RUBÉN DÍAZ CRUZ y Otros.

Expediente 777/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
777/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/08/2022

Partes del expediente

  • RUBÉN DÍAZ CRUZ y Otros.
  • JORGE MIRELES CARRILLO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado determinación. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintidós de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó la demanda de amparo. archívese y remítase al lugar de guarda.

  2. Principal

    León, Guanajuato; ocho de agosto de dos mil veintidós. I. Defensor Público acepta cargo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito de cuenta signado por Héctor Hugo Gallardo Cruz y, en atención a su contenido, téngasele cumpliendo el requerimiento efectuado en proveído de tres de agosto del año en curso, toda vez que acepta y protesta el cargo de defensor público de los aquí quejosos privados de la libertad Rubén Díaz Cruz y otros. Como lo indica, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio y que así lo ameriten, a través del usuario (HECTOR27NS). Respecto al acceso al expediente electrónico del juicio en que se actúa, toda vez que el nombre de usuario que proporciona (HECTOR27NS), se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, al referido profesionista. Téngasele señalando las cuentas de correo electrónico y número telefónico, con la finalidad de establecer contacto en caso de que se estime necesario; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19. II. Comunicación al quejoso sobre designación de defensor público y/o asesor jurídico. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que le fue asignado como defensor público y/o asesor jurídico para que le preste asesoría en el presente juicio de amparo al Defensor Público Federal Héctor Hugo Gallardo Cruz, para los efectos legales a que haya lugar. III. Notificaciones a la parte quejosa. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, realícense tanto a los directos quejosos privados de su libertad por conducto de su representante común, como al defensor y/o asesor antes citado, a fin de potencializar el acceso a la justicia del aquí quejoso. Resulta orientadora la tesis (II Región) 1o.4 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, de Mayo de 2019, Décima Época, registro 2019918, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE SE REALICEN TANTO A ÉSTOS EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN RESPECTIVO, COMO A QUIEN, EN EL SUMARIO CONSTITUCIONAL, TENGA ASIGNADA SU DEFENSA (INTERPRETACIÓN PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a la doctrina establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la concurrencia de múltiples interpretaciones respecto de una disposición normativa, debe preferirse aquella que sea más extensiva y, especialmente, la que tienda a favorecer el acceso efectivo a la jurisdicción. Ahora bien, acorde con una directriz gramatical, en su vertiente semántica, deriva que el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo puede implicar dos escenarios: (i) uno, en el que la conjunción (o) contenida en dicho precepto, se entienda en su acepción alternativa y, por ende, quede a elección del Juez de Distrito instruir que las comunicaciones condignas se materialicen, ya sea al quejoso privado de su libertad en el lugar de internamiento correspondiente, o bien, a su defensor, representante legal o persona designada para esa finalidad; y, (ii) otro, en el que la conjunción de trato, lejos de representar una disyunción al resolutor federal, conlleve la obligación ineludible de que éste ordene su práctica, invariablemente, tanto al directo quejoso privado de su libertad como a la persona que tenga asignada su defensa, para efectos del juicio biinstancial; de ahí que a pesar de que ambas opciones interpretativas deriven de procesos hermenéuticos válidos, la exégesis que produce un mayor espectro protector al justiciable es la segunda, en la medida en que potencializa el acceso a la justicia al sujeto privado de su libertad personal, ya que con esa perspectiva se garantiza que, en todos los casos, tengan conocimiento de las determinaciones dictadas en el sumario de derechos fundamentales, la persona encargada de velar por los intereses del individuo sujeto a la rectoría de la autoridad penitenciaria, así como este último de manera directa, con lo cual, a su vez, se diluye la posibilidad de que, por un descuido o negligencia del primero, se le impida al segundo controvertir una decisión que tenga como desenlace un contexto desfavorable". IV. Se ordena notificación. Sin perjuicio de lo anterior, se ordena al actuario de la adscripción para que, proceda a realizar la notificación del proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós al defensor de mérito; lo anterior, para que se imponga de su contenido y efectos legales procedentes. V. Notificaciones personales. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VI. Instrucción en torno a la notificación personal del quejoso privado de su libertad. Por cuestiones de seguridad e higiene, para salvaguardar la integridad tanto del encausado de mérito, privado de la libertad, como del funcionario que le notifique el presente proveído, se faculta al actuario judicial para que realice la notificación de este proveído por los medios electrónicos habilitados e implementados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

  3. Principal

    Instituto Federal de Defensoría Pública designa defensor público. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta remitido por la Titular de la Delegación Guanajuato del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en la capital, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós y, para tal efecto, designa al licenciado Héctor Hugo Gallardo Cruz, como defensor pública federal y/o asesor jurídica de los quejosos Rubén Díaz Cruz y otros, en el presente juicio de amparo. Se requiere a defensora pública federal. En consecuencia, requiérase al defensor público federal Héctor Hugo Gallardo Cruz, para que, dentro del término de tres días, acepte y proteste el cargo de defensor público federal y/o asesor jurídico de los quejosos privados de la libertad Rubén Díaz Cruz y otros, por medio de escrito, mismo que deberá hacer llegar de manera electrónica, en el que constará su firma electrónica; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19. Se exhorta al defensor público y/o asesor jurídico de los quejosos, para que se imponga de la totalidad de los autos y en su caso, promueva lo que considere pertinente. Sin que obste a lo anterior que el oficio de cuenta carezca de firma autógrafa, ya que al encontrarse firmado digitalmente y haberse remitido vía correo electrónico institucional, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19, se acuerda su contenido.

  4. Principal

    Recepción de incompetencia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta, a través del cual la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, remite el juicio de amparo 957/2022 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Rubén Díaz Cruz y otros, por haberse declarado legalmente incompetente para conocer de la misma. Con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia declinada, por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y asume el conocimiento de asunto en cuestión. Acúsese recibo. II. Registro y expediente. Dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 777/2022-II. III. Quejoso. Rubén Díaz Cruz, Luis Alonso Rodríguez Castruita, Jorge Mireles Carrillo, Esteban Trejo Ramírez, Guillermo Godoy (segundo apellido ilegible) y José Guadalupe Estrada Ramírez. IV. Precisión de los actos reclamados. Para una mejor comprensión del asunto, se advierte que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: La orden dada al oficial en turno de apagar la televisión, violándoles el derecho a manifestarse pacíficamente, así como el derecho a estar enterados de lo que sucede en el exterior por cualquier medio "vía correo y vía televisión"; cancelar actividad de patio y no sacarlos a bañar. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." V. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. De la lectura de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado lo hacen consistir en la orden dada al oficial en turno de apagar la televisión, violándoles el derecho a manifestarse pacíficamente, así como el derecho a estar enterados de lo que sucede en el exterior por cualquier medio "vía correo y vía televisión"; cancelar actividad de patio y no sacarlos a bañar; empero, de la certificación que antecede se advierte que la misma demanda que ahora se analiza fue recibida primeramente en su versión electrónica por el juez declinante, quien en auto de quince de junio del año en curso la radicó bajo el número de expediente 923/2022, declarando carecer de competencia legal para conocer de la misma y concediendo la suspensión de plano respecto de los actos combatidos (la cual dio origen a la radicación del juicio de amparo 778/2022, del índice estadístico de este Juzgado de Distrito); así también se obtiene, que con posterioridad a lo antes reseñado, el mismo juez declinante recibió la demanda física de la versión electrónica en comento, radicando la misma en auto de dieciocho posterior con el número de expediente 957/2022, determinando que no había lugar a proveer sobre la suspensión de plano de los actos reclamados porque ya existía pronunciamiento al respecto en el juicio de amparo 923/2022 de su índice (misma que dio origen a la radicación del juicio de amparo 777/2022, del índice estadístico de este Juzgado Federal); por tanto, se determina que su tramitación es notoriamente improcedente y por tanto, debe desecharse de plano, como se verá a continuación. El artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." La hipótesis legal en cita alude al supuesto en que un juicio de amparo resulta improcedente, cuando el acto que en él se reclama, sea materia de otro juicio de la misma naturaleza, promovido por el mismo quejoso respecto de las mismas autoridades responsables, aun cuando se aduzcan en uno y otro, distintas violaciones constitucionales, lo que significa estar ante la institución procesal de la litispendencia. De acuerdo a la doctrina procesal, esa figura requiere que un litigio esté vigente, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria o quede firme la determinación que haya concluido el juicio primigenio. Cabe hacer notar que en distingo a la Ley de Amparo, hasta el dos de abril de dos mil trece, la actual Ley Reglamentaria modificó el texto de la fracción que preveía la causal de improcedencia analizada, siendo que el texto anterior sí detallaba qué debe entenderse cuando se aludía a un juicio "pendiente de resolución", esto es, ya sea que se encuentre substanciando en primera o única instancia, o bien, en revisión. Así, del texto anterior era factible extraer que la figura de litispendencia podía surtirse en tres momentos: Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; Aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo; y, Si existe recurso de revisión en contra de la sentencia, hasta antes del dictado del fallo correspondiente. Precisión que si bien es verdad no se contiene gramaticalmente en el texto vigente de la fracción X, del precepto 61, de la Ley de Amparo, ya que únicamente prevalece la expresión que alude a un juicio de amparo precedente "pendiente de resolución", también es verdad que ésta debe ser interpretada acorde con la naturaleza y teleología de la institución jurídica que acoge, asimismo, en forma sistemática, con el texto integral del precepto 61 de la Ley de Amparo. En efecto, se destaca que la litispendencia es una institución procesal que tiene como finalidades fundamentales las siguientes: Que se guarde la unidad del proceso; Que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio; y, Evitar que se pronuncien sentencias contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. Ahora, si en el caso particular es en el diverso juicio de amparo 778/2022-III, del índice de este juzgado federal en el que se emitió el auto primigenio de recepción de la misma demanda que dio origen al sumario en el que se actúa, con la declaratoria de incompetencia emitida el quince de julio del año en curso, en los autos del diverso juicio de amparo 923/2022 del índice estadístico del juzgado declinante en el que incluso se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, mientras que en el juicio del juicio de amparo 957/2022 del mismo índice del homólogo declinante y que da origen al juicio de garantías en el que se actúa, el auto de radicación y declaratoria de incompetencia fue dictado con posterioridad al referido en primer orden, esto es, el dieciocho de julio de la presente anualidad, en el que con motivo de la radicación del contradictorio 923/2022 ya no se proveyó respecto a la suspensión de plano dado que ya había sido decretada en aquél al tratarse de la misma demanda (en sus versiones física y electrónica); deviene inconcuso que en la especie, la causal de improcedencia materia del presente análisis sí puede manifestarse en el presente asunto; puesto que el objetivo de la misma es proteger la unidad del proceso, el principio de economía procesal y sobre todo, evitar la emisión de resoluciones contradictorias en asuntos iniciados por las mismas partes, con el mismo objeto y pretensión. A más de lo anterior, cabe decir que de considerar lo contrario, se ocasionaría dos efectos perniciosos para la administración de justicia, a saber: a) Se tendría que retrasar la emisión de sentencia en el o los juicios de amparo presentados en un segundo lugar; y, b) Obligaría al órgano de justicia a emitir sentencias exactamente iguales a la emitida en el juicio promovido en primer lugar. Así, para la actualización de la litispendencia es necesario que se actualicen los siguientes elementos constitutivos: a) Que el acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Los anteriores requisitos se encuentran probados con los datos que constan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ya que se advierte que ante este mismo Juzgado, se registró el diverso amparo 778/2022-III, en el que se encuentra glosada la misma demanda que en el actual, solo que en su versión electrónica; así también se obtiene que ambas demandas (en sus versiones física y electrónica), son recibidas con motivo de la incompetencia decretada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de mismo nombre y que el auto primigenio de incompetencia fue emitido el quince de julio del año en curso, en los autos del diverso juicio de amparo 923/2022 del índice estadístico del juzgado declinante, en el que incluso proveyó la suspensión de plano de los actos combatidos, mismo que a su vez da origen al segundo de los expedientes de amparo radicados en este Juzgado Federal, esto es, al juicio de amparo 778/2022-III, en el que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para la suscrita que en esta misma data se aceptó la competencia declinada y se desechó la demanda al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, debido a que los quejosos no agotaron el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante el que se puede revocar, nulificar o modificar los actos que tildan de inconstitucionales, antes de acudir al juicio de amparo -principio de definitividad-, determinación que evidentemente aún no ha adquirido firmeza procesal. No obstante lo anterior, obténgase copia certificada de la demanda y anexos relativos al juicio de amparo 778/2022-III, de este índice, y glósense al presente expediente para que obren como corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, visible en la página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." Así como la tesis I.1o.A.14 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1946, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el siguiente rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO.". Luego, si bien en el caso particular, la demanda de amparo que dio origen al presente expediente 777/2022-II, fue recibida y registrada con anterioridad a la diversa 778/2022-III, del índice de este juzgado federal, también lo es que al tratarse en ambos juicios de la misma demanda, pero en sus versiones física y electrónica, es el auto primigenio de incompetencia y de concesión de la suspensión de plano de los actos recamados, es decir, el acuerdo de quince de julio del año en curso emitido en el auto de incompetencia que da origen al juicio de amparo 778/2022-III, de nuestro índice estadístico, el que debe prevalecer, para proveer lo conducente respecto a la demanda presentada por los impetrantes; de ahí la determinación asumida. En efecto, no se desatiende que dentro del índice de este Juzgado de Distrito se radicó en primer término el juicio en que se actúa (777/2022-II) y posteriormente el diverso 778/2022-III; sin embargo, dadas las circunstancias y particularidades del caso, al tratarse de la misma demanda (en sus versiones original y electrónica), lo que debe prevalecer para arribar a la determinación anterior, lo son los juicios de origen y que derivaron en las declaratorias de incompetencias respectivas, las cuales fueron dictadas el quince de julio de dos mil veintidós (778/2022-III derivado del diverso 923/2022) y dieciocho de julio del año en curso (777/2022-II derivado del diverso 957/2022). Consecuentemente, es dable afirmar que, los actos reclamados en la demanda origen del presente expediente ya son materia de estudio en el juicio de amparo 778/2022-III, por las razones antes expuestas. Asumir una posición contraria, implicaría que los aquí quejosos puedan válidamente tener tantos amparos y obtener tantas suspensiones como quisieran, en total detrimento de la justicia federal que emplearía más recursos materiales y humanos en analizar algo que será materia de estudio por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de estudio. Al respecto, es aplicable, por analogía, la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 18, Tomo VIII, Octubre de 1991, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con rubro y contenido literal, siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMAR EL ACTO EN DOS AMPAROS. NO ES OBSTACULO PARA DECLARARLA EN EL SEGUNDO JUICIO EL QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CUMPLAN POR SI MISMAS LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRIMERO, PENDIENTE DE RESOLUCION EN REVISIÓN, POR NO ESTAR CONFORME EL QUEJOSO CON LOS EFECTOS PARA LOS CUALES SE LE CONCEDIO LA PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL. De lo dispuesto por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, se desprende que únicamente son tres los requisitos exigidos para que opere la causal de improcedencia relativa, a saber: a) Que la ley o acto que se reclamen sea materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión y, c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, todo lo cual permite inferir que se estableció por el legislador ordinario con el exclusivo propósito de impedir, en ese caso, la posibilidad de la coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada y fuerza ejecutoria. Ahora bien, el hecho de que las autoridades responsables, por si mismas, den cumplimiento a la sentencia dictada en el primer juicio, carente de firmeza en virtud de la falta de resolución del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa al no estar conforme con los efectos para los cuales se le concedió la protección de la Justicia Federal, no constituye obstáculo para que en el segundo juicio se surta lo previsto por el mencionado dispositivo legal en la medida que, pese a la actitud peculiar asumida por las autoridades, sigue quedando en pie la existencia del primer juicio de amparo pendiente de resolución en revisión, promovido, al igual que el segundo, por el mismo quejoso en contra de las mismas autoridades responsables y por los propios actos reclamados, de manera que no se destruye la factibilidad de que lleguen a dictarse dos sentencias contradictorias que es lo que pretende evitar la causal aludida". Asimismo, por analogía, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 817, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTIAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION III, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIENDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." De igual forma, robustece lo aquí determinado la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 655, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional". VI. Representante Común. Como indican los quejosos, se tiene como representante común a Rubén Díaz Cruz, en términos de artículo 13, de la Ley de Amparo. II. Se solicita designación de asesor jurídico. Ahora bien, como lo solicitan los quejosos y a efecto de no dejarlos en estado de indefensión y proteger su derecho a una tutela judicial efectiva, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, párrafo primero, 77, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, 17 de la Constitución Federal; 8.2, incisos d) y e), 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y con copia de la demanda de amparo, con copia de la demanda, requiérase a la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato, con sede en la capital, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación que se le haga de este proveído, designe a alguno de los defensores públicos adscritos a esta ciudad, a efecto de que los represente y asesore jurídicamente durante la tramitación del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." VIII. Domicilio. De igual forma, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social 12 "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, Guanajuato, en virtud de que se encuentran privados de su libertad; lo anterior de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. IX. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Se exhorta a las partes. A fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. XI. Instrucción para practicar notificaciones personales. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. XII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veinte de julio de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios.

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