Ruben de Jesús Martínez Brito
Expediente 1393/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1393/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ruben de Jesús Martínez Brito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ******, hubiese recurrido el auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, agréguese a los autos el original y duplicado del incidente de suspensión, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Incidente de suspensión Concesión de la medida cautelar definitiva Por otra parte, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que en su único punto resolutivo se concedió la medida cautelar definitiva; por tanto, consérvense todas las resoluciones relativas al otorgamiento de dicha interlocutoria así como la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo de la fracción III, del artículo vigésimo primero del citado acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Vista la razón de cuenta, de la cual se advierte que al Actuario adscrito a este juzgado, no le fue posible notificar al quejoso **, el auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, por los motivos que expone. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista el auto de mérito, así como las subsecuentes actuaciones, incluidas las personales; sin perjuicio de que con posterioridad la parte tercero interesada señale un diverso domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social "Morelos", mediante el cual informa que el quejoso **, egreso de dicho centro penitenciario por haber obtenido su libertad por compurgamiento de pena, mediante oficio **, de veinticuatro de octubre del año en curso, que al efecto remite en copia certificada. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" En relación con esta causa de improcedencia, destaca la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 858, materia civil, tomo CIV, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época que dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." Así también es conveniente citar la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, Tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; sin embargo, conforme al texto de la ley de la materia y a las interpretaciones jurisprudenciales citadas, la procedencia del juicio de amparo está condicionada, entre otros supuestos, a que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, el motivo de improcedencia a que alude la fracción XXII del numeral 61 de la ley de la materia, surge a partir de que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba se modificó sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten. Lo hasta ahora expuesto, tiene relevancia en el caso concreto, en virtud que el quejoso reclamó en esta instancia constitucional el aislamiento, incomunicación y la sanción consistente en el cambio de celda en el Centro carcelario, en donde se encontraba recluido. Ahora bien, de las copias certificadas de cuenta, remitidas por la autoridad responsable, se advierte que mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGPRS/4692/2016, signado por el Coordinador General de Ejecucion de Sanciones, en ausencia del Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, de veinte de octubre de dos mil dieciséis, se autorizó el egreso del quejoso Rubén de Jesús Martinez Brito, por haber compurgado la pena impuesta por el Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito en el Estado de Morelos, dentro del toca penal 181/2013, al haber modificado la sentencia de 10 de abril de 2013, emitida por el Juez Primero de Distrito en la citada entidad al resolver los autos del proceso penal 91/2012, por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea, por tanto, el encargado del despacho de la Dirección del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", mediante boleta de libertad folio 586, de veintidós de octubre de dos mil dieciséis, materializo dicho egreso. Luego entonces, a pesar de que en la fecha en que se puso en movimiento a este órgano de control constitucional (veintiséis de agosto de dos mil dieciséis), aún se encontraba recluido en dicho centro penitenciario, con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciséis, fue materialmente puesto en libertad el quejoso Rubén de Jesús Martinez Brito, por haber compurgado la pena de prisión impuesta en los autos del proceso penal 91/2012, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, por lo cual deja de existir la materia sobre el cual se solicitó la protección de la justicia de la Unión. Así las cosas, aun cuando subsiste en el mundo fáctico la materia de reclamo a través del presente juicio constitucional, con motivo del egreso del impetrante de amparo el veintidós de octubre de dos mil dieciséis, se destruyó el objeto de la petición del solicitante del amparo, por ende, en caso de concluirse que los actos reclamados que se combaten son inconstitucionales, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estima violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues el mismo ha egresado del centro penitenciario en donde se podría hacer cumplir dicha determinación. En tal virtud, y aun cuando subsiste el acto reclamado (el aislamiento, incomunicación y la sanción consistente en el cambio de celda en el Centro carcelario, en donde se encontraba recluido) la concesión de amparo que pudiera alcanzar la parte quejosa no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, dado que en fecha veintidós de octubre del año en curso, el quejoso egreso del centro penitenciario en donde se encontraba recluido, de lo que se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de conformidad con el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia. Cobra aplicación, una vez más, por su contenido jurídico la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, correspondiente al mes de diciembre de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por cuanto al quejoso **, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables. Por tanto, desde este momento se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que está transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", por sí y como Presidente del Comité Técnico, a fin de que estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses; por tanto, se difiere la misma y se señalan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para su celebración. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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