Rubén Castillo Aviles

Expediente 840/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
840/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Rubén Castillo Aviles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de enero de dos mil veintitrés. 1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha transcurrió el término legal de que disponían la parte quejosa y la representación social adscrita, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en autos, que sobreseyó en el juicio, sin que lo hubieran hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase por alto que no se haya realizado el cómputo a la autoridad responsable para recurrir la resolución de mérito, pues en términos del párrafo segundo del artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta carece de legitimación para impugnar la sentencia constitucional. 1.1. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, incisos a) y c), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 2.1 Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene al secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, Michoacán, devolviendo diligenciado el exhorto 231/2022 (orden 539/2022), enviado a fin de notificar al quejoso el auto de cinco de agosto del año en curso, por el que este Juzgado se avocó al conocimiento de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa; por tanto, dese de baja y háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que haya lugar a enviar acuse de recibo dado que no se solicita; ni a mayor trámite, toda vez que el doce de septiembre actual se dictó sentencia definitiva. Notifíquese, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Mayra Stephany Medel Hernández, quien da fe.SSCH/MSMH/Grr

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, el juicio de amparo indirecto 840/2022, promovido por Rubén Castillo Avilés, por propio derecho, por alegada violación de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a los Jueces Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, y sus actuarios adscritos; así como a los Jueces Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, y sus actuarios adscritos; al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO. Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso lo hizo consistir en lo siguiente: "Constituirse en el domicilio ubicado en el libramiento sur número trescientos cincuenta y uno (351), del barrio primero, en Nahuatzen, Michoacán, generándole molestias en el mismo, al pretender introducirse sin autorización, sin orden de cateo, a la vez llevar actos que tienden a molestar, requerir, despojar, simular embargarle, privarle de todo o en parte de sus derechos, el haber amenazado con sustraer sus pertenencias, posesiones y derechos de los bienes inmuebles que se encuentran en dicho domicilio". SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de conformidad con el artículo 38 de la ley de la materia, toda vez que el Juez Quinto de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, ante quien se turnó inicialmente, declinó la competencia, en virtud de que no obstante que se reclaman actos que pudieran tener ejecución en el territorio en el que ejerce jurisdicción dicho órgano jurisdiccional, el mismo fue señalado como autoridad responsable, al igual que los restantes Jueces de Distrito con residencia en esa ciudad. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. Los Jueces Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, y sus actuarios adscritos; así como los Jueces Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, y sus actuarios adscritos, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados, y el quejoso no aportó prueba para desvirtuar dicha negativa. No pasa inadvertido que el Juez Tercero en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, y la actuaria adscrita, en su informe justificado manifestaron que de una búsqueda en sus libros de gobierno y en el libro electrónico la parte quejosa figura como parte demandada en diversos juicios (juicio ejecutivo mercantil 1109/2015 y juicio ordinario civil 52/2019 y exhorto 298/2014, derivado del juicio ejecutivo mercantil 1010/2013) mismos que fueron enviados al archivo definitivo del Poder Judicial del Estado, al decretarse la caducidad, lo que torna inexistente el acto atribuido por la parte quejosa. Así, toda vez que la parte quejosa no aportó al juicio medios de prueba tendentes a desvirtuar dichas negativas; por tanto, ante la inexistencia del acto atribuido a las autoridades mencionadas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, respecto a los actos reclamados a dichas autoridades. Lo expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Además, cobra aplicación la tesis VI.2°.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Así mismo, no pasa inadvertido que no ha transcurrido el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; sin embargo, en el caso, no existe un fin práctico que pudiera favorecer al quejoso, ya que no se advierte que la presente determinación, una vez transcurrido el mismo, le genere beneficio, pues en esta fecha o en aquélla, el contenido del informe justificado, de inexistencia de los actos reclamados, permite establecer que el sentido de la determinación sería el mismo, en tanto no ocurre el supuesto de probar en contra de la "justificación" de los mismos. Finalmente, por cuanto hace al alegato realizado por el Agente del Ministerio Público adscrito; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tal aserto, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rubén Castillo Avilés, contra el acto que atribuyó a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de este fallo, acorde con los motivos especificados en el mismo. Notifíquese, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Mayra Stephany Medel Hernández, quien da fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Sin mayor acuerdo los alegatos del Ministerio Público. Agréguese a los autos el pedimento, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Órgano Jurisdiccional, por medio del cual formula alegatos, en atención a su contenido, sin que haya lugar a mayor acuerdo, toda vez que doce de agosto del año en curso, se resolvió la suspensión definitiva dentro del presente incidente suspensión. Copias. Finalmente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, copia simple de la constancia que solicita, previo recibo que se deje en autos. Notifíquese a las partes mediante lista publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.MFLV/CFLC/vmv

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