Rubén Castro de la Cruz

Expediente 980/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
980/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
10/07/2015

Partes del expediente

  • Rubén Castro de la Cruz
  • Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a diez de julio de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el veinticinco de junio de dos mil quince, en el que SE TUVO POR NO PRESENTADA la demanda de garantías promovida por RUBÉN CASTRO DE LA CRUZ; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, en su oportunidad y, de conformidad en la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, y en razón de que el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías no requiere ejecución material, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de Amparo en vigor, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por lista a las partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 422/2014; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil catorce en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Juan Elías Raudry del Río, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violaciones a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. "IV.- ACTO RECLAMADO.- La resolución interlocutoria dictada en fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, mediante el cual se resuelve la Aclaración de Laudo solicitada dentro del Juicio Ordinario Laboral marcado con número 1099/III/2012, promovido por el ahora Quejoso C. JUAN ELÍAS RAUDRY DEL RÍO, en su carácter de actor material, declarando en primer término improcedente el mismo, así como también, ordenando sin fundamentación legal alguna el archivo definitivo del expediente antes descrito, no obstante y que a la fecha la parte Tercera Interesada dentro del Juicio de Garantías Constitucionales no ha dado cabal cumplimiento a todas y cada una de las prestaciones a las que fue condenada dentro del Laudo en cuestión, ya que acorde a las constancias procesales solo lo ha hecho de manera parcial, por ende, dicha resolución es violatoria de las garantías individuales que en mi carácter de gobernado tengo frente al ejercicio del poder público; resolución que se combate en esta instancia la cual inclusive a la fecha no ha sido legalmente notificada, empero, dándome cuenta de ella el día Martes diez de junio de la presente anualidad de manera concreta al checar físicamente el expediente motivo del presente recurso." Preceptos constitucionales violados: 14, 16, 17 y 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Admisión de la demanda. Mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil catorce, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada, y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual celebrada el veintiocho de agosto del referido año, en donde fue dictada sentencia en el sentido de declarar incompetente a este Juzgado Federal. 3°. Consecuencia de lo anterior, por auto de cuatro de septiembre de dos mil catorce, el Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, tuvo por recibidos los presentes autos, asumiendo la competencia planteada y admitiendo la demanda de amparo en la vía directa bajo el número 535/2014. 4°. En acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil catorce, dicho órgano jurisdiccional ordenó la remisión del juicio de amparo directo citado al Quinto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en Cuernavaca, Morelos, en cumplimiento al oficio STCCNO/4245/2014, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. 5°. El veintisiete de enero de dos mil quince, el Pleno del Quinto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en Cuernavaca, Morelos, dictó acuerdo en el sentido de regresar los autos del juicio de amparo directo 535/2014 al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al considerarlo como no encontrarse en estado de sentencia. 6°. Hecho lo anterior, el actual Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, emitió proveído de cuatro de febrero de dos mil quince, en el sentido de requerir al quejoso para el efecto de que si era su deseo formulara ampliación de demanda respecto la resolución de veintitrés de mayo de dos mil catorce, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas en los autos del juicio ordinario laboral 1099/III/2012. 7°. Luego, en auto de veinticuatro de febrero de dos mil quince, dictado por el mencionado presidente del tribunal colegiado, se tuvo al quejoso cumpliendo la prevención anterior, motivo por el que se devolvieron los autos del juicio de amparo directo 535/2014 al Quinto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en Cuernavaca, Morelos, para que emitiera el fallo respectivo. 8°. De manera sucesiva, en sesión de cinco de marzo de dos mil quince, el mencionado tribunal auxiliar dictó sentencia en el sentido de declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida y, en consecuencia, declarar a este Juzgado de Distrito como el competente. 9° Finalmente, el veinticinco de marzo de dos mil quince, el suscrito Juzgador asumió conocimiento del presente juicio de amparo, fijando fecha para celebración de audiencia constitucional relativa, la cual fue desahogada en los términos del acta que antecede y que conforma la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: 1) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, 2) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a las jurisprudencias del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."; y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: El auto de veintiocho de mayo de dos mil catorce, dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas en los autos del juicio ordinario laboral 1099/III/2012, en el cual se ordenó su archivo definitivo al considerarse cumplimentado el laudo de veinticuatro de abril de la referida anualidad. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". II.2.1. Certeza. Es cierto el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, pues así lo reconoció en su informe justificado. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, su existencia se corrobora con el anexo que a su informe justificado remitió la autoridad responsable, consistentes en los autos del juicio ordinario laboral 1099/III/2012, en un tomo; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226 epígrafe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo disponen los artículos 61 y 113, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, no se plantearon causas de improcedencia ni éste órgano jurisdiccional advierte su configuración de manera oficiosa, razón por la cual se emprenderá el estudio de la cuestión de fondo. IV. Amparo adhesivo. En otro aspecto, concerniente a la acción de amparo adhesiva presentada por el tercero interesado Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" del Estado de Zacatecas, por conducto de su representante legal licenciado Gustavo Salinas Íñiguez, lo procedente es declararla sin materia. Lo anterior es así, al haberse declarado incompetente el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para conocer en la vía directa de la demanda de amparo promovida por el quejoso Juan Elías Raudry del Río, por no consistir el acto reclamado en una sentencia definitiva que decida el juicio en lo principal, o bien, una resolución que sin decidirlo pongan fin al juicio, respecto a los que ejerce competencia exclusiva de acuerdo al numeral 170 de la Ley de Amparo, tal como se puede apreciar de la ejecutoria de cinco de marzo de dos mil quince, dictada por el Quinto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en Cuernavaca, Morelos, visible a fojas 428 a 433 de los autos. Entonces, al haber sido declarada no procedente la vía directa de la acción de amparo principal formulada por la parte quejosa es que, de acuerdo a lo estatuido por el ordinal 182 de la ley de la materia, la acción de amparo adhesiva formulada por el tercero interesado, siga la suerte de la primera, esto es, sea improcedente, aunque si bien es cierto para efecto de la vía de amparo biinstancial, esta no se considera improcedente; sin embargo, no ocurre lo mismo con la segunda, pues su procedencia únicamente posibilita su ejercicio, cuando se reclame de manera principal una sentencia definitiva, laudos o resoluciones que pongan fin a juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, toda vez que su finalidad, acorde a las fracciones I y II del citado artículo, es fortalecer las consideraciones expuestas por la autoridad responsable en su fallo, o en su defecto, combatir violaciones procesales que afecten sus defensas, siempre que trasciendan al resultado del fallo. Circunstancia no acaecida en el caso concreto al estarse en la vía indirecta, de tramitación y teleología diversa a la directa, de allí que ante la improcedencia de la acción de amparo adhesivo, lo consecuente sea declarar sin materia, en términos del ordinal 182, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis jurisprudencial P./J.11/2015(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificable en la página 31, libro 18, tomo I, materia común, mayo de 2015, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del epígrafe siguiente: "AMPARO ADHESIVO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE ESTUDIAR TANTO LA PROCEDENCIA COMO LOS PRESUPUESTOS DE LA PRETENSIÓN, PARA DETERMINAR SI ES FACTIBLE SOBRESEER EN ÉL, DEJARLO SIN MATERIA, NEGARLO O CONCEDERLO. El artículo 182 de la Ley de Amparo distingue entre los requisitos de procedencia del amparo adhesivo y los presupuestos de la pretensión, por lo que en un primer momento, el Tribunal Colegiado de Circuito debe verificar la procedencia del amparo adhesivo y si alguna de las cuestiones de procedencia previstas en el artículo referido no se actualiza, deberá sobreseer en el juicio de amparo adhesivo, al actualizarse una causal de improcedencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 182, ambos de la Ley de Amparo. En un segundo momento, de resultar procedente el amparo adhesivo, el órgano colegiado, en respeto al principio de exhaustividad, debe analizar de manera conjunta lo planteado tanto en el amparo principal, como en el adhesivo y, de acuerdo con ello, determinar si existe algún argumento planteado en éste al que deba dar respuesta de forma específica -como puede ser alguno respecto a la improcedencia del amparo principal o el análisis de una violación procesal de forma conjunta con algún argumento hecho valer en el amparo principal-, supuesto en el cual el órgano colegiado deberá avocarse a su estudio y realizar las calificativas correspondientes. En otro aspecto, en los casos en que no prospere el amparo principal, sea por cuestiones procesales o por desestimarse los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo y sea innecesario realizar un pronunciamiento específico respecto de lo planteado en el amparo adhesivo, resultará necesario declarar éste sin materia. Por otro lado, si los conceptos de violación en el amparo principal se consideran fundados, el Tribunal Colegiado de Circuito debe avocarse al conocimiento de la argumentación del quejoso adherente, cuando ésta pretende abundar en las consideraciones de la sentencia, laudo o resolución reclamada, reforzando los fundamentos de derecho y motivos fácticos de los cuales se valió el órgano jurisdiccional responsable para darle la razón, así como de la violación en el dictado de la sentencia que pudiera afectarle, por haberse declarado fundado algún concepto de violación en el amparo principal. Consecuentemente, el órgano colegiado debe atender tanto a los requisitos de procedencia, como a los presupuestos de la pretensión para considerar improcedente el amparo adhesivo y sobreseer en él, declararlo sin materia o calificar los conceptos de violación para negar o conceder el amparo, según corresponda." V. Estudio de los Conceptos de violación. En su único concepto de violación, expone el impetrante de amparo medularmente que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, inobservó lo dispuesto en los artículos 939, 940, 944, 945, 946 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, referentes al cumplimiento de laudos, al ordenar indebidamente la remisión al archivo definitivo el juicio ordinario laboral 1099/III/2012, argumentando que la condena impuesta a la parte patronal demandada, Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" del Estado de Zacatecas, por virtud del laudo de veinticuatro de abril de dos mil catorce, se en encontraba totalmente cumplimentada, lo cual le irroga perjuicio a su esfera jurídica por afectar sus derechos fundamentales de debido proceso y legalidad, establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Es infundado el concepto de violación planteado. Como cuestión primaria, es necesario considerar lo establecido en los artículos 2° y 18 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se encuentra contenido el derecho de igual procesal en materia laboral, el cual implica que ante una contienda en donde se encuentren inmersos derechos de algún trabajador, sea hombre o mujer, ante la duda e incertidumbre la autoridad laboral preferirá en todo momento la interpretación que le resulte más favorable, pues sólo de esa manera se logra un correcto equilibrio entre trabajador y empleador, no solo de una manera formal, sino sustantiva o fáctica. "Artículo 2°. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales." (.) "Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón." "La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres." "Artículo 18. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2°. y 3°. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Circunstancia que cobra relevancia, puesto que concuerda con el espíritu protector consignado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera particular en su ordinal 1°, mediante el cual consigna la obligación a todas las autoridades, dentro de su marco de competencia legal, de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las personas; con la particularidad de que, en todo momento, las normas jurídicas integrantes del orden jurídico mexicano deben de entenderse de conformidad con los derechos sustantivos y garantías jurídicas establecidas en ella misma, así como en los tratados internacionales sobre la materia. Entonces, tenemos que el principio de igualdad procesal en materia laboral resulta una medida constitucionalmente válida, que se encuentra en armonía con la legislación laboral federal, acogida con posterioridad por el legislador ordinario, quien estableció como finalidad primordial conseguir un justo equilibrio social en la relación de trabajo, tomando en cuenta la situación de desventaja en que se encuentra el trabajador frete al patrón, prevaleciendo una postura mayormente favorable para este frente a la aplicación e interpretación de la legislación laboral y que, en lo atinente a la etapa de ejecución del procedimiento labora, se procura que la ejecución de los laudos condenatorios de la parte patronal, sean cumplidos de la manera más rápida posible, a fin de recibir de forma casi inmediata las prestaciones líquidas constitutivas de sus derechos laborales exigibles. Sobre el tópico, es de invocarse de manera orientador el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a.LVI/2012(10a.), localizable en la página 1257, libro X, tomo2, materia constitucional-laboral, julio de 2012, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se enuncia: "INTERESES POR EJECUCIÓN TARDÍA DEL LAUDO. EL ARTÍCULO 951, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE LOS PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 70/2004, de rubro: "LAUDO. LOS INTERESES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 951, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON LOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCIÓN TARDÍA DE AQUÉL, AUNQUE TAL PRECEPTO NO CONCEDE ACCIÓN PARA DEMANDARLOS.", interpretó el precepto señalado, en el sentido de que los intereses previstos en esa norma se generan con motivo de la ejecución tardía del laudo y que sólo habrá lugar a su pago cuando el obligado sea el patrón y no el trabajador, debido a que las deudas contraídas por éste con aquél en ningún caso devengarán intereses. Ahora bien, acorde con los criterios orientadores para el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias del derecho fundamental a la igualdad, contenidos en la jurisprudencia 2a./J. 42/2010, de rubro: "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA.", se concluye que la norma jurídica que emerge de la interpretación del precepto legal citado no contraviene dicho derecho fundamental, previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los patrones y los trabajadores no se encuentran en igualdad de condiciones, debido a la diferencia existente entre ambos y que es reconocida expresamente en los artículos 2o. y 18 de la Ley Federal del Trabajo, en tanto establecen que las normas laborales tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo, y que en su interpretación se tomará en cuenta esa finalidad, prevaleciendo siempre la más favorable al trabajador; postulados que tuvieron como origen la desigualdad natural entre los dueños de los factores de la producción y de quienes únicamente cuentan con su fuerza de trabajo para subsistir. De ahí que resulte razonable el sentido de la norma citada, porque procura que la ejecución de los laudos que benefician a los trabajadores sea rápida, a fin de que éstos puedan recibir inmediatamente las prestaciones que, con motivo de la jurisdicción firme, constituyan un derecho exigible, lo cual se consigue con el cobro de intereses a cargo del patrón cuando incurra en ejecución tardía del laudo." Sin embargo, a consideración del suscrito Juzgador, dicho principio de igualdad en materia laboral, no implica per se (por sí) el deber de la autoridad laboral de ordenar y vigilar el cumplimiento cabal de los laudos, ordenando ex officio (de manera oficiosa) su ejecución mediante la práctica de las diligencias y actuaciones necesarias para tal fin. En efecto, el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo consigna la obligación de los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de vigilar el cumplimiento o ejecución de los laudos, auxiliándose de toda aquella medida que estime oportuna para lograr tal fin, con la premisa de que ello se logre con la debida prontitud y expedites. "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." Por su parte, el numeral 519 de la normatividad laboral en estudio, estatuye como necesaria la instancia de parte del ejecutante para iniciar el procedimiento de ejecución del procedimiento laboral, al haberse decidido la litis en lo principal mediante la emisión del laudo respectivo y que contiene de manera específica la totalidad de las prestaciones declaradas procedentes por la Junta de Conciliación y Arbitraje, para lo cual, el primero de los dispositivos legales en cita, concede el término de dos años para ejercer la acción de solicitud de ejecución, lapso computado a partir del día siguiente al en que haya sido notificado el laudo por la Junta o, en su caso, aprobado el convenio relativo. "Artículo 519. Prescriben en dos años:" (.) "III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas." "La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de la incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del trabajador, y desde el día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio. Cuando el laudo imponga la obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar de la Junta que fije al trabajador un término no mayor de treinta días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, podrá el patrón dar por terminada la relación de trabajo." Por otra parte, los ordinales 945 y 950 de la ley en análisis, expresan que una vez notificado el laudo, la parte vencida cuenta con quince días para efectuar su cumplimento voluntario y, por su parte, vencido ese término de gracia, el vencedor, en caso de considerar indebidamente cumplido el laudo, de igual manera que como se obligó a solicitar ejecución, está constreñido a solicitar de manera expresa la ejecución forzosa, circunstancia ante la cual el presidente del tribunal laboral dictará auto requerimiento de requerimiento y embargo. "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación." "Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento." "Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." Entonces, de una interpretación sistemática y armónica con los preceptos legales examinados, se concluye como requisito necesario e imprescindible el impulso procesal del ejecutante para solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, por conducto de su presidente, tanto la apertura de la etapa de ejecución del proceso laboral relativo y, ya en ese estado los autos, otro para ejecutar de manera forzosa el laudo ante la contumacia de la parte vencida. Caso contrario el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, aun cuando la propia Ley Federal del Trabajo le confiera la facultad imperativa de vigilar el cumplimento pronto y expedito de los laudos, valiéndose de toda aquella medida que considere necesaria para tal fin, no puede interpretarse, aun aplicando los principios in dubio pro operario (interpretación más favorable al trabajador) y pro persona (interpretación más favorable a la persona), consignado los artículos 2° y 18 de la Ley Federal del Trabajo y 1° de la Constitución General, como el deber de que mutu proprio (por sí mismo) regule el efectivo cumplimento al laudo condenatorio, examinando si han sido pagadas la totalidad de las prestaciones líquidas consignadas en sus puntos resolutivos, ya que como se mencionó, es menester la instancia de parte del trabajador sobre ese punto particular, con el cual se dé impulso a la etapa de ejecución y, en su defecto, se verifique el cumplimiento puntual e integral del laudo, con expeditas facultades concedidas al mencionado presidente para lograrlo. Conforme lo antes expuesto, resulta evidente lo infundado del motivo de disenso planteado por el impetrante, toda vez que dentro del término de quince días que prevé el artículo 945 de la ley laboral federal, la parte demandada Instituto Zacatecano "Ramón López Velarde" del Estado de Zacatecas (tercero interesado), acreditó dar cumplimiento cabal a la totalidad de los montos respecto a las prestaciones condenadas, situación que aconteció en dos momentos, primero, mediante transferencia electrónica verificada el nueve de noviembre de dos mil trece, a la cuenta bancaria número 0649689255, perteneciente al trabajador (quejoso), por el monto de $122,810.54 (ciento veintidós mil ochocientos diez pesos 54/100 moneda nacional) y, segundo, mediante comparecencia de veintiuno de mayo de dos mil catorce, ante la propia junta responsable, en donde le fue entregado al quejoso el cheque de folio 0001692, expedido por la institución financiera "Banorte", el cual consignó la cantidad de $118,060.55 (ciento dieciocho mil sesenta pesos 55/100 moneda nacional), concediéndole en ese mismo acto el término de tres días, de conformidad con el numeral 735 de la ley que rige el acto reclamado, para realizar alguna manifestación respecto al cumplimiento Motivos por los cuales la junta responsable, ante petición expresa del demandado Instituto Zacatecano "Ramón López Velarde" del Estado de Zacatecas (tercero interesado), dictará acuerdo el veintiocho de mayo de dos mil quince (acto reclamado), en el sentido de acordar de conformidad la petición de declarar al juicio ordinario laboral 1099/III/2012 como total y definitivamente concluido, pues se cumplió la suma total a que ascendieron las prestaciones condenadas: $237,517.20 (doscientos treinta y siete mil quinientos diecisiete pesos 20/100 moneda nacional), de conformidad con el laudo de veinticuatro de abril de dos mil catorce, al exhibirse por la demandada un acumulado de $240,871.09 (doscientos cuarenta mil ochocientos setenta y un mil pesos 09/100 moneda nacional), suma que en efecto, concuerda de la sumatoria de las cantidades reseñadas aportadas por la parte demandada y resulta superior a la condenada. Sin que haya mediado inconformidad de la parte quejosa, en su rol de actora dentro del juicio natural, respecto al pretendido cumplimiento del laudo, de allí que resulte acorde a derecho el actuar de la junta responsable, al ordenar el archivo definitivo del juicio natural, como deducción natural de que ante el silencio del aquí quejoso sobre ese aspecto, existía consentimiento tácito, pues como se precisó a lo largo de esta sentencia, la exigencia de ejecución de laudo y, de manera consecutiva, su cumplimiento forzoso ante la resistencia de la parte demandada, en todo caso sin excepción exige petición de parte que impulse procesalmente al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje dictar y tomar las providencias necesarias para ese fin, puesto que se encuentra impedido para actuar de manera oficiosa y examinar mutu proprio si se han cumplido la totalidad de los extremos del laudo. Robustece la presente determinación, por identidad de razones, la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.) sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, por contradicción de tesis, localizada en la página 2772, libro III, tomo 4, materia laboral, diciembre de 2011, de la Décima Época del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, de título y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." En ese orden de ideas, al resultar infundado el único concepto de violación planteado, mejorado en su deficiencia, conforme lo permite la fracción V del artículo 79 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General, sin advertir diverso motivo de ilegalidad que subsanar ante la no formulación de motivos de inconformidad, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo de los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: PRIMERO. Se declara sin materia la acción de amparo adhesiva presentada por el tercero interesado Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" del Estado de Zacatecas, por conducto de su representante legal licenciado Gustavo Salinas Íñiguez, de acuerdo a lo expuesto en el considerando IV de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Elías Raudry del Río, contra el acto detallado en el considerando II.1 reclamado a la autoridad precisada en el resultado primero, conforme las consideraciones de derecho contenidas en el considerando V de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres, hoy treinta de junio de dos mil quince, que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE. ARS

  3. Principal

    En veinticinco de junio de dos mil quince, se da cuenta al Juez con un escrito registrado con el número 12366.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de junio de dos mil quince. Visto el escrito signado por el tercero interesado JOSÉ CARLOS PÉREZ PÉREZ, en el cual esencialmente manifiesta que tanto él como la quejosa se han presentado ante este Juzgado con el propósito de que se le entreguen las copias cuya expedición se acordó de conformidad en auto de dieciocho de junio del año en curso, sin que hasta el momento las hayan obtenido. Al respecto, dígase al promovente que en el momento en que se presente en este Tribunal Federal, la persona designada para tal efecto, lo acompañará al centro de copiado a fin de que obtenga las constancias de que se trata, mismas que deberán ser debidamente certificadas. En el entendido de que, como se indicó en el auto de dieciocho de junio de la presente anualidad, únicamente es posible expedirle copias certificadas de las constancias que obran agregadas a este juicio de garantías, pues si bien es verdad que, como lo refiere el promovente, la diversa autoridad responsable Subdelegado del Hospital General Número 26 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con su informe justificado remitió varias documentales, con las cuales se ordenó formar cuaderno de pruebas pos separado en proveído de seis de agosto de dos mil catorce; sin embargo, al tratarse el presente juicio de amparo de un asunto totalmente concluido, se procedió a la destrucción de dichas constancias. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. Bjm.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a diez de junio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ya fue entregado a la parte quejosa el cheque 29018, por la cantidad de $915.69 (novecientos quince pesos 69/100 moneda nacional), exhibido por el Ayuntamiento Municipal de esta capital, como cumplimiento a la sentencia protectora; en consecuencia, se ordena devolver a dicha autoridad responsable la póliza en que se contenía el cheque en cita, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE

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