Rubén García Carrillo
Expediente 834/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Rubén García Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de trece de noviembre de dos mil quince (fojas 58 a 63), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. Sin que sea necesario computar el término para la interposición el recurso de revisión a las autoridades señaladas como responsables en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido del proveído de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Asimismo, respecto al cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario, toda vez que es susceptible de destrucción, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, el duplicado del citado incidente, el cual de conformidad con el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, se procederá a su desintegración material en el término de seis meses, a partir de la única o última resolución interlocutoria que se haya dictado. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Queda notificada la parte quejosa por medio de lista de la determinación de trece de noviembre de dos mil quince, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.
- Incidental
se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Rubén García Carrillo, en términos de los considerandos primero y segundo de esta resolución.
- Principal
Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: Primer Comandante de la Policía Investigadora del Estado Región Norte I. Ciudad. Jefe de Grupo de la Policía Investigadora del Estado Región Norte I, adscrito a la Agencia del Ministerio Público del Primer Turno. Ciudad. Jefe de Grupo de la Policía Investigadora del Estado Región Norte I, adscrito a la Agencia del Ministerio Público del Segundo Turno. Ciudad. Encargado del Despacho de la Delegación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de la Región Norte I. Ciudad. Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal, Especializado en Narcomenudeo. Ciudad. Agente Investigador del Ministerio Público del Segundo Turno, de esta ciudad, y anexo. Agente Investigador del Ministerio Público del Primer Turno, de esta ciudad. Comisario de Seguridad Pública Municipal, de esta ciudad, y anexo. Agente del Ministerio Público de Villa de Fuente, Coahuila de Zaragoza. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal. Ciudad. Póngase a la vista de las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Con fundamento en el artículo 119 de la citada ley, se tienen como pruebas de las autoridades responsables Agente Investigador del Ministerio Público del Segundo Turno, y Comisario de Seguridad Pública Municipal, ambas de esta ciudad, las documentales que acompañaron a sus informes de cuenta; probanzas que se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer referencia de ellas en la audiencia constitucional. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Agente Investigador del Ministerio Público del Segundo Turno, de esta ciudad, relativas a la averiguación previa penal número 1224/2015/II/03, de la que se advierte que con el acuerdo de once de los actuales, ordenó la libertad del quejoso Rubén García Carrillo. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito recibido en este Juzgado de Distrito por el Secretario de Guardia, el nueve de noviembre del año en curso (fojas 1 a 4), Moisés García Carrillo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables, y por los actos siguientes: Delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila de la Región Norte I, con residencia en esta ciudad. Primer Comandante de la policía Investigadora del Estado. Ciudad. Jefe de Grupo de la Policía Investigadora del Primer Turno. Ciudad. Jefe de Grupo de la Policía Investigadora del Segundo Turno. Ciudad. Agente Investigador del Ministerio Público Primer Turno. Ciudad. Agente Investigador del Ministerio Público Segundo Turno. Ciudad. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal, especializado en Narcomenudeo. Ciudad. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal. Ciudad. Agente Investigador del Ministerio Público de Villa de Fuente, Coahuila de Zaragoza. Comisario de Seguridad Pública Municipal. Ciudad. Por el acto reclamado siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De todas y cada una de las Autoridades señaladas como responsables, reclamo la ilegal detención que fuera de procedimiento judicial y sin mediar orden de autoridad judicial competente, ni existir delito flagrante o caso urgente, han ejecutado y mantienen ejecutando en contra de los Quejosos Directos, a quien además lo mantienen detenido sin permitirle comunicación alguna con el suscrito ni con su Defensa; teniendo además conocimiento de que pretenden imputarle delitos que no son hechos reales ya que no existe denuncia alguna ni recepción de la misma ante autoridad competente, así mismo que no se (sic) será trasladado fuera del Estado de Coahuila sin que medie para ello tampoco Orden de Autoridad suficiente en que sustenten tal traslado y que en forma inminente pretenden llevar a cabo". En la citada fecha, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 834/2015; se ordenó notificar al quejoso por conducto de la Actuaria de la adscripción, el auto de nueve de los actuales, relativo a la suspensión de plano a las autoridades responsables del acto reclamado, y dio fe de la integridad física del quejoso. Por auto de diez del propio mes y año (fojas 12 y 13), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de dicha ley, la cual por ende, acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso, de la copia certificada remitida por el Agente Investigador del Ministerio Público del Segundo Turno, con residencia en esta ciudad, se advierte de manera indudable la actualización de una de ellas, la cual se invoca previamente a la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, visible a página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: (.) En efecto, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es así, dado que de las constancias que en copia certificada remitió el Agente Investigador del Ministerio Público del Segundo Turno, residente en esta ciudad, a su oficio de cuenta, relativa a la averiguación previa penal número 1224/2015/II/03, se advierte que mediante proveído de once de noviembre de este año, se ordenó poner en inmediata libertad al aquí quejoso Rubén García Carrillo. Documental pública a la que se le concede valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo , en términos de su numeral 2° , por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. (.) Al respecto, cabe invocar el contenido de los citados preceptos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobreventa alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior...". La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a guisa de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de amparo contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo; la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera de motu proprio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios al quejoso, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye al quejoso en la esfera jurídica de sus garantías, como si se le hubiera concedido el amparo. (.) Así, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. (.) La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. (.) Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XVI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En el caso concreto, como ya se mencionó anteriormente, los actos reclamados se hicieron consistir en la privación ilegal de la libertad y el traslado del quejoso directo. Ahora bien, de las constancias que en copia certificada remitió el Agente Investigador del Ministerio Público del Segundo Turno, con residencia en esta ciudad, se advierte que mediante acuerdo de once de los actuales ordenó poner en inmediata libertad al quejoso Rubén García Carrillo; lo que implica de manera indudable que cesaron los efectos de los actos reclamados, actualizándose con ello, como se dijo, la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas cincuenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil quince (fojas 12 y 13). Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el pedimento de amparo identificado con el número 375/2015, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito en el Estado en Materia de Amparos, residente en esta ciudad, mediante el cual se le tiene por formulando alegatos, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor, sin necesidad de dictar proveído al respecto, en atención a lo acordado en párrafos que anteceden. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del arábigo 2° de la ley de la materia, expídasele copia simple del presente proveído y entréguese previa razón de recibo que se deje en el expediente.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · 8,673 expedientes
- Rubén Cruz Sánchez397/2015
- Ruben Darío Cervera Sánchez1391/2021
- Rubén Darío Vivanco Carmona660/2022
- Rubén Eliezer Esquivel Guerrero243/2021
- Rubén Esquivel Roque792/2016
- Rubén Galván Alvarado1097/2013
- Rubén González Campos56/2021
- Rubén Griego Zapata231/2017
- Rubén Guadalupe Aguilar Romo1/2014
- Rubén Hernández Delgado777/2015
- Ruben Hernández Rico34/2019
- Rubén Isais Zubirias956/2018