Rubén Carvajal Mendoza

Expediente 8/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
8/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
08/02/2019

Partes del expediente

  • Rubén Carvajal Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual hace del conocimiento el contenido del proveído de seis de febrero del presente año, dictado en los autos del toca de inconformidad 4/2019, por el que, se tuvo por recibido el escrito de agravios de la parte quejosa --, así como los autos originales del juicio de amparo 2967/2017, e informa que se admitió el recurso de inconformidad hecho valer en autos; agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y téngase a la suscriptora del oficio de mérito, informando lo antes expuesto.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Vista cumplimiento. Visto el oficio suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Jalisco, mediante el cual, remite el oficio 14.5.1/0166/2019, por el cual, la responsable da respuesta a su petición. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Notifíquese.

  3. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintiséis de noviembre veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veinte de febrero de dos mil dieciocho, en la que se concedió el amparo y la protección constitucional, misma, que fue recurrida por parte de la quejosa y que tocó conocer a la superioridad, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el toca de revisión principal 168/2018, de su índice, en el cual se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Enrique Vizcaíno de Aguinaga, Enrique Vizcaíno Zepeda, Enrique Díaz del Castillo Vizcaíno, Juan Pablo Hernández Vizcaíno, Karina Díaz del Castillo Vizcaíno, Luis Eduardo Hernández Vizcaíno, María Cristina Hernández Vizcaíno, María Fernanda Gómez Vizcaíno, Nathalia Díaz del Castillo Vizcaíno, y Stephanie Díaz del Castillo Vizcaíno, así como a Trivice, Sociedad Anónima de Capital Variable y fideicomiso celebrado el veintiséis de julio de dos mil cuatro, contra los catos y autoridades precisados en el considerando segundo de la resolución recurrida". Por tanto, el efecto concesorio del amparo es el siguiente: Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada que prevea una tasa bimestral al millar mayor que la mínima. Se le haga extensivo el beneficio de la tasa bimestral al millar más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.23 (cero punto veintitrés), por concepto del impuesto predial, sin que se desincorpore totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia. Se le devuelva la cantidad enterada en cada uno de los recibos oficiales, que realizó la parte quejosa por concepto del impuesto predial sobre diversos bienes inmuebles (del bimestre uno al bimestre seis del ejercicio fiscal de dos mil diecisiete), en el entendido de que dicha devolución versará sólo en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos edificados y por lo que ve al impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Una vez realizado el cálculo con la tasa bimestral al millar menor (0.23), con base en lo preceptuado el numeral 77 de la ley que rige en estas actuaciones, deberá efectuar la devolución a los contribuyentes por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos urbanos edificados, restituyendo a la aludida parte el pleno goce de los derechos fundamentales que se consideraron transgredidos en su perjuicio. Remitiendo constancia fehaciente de ello. En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable mediante oficio registrado con número 34992, remite los títulos de crédito con números de folio 0159277, 0159278, 0159279, 0159280, 0159281, 0159282, 0159283, 0159284, 0159285 01259286, 0159379 y 0159390 en favor de los promoventes de amparo por los cuales, se desincorporó de su esfera jurídica la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada, y tomar la tasa bimestral al millar más benéfica, que resulta ser la de 0.23 (cero punto veintitrés), por concepto del impuesto predial, de igual manera, por oficio con registro 36081, la autoridad responsable, remite la constancia de notificación, por el cual, se les haces saber a los promoventes de amparo, los títulos de créditos resultantes a su favor. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. No obsta a lo anterior, que la responsable del cumplimiento, no haya remitido constancia con la que acreditará que fueron devueltas las cantidades a las que se hace alusión, a la parte agraviada, en virtud de que no puede desvincularse a la accionante constitucional -en este caso tan particular- del cumplimiento de la sentencia de amparo, pues su intervención en el mismo, consiste en que los promoventes acudan ante la autoridad exactora a efecto de recibir los numerarios que se encuentran a su disposición, toda vez que, como se dijo, le fue notificada dicha determinación por parte de la autoridad responsable, así como por este Juzgado Federal. Apoya lo antes determinado, la Tesis siguiente, que reza de la siguiente manera: "Época: Novena Época Registro: 178468 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005 Materia(s): Administrativa Tesis: III.3o.A.52 A Página: 1455 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado. Cabe señalar que la anterior determinación no exime a la responsable de entregar a la parte quejosa la cantidad que enteró con motivo del concepto declarado inconstitucional. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a once de enero de dos mil diecinueve. Vista cumplimiento. Visto el oficio suscrito por la Presidenta Auxiliar y el Secretario General, ambos de la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, remiten copia certificada del acuerdo de ocho de enero del año en curso, dictado dentro del juicio laboral de origen. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Notifíquese.

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