Ruben Antonio Pech Sulu

Expediente 35/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
35/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
06/03/2018

Partes del expediente

  • Ruben Antonio Pech Sulu

Actuaciones

  1. Principal

    IV. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el siete de febrero del presente año. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    IV. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por el Presidente de la Junta Especial Numero Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad. Ahora bien, en la especie, se trae a colación que de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, toda vez que la parte aquí quejosa, reclamó en su demanda de amparo, la omisión de la autoridad responsable de emitir auto de radicación y señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley en relación con la demanda labora que interpuso el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en contra de la persona moral "Constructora Rural y Urbana del Sureste", Sociedad Anónima y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así, tenemos que el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente cuando: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo: es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCENDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUITOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, tal y como se señaló con antelación se reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Mérida, la omisión de emitir auto de radicación y señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley, en relación con la demanda que interpuso el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en contra de la persona moral "Constructora Rural y Urbana del Sureste", Sociedad Anónima y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, de las constancias que remitió la Junta responsable se advierte que, con fecha diecisiete de enero del año en curso, radico la demanda interpuesta por el aquí quejoso, recayéndole el número 903/2017 y señaló como fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho a las diez horas. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que en autos del expediente origen, la responsable ya radicó la demanda que interpuso la quejosa en contra de la persona moral "Constructora Rural y Urbana del Sureste", Sociedad Anónima y del Instituto Mexicano del Seguro Social, recayéndole el número 903/2017 y señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, tal y como se advierte de las propias constancias que remitió la responsable en vía de justificación de sus actos; de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable para actuar en la demanda laboral interpuesta Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional, esto es, las diez horas con siete minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Sin que constituya obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún no hayan sido emplazados al presente juicio quienes pudieran tener el carácter de terceros interesados, ante la actualización de una causal de improcedencia notoria y manifiesta que motiva el sobreseimiento del presente juicio de amparo; esto es así, dado que con tal proceder no se les deja en estado de indefensión, precisamente porque el indicado sobreseimiento no resulta contrario a sus intereses. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  3. Principal

    IV. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por el Presidente de la Junta Especial Numero Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad. Ahora bien, en la especie, se trae a colación que de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, toda vez que la parte aquí quejosa, reclamó en su demanda de amparo, la omisión de la autoridad responsable de emitir auto de radicación y señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley en relación con la demanda labora que interpuso el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en contra de la persona moral "Constructora Rural y Urbana del Sureste", Sociedad Anónima y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así, tenemos que el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente cuando: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo: es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCENDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUITOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, tal y como se señaló con antelación se reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Mérida, la omisión de emitir auto de radicación y señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley, en relación con la demanda que interpuso el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en contra de la persona moral "Constructora Rural y Urbana del Sureste", Sociedad Anónima y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, de las constancias que remitió la Junta responsable se advierte que, con fecha diecisiete de enero del año en curso, radico la demanda interpuesta por el aquí quejoso, recayéndole el número 903/2017 y señaló como fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho a las diez horas. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que en autos del expediente origen, la responsable ya radicó la demanda que interpuso la quejosa en contra de la persona moral "Constructora Rural y Urbana del Sureste", Sociedad Anónima y del Instituto Mexicano del Seguro Social, recayéndole el número 903/2017 y señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, tal y como se advierte de las propias constancias que remitió la responsable en vía de justificación de sus actos; de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable para actuar en la demanda laboral interpuesta Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional, esto es, las diez horas con siete minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Sin que constituya obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún no hayan sido emplazados al presente juicio quienes pudieran tener el carácter de terceros interesados, ante la actualización de una causal de improcedencia notoria y manifiesta que motiva el sobreseimiento del presente juicio de amparo; esto es así, dado que con tal proceder no se les deja en estado de indefensión, precisamente porque el indicado sobreseimiento no resulta contrario a sus intereses. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro

  4. Principal

    IV.- Vista la demanda de amparo promovida por **, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad; y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídanse sus informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, la que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual las responsables deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I, del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de salario, de conformidad con artículo 251 de la Ley de la Materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. En lo que respecta a la prueba documental que el quejoso hace mención en el capítulo de pruebas, no ha lugar a tenerla por ofrecida, toda vez que no la adjunta a su demanda de amparo. Ahora, por lo que respecta a las personas mencionadas en el capítulo de terceros interesados, resérvese acordar lo relativo al carácter que pudiere recaerles, hasta en tanto obren en autos los informes justificados de la autoridades responsables. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el indicado para tal efecto en su demanda de amparo y como sus autorizados para en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Valencia Palomo y Rodolfo Moreno Canche; no así a Abraham Salomón Cruz Ramayo, María Jesús Tamayo Sosa, Jorge Eutimio Quintal Chi y José María García Cante, quienes quedarán como autorizados de la parte promovente, con las limitaciones a que se refiere el aludido numeral en su segundo párrafo, hasta en tanto acrediten encontrarse registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, previa reiteración. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión, en atención a que no se solicitó.

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