Rubén Abarca Barajas

Expediente 493/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
493/2018
Año
2018
Actuaciones
26
Última actuación
10/05/2019

Partes del expediente

  • Rubén Abarca Barajas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    IV.-Del estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de marzo del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio de garantías, sin que las partes quejosa y tercera interesada, hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero de la Ley de Amparo en vigor, téngase por consentida tal determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, además, no contiene información reservada. NOTIFÍQUESE, personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    iv.-POR INCUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE FECHA TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIEZ DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE (QUEJOSA y/o TERCEROS INTERESADOS) Y A SUS AUTORIZADOS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Del estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de marzo del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio de garantías, sin que las partes quejosa y tercera interesada, hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero de la Ley de Amparo en vigor, téngase por consentida tal determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, además, no contiene información reservada...CITATORIO

  3. Principal

    iv-Agréguense a los autos los oficios de cuenta, signados por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual, informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto remite las constancias respectivas; sin que haya lugar a acordar en cuanto al fondo de las documentales, toda vez que en auto de trece de marzo actual (foja 244), se tuvieron por recibidas vía correo electrónico oficial. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes no realizaron manifestación alguna respecto del referido proveído de trece de marzo del año en curso, en que se tuvo a la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, informando sobre el cumplimiento requerido en relación con el fallo protector dictado en el presente asunto y tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pág. 243 Jurisprudencia(Común) "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia, debe precisarse lo siguiente: Mediante sentencia engrosada el treinta y uno de diciembre del año en curso, se concedió al quejoso Rubén Abarca Barajas, el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 143 a 157). Sin que ninguna de las partes legitimadas hubiese recurrido la sentencia de amparo, por auto de veintinueve de enero siguiente, causó ejecutoria (fojas 191 a 193), determinándose requerir a la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, para que dentro del término de tres días informara sobre su cumplimiento; actos de ejecución que debería realizar, atendiendo a los efectos de la protección constitucional, que son los siguientes: Dejar insubsistente la resolución de segunda instancia dictada en el toca penal I-66/2018, el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, que confirmó el fallo dictado por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Uruapan, dentro de la controversia de ejecución PRCE 72/2018, en la audiencia oral de dos de julio de dos mil dieciocho, que negó al quejoso el acceso al beneficio de la remisión parcial de la pena que le fue impuesta mediante sentencia firme dictada en el proceso penal 336/2005; y, en su lugar, Dictar otra en la que, siguiendo los lineamientos apuntados, con plenitud de jurisdicción, y en aplicación de los principios de ultractividad de la ley, y pro persona, se pronuncie, -con independencia de la fecha de presentación de la solicitud de remisión parcial de la pena-, respecto de cuál de las dos leyes que han regido al procedimiento de ejecución de la sanción, es la más benéfica al quejoso. En relación con ello, resuelva sobre el fondo de la procedencia o improcedencia de acceso al citado beneficio solicitado por el quejoso. Así, la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, remitió los oficios 112, 210 y 211 con anexos (fojas 204 a 215 y 228 a 243), con los que pretendió acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Documentales que tienen pleno valor probatorio, de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2º. Del examen de las constancias de referencia, se desprende que la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, efectuó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de segunda instancia dictada en el toca penal I-66/2018, el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, que confirmó el falo dictado por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Uruapan, dentro de la controversia de ejecución PRECE72/2018, en la audiencia oral de dos de julio de dos mil dieciocho, que negó al quejoso el acceso al beneficio de la remisión parcial de la pena que le fue impuesta mediante sentencia firme dictada en el proceso penal 336/2005; y, en su lugar; El ocho de febrero, dictó otra, con plenitud de jurisdicción y en aplicación de los principios de ultractividad de la ley "pro persona", determinó que la norma más benéfica para el quejoso dentro de la ejecución de la sanción, lo es la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán de Ocampo. Por ende, instruyó al citado Juzgador de Ejecución para que, entre otras cosas, resolviera sobre el fondo de la procedencia o improcedencia de acceso al citado beneficio; lo que así aconteció mediante resolución emitida el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, de conformidad con la citada Legislación Estatal, bajo los resolutivos siguientes: "I. Resultó improcedente la solicitud de Rubén Abarca Barajas, para acceder al beneficio de la remisión parcial de la pena; II. Se ordenó que dicha determinación fuera comunicada oportunamente a la Coordinación del Sistema Penitenciario en el Estado de Michoacán, y al Director del Centro Penitenciario de Uruapan, Michoacán. III. Se concedió a las partes copia del audio y video de la audiencia, así como de esta versión escrita. IV. Se explicó al sentenciado las consecuencias de esta determinación. V. Se informó que en términos de los artículos 127 y 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal la presente resolución es recurrible VI. Notifíquese a las partes." Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, se declara que LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO SE ENCUENTRA CUMPLIDA, sin excesos ni defectos. Con lo anterior, dése vista a las partes, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes; por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    IV.-POR INCUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE FECHA UNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE (QUEJOSA y/o TERCEROS INTERESADOS) Y A SUS AUTORIZADOS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguense a los autos los oficios de cuenta, signados por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual, informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto remite las constancias respectivas; sin que haya lugar a acordar en cuanto al fondo de las documentales, toda vez que en auto de trece de marzo actual (foja 244), se tuvieron por recibidas vía correo electrónico oficial. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes no realizaron manifestación alguna respecto del referido proveído de trece de marzo del año en curso, en que se tuvo a la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, informando sobre el cumplimiento requerido en relación con el fallo protector dictado en el presente asunto y tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pág. 243 Jurisprudencia(Común) "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento....CITATORIO.

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