Ruben Espinoza Vela

Expediente 1274/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1274/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Ruben Espinoza Vela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Relación de estado procesal de autos. Visto el estado procesal de autos se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa por acuerdo de uno de septiembre del año en curso, para que desahogara la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la autoridad responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo, sin que hubiese realizado manifestación alguna en ese sentido. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. II. Concesión del amparo y efectos. Mediante sentencia dictada el quince de julio dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional solicitada, para los efectos siguientes: La Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, acredite que celebró el veintinueve de agosto del año en curso, la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral *****, de su índice, y únicamente para el caso de que no sea posible su desahogo en la data indicada, por algún impedimento legal, el amparo tendrá el efecto de que la autoridad responsable señale una nueva fecha ciñéndose al plazo previsto por el artículo 873, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo." III. Ejecutoria y requerimiento. En proveído de diez de agosto de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió por su cumplimiento a la autoridad responsable. IV. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por el Presidente Auxiliar, Actuario y Secretaria adscritos a la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, a través del comunicado de registro 19463, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2, se advierte que el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen *****. V. Pronunciamiento. De la anterior relación, se aprecia que se atendieron a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Orden de archivo. Tomando en consideración lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, en el plazo de tres años, al haberse concedido el amparo. Oposición de datos personales. De autos se advierte que la parte quejosa no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, uno de septiembre de dos mil veintidós. Informa gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria. Visto el oficio y anexo remitidos por la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por conducto de su Presidente Auxiliar, Actuario y Secretaria, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se le tiene remitiendo copia certificada del acuerdo relativo a la audiencia celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en el juicio de origen. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con el comunicado y anexo de cuenta por el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que expresen lo que a su derecho convenga; bajo apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese por lista física y electrónica; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de trece de julio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el diecinueve de julio de dos mil veintidós. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el siete de mayo de dos mil dieciocho, la cual fue revocada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el amparo en revisión 244/2018, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada emitida dentro del recurso de revisión 006/2017, el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. 2. Conforme las directrices establecidas en esta ejecutoria, prescinda de las indebidas razones que plasmó en la resolución reclamada y, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, funde y motive debidamente el estudio que practique de los agravios propuestos en el recurso de revisión, sobre todo, en torno a la necesidad del dictamen técnico, debiendo señalar de manera precisa él o los ordenamientos donde se contemple como requisito el citado dictamen, así como respecto de la imposibilidad estimada para su emisión.". En esa mediada, es importante traer las directrices establecidas por la Superioridad en la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 244/2018. "Por lo tanto, es inconcuso que la resolución reclamada no está debidamente fundada ni motivada al establecer que, a su vez, la subyacente sí contiene una debida fundamentación y motivación, pues según se vio, en los preceptos en los que pretendió fundarse no se encuentra la obligación de obtener un dictamen técnico para acceder al servicio registral solicitado; de tal manera, resulta contrario a derecho que se exija al ejido solicitante de derechos fundamentales que cumpla con un requisito no especificado en los ordenamientos que para tal efecto invocó la autoridad responsable. Bajo esa perspectiva, si dicha autoridad responsable al confirmar la negativa registral pasó por alto que en la fundamentación plasmada por la autoridad subyacente, no se encuentra la obligación de obtener un dictamen técnico para acceder al servicio registral solicitado; y en esa exigencia se basó la negativa del registro en comento; entonces, tal actuación trastoca el derecho fundamental prescrito por el artículo 16 Constitucional, en perjuicio del quejoso. Además, el Delegado en Jalisco del Registro Agrario Nacional responsable inapreció que la razón por la que la autoridad subyacente negó el registro fue porque no se emitió el dictamen con base en la imposibilidad jurídica en el cambio de destino de tierras; lo que sostuvo en el artículo 56 de la Ley Agraria, en el que se establece que la asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de dicho ordenamiento legal, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas; sin embargo, la responsable interpretó esa cuestión de manera contraria para determinar que si las tierras están formalmente parceladas, eso implica que la asamblea del ejido no puede cambiar el destino de las mismas; pero, no escapa a este Tribunal, en suplencia de la queja, que esa circunstancia no fue señalada por el registrador primigenio; lo que además, omitió motivar correctamente la responsable, pues no justificó en que consistió la imposibilidad referida, ni desarrolló las razones para evidenciar su afirmación en cuanto al parcelamiento de las tierras, según lo estableció, pues no señala las documentales que le hacen llegar a esa conclusión y de las constancias que obran en autos no se advierte medio de convicción en que se apoye esa aseveración; por lo que la conclusión a la que arribó tampoco está debidamente motivada, según pretendió fundarlo. (Énfasis agregado) Luego, mediante resolución de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro del recurso de inconformidad 08/2019, determino que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida, y ordenó que se realizaran los siguientes actos: ".emita una nueva resolución, en la que cumpla con lo señalado en el numeral 2 de los efectos de la ejecutoria de amparo, es decir, que prescinda de las indebidas razones que plasmó en la resolución reclamada y, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, funde y motive debidamente el estudio que practique de los agravios propuestos en el recurso de revisión, sobre todo, en torno a la necesidad del dictamen técnico, debiendo señalar de manera precisa él o los ordenamientos donde se contemple como requisito el citado dictamen, así como respecto de la imposibilidad estimada para su emisión. En el entendido de que, la primera cuestión, esto es, la relativa a realizar el estudio que practique de los agravios propuestos en el recurso de revisión, en torno a la necesidad del dictamen técnico que se señaló por la autoridad registral, debiendo señalar de manera precisa él o los ordenamientos donde se contemple como requisito dicho dictamen, no implica el que forzosamente, dicha autoridad deberá señalar algún fundamento legal que establezca ese requisito como condicionante para efectuar el registro solicitado, sino el que establezca si existe o no algún fundamento legal que de forma precisa establezca la necesidad de dicho dictamen como requisito legal para poder realizar el trámite registral solicitado, en caso de haberlo, lo deberá señalar claramente; pero de no advertirlo, así deberá precisarlo, debiendo en este caso, ordenarle a la autoridad registral que se pronuncie nuevamente, sobre la solicitud de registro que le presentó el quejoso, absteniéndose de negarle dicho trámite con base en la exigencia del citado dictamen, pues es claro, que si la autoridad no puede fundar legalmente la exigencia del mismo, no es exigible al quejoso. Luego, en cuanto a la segunda cuestión, esto es, la imposibilidad jurídica manifestada para emitir el citado dictamen técnico, deberá analizar esa temática a la luz de los argumentos expresados en la resolución recurrida, esto es, el señalamiento en el que se indicó: ".LO ANTERIOR YA QUE ESTA DELEGACIÓN JALISCO, PARA QUE PUEDA ESTAR EN CONDICIONES DE LLEVAR A CABO LA CALIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN DEL ACTA EN COMENTO, ES NECESARIO QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y ASISTENCIA TÉCNICA, EMITA DICTAMEN TÉCNICO LO QUE EN ESPECIE NO ACONTECIÓ, YA QUE TAL Y COMO SE DESPRENDE DEL OFICIO BAJO NUMERO DGCAT/100/6457/2016, SE PRONUNCIA EN EL SIGUIENTE SENTIDO: . ESTA DIRECCIÓN NO EMITE DICTAMEN TÉCNICO PETICIONADO DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA EN EL CAMBIO DE DESTINO DE TIERRAS QUE SE SOLICITA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 65, 76, 77, 79 Y 81 DE LA LEY AGRARIA, QUEDANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL PROMOVENTE PARA REDESTINAR LA PARCELA EN LA VÍA QUE A DERECHO PROCEDE (SIC)., y no, con base en su argumento derivado de la interpretación a contrario sensu del artículo 56 de la Ley Agraria, pues ya se dijo que tal consideración no fue expresada en la resolución recurrida, esto es, es ajena a la misma. Sin que lo anterior implique necesariamente, que deberá determinarse como procedente la inscripción solicitada por el quejoso, sino únicamente, que de no sustentarse jurídicamente, esto es, de no advertirse que las razones expresadas por la autoridad registral para denegar el registro solicitado por el quejoso, tienen sustento legal, deberá resolverse nuevamente su petición absteniéndose de negarle la procedencia de dicho trámite registral con base en las misma razones, si éstas, se reitera, no encuentran fundamento legal que las soporte.". Por último, mediante resolución de diez de junio de dos mil veinte, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro del recurso de inconformidad 04/2020, determino que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida, y ordenó que se realizaran los siguientes actos: "Emita una nueva resolución en la que pondere la imposibilidad jurídica que señaló la autoridad registral en la resolución recurrida por el quejoso, con base en las razones expresadas en esa determinación (la del registrador), y no, a partir del argumento que, motu proprio expresó dicha responsable relativo a la interpretación que dio al artículo 56 de la Ley Agraria (que si las tierras están formalmente parceladas, eso implica que la asamblea del ejido no puede cambiar el destino de las mismas), pues como se le señaló en la ejecutoria de amparo, esa cuestión no fue expresada por la autoridad registral que negó el registro solicitado por el quejoso.". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que mediante oficio RAN-JAL/4471/2022 de once de julio de dos mil veintidós, el Jefe del Departamento de Titulación y Catastro Rural del Registro Agrario Nacional del Estado de Jalisco, bajo el recurso de revisión 006/2017 de su índice, resolvió de nueva cuenta el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa Rubén Martínez Bocanegra, en su carácter de representante legal del núcleo agrario denominado "Los Sitios", municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco, determinando declarar infundados los agravios hechos valer por el aquí quejoso y confirmar la calificación registral negativa de dos de febrero de dos mil diecisiete. Sin embargo, dicha resolución, no se ciñe cabalmente a la ejecutoria de amparo, puesto que la responsable no funda y motiva debidamente el estudio que practicó a los agravios propuestos en el recurso de revisión, SOBRE TODO, EN TORNO A LA NECESIDAD DEL DICTAMEN TÉCNICO debiendo señalar de manera precisa él o los ordenamientos donde se contemple como requisito el citado Dictamen Técnico solicitado por parte de la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica del Registro Agrario Nacional, lo que lógicamente implica que, DE NO EXISTIR TAL OBLIGACIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD AGRARIA, ASÍ PRECISARLO; y además, también debe analizar el tema de la imposibilidad estimada para su emisión, esto es motivar correctamente si existe o no la imposibilidad jurídica manifestada, en cuanto a cambiar el destino de tierras parceladas a tierras de asentamiento humano, siendo que así se le indicó en las consideraciones de la ejecutoria de amparo. Además, se trae a colación que mediante oficio RAN-JAL/507/2019 de cinco de marzo de dos mil diecinueve, el Jefe del Departamento de Titulación y Catastro Rural del Registro Agrario Nacional del Estado de Jalisco, bajo el recurso de revisión 2/2019 de su índice, resolvió de nueva cuenta el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, determinando revocar la calificación registral negativa de dos de febrero de dos mil diecisiete, así mismo instruye al registrador integral para que proceda a realizar un nuevo estudio y análisis del expediente formado con motivo de la solicitud de trámite 3087, de dieciocho de abril de dos mil trece, por lo que resulta incongruente que en esta nueva resolución confirme una resolución que ya había revocado En esas condiciones, como lo refiere la parte quejosa resulta claro que la sentencia de amparo no ha quedado cumplida. Requerir cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, párrafo cuarto, y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, para que dentro del término de siete días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído: Emita una nueva resolución en la que pondere la imposibilidad jurídica que señaló la autoridad registral en la resolución recurrida por el quejoso, con base en las razones expresadas en esa determinación (la del registrador), y no, a partir del argumento que, motu proprio expresó dicha responsable relativo a la interpretación que dio al artículo 56 de la Ley Agraria (que si las tierras están formalmente parceladas, eso implica que la asamblea del ejido no puede cambiar el destino de las mismas), pues como se le señaló en la ejecutoria de amparo, esa cuestión no fue expresada por la autoridad registral que negó el registro solicitado por el quejoso. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, quien resulta ser el superior jerárquico de la responsable, para que ordene al referido titular, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento. Se levanta reserva. Visto nuevamente el escrito recibido el veintiséis de julio del año en curso y con el que se da cuenta; atento a sus contenidos, agréguense a los autos, y dígasele que se esté a lo ordenado en párrafos que anteceden.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, diez de agosto de dos mil veintidós. Causa ejecutoria. Del estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el quince de julio de dos mil veintidós, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución. Efectos. Ahora, en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable debe realizar lo siguiente: La Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, acredite que celebró el veintinueve de agosto del año en curso, la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral ****, de su índice, y únicamente para el caso de que no sea posible su desahogo en la data indicada, por algún impedimento legal, el amparo tendrá el efecto de que la autoridad responsable señale una nueva fecha ciñéndose al plazo previsto por el artículo 873, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo. Se requiere cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que, llegada la fecha programada para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral de origen, en el plazo de tres días posteriores, dé cumplimiento a la sentencia dictada por este Juzgado Federal y remita copias certificadas de las constancias que lo acrediten. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Requerimiento a superior jerárquico. Sin que proceda requerir al superior jerárquico en términos de lo previsto en el párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo, ya que, como lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 375/2011, las Juntas y Tribunales laborales no se encuentran sometidos la potestad de autoridad alguna, en razón de que cuentan con absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional. De dicha contradicción surgió la jurisprudencia de registro 2000099, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, li Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página 3515, de rubro siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO.". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por lista física y electrónica.

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