Ruben Ferrer Razo

Expediente 1286/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1286/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Ruben Ferrer Razo
  • Jefe de Departamento de Pensiones, Subdelegación Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Con Residencia En León, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Determinación causa estado. Valoración de destino.

  2. Principal

    Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo presentada por ********************, en la que reclamó de las autoridades responsables lo siguiente: Ahora, de la documental que el delegado de la autoridad responsable jefe del Departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, aportó al presente juicio de amparo, se advierte que el titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativo Desconcentrado Estatal Guanajuato, mediante oficio 11A16061-4100/RDE/009/2023, de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dio respuesta a la solicitud del impetrante, consistente en emitir resolución de invalidez definitiva bajo el régimen pensionario de la Ley del Seguro Social de 1973, en el sentido de informarle que el recurso de inconformidad A-CC GTO 230421/280.C.I. resultó fundado, por lo que se procedió a dejar sin efectos la resolución número 20/338446, de nueve de septiembre de dos mil veinte, para emitir una nueva resolución; asimismo, requirió su comparecencia ante la Subdelegación León, oficina de Pensiones, a fin de suscribir la denominada "solicitud de pensión" respectiva (foja 82). Posteriormente, mediante oficio recibido el veinticuatro de mayo pasado, el delegado de la citada autoridad responsable allegó copia certificada de la resolución para el otorgamiento de pensión de invalidez definitiva del quejoso, emitida el treinta de marzo del año actual, bajo el régimen pensionario de la Ley del Seguro Social de 1973, en cumplimiento al recurso de inconformidad interpuesto en el expediente CC. GTO 622/2020 (foja 133 de autos). A su vez, el delegado de la autoridad responsable jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación León del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta ciudad, remitió copia certificada de la pantalla de emisión de pagos-histórico de pagos-detalle de nómina del Sistema de Trámite de Pensiones (SISTRAP), en la que se aprecia el pago de diferencias al quejoso ********************, bajo el concepto "034", por el importe de $92,426.91 (noventa y dos mil cuatrocientos veintiséis pesos 91/100 moneda nacional) y $11,182.12 (once mil ciento ochenta y dos pesos 12/100 moneda nacional), que sumadas arrojan la cantidad de $103,609.03 (ciento tres mil seiscientos nueve pesos 03/100 moneda nacional), que comprenden el periodo de pago del uno de agosto de dos mil veinte al treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, por concepto de pensión de invalidez (foja 164). Por otra parte, de la constancia que la autoridad responsable director de la Unidad de Medicina Familiar número 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta ciudad, acompañó a su informe con justificación, consistente en copia certificada de la nota médica de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se obtiene que el peticionario del amparo fue valorado por el médico Hugo Gerardo Reynoso Solís y diagnosticado con secuelas por fractura de fémur y cúbito; de igual manera, consta el tratamiento médico prescrito para su padecimiento, otorgándole cita abierta a urgencias con datos de alarma (fojas 60 a 65). Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, con las cuales se acredita la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Causal que se actualiza en este caso, si se toma en cuenta que lo que constituye materia de reclamo constitucional es lo siguiente: a) La omisión de dar cumplimiento a la resolución emitida en el expediente ********************, mediante la cual se dejó sin efectos la determinación de nueve de septiembre de dos mil veinte, y se le ordena emitir una diversa. b) La negativa de emitir y notificar la respuesta a su solicitud, recibida por la autoridad responsable el doce de agosto de dos mil veintiuno, consistente en emitir resolución de invalidez definitiva bajo el régimen pensionario de la Ley del Seguro Social de 1973. c) La omisión de pago mensual de su pensión de invalidez desde el año dos mil veinte; y, d) La falta de atención médica. Por tanto, es evidente que los efectos de dichos actos han cesado, al acreditarse que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se dio cumplimiento a la resolución emitida en el expediente ******************** y se emitió diversa determinación de invalidez definitiva bajo el régimen pensionario de la Ley del Seguro Social de 1973; asimismo, se dio respuesta a la solicitud del impetrante, que se hizo consistir en la emisión de la resolución referida con antelación y se notificó la misma el diecisiete de febrero pasado, se realizó el pago al impetrante ******************** de la pensión de invalidez correspondiente a mensualidades no cobradas por el periodo comprendido del uno de agosto de dos mil veinte al treinta y uno de mayo del presente año; de igual manera, se acreditó que el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se otorgó al quejoso el servicio médico solicitado. Se afirma lo anterior, pues si bien a la fecha de presentación de la demanda -conforme a la causa de pedir- existían las omisiones reclamadas, cierto es también que las mismas dejaron de existir durante el trámite del presente juicio; ello es así, en atención a que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación que destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, por lo que se determina que en el caso cesaron los efectos de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, jurisprudencia 2ª./J. 59/99 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, resulta aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma.

  3. Principal

    Autoridad desahoga vista, cumple parcialmente requerimiento y se le requiere de nueva cuenta.

  4. Principal

    Autoridad pretende cumplir requerimiento y se le requiere de nueva cuenta.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

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