Rubén Angeles Gil
Expediente 614/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 614/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/03/2021
Partes del expediente
- Rubén Angeles Gil
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el proveído de veinticuatro de febrero pasado, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, que en autos no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción III, último párrafo del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a dicho punto del Acuerdo General en cita, toda vez que se decretó la suspensión de plano en este asunto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que el Titular de la Subdirección Jurídica del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, informó al fedatario judicial adscrito a este juzgado que el quejoso Rubén Ángeles Gil, fue puesto en libertad el veinte de noviembre pasado, por determinación del "Centro de Justicia Penal Federal contiguo". Ahora, en virtud de que el acto que por esta vía se reclama es la incomunicación del quejoso que atribuyó al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que indican lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación". De la transcripción del último de dichos preceptos, se obtiene que los efectos de la concesión del amparo cuando se trate de un acto de carácter positivo son restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Por tanto, si el acto reclamado lo constituye la incomunicación de que dijo el amparista era objeto, en tanto que de la razón de cuenta se obtiene que este fue puesto en libertad, es inconcuso que no existe motivo para la resolución de fondo del juicio de amparo cuando es evidente que no puede alcanzar su objetivo protector. En consecuencia, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley reglamentaria, es procedente sobreseer fuera de audiencia en el juicio, puesto que se trata de una causal manifiesta e indudable que con ningún medio de prueba se desvirtúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Consecuentemente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Hágase del conocimiento de las partes esta determinación y realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Finalmente, practíquense al quejoso todas las notificaciones mediante lista de acuerdos que se publica en este juzgado, hasta en tanto proporcione domicilio para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la primera de las certificaciones que anteceden, y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el similar 21/2020, de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en este asunto, lo que implica la reanudación de su trámite. En ese context vista la segunda certificación de referencia, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida Así, por sentencia de treinta de diciembre de dos mil diecinueve, se sobreseyó en el juicio, contra La resolución de fecha 30 de septiembre de 2019, emitida en la audiencia de control de aseguramiento de folio real, al haberse negado el aseguramiento del folio real 9541916, perteneciente a mi inmueble ubicado en Avenida Popocatépetl número 186, colonia Portales alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, atribuida al juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad Inconforme con dicha determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito bajo el orden 31/2020 que en sesión de cuatro de junio de dos mil veinte, resolvió revocarla y conceder el amparo solicitado, para el efecto de que el juez responsable, realizara lo siguiente: .valorando las pruebas existentes en autos se pronuncie en relación con el fondo del asunto, lo que viene a constituir la esencia de los conceptos jurisprudenciales de motivación y fundamentación transcritos con antelación, ello en ejercicio pleno de su jurisdicción. (sic). Por tanto, mediante acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento a dicha autoridad quien mediante oficios y anexos recibidos el diecisiete y veintiuno de septiembre del citado año, informó que acató la ejecutoria de amparo En ese contexto, el veintidós de septiembre de dos mil veinte, se dio vista a la quejosa y a los terceros interesados con las referidas constancias; al respecto, el tercero interesado Pablo Alonzo Almaraz mediante escrito recibido el treinta del citado mes y año manifestó que la autoridad responsable no había dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por las razones que expuso; en tanto que la quejosa interpuso recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veinte, cuyo conocimiento correspondió al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito bajo el orden 20/2020, que por acuerdo de nueve de octubre de dos mil veinte, determinó desechar por improcedente dicho medio de impugnación; determinación que se declaró firme mediante proveído de veintiséis de octubre siguiente. Por tanto, de la revisión de los anexos que la autoridad responsable adjuntó a tales oficios, mediante acuerdo de nueve de octubre de dos mil veinte, se determinó que existía exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en razón de lo siguiente: a) Mediante audiencia celebrada a las diez horas con cuarenta y siete minutos, del once de septiembre de dos mil veinte, con la asistencia del agente del Ministerio Público y de la asesora jurídica de la quejosa -denunciante-, el juez responsable determinó que debido a la inasistencia de la parte tercero interesada -imputados-, se señalaba nueva fecha para que tuviera verificativo la audiencia, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. b) Así, por audiencia celebrada a las nueve horas, del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el juez responsable determinó ".en acatamiento a la citada ejecutoria la consecuencia legal que origina es dejar insubsistente lo establecido en la audiencia de fecha treinta de septiembre del año dos mil diecinueve, y en su lugar se celebra la presente diligencia. (sic. Lo destacado no es de origen), asimismo, previo debate de las partes, resolvió, en esencia, que .conforme a las anteriores referencia, en términos de los numerales 258 y 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 16 del Pacto Federal, y partiendo de la base del origen de la presente audiencia, que devino precisamente de la asesora jurídica al promover el medio de defensa innominado 258 del código adjetivo nacional, lo procedente entonces es dejar insubsistente el acuerdo del once de septiembre del año dos mil diecinueve, emitido por el fiscal investigador en este asunto, y en su lugar, se conmina y ordena al Ministerio Público para que bajo sus atribuciones, en términos de los artículos 21 del Pacto Federal 127, 128 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resuelva la petición de la asesora jurídica y se pronuncie sobre el aseguramiento del folio real que nos ocupa, cuya duración estará vigente por todo el tiempo que perdure el procedimiento penal relacionado con esa carpeta judicial. (sic). En ese orden, este órgano de control constitucional determinó no tener por cumplida la ejecutoria de amparo, en razón de que la autoridad responsable incurrió en exceso en el cumplimiento de la misma, pues dejó insubsistente, en su totalidad la audiencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve; luego, abrió un nuevo debate por último, emitió la resolución que estimó legalmente procedente Ese actuar, a criterio de este órgano jurisdiccional, implicó, como se dijo, exceso en el cumplimiento de la ejecutoria respectiva, pues en ella sólo se estableció que el juez responsable ".valorando las pruebas existentes en autos se pronuncie en relación con el fondo del asunto, lo que viene a constituir la esencia de los conceptos jurisprudenciales de motivación y fundamentación transcritos con antelación, ello en ejercicio pleno de su jurisdicción.(sic), no así dejar insubsistente la audiencia mencionada. Por tanto, se requirió a la autoridad responsable subsanara el exceso en que incurrió en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, esto es, debería dejar insubsistentes las audiencias relacionadas con tal cumplimiento, y acatar puntualmente lo ordenado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la resolución emitida en el recurso de revisión 31/2020; al respecto, mediante oficio recibido en este juzgado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, el Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Poder Judicial de esta ciudad Gelimer Salmerón García, informó lo siguiente: .que el Maestro ALEJANDRO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Juez de Control adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Ocho, siendo el juez responsable se informó que padece COVID-19 motivo por el se turna la presente audiencia a este juzgador, en consecuencia se considera que me encuentro impedido materialmente para dar cumplimiento lo anterior atendiendo al principio de inmediación; ante ello, le solicito de la manera más atenta que se le conceda una prórroga a tal Juzgador para que pueda dar cumplimiento a la ejecutoria referida o en caso de no estimar dicha circunstancia como impedimento material o jurídico se me autorice dar cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo.(sic). Por tanto, mediante acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se determinó que a efecto de no vulnerar el principio de inmediación, se concedía a dicha autoridad el plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de tal proveído, para que se impusiera de todas las audiencias celebradas en la carpeta judicial 008/0663/2019, de la cual derivó el acto reclamado, con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en el entendido que si durante dicho plazo el juez responsable se reincorporaba a sus labores, sería este último el que debería dar cumplimiento a misma. Al respecto, mediante oficio recibido en este juzgado el trece de noviembre de dos mil veinte, el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Poder Judicial de esta ciudad Gelimer Salmerón García, informó que acató la ejecutoria de amparo y remitió copia certificada del disco compacto relativo a la audiencia celebrada el once de noviembre de dos mil veinte. En dicha audiencia el juez mencionado precisó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se dejó sin efectos la determinación de treinta de septiembre de dos mil diecinueve -acto reclamado-, asimismo, resolvió: ".a este juzgador le corresponde resolver la petición que hiciera la víctima y su asesor jurídico, porque no hubo un pronunciamiento, las partes no lo señalaron expresamente y el hecho de que no haya atendido su petición ¿es susceptible de acudir ante un Juez de Control?, sería la primera pregunta, a mi parecer sí lo es, de hecho cuando leo, más bien cuando he escuchado los argumentos de la asesora jurídica que actuó el treinta de septiembre, no lo establece expresamente, sin embargo, invocan el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. establece cuatro hipótesis para poder impugnar ese tipo de determinaciones, desde luego lo que pidió en su momento la asesora jurídica y la víctima no se encuentra expresamente, sin embargo, porque a pesar de ello este juzgador estima que sí es procedente, porque nos encontramos ante lo que fue establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 233/2017 en cuanto a las omisiones y también podría cuestionarse, bueno en realidad no hay ninguna omisión porque atento a lo que refirió el agente del Ministerio Público que compareció en la audiencia de treinta de septiembre, la petición que hiciera en su momento la asesoría jurídica el nueve de septiembre del año señalado, el once del mismo mes y año el agente del Ministerio Público Investigador Raúl Sarabia Quintanar pues dio respuesta, y aparentemente pues no hay omisión, sin embargo, este juzgador estima que si existió una omisión, no porque el hecho de que haya emitido el acuerdo se dio cumplimiento al mismo, ello en virtud de que como destacó la propia agente del Ministerio Público no resolvió el fondo del asunto, es decir, no dijo si sí y no procedía el aseguramiento, la respuesta que dio es que no fundó ni motivó, no dijo la pertinencia del acto, por tanto, se está ante el supuesto que prevé la contradicción de tesis, que desde luego al dar lectura a los argumentos que se expusieron en la misma, en concreto en el párrafo setenta y cinco, las omisiones que incurra el Ministerio Público en su desempeño de su labor investigadora, y sobre todo en el párrafo ochenta, y ochenta y uno, que estas actuaciones no se limitan y que por lo tanto, se deben realizar. Bajo esa tesitura desde luego es notorio que el Ministerio Público fue omiso en dar respuesta a lo que en su momento le pidiera la asesoría jurídica, y para ello, desde luego debe de partirse en la petición que hiciera la víctima, quien solicitó ese aseguramiento y de acuerdo a los registros lo hizo en términos del artículo 229, 230 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como ha sido referido el Ministerio Público dijo que no expresa la necesidad de los actos de investigación para la integración de la carpeta, pero debemos de establecer que desde luego de los argumentos que expuso la asesoría jurídica en la audiencia pasada, es el hecho de que se asegure para que no se violenten los derechos propiedad de su asesorada, porque ya hay anuncios de compraventa, es decir, está estableciendo por qué razón es necesario el aseguramiento, recordar desde luego que uno de los objetivos del proceso penal como lo establece el artículo 20, en su apartado A, fracción I, es no solamente el esclarecimiento de los hechos para no generar impunidad, sino la reparación del daño y por ello, quien alega haber sufrido un daño pues debe tener esa confianza de que en un proceso se esté en posibilidad de que esa reparación del daño se pueda satisfacer, incluso como destacó la propia agente del Ministerio Público que debe ser una investigación objetiva y pertinente, como lo refiere, y cito ´para llegar a una investigación completa y ser sobre todo lo más balanceada posible entre la parte actora y los imputados´, y por ello, desde luego, bajo esa facultad debió haberse pronunciado porque le estaban poniendo indicios, desde luego, para ello investigar, recabar esa información, evitar en su caso que no se consumen actos que pudieran ser de imposible reparación, ya que precisamente a quien le corresponde recabar los medios necesarios para determinar el daño causado y su cuantificación, es el Ministerio Público como lo dispone el artículo 130, fracción V, pero desde luego esto no sólo es interés de la víctima, del asesor que se logre una eficaz reparación del daño, sino desde luego que es el Ministerio Público quien debe analizar si las diligencias que practica son eficientes para lograr los objetivos del proceso penal en los términos que han sido mencionados, pero desde luego, reitero no solamente en cuanto al esclarecimiento del hecho sino ante los aspectos de una reparación del daño, y desde luego, el Ministerio Público lejos de atender lo que solicitó la víctima, quien desde luego, contrario a lo que argumentó sí fundó su petición, pero desde luego de lo asentado se puede advertir que está pidiendo un aseguramiento y la agente del Ministerio Público confunde los actos de investigación con las diligencias que deban practicar, incluso como lo destacó el propio defensor. que el aseguramiento de bienes tiene una finalidad distinta de lo que se pretende, y por ello, se advierte que el Ministerio Público al resolver la petición planteada no dijo si era procedente o no, de ahí que desde luego se puede establecer que la inconformidad del asesor jurídico a través de esta solicitud es procedente, pero el hecho de que sea procedente no involucra que este juzgador tenga que ordenar el aseguramiento, porque incluso como ha sido referido dentro de la contradicción de tesis 233/2017 no establece que sea este juzgador a quien le corresponda llevar y desde luego actuar a nombre del Ministerio Público, no solamente porque lo dijo la Corte en el párrafo ochenta y dos de la citada contradicción de tesis, porque esta involucra que debe conminarlo a que practique las diligencias que sean necesarias, en este caso, una cosa son los actos de investigación y otra cuestión es la diligencia que se está estableciendo, máxime que incluso este aseguramiento se encuentra previsto en el capítulo que hace referencia al aseguramiento y que en ese sentido como ha sido referido son los artículos 229 y 230 que en el capítulo III, se hace referencia a técnicas de investigación, involucra que es al Ministerio Público al único que le corresponde resolver si procede o no el aseguramiento, y cuál sería el efecto entonces de esta determinación, el efecto de esta determinación sería al considerar que el Ministerio Público fue omiso en responder a lo que ha sido solicitado por el asesor jurídico, es que de manera fundada se pronuncie sobre ese tema, y para ello, desde luego, tendrá que analizar y ponderar como establece el equilibrio de los derechos que tienen por un lado los imputados, y por otro lado, los de la víctima, y verificar como establece si cumple posiblemente con lo que prevé los artículos 229, 230 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y desde luego, deberá hacerse de manera fundada y motivada, porque si en un momento dado estima que procede el aseguramiento afectará los derechos de los imputados y como lo prevé el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un acto de molestia, pero si por otro lado estima que no es procedente, afectará los derechos de la víctima, y ahí tendrá que establecerlo como lo prevé el artículo 20, apartado C, fracción II, párrafo segundo, que establece que si omite una diligencia también debe ser de manera fundada y motivada, pero desde luego, para que esta determinación de este juzgador tenga eficacia tendrá que apercibirse al Ministerio Público que lleve a cabo esta determinación, en un plazo de tres días contados a partir del día de mañana emita la resolución que estime pertinente fundando y motivando atento a las constancias que tenga su determinación, con apercibimiento desde luego que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cuarenta veces la Unidad de Medida y Actualización con fundamento en lo que prevé el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo esa tesitura, se da cumplimiento a la determinación de amparo." (sic. Lo destacado no es de origen). En consecuencia, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que la referida autoridad se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, este órgano de control constitucional tiene cumplida dicha ejecutoria que se analiza. No obsta para resolver como se hace, que la referida autoridad judicial no dejara insubsistentes las audiencias relacionadas con el primer cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues en la diversa celebrada el once de noviembre de dos mil veinte, dejó sin efectos la determinación de treinta de septiembre de dos mil diecinueve -acto reclamado-, y emitió otra determinación en los términos expuestos con antelación, es decir, la resolución de once de noviembre de dos mil veinte, es la que rige la situación actual de las partes. Ahora, en relación con la vista concedida a las partes por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, mediante escritos recibidos en este órgano jurisdiccional, respectivamente, el veinticuatro y veinticinco de noviembre de dos mil veinte, los terceros interesados Pablo Alonzo Almaraz y César Sánchez Santos, manifestaron su inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, toda vez que a su consideración no se dio cumplimiento a la misma, sin embargo, contrario a lo que argumentan, la referida autoridad judicial acató los lineamientos de la ejecutoria de amparo, como se precisó en los párrafos que anteceden, pues el efecto de la misma únicamente la constreñía a que .valorando las pruebas existentes en autos se pronuncie en relación con el fondo del asunto, lo que viene a constituir la esencia de los conceptos jurisprudenciales de motivación y fundamentación transcritos con antelación, ello en ejercicio pleno de su jurisdicción. (sic), lo que en el caso aconteció y, en consecuencia, se tuvo por cumplida Finalmente, resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la ley de la materia, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral Notifíquese; y personalmente a la quejosa, así como a los terceros interesados Pablo Alonso Almaraz y Cashfin Servicios Administrativos Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quien legalmente la representa
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