Roxana Lizbeth Arredón Argüello y Otros.

Expediente 35/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
35/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
23/02/2017

Partes del expediente

  • Roxana Lizbeth Arredón Argüello y Otros.
  • Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que en atención a lo que establece el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su fracción III último párrafo relativa a dicho punto del Acuerdo General en cita, es susceptible de depuración toda vez que se decretó la suspensión de plano en este asunto; por tanto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    se R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en el último considerando, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Roxana Lizbeth Arredón Arguello y Leslie Madelin Arellanes Arredón, contra el acto consistente en la orden de traslado de la estancia en el centro de reclusión en que se encuentran las quejosas, fuera de procedimiento, que se atribuye al Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad.

  3. Principal

    Agréguense a los autos los oficios recibidos vía fax y ordinaria de cuenta, con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en atención a su contenido, se tienen por rendidos los informes en cumplimiento a la suspensión de plano y justificado que en ellos se contienen, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, con apoyo en el precepto 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados a las personas que se mencionan. Respecto de los oficios recibidos vía fax, sirve de apoyo la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 245 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XI, abril de 1993, del rubro siguiente: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX, VALOR PROBATORIO DE LOS"...

  4. Principal

    Ciudad de México, a seis de enero de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por Roxana Lizbeth Arredón Argüello y Leslie Madelin Arellanes Arredón, contra acto del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 35/2017. Dado que de la lectura integral de la demanda se advierte que se reclama la orden de traslado de la estancia en el centro de reclusión en que se encuentran las quejosas, fuera de procedimiento, en el caso se considera pertinente citar el contenido del precepto 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Por tanto, con apoyo en dicho numeral, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO para el efecto de que se suspenda la ejecución de dicho acto, asimismo, las quejosas queden a disposición de este órgano jurisdiccional por cuanto a su libertad personal se refiere en el lugar en que se encuentran internas, y a disposición de la referida autoridad, en cuanto a su integridad personal. La suspensión no surtirá efecto alguno si la orden de referencia obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoria o a una cuestión de competencia definida, pues en estos supuestos se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público conforme al precepto 128, fracción II, de la ley de la materia, ya que la sociedad tiene interés en que se cumplan las determinaciones jurisdiccionales que han causado ejecutoria y se encuentran firmes, porque ello da certeza a la sociedad y al sistema jurídico; de igual forma no surtirá efectos, tratándose de traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial, pues de concederse la suspensión en esos supuestos, se paralizaría el procedimiento correspondiente y se impediría dar cumplimiento a una determinación judicial o ministerial, y la sociedad está interesada que tanto las autoridades investigadoras como judiciales cumplan con sus funciones de investigación, persecución de delitos o impartición de justicia; sin que esto dé lugar a considerar que en el evento de llegarse a realizar algún traslado por alguno de los motivos precisados en este párrafo, como en el anterior, la autoridad que lo realice, pueda efectuar las conductas consistentes en la incomunicación, tortura o cualquier otra análoga a éstas, ya que se encuentran prohibidas por el artículo 22 constitucional; tampoco surtirá efecto, si en su caso está sustentada por razones de seguridad en las prisiones; atendiendo en las características del hecho imputado, a las circunstancias personales de la inculpada y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, si se trata de actos posteriores a su concesión o si los actos reclamados proceden de autoridades distintas de las señaladas como responsables. Por tanto, requiérase a la referida autoridad, por ser la autoridad que tiene bajo su resguardo a las quejosas, para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de este auto, informe a este juzgado sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada; apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a diez veces la Unidad de Medida y Actualización, previsto en el precepto 59, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, sin perjuicio de proceder en su contra por el delito de abuso de autoridad, de conformidad con el diverso 209 de la ley de la materia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo. I. Se admite dicha demanda. II. Se señala el tres de febrero de dos mil diecisiete, a las doce horas con cincuenta minutos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. III. Pídase a la(s) autoridad(es) responsable(s) rinda(n) informe justificado en el plazo de quince días, contado a partir de que quede(n) notificada(s) de este proveído, al que deberá(n) acompañar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que apoyen dicho informe; apercibida(s) que de no hacerlo, de conformidad con el diverso 117 de dicha legislación, se presumirá ciertos los actos reclamados, asimismo, se les sancionará con multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de la fracción II del numeral 260 del ordenamiento invocado. IV. Sin que se tramite incidente de suspensión, pues el acto reclamado en la presente controversia constitucional, fue materia de la suspensión de plano, y se vinculó a su cumplimiento a aquella autoridad que tiene a su disposición a las quejosas. Dese la intervención que corresponde a la representación social de la adscripción, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64, párrafo primero, de la ley reglamentaria de referencia, requiérase a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano de control constitucional, bajo apercibimiento que de no cumplir con esa obligación se les impondrá multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, acorde con el numeral 251 de la ley de la materia. En otro aspecto, se tiene como representante común de la parte quejosa a la nombrada en primer término, sin perjuicio de que posteriormente hagan uso del derecho previsto en el artículo 13 de la Ley de Amparo. Ahora, con fundamento en el dispositivo 26, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, notifíquese personalmente a las quejosas este proveído y las subsecuentes determinaciones, en el interior del centro de reclusión en que se encuentran, ya que no autorizó a persona alguna para tal efecto. En cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, y con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el numeral 8° de la ley en cita, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva a que en las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como en las constancias del expediente, se supriman los datos sensibles que puedan contener. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio.

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