Rubén Esquivel Roque
Expediente 792/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 29 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 792/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 22/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Rubén Esquivel Roque
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Queda notificada la parte quejosa por medio de lista de la determinación de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 418/2017, signado por la Agente del Ministerio Público de Mineral de Palaú, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa que el vehículo materia del acto reclamado fue entregado a *** -aquí quejoso-, el veintidós de febrero de dos mil diecisiete. I. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Mediante escrito recibido ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el veinticinco de noviembre del presente año (fojas 1 a 4), ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables: Autoridades responsables: Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas (Sistema Tradicional) Sabinas, Coahuila de Zaragoza C.P.26700 Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sabinas Sabinas, Coahuila de Zaragoza C.P.26700 Delegado de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Región Carbonífera. Sabinas, Coahuila de Zaragoza C.P.26700 Agente Investigador del Ministerio Público. Palaú, Coahuila de Zaragoza, C.P. 23650 Comandante de la Policía de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Mineral de Palaú, Coahuila de Zaragoza, C.P. 23650 Por el acto reclamado siguiente: "La ilegal orden de decomiso y/o embargo dictada en contra del vehículo de mi propiedad marca Chevrolet, tipo cultas oldsmobile, modelo 1999, con número de serie 1G3NB52MOX6308225, con placas de circulación vigentes número EJT 3835 del Estado de Coahuila, sin reporte de robo, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y ejecutada por la Autoridad Responsable ejecutora, logrando privarme de mi vehículo antes mencionado, en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas, sin mediar orden de decomiso y/o embargo, ni orden de investigación, ya que el suscrito no ha cometido delito alguno en el mencionado vehículo, y menos aún existir flagrancia de hechos delictuosos" II.-Trámite del juicio de amparo indirecto. Mediante acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 5 a 7), se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ***, quedando registrada en el Libro de Gobierno con el número 792/2016; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se tuvo con el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas (Sistema Tradicional), con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, la intervención legal que le corresponde; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. III. Actualización de una causal de sobreseimiento. De lo dispuesto por los artículos 63, fracción V , y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de la citada legislación, la cual por ende, conduce al sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso concreto, como ya se mencionó, el acto reclamado se hace consistir en el decomiso y/o embargo del vehículo marca Chevrolet, tipo cutlass oldsmobil, modelo 1999, con número de serie 1G3NB52MOX6308225, con placas de circulación número EJT 3835 del Estado de Coahuila. Sirve de apoyo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: *** Ahora bien, del informe justificado rendido mediante oficio número 386/2017, remitido por el Agente del Ministerio Público del Mineral de Palaú, Coahuila de Zaragoza, se advierte que adjuntó las comparecencias del aquí quejoso respecto a la solicitud de devolución de los documentos, así como del vehículo materia del acto reclamado en este juicio, de veintidós y veintitrés de febrero de este año (fojas 118 a 123), en los autos del expediente 01769/PAL/UIPAL/2016, NUC: COA/PG/CA/CB/2016/AA-0176, mismos que le fueron entregados al aquí quejoso, como se aprecia en las siguientes constancias: *** Documentales a la que se le concede valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo , en términos de su numeral 2° , por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con número de registro 394182, bajo el rubro y texto siguiente: *** Ahora bien, analizada la probanza anterior, se desprende que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: *** Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: *** La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo , es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: *** Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J.59/99, del rubro y texto siguientes: *** Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Mineral de Palaú, Coahuila de Zaragoza, en los autos del expediente 0176/PAL/UIPAL/2016, el veintidós y veintitrés de febrero de este año, hizo entrega al quejoso de los documentos referentes al vehículo, y el automotor materia de este juicio; lo que implica la desaparición total del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable, restituyó con ello, en el pleno goce de sus derechos fundamentales a la parte quejosa, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose con ello, como se dijo, la causa de improcedencia invocada. En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. IV. Se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional. En vista de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete (fojas 124 y 125).
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable que a continuación se precisa: Autoridad responsable: Agente del Ministerio Público de Mineral de Palaú, Coahuila de Zaragoza, y anexos. En consecuencia, póngase a la vista de las partes por el plazo de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo . Además, se tienen como pruebas de la citada autoridad, las documentales que acompañó a su informe, sin perjuicio de hacer referencia de ellas en la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia . Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas con cuarenta minutos del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, para su celebración. Finalmente, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, coma lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se instruye al Actuario Judicial adscrito para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en el portal de Internet del Poder Judicial Federal, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la ley de la materia prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado o comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercera interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo ini.asp. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil doscientos cincuenta y tres, Libro XVI, Enero de dos mil trece, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2002576, del rubro y texto siguiente: *** Derivado de lo anterior, en lo subsecuente la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada en los estrados de este Juzgado y en la página de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el telegrama que remite el Encargado del Destacamento de la Policía Investigadora del Estado, con residencia en Mineral de Palaú, Coahuila de Zaragoza, con el cual se le tiene desahogando el requerimiento de diecisiete de febrero de este año (foja 73), al efecto señala que en ningún momento se ha negado la entrega de las constancias originales del vehículo de la marca Olsmobile cutlas, modelo 1999, a Pedro Noriega Casillas, ya que dicha persona fue quien hizo entrega de la documentación original del vehículo a los Agentes de la Policía Investigadora del Estado destacamentados en el Mineral de Palaú, Coahuila para que se le realizará una inspección minuciosa y verificar que el vehículo no contara con reporte de robo en el sistema de control vehicular del Estado y en Plataforma México, y la persona de nombre Rubén Esquivel Roqued, en ningún momento se ha presentado en las oficinas de ese destacamento, solicitando la devolución de la documentación original del vehículo. Asimismo, se informa que el vehículo de la marca Olsdmobile, cutlas modelo 1999, se pusó a disposición del Agente del Ministerio Público del Mineral de Palaú, Coahuila de Zaragoza, el doce de noviembre de dos mil dieciséis, y la documentación original, el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, mediante informe policial homologado; de lo que este Juzgado queda enterado para los efectos legales conducentes.
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