Ruben González Sosa

Expediente 1490/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1490/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Ruben González Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a Rubén González Sosa, solicitada en la demanda de amparo, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta interlocutoria. Notifíquese.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe previo rendido por el Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación de la Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos de dicha dependencia; por tal motivo, con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, conforme a lo establecido en los numeral 143 de la Ley de Amparo se admite la prueba documental, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por Rubén González Sosa, a través del cual cumple con lo solicitado en proveído de diez de noviembre del año en curso, por tanto, se proveerá lo siguiente. Admisión de demanda.,... Se señalan las ONCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo.... notif.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda de amparo, fórmese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1490/2023-III, promovido por******************** por propio derecho, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social (delegación Morelos). Requerimiento de los informes previos. Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe previo, el cual deberá rendirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, enviándosele para tal efecto copia de la demanda, en el que se deberá concretar a expresar si es cierto o no el acto reclamado que se le atribuye, podrá manifestar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Asimismo, en caso de que el acto reclamado sea cierto, deberá remitir copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obren en su poder, relacionadas con los actos reclamados, y apercíbase que de no hacerlo, en el plazo indicado, se les impondrá una multa, por el importe de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 260 de la Ley de Amparo. De la audiencia incidental. Se señalan las DOCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Precisión de los actos reclamados. Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, se precisa que, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: Instituto Mexicano del Seguro Social (delegación Morelos); La falta de atención médica. Requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. I. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará siempre que la solicite la parte quejosa teniendo tal carácter, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En ese orden de ideas, ante el aparente riesgo en la salud de la parte quejosa, como así lo asevera bajo protesta de decir verdad, acredita el interés jurídico que tiene para que se le conceda la suspensión de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Tesis número XXI.4o.17 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1460, del Tomo XX, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SUSPENSIÓN. SE ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO SI QUIEN LA SOLICITA DEMUESTRA SER PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Basta con demostrar ser parte demandada en el juicio natural del cual emanan los actos reclamados, para acreditar el interés jurídico que le asiste en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo, sobre todo si se trata de un juicio seguido en la vía especial hipotecaria que trae aparejada ejecución sobre el bien hipotecado, que resulta ser la base del adeudo y, por tanto, del litigio; lo anterior aunado al hecho de que la autoridad responsable admite la existencia del acto." II. Orden Público e Interés Social. Por otra parte, respecto a la solicitud de la medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público e interés social, ya que de concederse la suspensión no se continuará el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; ni se continuará la producción o el comercio de narcóticos; ni se permitirá la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; ni se permitirá el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; ni se impedirá la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; ni se impedirá la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; ni se permitirá el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; ni se afectarán intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; ni se impedirá el pago de alimentos; ni se permitirá el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se incumplirá con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; ni se incumplirá con las Normas Oficiales Mexicanas; ni se afectará la producción nacional; ni se impedirán o interrumpirán los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; ni se impedirá la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, finalmente, no se impedirá u obstaculizará al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el entendido de que, en términos generales, se contravienen disposiciones de orden público e interés social, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Tal requisito, se ha dicho, está inmerso en el artículo 128 de la Ley de Amparo, específicamente en su fracción II, en tanto que el diverso numeral 129 del mismo ordenamiento prevé una serie de supuestos en los que, invariablemente, se afectará el interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales, el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar (hipótesis enunciativas); de ahí que, en los demás casos, tendrá la libertad de ponderar su otorgamiento; sin embargo, excepcionalmente podrá concederse la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos por el citado artículo si, a juicio del órgano jurisdiccional, con la negativa de la medida suspensional puede causarse mayor afectación al interés social. Concesión de la suspensión provisional En ese orden de ideas, reunidos los requisitos legales, a efecto de asegurar una tutela cautelar efectiva que preserve la materia del juicio y la cabal restitución de los derechos humanos que estima violados la parte quejosa, con fundamento en los artículos 128, 129, 131 y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional del acto reclamado, consistente en la falta de atención médica, lo anterior, para el efecto que se tomen las medidas necesarias y ordene a quien corresponda para que proporcione atención médica inmediata para su tratamiento en relación a la hiperplasia prostática obstructiva que el aquí quejoso refiere padecer y así poder preservar la salud del impetrante y garantizar el derecho a la vida. Ello es así, toda vez que con la medida cautelar otorgada no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que de no concederse la suspensión solicitada y de consumarse el acto reclamado sería de difícil reparación, pues podría implicar un deterioro irreversible en la salud del agraviado; máxime que es un derecho consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Aunado a esto, es necesario precisar que, entre otros tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consagra el derecho humano a la salud, que se traduce en la obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona, pues está de por medio el irreductible derecho humano a la salud del derechohabiente, la discrecionalidad en la atención médica al peticionario del amparo, no puede convertirse en una arbitrariedad libre de control de constitucionalidad. En el entendido que la suspensión decretada no implica necesariamente que la parte quejosa reciba el tratamiento respectivo de forma gratuita, pues si así lo requieren las autoridades responsables, el peticionario del amparo deberá realizar el pago correspondiente; en el entendido de que la autoridad responsable deberá efectuarle un estudio socioeconómico, hecho lo anterior, determinar lo conducente acorde al nivel en que se le haya catalogado conforme al estudio socioeconómico que se le practique o bien, en su caso, de conformidad con el que ya se le haya practicado como paciente de dicha institución. De igual forma, la presente medida no excluye a la parte quejosa de cumplir con los requisitos y los lineamientos que ese instituto impongan para recibir el servicio médico, como pueden ser, enunciativamente a forma de ejemplo, el proporcionar donadores de sangre, plasma, o cualquier otro requisito para su abastecimiento y debido funcionamiento. Se cita la tesis P. XIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Marzo de 2000, página 112, del rubro y texto siguientes: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos." Así como, por analogía, la tesis 2a. LVII/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, Página 420, del rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA SALUD. EN MATERIA DE SALUD MENTAL, EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DEBE GARANTIZARSE SIN DISCRIMINACIÓN. En atención a los deberes previstos por el artículo 1o., párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los más altos estándares internacionales, se advierte que la obligación progresiva del derecho a la salud relativa al suministro de medicamentos implica, por lo menos, otorgarlos sin discriminación para todas las personas en general y, en particular, a los grupos vulnerables. Esta obligación no conlleva que cualquier medicamento que se solicite deba ser suministrado, sino que una vez que se decide que un medicamento es parte del cuadro básico, el Estado no puede negar de manera regresiva estos medicamentos a quien los requiera ni otorgarlos de forma discriminatoria. Por otro lado, derivado del deber de otorgarlos sin discriminación, para que una autoridad pueda válidamente excluir a un grupo de personas de la prestación de un servicio fundamental para la debida protección de la salud, no basta con que refiriera a preceptos jurídicos genéricos, sino que debe evidenciar en forma contundente que tal distinción tiene fundamento legal o que la diferencia en el trato y el servicio tiene un sustento objetivo y racional, pues de lo contrario es discriminatoria." Dicha medida cautelar, surtirá sus efectos de inmediato, sin necesidad de fijar garantía, toda vez que como se dijo en párrafos que anteceden, no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y de ejecutarse el acto, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación. Notifíquese personalmente.

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