Ruben Chávez Camacho
Expediente 385/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ruben Chávez Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Vistos, los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que, mediante acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, al efectuarse la valoración del presente asunto, se estimó que éste es de aquéllos susceptibles de destrucción, transcurridos tres años, contados a partir de dicha determinación (veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno), pues no contiene información reservada ni se considera de relevancia documental; lo anterior, se realizó de conformidad con la fracción II, del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Sin embargo, en la fecha de referencia (veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno), se encontraba vigente el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, mismo que en sus artículos transitorios, establece: "(...) TERCERO. Se abroga el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos. CUARTO. Los expedientes valorados con anterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo, serán resguardados, depurados o destruidos conforme a las disposiciones aplicables al momento de su valoración documental. QUINTO. Los expedientes que sean valorados con posterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo serán depurados y, en su caso, resguardados o destruidos, de conformidad con las reglas establecidas en éste." Así, del quinto transitorio se advierte, que aquéllos expedientes que sean valorados con posterioridad a la entrada en vigor de dicho acuerdo (veinticinco de marzo de dos mil veinte), serán depurados y, en su caso, resguardados o destruidos, de conformidad con las reglas establecidas en éste; por tanto, esta juzgadora determina que tal valoración fue inadecuada, consecuentemente con apoyo en lo dispuesto por los artículos 58 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2o, se decreta la regularización del presente asunto, únicamente en lo relativo a la aplicación de la normativa vigente, dejándose subsistente la orden de su archivo; por lo que, la perentoria de tres años deberá computarse a partir del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, para que se proceda a su destrucción. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, SE PROCEDE A REALIZAR VALORACIÓN DOCUMENTAL. En atención a lo dispuesto en el capítulo octavo, artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa es de aquéllos susceptibles de destrucción, transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, pues no contiene información reservada ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Así, una vez transcurrido el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. CÚMPLASE.Así lo acordó y firma la licenciada Mónica Montes Manrique, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, quien actúa asistida de la licenciada Jéssica Artemisa Arriaga Esparza, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS. Del estado de autos se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido en exceso, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de uno de julio del año en curso, donde se admitió parcialmente la demanda de amparo, al haberse desechado respecto del acto ahí precisado. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. CUMPLE REQUERIMIENTO. Por otra parte, agréguese el oficio que remite el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, a través del cual, en cumplimiento a lo requerido en auto de diecisiete de los actuales, remite copias certificadas de las documentales consistentes en el acta de egreso número 169/2021, de ocho de agosto de dos mil veintiuno, relativa a la libertad del quejoso Rubén Chávez Camacho, así como del respectivo oficio de autorización de egreso, de la misma data. Lo anterior, al haber obtenido sentencia absolutoria dentro de la causa penal 1P2317-97, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento de la Segunda Región en Base en Pénjamo, Guanajuato. Documentales a las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, se concede pleno valor probatorio. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en virtud de las siguientes consideraciones: La cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. En mérito de lo anterior, la hipótesis que en el presente se actualiza es la primera, en virtud de que la autoridad responsable y el acto reclamado, por los que se admitió a trámite la demanda, son los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo. ACTO RECLAMADO: La incomunicación del quejoso al sostener que no ha tenido comunicación con su familia ni abogado particular, además de los posibles actos de tortura de los que pudiera ser objeto. Lo anterior, con motivo de su reclusión en el aludido centro penitenciario. Ahora, en auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo al Actuario de la adscripción informando respecto de la imposibilidad para notificar al quejoso Rubén Chávez Camacho, los proveídos de seis de julio y diez de agosto del mismo año, ya que al constituirse en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, fue informado por la abogada penitenciaria Angélica María Ramírez, que el ocho de agosto mencionado, el aludido quejoso fue puesto en libertad al haberse dictado en su favor sentencia absolutoria. En ese sentido, en el referido auto se requirió al Director General de ese centro penitenciario, a efecto de que remitiera a este Juzgado copia certificada de las constancias que acreditaran tal circunstancia, lo que aconteció en esta fecha, como se desprende de párrafos que anteceden. Entonces, es evidente que quedó sin efecto alguno el acto que el promovente de amparo tilda de inconstitucional, reclamados al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, consistentes en la incomunicación que adujo ser objeto el quejoso, además de los posibles actos de tortura de los que pudiera ser objeto dentro del referido Centro Federal de Readaptación Social; toda vez que al haber obtenido sentencia absolutoria dentro de la causa penal 1P2317-97, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento de la Segunda Región en Base en Pénjamo, Guanajuato, y al haber sido puesto en libertad el ocho de agosto del año en curso, se destruyeron en forma total todos los efectos de tal acto de molestia. Ahora bien, como se precisó con anterioridad, al cesar la actuación de la autoridad responsable con motivo de que el quejoso fue puesto en libertad, lo que implica la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia de éste, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por tanto, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada, como si el acto reclamado no hubiera trastocado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaran destruidos como si nunca hubiesen existido. En consecuencia, al actualizarse en el presente juicio, la causa de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no se le de vista a las parte quejosa con tal circunstancia, toda vez que la causal de improcedencia en cuestión se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable, de modo que no hay medio de convicción, que pudiera ofertar, con el que pueda desvirtuarse la misma. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En consecuencia se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinticinco minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa y Fiscal Federal de la adscripción; mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, a diez de agosto de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos, de los que se advierte que en proveído de uno de julio del año en curso, se requirió al Director del Centro Federal de Readaptación Social 17 CPS-Michoacán, su informe justificado, sin que a la fecha se cuente con el mismo. REQUERIMIENTO. Por tanto, a efecto de integrar el presente juicio, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a tal autoridad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que sea notificado del presente acuerdo, remita a este Juzgado su correspondiente informe de ley; lo anterior, bajo los mismos lineamientos y apercibimientos decretados en auto de uno de julio de dos mil veintiuno. PRECISIÓN. En el entendido de que tal informe y constancias correspondientes podrán ser enviados al correo electrónico oficial 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, correspondiente a este Juzgado. DIFERIMIENTO AUDIENCIA. En consecuencia, para dar margen a recibir dicho informe, se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para este día, y en su lugar se programan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. ESTADO DE AUTOS 2. Por otra parte, toda vez que en proveído de dieciséis de julio del año en curso, se reservó proveer respecto de la notificación al quejoso del diverso auto de seis de julio pasado, por los motivos ahí expuestos; por tanto, a efecto de que el quejoso Rubén Chávez Camacho, se encuentre debidamente notificado del citado auto y tomando en consideración que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida para que por su conducto, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya en el referido Centro de Reclusión y realice lo siguiente: Notifique personalmente al quejoso Rubén Chávez Camacho, el presente proveído, así como el diverso de seis de julio del año en curso, además, le corra traslado con el informe acordado en esa fecha con registro 12926. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que se practique la diligencia encomendada. NOTIFÍQUESE, personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y por oficio a la autoridad requerida.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. DESPACHO SIN DILIGENCIAR. Agréguese el oficio que remite el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, a través del cual devuelve sin diligenciar el despacho 1335/2021-III (orden 2316/2021-III), enviado a efecto de notificar al quejoso el proveído de seis de julio del año en curso y correrle traslado con el informe acordado en esa fecha. RAZÓN. Lo anterior, ya que de la razón levantada por la Actuaria adscrita al Juzgado auxiliar, se advierte que actualmente se vive un clima de inseguridad en toda la región, como es los constantes enfrentamiento entre autoridades y grupos armados, bloqueos de carreteras, quema de vehículos, que muchas ocasiones han puesto en riesgo a las actuarias de dicho tribunal, lo cual se ha difundido en noticieros y redes sociales. Asimismo que al trasladarse al Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS-MICHOACÁN, sobre la carretera Apatzingán-Tepalcatepec, a la altura de la localidad de San Juan de los Plátanos, observó la carretera destrozada, lo que le impidió continuar con su trayecto; al buscar una ruta alterna en la carretera Apatzingán-Aguililla, en busca de una desviación que permitiera retomar la carretera, como a tres kilómetros pasando el poblado "Los Hornos", observó una abertura considerable sobre la misma, lo que le impidió nuevamente continuar con su trayecto. De igual forma, se advierte que al realizar una llamada al Centro Federal de Readaptación Social de que se trata, le informaron que la situación es extremadamente peligrosa, que ni siquiera el personal jurídico ni de seguridad que vive en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, se presentó a trabajar debido a que en varios puntos de la carretera se ha cortado por civiles armados, lo que ha dejado incomunicada y sin acceso a las poblaciones que rodean al mismo, así como ha imposibilitado el acceso de Apatzingán, a dicho centro, ya que todas las rutas y/o brechas que conectan a la carretera que conduce al mismo han sido destrozadas y se desconoce el tiempo que tarden en repararlas y se pueda transitar en forma libre y segura. Por tanto, en atención a lo anterior y visto el contenido del oficio 110/2021, signado por el maestro en amparo José Ramón Rocha González, Coordinador de Jueces de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, del cual se advierte que se han suscitado incidentes de violencia (enfrentamientos entre grupos armados), en la Región de Buenavista Tomatlán Michoacán, que han trascendido en los noticieros locales y nacionales, se sabe que desde el once de julio pasado, se están suscitando enfrentamientos armados entre grupos delincuenciales. Lo cual, se considera es un alto riesgo personal para los actuarios notificadores de esta demarcación; es decir, aquellos adscritos a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, así como de los adscritos a los juzgados de Primera Instancia en la ciudad de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, que en auxilio de los primeros tienen que realizar actuaciones judiciales en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS MICHOACÁN", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán. Sin que haya lugar a acusar recibo de dicha comunicación, en virtud de que se recibió en el correo electrónico oficial de este Juzgado. SE ORDENA DAR DE BAJA. Para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno respectivo. Consecuentemente, resérvese proveer en torno a la notificación al quejoso del proveído de seis de julio del año en curso, hasta en tanto se tenga la certeza de que dicha diligencia podrá llevarse a cabo sin riesgo alguno para los actuarios notificadores de esta demarcación; lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
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