Ruben Antonio de Jesus Contreras Perez

Expediente 315/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
315/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/03/2019

Partes del expediente

  • Ruben Antonio de Jesus Contreras Perez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de ocho de marzo del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    VII. Vista la demanda de amparo promovida por Heidi Ruby Concha Chan, a favor de Rubén Antonio de Jesús Contreras Pérez, contra el acto que reclama del titular de la Fiscalía Investigadora Mixta Uno, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y de otras autoridades. Por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la promovente Heidi Ruby Concha Chan reclama de las autoridades responsables, la orden de aprehensión, comparecencia, presentación y detención librada contra el directo quejoso Rubén Antonio de Jesús Contreras Pérez, y su ejecución. Ahora bien, en el caso, este Juzgador Federal advierte que, respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia revista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 5, fracción I, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violen los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Ahora bien, al respecto, debe decirse que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia agraviada, siendo el caso que quien impetra la protección constitucional, debe ser precisamente quien resiente en su esfera jurídica, la afectación por el acto de autoridad reclamado; es decir, para acudir a la vía constitucional, debe contarse con la legitimación activa respectiva. Así, la promovente Heidi Ruby Concha Chan, solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, a favor de su "conocido" Rubén Antonio de Jesús Contreras Pérez, reclamando la orden de aprehensión, comparecencia, presentación y detención librada contra éste. En ese sentido, no resulta admisible dicha demanda de amparo, suscrita por la promovente a favor del directo quejoso, sencillamente porque la orden de aprehensión, comparecencia, presentación y detención supuestamente librada contra éste, no se encuentra contemplada en el catálogo del artículo 15 de la Ley de Amparo, que establece limitativamente los supuestos en que es permisible la presentación de la demanda a favor del directamente afectado por el acto reclamado. De manera que, al no ser dable que la promovente del presente asunto inste la acción constitucional a favor del directo quejoso, tratándose del referido acto reclamado, no es procedente admitir dicha demanda. Ello, cuenta habida que, se reitera, uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada, previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el numeral 5 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él. Sin embargo, debe puntualizarse que en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) Cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 10 de la Ley de la Materia; b) Por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 14 de la Ley de Amparo); y, c) Por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 Constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo", según el artículo 15 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, la promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de su "conocido", sin que hubiere acreditado encontrarse en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión, comparecencia, presentación o detención emitida por autoridades ministeriales y no demostró ser mandataria, exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensora del indiciado, ni se está en los supuestos del artículo 15 del ordenamiento invocado, debe considerarse que la solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 5 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Máxime que, en el caso, la promovente no hizo mención alguna, en su escrito de demanda, en relación a alguna circunstancia que impidiera al directo quejoso suscribirla personalmente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 272, del Tomo VII, Enero de 1991, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales." En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte promovente, para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo; y como autorizadas a las personas que expresamente indica, con las facultades conferidas. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    VII. Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovido por Heidi Ruby Concha Chan, a favor de RUBÉN ANTONIO DE JESÚS CONTRERAS PÉREZ, contra un acto del Titular de la Fiscalía Investigadora Mixta Uno de la Fiscalía General del Estado, y de otras autoridades; con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada y por duplicado, el incidente de suspensión solicitado. Con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de garantías a las autoridades responsables y pídase su respectivo informe previo, el cual deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído, apercibidas que de no hacerlo dentro del término fijado, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 238 en armonía con el diverso 260, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON TREIMNTA Y UN MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento. Ahora, en cuanto a los actos reclamados consistentes en la órden de aprehensión, comparecencia, presentación y/o detención, que en su caso hayan dictado las autoridades responsables contra el quejoso, así como su ejecución, se concede la medida cautelar solicitada, en los siguientes términos. 1. En caso de que la orden aprehensión o detención, se refieran a un delito de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional, con fundamento en el quinto párrafo del artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, para el único efecto de que una vez detenido el quejoso, quede a disposición de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, por lo que se refiere a su libertad personal, en el lugar en que sea recluido, o en el Centro de Reinserción Social correspondiente, quedando a disposición del Juez responsable para la continuación del procedimiento penal. 2. Por otra parte, y para el caso de que el delito por el cual se haya girado la orden de privativa de libertad en contra del quejoso, conforme a la Ley aplicable no implique prisión preventiva oficiosa, con fundamento en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE para el efecto de que no sea detenido, quedando a disposición de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, sin perjuicio de que se presente al proceso penal de origen para su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no se obtenga la protección de la Justicia Federal, hasta en tanto se dicte en estos autos incidentales la resolución correspondiente a la suspensión definitiva de los actos reclamados; claro está, bajo las medidas de aseguramiento que este órgano de control constitucional estime necesarias a fin de que no se evada de la acción de la justicia; acorde con lo siguiente: La suspensión provisional que se decreta, surte sus efectos de inmediato, pero dejará de surtirlos, en los casos siguientes: 1. De no exhibir dentro de los CINCO DÍAS siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, depósito en efectivo o por cualquiera de las formas establecidas por la ley, por la cantidad de********************, la cual se le fija como medida de aseguramiento, cuyo otorgamiento deberá comunicarse oportunamente a las autoridades responsables, a fin de que pueda ser devuelto a las mismas, en caso de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo respectivo; en el entendido que de conformidad con la circular II/2007, emitida el once de julio de dos mil siete, signada por la entonces Titular de la Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, los depósitos en dinero o en valores podrán efectuarse en cualquiera de las formas establecida en la ley, esto, tal como lo establece los artículos 26 y 27, último párrafo del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, el cual fue aprobado por el Pleno del propio Consejo en sesión de dos de mayo de dos mil siete. En la inteligencia, que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, este deberá ser constituido ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi), esto de conformidad con el artículo 52, fracción I, del mencionado Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; con la aclaración de que éste Órgano Jurisdiccional, no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses o rendimientos, ni con la administración de los citados depósitos, toda vez que esto corresponde al Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, por lo que la parte que exhiba el depósito respectivo, en términos del artículo 32 del acuerdo antes aludido, deberá manifestar expresamente si en tal supuesto otorga su autorización expresa al Secretario Técnico del mencionado Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria información que le permita el control de dicho depósito; por lo que en su caso, dicho billete debe ser exhibido con la leyenda que contenga la autorización expresa. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2ª/J.193/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1386 del tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. LOS ARTÍCULOS 28 Y 32 DEL ACUERDO GENERAL 17/2007 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, NO ESTABLECEN MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA EXHIBIR LA GARANTÍA CON EL PROPÓSITO DE QUE AQUÉLLA SURTA SUS EFECTOS. De la interpretación sistemática del referido Acuerdo General 17/2007, frente al objetivo perseguido con la creación del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, dispuesto en el título décimo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deriva que en tanto el propósito del Fondo es mejorar la administración de justicia y los recursos financieros que lo forman, las previsiones dispuestas por ese Acuerdo se orientan a normar la recepción y manejo de esos ingresos, en relación con la actuación de los entes que interactúan en esa dinámica, distintos del justiciable. Por eso, los artículos 28 y 32 del citado Acuerdo, que prevén ciertos requisitos formales que deben contener los certificados o billetes de depósito que como garantía se exhiban ante los órganos jurisdiccionales (monto de la cantidad depositada; no generación de intereses para el depositante y la autorización para que se solicite y reciba información del depósito a la institución crediticia), no establecen mayores requisitos que los dispuestos por la Ley de Amparo para que surta efectos la suspensión, porque lejos de representar una potencial carga para el quejoso en la exhibición de la caución respectiva, constituyen parámetros para el control y manejo de tales documentos, que sólo trascienden en la relación existente entre el órgano jurisdiccional, la institución depositaria y el Fondo de Apoyo, a quienes les resulta obligatoria su observancia." 2. Dado que la medida cautelar se ha concedido con base en el artículo 162 de la Ley de Amparo, contra actos derivados de un procedimiento penal que afecta la libertad personal, la parte quejosa deberá comparecer dentro del plazo de TRES DÍAS ante el Juez de la causa; en la inteligencia de que este supuesto se actualizará cuando se tenga la certeza de la existencia del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, se fijan como medidas de efectividad al quejoso, las siguientes obligaciones: 1. Señalar domicilio en esta ciudad a fin de que puedan hacerle las notificaciones respectivas, sin que pueda ausentarse del lugar de su residencia sin permiso de este Tribunal, sin perjuicio de la vigilancia policíaca que se estime necesaria, apercibido que de no cumplir con lo dispuesto en este inciso, se hará efectiva la garantía otorgada a favor del erario federal. 2. No podrá ausentarse del lugar de su residencia, sin el permiso de este tribunal federal, sin perjuicio de la vigilancia policíaca si se estima necesario, como dispone el artículo 162 de la ley de la materia. Es menester señalar, que las medidas de aseguramiento antes referidas, serán exigibles, una vez que se tenga la certeza de la existencia del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió. Cabe destacar que el quejoso incumple con las medidas de aseguramiento y obligaciones impuestas por el juzgador penal en el proceso de origen, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable, de conformidad con el último párrafo del citado numeral 166 de la ley de la materia. Asimismo, cabe puntualizar que con la concesión de la suspensión provisional no se obstaculiza ni se paraliza la integración de la averiguación previa o carpeta de investigación correspondiente, que es de orden público, ya que precisamente la Constitución Federal establece en forma categórica el reconocimiento del derecho de defensa adecuada que se debe otorgar a todo indiciado durante esa etapa ministerial. De manera ilustrativa se cita la jurisprudencia 1ª./J. 86/2010, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de nuestro País, publicada en la página 573 del Tomo XXXIII, Febrero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 162694, que establece: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La suspensión a petición de parte de los actos reclamados se encuentra regulada por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que la que se solicite contra la orden de comparecencia o presentación procederá si: i) la solicita el agraviado; ii) no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y iii) los daños y perjuicios causados son de difícil reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar la averiguación previa y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; sin embargo, de estimar que pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio si no se suspende dicho procedimiento, el juzgador de amparo puede suspenderlo. Por tanto, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada. Todo ello sin que pueda estimarse que por el simple hecho de que se trata del procedimiento de averiguación previa, la suspensión de un acto dentro de éste o del procedimiento mismo, contraviene el interés social y el orden público, sino que tal extremo debe ser razonado y valorado por el juzgador." Asimismo, tomando en consideración que el acto reclamado por el aquí quejoso, consiste en la orden de aprehensión y de detención, dictadas en su contra, y que conforme a lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, en relación con el diverso 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicho acto puede librarse al cumplirse cualquiera de las hipótesis que prevé éste último, siendo éstas: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: .; .; Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. (.) También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. (.) El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." En mérito de lo anterior, requiérase a las autoridades ordenadoras, para que al momento de rendir su respectivo informe previo, manifiesten bajo que supuesto fue emitido dicho acto, si conforme a algunas de las hipótesis previstas en el artículo invocado con antelación, o con motivo de un supuesto diverso; de igual forma, deberá especificar si el o los delitos por el que fue emitido es de los considerados de prisión preventiva oficiosa o no, así como los numerales que lo prevén. De igual manera, señálese al quejoso que si el Actuario Judicial de la adscripción, o la oficialía de correos, asienta la razón de que devuelve los oficios con transcripción de este proveído por inexistencia de las autoridades destinatarias, al no poder entregarlos, se tendrán por inexistentes tales autoridades responsables y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas; lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de manera supletoria. Finalmente, como lo solicita el quejoso; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase la copia certificada por duplicado de esta determinación y entréguesele a las personas que autoriza para tal efecto, previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia médica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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