Rubén Aguilar Ortiz

Expediente 568/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 26 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
568/2019
Año
2019
Actuaciones
26
Última actuación
24/10/2019

Partes del expediente

  • Rubén Aguilar Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos se advierte que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado por este juzgado en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En razón de que el indicado proveído no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este expediente es destruible. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado Acuerdo General y el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es depurable el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se concedió la suspensión provisional, por tanto, guárdese por separado; por otra parte, en cuanto al duplicado del incidente, llévese a cabo su destrucción, conforme al punto vigésimo, fracción III del aludido acuerdo. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Por otro lado, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Notifíquese. ...

  2. Principal

    El ocho de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con el oficio registrado con el número 14385.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta únicamente para que obre como corresponda, suscrito por el fiscal del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación Mixta Número Dos, con sede en Jerez de García Salinas, Zacatecas, por medio del cual cumple el requerimiento formulado en auto de veinticuatro de septiembre de la presente anualidad; toda vez que el treinta de septiembre de dos mil diecinueve se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Jessy*

  3. Principal

    El treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico el informe justificado rendido por el juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas (foja 23), mediante el cual acepta la existencia del acto que aquí se le reclama; además, informa que el doce de julio de la presente anualidad se llevó a cabo la audiencia de solicitud de orden de aprehensión, que por audiencias de dieciséis y veintiuno de julio del presente año se le formuló imputación al quejoso Rubén Aguilar Ortiz, imponiéndosele la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y vinculándolo a proceso, lo anterior dentro de la causa penal 58/2018, de su índice; adjuntando copia certificada del registro de audio y video de las citadas audiencias, además de copias certificadas de actas mínimas de las audiencia referidas y de los índices cronológicos (fojas 23 a 34). Ahora bien, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto a los actos de los que se duele el justiciable, consistentes en la orden de detención y/o aprehensión; ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVII del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de derechos relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de derechos concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. La regla general anterior tiene como excepción los casos en que se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ese supuesto solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. Como consecuencia de lo expuesto, en el juicio de amparo en materia penal deben analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 de la Constitución Federal, a la luz de la regla general que establece la mencionada, pues únicamente en tratándose de las violaciones a los artículos 19 y 20 constitucionales puede atenderse a la regla específica relativa a que solo acontece el cambio de situación jurídica con el dictado de la sentencia de primera instancia. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto" En el caso que nos ocupa, la autoridad responsable remitió copia certificada del audio y video en formato D.V.D., de lo actuado en la audiencia de veintiuno de julio del año en curso dentro de la causa penal 58/2019, que se instruye contra del quejoso y, en la que se dictó auto de vinculación a proceso; documental a la que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copia certificada expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades y de la cual se advierte que el ahora quejoso se encuentra sujeto a procedimiento por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo de inmuebles y robo calificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por tanto, es evidente que el dictado de un auto de vinculación a proceso implica el cambio de situación jurídica respecto de la orden de detención y/o aprehensión y su ejecución reclamada por el quejoso. En esta instancia constitucional, el quejoso combate la afectación a su libertad personal; sin embargo, la autoridad responsable informó que dentro de la causa penal 58/2019 en audiencia de veintiuno de julio del año en curso, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Rubén Aguilar Ortíz (quejoso), por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo de inmuebles y robo calificada en perjuicio de Sergio Díaz Salazar. Por tanto, al haberse vinculado al quejoso a proceso, se insiste, su situación jurídica cambió de tal manera que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden de detención y/o aprehensión y su ejecución que ahora reclama, al no poder tener como efecto la posible concesión de amparo la insubsistencia de tal contexto procesal. En relación a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De lo anterior se obtiene, que al haber ocurrido un cambio de situación jurídica, esto es, le fue dictado al quejoso auto de vinculación a proceso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En tales consideraciones, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia en el presente juicio, por lo que se impone necesario sobreseer fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes en consulta. Consecuentemente, se dejan sin efecto las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Jessy*

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "...Zacatecas, Zacatecas, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico el informe justificado rendido por el juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas (foja 23), mediante el cual acepta la existencia del acto que aquí se le reclama; además, informa que el doce de julio de la presente anualidad se llevó a cabo la audiencia de solicitud de orden de aprehensión, que por audiencias de dieciséis y veintiuno de julio del presente año se le formuló imputación al quejoso Rubén Aguilar Ortiz, imponiéndosele la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y vinculándolo a proceso, lo anterior dentro de la causa penal 58/2018, de su índice; adjuntando copia certificada del registro de audio y video de las citadas audiencias, además de copias certificadas de actas mínimas de las audiencia referidas y de los índices cronológicos (fojas 23 a 34). Ahora bien, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto a los actos de los que se duele el justiciable, consistentes en la orden de detención y/o aprehensión; ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVII del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de derechos relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de derechos concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. La regla general anterior tiene como excepción los casos en que se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ese supuesto solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. Como consecuencia de lo expuesto, en el juicio de amparo en materia penal deben analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 de la Constitución Federal, a la luz de la regla general que establece la mencionada, pues únicamente en tratándose de las violaciones a los artículos 19 y 20 constitucionales puede atenderse a la regla específica relativa a que solo acontece el cambio de situación jurídica con el dictado de la sentencia de primera instancia. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto" En el caso que nos ocupa, la autoridad responsable remitió copia certificada del audio y video en formato D.V.D., de lo actuado en la audiencia de veintiuno de julio del año en curso dentro de la causa penal 58/2019, que se instruye contra del quejoso y, en la que se dictó auto de vinculación a proceso; documental a la que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copia certificada expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades y de la cual se advierte que el ahora quejoso se encuentra sujeto a procedimiento por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo de inmuebles y robo calificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por tanto, es evidente que el dictado de un auto de vinculación a proceso implica el cambio de situación jurídica respecto de la orden de detención y/o aprehensión y su ejecución reclamada por el quejoso. En esta instancia constitucional, el quejoso combate la afectación a su libertad personal; sin embargo, la autoridad responsable informó que dentro de la causa penal 58/2019 en audiencia de veintiuno de julio del año en curso, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Rubén Aguilar Ortíz (quejoso), por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo de inmuebles y robo calificada en perjuicio de Sergio Díaz Salazar. Por tanto, al haberse vinculado al quejoso a proceso, se insiste, su situación jurídica cambió de tal manera que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden de detención y/o aprehensión y su ejecución que ahora reclama, al no poder tener como efecto la posible concesión de amparo la insubsistencia de tal contexto procesal. En relación a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De lo anterior se obtiene, que al haber ocurrido un cambio de situación jurídica, esto es, le fue dictado al quejoso auto de vinculación a proceso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En tales consideraciones, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia en el presente juicio, por lo que se impone necesario sobreseer fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes en consulta. Consecuentemente, se dejan sin efecto las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a las partes. ...."

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