Ruben Barbosa Velazquez

Expediente 178/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
178/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
20/03/2019

Partes del expediente

  • Ruben Barbosa Velazquez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo promovida, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Rubén Barbosa Velázquez, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, y manifiesta expresamente que la presente instancia constitucional la promueve sólo por derecho propio. Ahora bien, se procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda y escrito aclaratorio, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que el quejoso Rubén Barbosa Velázquez, reclama en el presente asunto del Juez Tercero del Ramo Mercantil en esta ciudad, la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1735/2015, y en virtud de ello ".los actos ejecutados y los que intenten ejecutar con la finalidad de causar molestia, en mis bienes limitando el dominio o privándome de la posesión de los mismos, fuera sin existir procedimiento judicial o alguna orden escrita de autoridad competente debidamente fundada y motivada.". Ahora bien, el suscrito advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales instituyen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Del contenido de dichos preceptos legales, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiendo dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término que prevé la Ley de la Materia para promover el juicio de amparo, es decir, que al haber permitido que transcurriese el plazo señalado por la Ley de la Materia para impugnar el acto reclamado, se entiende debidamente aceptado el mismo. Lo anterior es así, toda vez que de la parte inicial del numeral 17 del ordenamiento legal referido, se desprende en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, con las salvedades a que alude el ya señalado artículo, en cuyas hipótesis no se encuentra el acto reclamado por el quejoso; asimismo, del segundo de los dispositivos en comento, se desprenden tres supuestos jurídicos para el cómputo del plazo establecido para el ejercicio de la acción constitucional, siendo éstos los siguientes: a. Que el plazo de quince días para promover el amparo, se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso, de la resolución o acuerdo que impugne, conforme a la ley de la materia que rige el acto reclamado; y, b. Que dicho plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, el precepto en consulta hace una clara distinción de los momentos en los que imperativamente debe promoverse el juicio de amparo, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que dichos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. Ahora bien, como se adelantó, la parte quejosa reclama la molestia en bienes de su propiedad, limitándole el dominio o privándolo de la posesión de los mismos, en virtud de la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1735/2015, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil en esta ciudad, respecto de lo cual manifestó tener conocimiento, bajo protesta de decir verdad el ".31 de Enero de 2019.", en virtud que ".acudí a las instalaciones del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil y me hice sabedor del juicio ejecutivo mercantil número 1735/2015, instaurado en contra del exponente por CAJA REAL DEL POTOSÍ, SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.". Sentado lo anterior, debe decirse que del análisis del diverso juicio de amparo 36/2019-VI, del índice de éste órgano jurisdiccional, el cual se tiene a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: El quince de enero de dos mil diecinueve, Rubén Barbosa Velázquez, presentó demanda de amparo en contra del Juez Tercero del Ramo Mercantil en esta ciudad, reclamando ".los actos ejecutados y los que intenten ejecutar con la finalidad de causar molestia, en mis bienes limitando el dominio o privándome de la posesión de los mismos, fuera sin existir procedimiento judicial o alguna orden escrita de autoridad competente debidamente fundada y motivada...", en virtud de la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1735/2015, del índice del juzgado citado. En el capítulo de antecedentes, el referido quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que ".con fecha 10 de Enero 2019, acudieron a mi domicilio ubicado en Calle Hamburgo 197 colonia Jardines de Oriente en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P, elementos presuntamente funcionarios de la autoridad señalada como responsable, y al no encontrarme en el mismo, acudieron con mi vecino y le cuestionaron el horario en el que se encontraba gente en el domicilio del suscrito, pues iban a tomar posesión del bien inmueble que habita el de la voz, lo anterior derivado del trámite del juicio ejecutivo mercantil número 1735/2015 instaurado en contra del exponente, ante la autoridad señalada como responsable." (lo resaltado es propio). Documentales a la cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo expuesto se advierte que ambos juicios constitucionales (36/2019-VI y el que se actúa) son promovidos por la misma persona (Rubén Barbosa Velázquez), en contra del mismo acto reclamado (los actos ejecutados y los que intenten ejecutar con la finalidad de causar molestia en bienes de su propiedad, limitando el dominio o privándolo de la posesión de los mismos, en virtud de la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1735/2015, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil), respecto del cual tuvo conocimiento el diez de enero de dos mil diecinueve. No obsta lo anterior el hecho de que el aquí quejoso en el escrito de demanda que obra agregado en el presente juicio informe que conoció de la tramitación del juicio ejecutivo mercantil 1735/2015 el treinta y uno de enero del año en curso, ya que existe manifestación expresa de éste, bajo protesta de decir verdad, en el diverso juicio de amparo 36/2019-VI, de que conoció dicho acto reclamado desde el diez de enero de dos mil diecinueve, pues diversos funcionarios del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil en esta ciudad, acudieron a su domicilio y en virtud de que no encontraron al aquí promovente se entrevistaron con sus vecinos, a quienes les informaron que iban a tomar posesión del inmueble en que habita el aquí quejoso, derivado de la tramitación del juicio ejecutivo mercantil 1735/2015, del índice del juzgado al cual estaban adscritos. De lo anterior resulta inconcuso que desde el diez de enero de dos mil diecinueve, conoció la existencia del juicio o procedimiento en el que se emitió el acto reclamado, así como el número de expediente en el cual fue emitido y la autoridad judicial ante la cual se encontraba radicado (al grado de que los proporcionó ante este juzgado en su anterior demanda de amparo). Al respecto es aplicable la jurisprudencia 6/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Enero de 1998, página 95, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI)". Cabe precisar que las referidas manifestaciones realizadas en el juicio de amparo 36/2019-VI, constituyen una confesión expresa, la cual es un medio de prueba admisible en el juicio de amparo y goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, página 57, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Por consiguiente, si el aquí quejoso tuvo conocimiento pleno del acto que aduce le afecta sus derechos humanos desde el diez de enero de dos mil diecinueve, entonces el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo respecto de tal acto comenzó a computarse el día hábil siguiente, que lo fue el once de enero siguiente. Ante lo cual, dicho término transcurrió del once al treinta y uno de enero del año en curso, sin tomar en consideración los días inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, según sello fechador que aparece a foja tres de autos; es claro que ya había transcurrido el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia vigente, lo que genera que el acto que reclama sea un acto consentido tácitamente. En tal virtud, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y notifíquese personalmente la presente determinación al promovente. Notifíquese personalmente al promovente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano