvo al licenciado Rubén Medrano Muñoz, por interponiendo en tiempo y forma, dicho medio de impugnación con efecto suspensivo; proveído que le fue notificado al citado quejoso Rubén González Valerio, el once de febrero de dos mil quince, tal como se advierte de las constancias de notificación que obran a fojas 408 a 410 del juicio civil de origen. En auto de dieciséis de febrero del año que corre, se tuvo al licenciado Juan José Rangel Correa autorizado de la parte actora, por señalando nuevo domicilio de la parte demandada, los terceros llamados a juicio y actores reconvencionales, por lo que se les ordenó notificar el auto de cinco de febrero de dos mil quince, a fin de que fueran emplazados a efecto de que en el término de cinco días comparecieran ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado a substanciar el recurso; proveído del cual quedó notificado el aquí quejoso el dieciocho de ese mismo mes y año. Foja 407 vuelta del juicio de origen. En auto de veintitrés de febrero de dos mil quince, se tuvo al aquí quejoso Rubén González Valerio, por solicitando aclaración del auto de cinco de febrero de dos mil quince, mediante el cual se tuvo a Rubén Medrano Muñoz, por interponiendo recurso de apelación, cuando el nombre correcto de la persona que compareció a hacer valer el recurso mencionado lo es Rubén González Valerio, por lo que se hizo la aclaración del nombre correcto de la persona que interpuso el recurso de apelación siendo Rubén González Valerio y no como en forma errónea se mencionó en el citado proveído; y respecto a su petición en el sentido de que se le tuviera por presentado iniciando de nueva cuenta el recurso aludido, se le dijo que no había lugar a acordar de conformidad, toda vez que el recurso de apelación ya había sido admitido y notificado a las partes. Mediante oficio 541 de nueve de marzo del presente año, el Juez Primero de lo Civil de este Distrito Judicial, remitió al Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el juicio de origen a fin de que se substanciara el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de quince de enero del año en curso. Por lo que el nueve de abril de dos mil quince, la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal de Justicia del Estado, admitió el recurso en efecto suspensivo; inconforme con el citado proveído el apoderado de la parte actora, interpuso recurso de reposición, el cual fue admitido en auto de catorce de abril del presente año Mediante resolución de quince de mayo del presente año, la Sala responsable determinó procedente el recurso de reposición propuesto por Hugo Talavera Carrillo en contra del auto de nueve de abril del año en curso, declarando abandonado el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso en contra de la resolución de quince de enero de dos mil quince y por ende firme dicha resolución. Resolución ésta que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Las anteriores constancias adquieren valor probatorio pleno, por ser documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, por provenir de una autoridad que por su naturaleza le reviste el carácter de funcionario público y, por tanto, aptas y suficientes para probar los hechos legalmente afirmados por las autoridades responsables en su informe justificado. Ahora bien, la Sala responsable sostuvo su postura bajo los siguientes argumentos: ". Los agravios resultan fundados y son aptos para ordenar la reposición del auto recurrido. En efecto, asiste razón a Hugo Talavera Carrillo, en el sentido de que no se debió admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto, toda vez que Rubén González Valerio no se apersonó a continuarlo dentro del término concedido para tal efecto; y por consiguiente, de acuerdo a lo ordenado en los artículos 182 y 366 del Código Instrumental Civil para el Estado de Zacatecas, debió declararse abandonado; puesto que el auto que admitió el recurso de apelación le fue notificado a las quince horas con cinco minutos del once de febrero del año actual, mediante cédula que obra agregada en el expediente, principal a fojas de la cuatrocientos ocho a la cuatrocientos diez (408-410), en la cual Rubén González Valerio quedó debidamente notificado, emplazado y enterado de que contaba con el término de cinco días para apersonarse ante el Tribunal de alzada a substanciar el recurso; por ello es notorio que el término que dispuso para apersonarse por escrito a continuar el recurso, quedó integrado del doce al dieciocho del mes y año de referencia; porque no obstante de que existe un auto del diecinueve de enero de esa misma anualidad, en el cual al reverso del mismo está estampado un sello de notificación, en el cual se hace constar que en fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, siendo las trece horas se notificó a Rubén González Valerio quien quedó enterado, lo oyó y firmó de recibido, dicha notificación no puede tomarse como base para partir de la misma y computar el término para la continuación del recurso, porque ya había surtido efectos el emplazamiento realizado con anterioridad; y por tanto, ese es el que legalmente debe tomarse en cuenta para contar el término la substanciación del recurso de apelación. Tomando en cuenta lo anterior, si Rubén González Valerio se presentó a substanciar el recurso ante esta Sala veinticuatro de febrero de dos mil quince, es claro que lo hizo fuera del término que se analiza; tomando en cuenta lo anterior, resulta inexacto lo resuelto el nueve de abril del año actual, en el cual se admitió el recurso de apelación; ya que como se dijo en líneas anteriores, existe un emplazamiento realizado con anterioridad al apelante. En las relatadas condiciones, se declara procedente el recurso de reposición propuesto; por tanto, se deja sin efecto la parte del auto del nueve de abril de dos mil quince, en la cual se admitió el recurso de apelación interpuesto por Rubén González Valerio, y en su lugar, en cumplimiento de la obligación impuesta por la fracción I, del artículo 385 del Código Instrumental Civil, habiéndose corroborado que el plazo para la continuación del recurso ha finalizado, se decide en cuanto a su admisión, en los términos que enseguida se anotan: El término para la continuación del recurso fue de cinco días; Rubén González Valerio fue emplazado el once de febrero del año actual, mediante cédula entregada en el domicilio que autorizó para tal efecto, sito en Avenida Universidad número trescientos veintinueve segundo piso (329-segundo piso) de la Colonia Hidráulica, en esta ciudad de Zacatecas, y en el acta de notificación se desprende que contiene el auto del cinco de febrero de ese mismo año, en el cual se admitió el recurso de apelación en efecto suspensivo, y se le emplazó para que dentro del término de cinco días compareciera ante el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, a substanciar el recurso; en estas circunstancias, el término para apersonarse por escrito ante el Tribunal de alzada a substanciar el recurso, quedó integrado del doce al dieciocho del mes y año en cita. Bien, de entre las formalidades que deben satisfacerse para darle entrada a la apelación, se encuentra la relativa a la continuación del recurso dentro del plazo que para el fin se otorga en primera instancia. Lo anterior, se desprende del artículo 366 del Código Instrumental Civil que en lo que interesa, dispone: "ARTICULO 366.- Los recursos se tendrán por abandonados cuando no se continúen en la forma legal..." (El subrayado es propio). Es preciso, tener claro lo que por forma legal de continuar los recursos, se entiende: Consiste en comparecer oportunamente ante el Tribunal de segundo grado. Carga procesal que Rubén González Valerio no cumplió; motivo por el cual, de acuerdo al texto del artículo 182 del Código Instrumental Civil, operó la preclusión de su derecho a continuar la apelación, y con fundamento en el numeral 366 de dicho ordenamiento legal, se declara abandonado el recurso. Ahora bien, estando en el supuesto de que el recurso no se continuó, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 351, del Código Procesal Civil, queda firme la resolución discutida. .". Los conceptos de violación expresados por el quejoso son infundados, los cuales se estudiaran de manera conjunta por encontrarse vinculados entre sí. Los artículos 182, 366 y 378 del Código de Procedimientos Civiles del Estado establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 182. Una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el juicio su curso, y se tendrá por perdido el derecho que, dentro de ellos, debió ejercitarse, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa. Vencido un término procesal, el secretario dará cuenta inmediata, y el juez, sin necesidad de acuse de rebeldía, dictará la resolución que corresponda, según el estado del juicio. .". "ARTÍCULO 366. Los recursos se tendrán por abandonados cuando no se continúen en forma legal o no se interpongan por las personas o con los requisitos que establece la ley. El abandono de un recurso no trae condena en costas, pero sujeta al que lo hizo valer a indemnizar a la contraparte de los perjuicios que le cause por la suspensión, si se hubiere decretado". "ARTÍCULO 378. Interpuesta en tiempo una apelación, el juez la admitirá sin substanciación alguna, si fuere procedente, expresando el efecto en que la admita. En el mismo auto el juez emplazará a las partes para que se presenten ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado para substanciar el recurso dentro del término de cinco días si se trata de juicio radicado en el mismo lugar de residencia del Supremo Tribunal de Justicia. En caso contrario, al término anterior, el juez agregará los días necesarios, tomando en cuenta la distancia y demás circunstancias de que se habla en el artículo 184. Entre tanto no transcurra el término del emplazamiento no podrá iniciarse la substanciación del recurso". De los citados preceptos legales se advierte que una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el juicio su curso, y se tendrá por perdido el derecho que, dentro de ellos, debió ejercitarse. Que los recursos se tendrán por abandonados cuando no se continúen en forma legal o no se interpongan por las personas o con los requisitos que establece la ley. Y que interpuesta en tiempo una apelación, el juez la admitirá sin substanciación alguna, si fuere procedente, expresando el efecto en que la admita. En el mismo auto el juez emplazará a las partes para que se presenten ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado para substanciar el recurso dentro del término de cinco días si se trata de juicio radicado en el mismo lugar de residencia del Supremo Tribunal de Justicia. Este Tribunal Federal estima correcta la postura de la Sala responsable en declarar por abandonado el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso en contra de la resolución de quince de enero de dos mil quince y por ende firme dicha resolución, por las razones siguientes: De las constancias del juicio de origen, se advierte que contrario a lo que aduce el quejoso en sus conceptos de violación, el auto de cinco de febrero de dos mil quince, quedó firme ya que no fue impugnado por ninguna de las partes por lo que no fue modificado como lo aduce el quejoso por el auto de veintitrés de ese mismo año, dado que en ese proveído únicamente se tuvo por aclarando el nombre de la persona de quien interpuso el recurso de apelación, más no se modificó el auto de cinco de febrero del presente año, mucho menos se dejó sin efectos, ni se regularizó el procedimiento como lo indica el quejoso. Por lo que, si el propio quejoso interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de quince de enero del año en curso, mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, el veintinueve de enero de dos mil quince, motivo por el cual el Juez de origen en auto de cinco de febrero del presente año, tuvo por interpuesto en tiempo y forma dicho medio de impugnación con efecto suspensivo; proveído que le fue notificado al citado quejoso Rubén González Valerio, el once de febrero de dos mil quince, tal como se advierte de las constancias de notificación que obran a fojas 408 a 410 del juicio civil de origen. Y si bien, por error se asentó como nombre del promovente el de Rubén Medrano Muñoz en lugar del correcto Rubén González Valerio, esa determinación le fue notificada como ya se dijo el once de febrero de dos mil quince, proveído que pudo haber impugnado y no lo hizo, por lo que lo consintió; de ahí que sea correcto que el término de cinco días que dispone el artículo 378 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, haya empezado a correr del doce al dieciocho del citado mes y año. De ahí que resulte infundado el argumento del quejoso en el sentido de que la obligación procesal se origina a partir del auto de veintitrés de febrero de dos mil quince, a través del cual el Juez responsable señaló el nombre correcto de la persona que interpuso el recurso. Y si bien, en auto de dieciséis de febrero de este año, el juez de origen ordenó notificar de nueva cuenta el auto de cinco de febrero del presente año, a la parte demandada a fin de que fuera emplazada a efecto de que en el término de cinco días compareciera ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado a substanciar el recurso y que de dicho proveído el quejoso se notificó el dieciocho de ese mismo mes y año; dicha notificación no puede tomarse como base para computar el término para la continuación del recurso, dado que con anterioridad ya había surtido efectos el emplazamiento realizado el once de febrero de dos mil quince; por lo que es correcto que la Sala responsable haya tomado como base dicha data para la substanciación del recurso de apelación y no como lo pretende el quejoso. Máxime que contrario a lo que aduce el quejoso en sus conceptos de violación, de las constancias que obran en autos del juicio de origen se advierte que el quejoso quedó notificado del auto de cinco de febrero de dos mil quince, el once de ese mismo mes y año, tal como se constata de la notificación que le fue practicada el once de ese mismo mes y año. (Fojas 408 a 410 de los autos del juicio de origen). Además el quejoso al tener conocimiento de la notificación que le fue practicada el once de febrero de dos mil quince, a través de la cédula de notificación que se dejó en poder de Ana Delía Reding Dena, estuvo en aptitud de promover el incidente de nulidad de notificaciones de conformidad con los artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Zacatecas; o bien, impugnar el auto de cinco de febrero de dos mil quince, lo que no se hizo. En virtud a lo anterior, es correcto que la Sala responsable al emitir la resolución reclamada haya declarado abandonado el recurso de apelación, al operar la preclusión del quejoso de su derecho de continuar con la apelación y declarar firme la resolución combatida. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertida queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a RUBÉN GONZÁLEZ VALERIO. Negativa que se hace extensiva, respecto del acto de ejecución de los actos reclamados a la autoridad ejecutora Juez Primero del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por no reclamarse por vicios propios. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia, que expresa: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO VIOLATORIOS DE GARANTÍAS. Los actos de las autoridades ejecutoras, relativos a mandamientos que se ajusten a la ley, no pueden considerarse violatorios de garantías ". Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 76, 77, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A RUBÉN GONZÁLEZ VALERIO, contra el acto reclamado a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Juez Primero del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR OFICIO. Así lo proveyó y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro. DOY FE.- mtm

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