Ruben Eduardo Castillo Garrido

Expediente 186/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
186/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Ruben Eduardo Castillo Garrido

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Se declara auto consentido. Visto el estado de los autos, particularmente la certificación de cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de treinta de diciembre de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que del libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, se desprende que no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Archivo definitivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Depuración. Acorde al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que con fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que causó ejecutoria en auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Hecho lo anterior, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. No relevancia documental. En ese orden, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Cuadernos incidentales. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el que se concedió la medida cautelar; en consecuencia, glósese el cuaderno original de dicho incidente, mismo que también es susceptible de depuración, una vez que transcurran más de tres años conforme a lo previsto en el punto del Acuerdo General referido, sin que en dicho cuaderno obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, archívese por separado el duplicado del incidente y con fundamento en el punto artículo 20 del citado Acuerdo General, se declara que el mismo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá una vez que se cumplan seis meses contados a partir de su archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lineamientos para la integración del expediente físico. Por otro lado, de conformidad con el artículo transitorio SEXTO1 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre del dos mil veintidós, se precisa que al expediente físico relativo al expediente en que se actúa, solo se agregarán los documentos que se reciban por la vía física. Exhortación. Asimismo, se exhorta a las partes que intervengan en el asunto, a adoptar, como eje rector, la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), esto es, presentación de promociones de manera electrónica, de conformidad con el artículo 236 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese por lista, así como mediante oficios que se remitan a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de cuenta signados por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por medio de los cuales rinde el informe justificado requerido y da cumplimiento al requerimiento realizado en auto de veintisiete de marzo del año en curso. Vista. Con sus contenidos, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados. Como lo solicita la autoridad que así lo hizo, de conformidad con el numeral 9° de la citada legislación, se tienen como sus delegados a las personas que indica, y como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el que señala. Toma de fotografías. Se autoriza al promovente así como a las personas que refiere, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que remitió en vía de justificación, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Sigilo respecto de documentales. Manténgase en sigilo judicial las documentales remitidas, en términos de las razones que sustentan la jurisprudencia P./J.26/2015 (10a) de rubro: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA A CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA"; sin que dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Por lo que se instruye al personal de este órgano jurisdiccional a tener en cuenta lo anterior en caso de consulta del expediente por las partes y guárdese la misma en el secreto del juzgado. En ese contexto, omítase vincular al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, las documentales que se anexaron al informe de cuenta. Apertura de tomo de pruebas. En atención a la secrecía que ameritan las documentales referidas, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese un cuaderno auxiliare por separado para su fácil manejo, debidamente identificado como tomo I de pruebas -respetando folio, sello y rúbricas que contiene-, y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto se reclama del Coordinador General de la Comisión de Ayuda a Refugiados, la omisión de resolver el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado instado por el quejoso ante las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. Actualiza causal de improcedencia. Ahora bien, de la copia certificada del expediente ********************, remitido por la autoridad responsable en vía de justificación, se advierte que con relación a dicha omisión se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, de la copia certificada del expediente ********************, remitido por la autoridad responsable en vía de justificación, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable, el dos de mayo de dos mil veintitrés, dictó resolución en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado instado por el quejoso, reconociendo dicha condición a este último, cuya omisión de resolver se reclama en este juicio de la autoridad responsable. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que el Titular de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, demostró que se dictó resolución dentro del expediente ********************, relativo al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado instado por el quejoso, cuya falta de hacer se reclama en esta instancia constitucional. Por tanto, es inconcuso que tales eventos constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues la omisión en estudio ya fue subsanada por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el veintidós de mayo del año en curso. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por medio de lista; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se requirió al Administrador Postal de Correos de esta ciudad, por el acuse de recibo relativo al oficio 11531/2023, dirigido al Coordinador General de la Comisión de Ayuda a Refugiados, a través del cual se le solicitó copia certificada integra del expediente relativo a la solicitud de reconocimiento de condición de persona refugiada del quejoso Rubén Eduardo Castillo Garrido, ni obra este último. Dicho Administrador mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, informó que tal acuse sería entregado a este órgano jurisdiccional, en un término de quince días hábiles, el cual se encuentra transcurriendo a la fecha en que se actúa. Diferimiento. A efecto de dar oportunidad a que dicho Administrador remita el acuse respectivo, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se programan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Se forma cuaderno de antecedentes. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 926/2022-V, se forma el presente cuaderno con motivo de la solicitud de concentración de juicios presentados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Conserjería Jurídica del Ejecutivo Federal, y agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por medio de lista.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano