Rubén de la Cruz Martínez
Expediente 337/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 337/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rubén de la Cruz Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Sin mayor acuerdo. Agréguese sin mayor trámite el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, dado que dicha información se tuvo por recibida el uno de junio del año en curso, y se acordó lo procedente respecto a su contenido. Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, primero de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Autoridad responsable cumple requerimiento. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual, cumple con el requerimiento formulado mediante proveído de veintiséis de mayo del año en curso, al efecto remite las constancias de la resolución interlocutoria de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictada dentro del incidente de prescripción de ejecución del laudo, dictado dentro del juicio laboral 1334/2012, en el que resolvió: "PRIMERO. La parte incidentista PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, acreditaron los extremos de su incidencia interpuesta. SEGUNDO. Es PROCEDENTE el incidente sobre prescripción de ejecución del laudo interpuesto por la parte demandada PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, respecto del requerimiento del pago, por lo que, queda prescrito el pago a que fue condenada la demandada, ello, de conformidad con lo establecido en el considerando quinto de esta resolución, en consecuencia, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. TERCERO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes en los domicilios señalados en autos Y CÚMPLASE." Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, es menester precisar que en el asunto que nos ocupa, el acto reclamado por el quejoso Rubén de la Cruz Martínez es el siguiente: "Violentar el derecho humano que tengo de justicia efectiva, en su variante de plena ejecución de los laudos, al omitir la responsable de manera dolosa acordar se despache requerimiento de pago en contra de los tercero interesados y/o en su defecto decretar eficaces medidas de apremio a la parte demandada por su contumacia de incumplir con el laudo, para obligar al PODER EJECUTIVO Y SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, quienes resultaron condenadas a cumplir de manera plena, cabal y sin obstáculos el laudo de fecha 22 de noviembre del año 2016." De ahí, que con el informe rendido por la autoridad responsable, se determina que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente..." Precisado lo anterior, es conveniente tener presente que, por regla general, la causa de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica, se produce cuando concurren lo siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que después de haberse presentado la demanda de garantías se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica que prevalecía en el quejoso; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, por lo cual deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas; d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó, y la nueva resolución, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; e) Que por el cambio de situación jurídica resulten consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. Lo anterior, se obtiene de la tesis aislada 2a. CXI/96 observable en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, diciembre de 1996, Novena Época, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso particular, como se dijo el reclamo que el quejoso Rubén de la Cruz Martínez atribuye al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad es la omisión de ejecutar en sus términos el laudo de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Sin embargo, en la resolución que se recibe, de nueve de mayo del año en curso, el Tribunal responsable declaró procedente el incidente de prescripción de ejecución del laudo interpuesto por la parte demandada Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo y Secretaría de Gobierno del Estado De Michoacán, respecto del requerimiento de pago, por lo que determinó prescrito el derecho del actor para reclamar la ejecución y/o cumplimiento del laudo; asimismo, ordenó el archivo del asunto. Del contenido de dicha resolución se advierte que en el laudo dictado el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se condenó a la parte demandada a la reinstalación de su empleo al trabajador actor, y a pagar en su favor la cantidad de $390,834.22 (trecientos noventa mil ochocientos treinta y cuatro pesos con veintidós centavos); también se advierte que, la reinstalación tuvo verificativo mediante diligencia de trece de julio de dos mil dieciocho. Cabe mencionar que la figura de la prescripción, consistente en la pérdida de algún derecho por no ejercerse oportunamente. Así las cosas, al haber determinado la responsable procedente el incidente propuesto por la parte demandada, respecto del requerimiento de pago, y declarar perdido el derecho del actor para reclamar la ejecución y/o cumplimiento del laudo, se estima que ello actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracciones XVII de la Ley de Amparo, ya que las violaciones que pretendió hacer valer el quejoso a través de este amparo, se consumaron irreparablemente y sería imposible decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. Se invoca a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESA CUESTIÓN EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, AL DICTARSE EN EL PROPIO PROCEDIMIENTO LABORAL EL LAUDO QUE LE PONE FIN, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, primer párrafo, de la Ley de Amparo, cuando en el juicio de garantías indirecto se reclama la resolución incidental que decide sobre la personalidad de alguna de las partes, si en el propio procedimiento laboral de donde emana tal interlocutoria, la autoridad responsable dicta el laudo con el que concluye el juicio, ya que en este caso opera un cambio de situación jurídica que torna irreparablemente consumadas las violaciones alegadas, porque no es posible analizarlas para decidir sobre la constitucionalidad de la resolución reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica que se origina con el pronunciamiento del laudo, lo que actualiza la causa de improcedencia de mérito." En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, y por medio de oficio a los terceros interesados. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Se reconoce carácter de terceros interesados. Vista la certificación de cuenta, así como del estado que guardan los autos, se desprende que por auto de veintiocho de marzo del año en curso, se ordenó reservar el llamamiento al juicio de terceros interesados hasta en tanto se recibiera el informe justificado, hecho que ya aconteció como se advierte del proveído de veintidós de abril del año en curso; por lo tanto, se provee: Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como terceros interesados a los demandados dentro del juicio laboral 1334/2012, de donde emanan los actos reclamados: Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Michoacán y Secretaría de Gobierno del Estado, ambos con residencia en esta ciudad. Por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se libre del presente auto, con copia simple de la demanda de garantías y del auto admisorio, emplácese a juicio a los terceros interesados, comunicándoles el derecho que tienen para apersonarse, así como la fecha y hora que se encuentran señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Se requiere a los citados terceros interesados para que dentro de los tres días siguientes al en que quede legalmente notificado del presente proveído, proporcionen domicilio en esta ciudad, donde recibir notificaciones de carácter personal, con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, las subsecuentes que sean de esa naturaleza, se le practicarán por medio de lista de acuerdos que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, como lo establecen los dispositivos 26, fracción III, y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se requiere a autoridad responsable. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio en que se actúa, se desprende que Luz María García Muñóz, apoderada jurídica del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Michoacán y la Secretaría de Gobierno del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, promovió incidente de prescripción de ejecución del laudo dictado el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, encontrándose señaladas las diez horas con treinta minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia incidental. Asimismo, por auto de dieciséis de mayo del año en curso, se tuvo a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitiendo las constancias relativas al procedimiento de ejecución del laudo dentro del juicio ordinario laboral 1334/2012; sin embargo, no obra constancia de la que se advierta lo resuelto en el incidente de prescripción de ejecución. Derivado de lo anterior, a fin de integrar debidamente el asunto, con fundamento en el artículo 75 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, informe lo resuelto en el incidente de prescripción de ejecución del laudo, y remita las constancias relativas. Apercibido que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el diverso 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por el equivalente a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. En el entendido que se fija esa fecha en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese a las partes mediante lista que se publique en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Autoridad cumple requerimiento y remite constancias. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento que le fue formulado mediante proveído de dos de mayo de la presente anualidad, remite en copias certificadas las constancias que complementan su informe justificado. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida las documentales exhibidas por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarlas y recibirlas en la audiencia constitucional; con las mismas dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Notifíquese a las partes mediante lista que se publique en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
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